Una llamada de atención sobre la conveniencia de extremar la cautela en la interpretación y aplicación judicial del derecho de la Unión Europea

Resumen

La forma en que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha comenzado a aplicar el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada (Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio de 1999), tanto a los funcionarios interinos como al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, pone de manifiesto que los órganos judiciales y, sobre todo, el Tribunal Supremo, deberían hacer un uso más intenso de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No hacerlo puede dar lugar, tal como se analiza en el presente trabajo, a una grave quiebra de la seguridad jurídica. Todo ello sin olvidar que la utilización de la cuestión también posibilita una mejor garantía del Derecho Nacional, al facilitar que el propio Tribunal de Justicia de la Unión pueda revisar su doctrina.