Anuario de Derecho Municipal 2021
Instituto de Derecho local. Facultad de Derecho. UAM
Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
Madrid, 2022. ISSN: 1888-7392. Nº 15: 379-396
DOI: https://doi.org/10.37417/ADM/15-2021_14
© Julia Ortega Bernardo
Editado bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International.

Servicios públicos y actividad económica privada y pública en el ámbito municipal

Julia Ortega Bernardo

Profesora Titular de Derecho Administrativo
Universidad Autónoma de Madrid
ORCID ID: 0000-0002-3266-558X

Palabras clave: servicios públicos; actividad económica; Derecho de defensa de la competencia.

Keywords: public services; economic activity; Competition Law; Regional Authorities for competition’s Law enforcement, state aids.

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN.—2. DERECHO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y ACTIVIDADES DE LOS AYUNTAMIENTOS: 2.1. Publicidad institucional realizada por el ayuntamiento de los servicios de suministro de energía eléctrica realizados por una concreta empresa. 2.2. Irregular funcionamiento de los servicios de tanatorio por abuso de posición de dominio de las empresas concesionarias de la infraestructura municipal. 2.3. Apertura muy limitada a la competencia del servicio de transporte público colectivo urbano en la zona norte del área metropolitana de Barcelona.—3. SERVICIOS PÚBLICOS: 3.1. Servicio de gestión de aguas urbanas y supresión de la exención del tributo metropolitano a 18 municipios. 3.2. Problemas relativos al consorcio como forma de prestación de servicios públicos de los municipios: 3.2.1. Utilización del consorcio para una mejor prestación de los servicios públicos. 3.2.2. Impugnación de estatutos de un consorcio por ayuntamientos no pertenecientes al mismo. 3.3. Remunicipalización: cambio de forma de gestión de servicio público y justificación requerida. 3.4. Informes para la constitución de monopolios emitidos por las autoridades de la competencia. 3.5. Servicio de recogida y tratamiento de residuos: válida asignación autonómica de competencias municipales sobre instalaciones de compostaje de residuos.—4. DISTINCIÓN ENTRE INICIATIVA ECONÓMICA LOCAL Y SERVICIO PÚBLICO A EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO PARA INICIAR SU EJERCICIO.—5. ACTIVIDAD SUBVENCIONAL: AYUDAS A ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS.—6. GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO FRENTE A LA ACTIVIDAD MUNICIPAL: LA ORGANIZACIÓN DE LA VENTA AMBULANTE EN LAS FERIAS.—7. INCIDENCIA DE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES SOBRE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS PARTICULARES: 7.1. Incidencia en los servicios de alquiler de patinete eléctrico. 7.2. Incidencia en los servicios económicos de alojamiento turístico del planeamiento urbanístico municipal. 7.3. Incidencia en el acceso a los servicios de alquiler de ciclomotores y motocicletas de uso compartido.—8. BIBLIOGRAFÍA.

1. INTRODUCCIÓN

En el último año 2021 no se detectan cuestiones especialmente novedosas en relación con los problemas que plantean la actividad económica y los servicios públicos que se prestan en los municipios. A diferencia de otras etapas en las que las autoridades de la competencia se pronunciaban sobre posibles infracciones derivadas de la intervención municipal, sus intervenciones en este campo se encuadran en la dimensión de la promoción de la competencia, con informes y consultas, y no se refieren a la incoación de procedimientos sancionadores sobre conductas en las que se encuentren involucradas Administraciones públicas locales. Resultan frecuentes cuestiones que tienen lugar en la Comunidad Autónoma de Cataluña, seguramente por el gran dinamismo de su autoridad de la competencia para determinar el alcance de la regulación y actuación municipal. Entre otras, presentan interés sus consultas sobre los nuevos sectores económicos que se han activado en el campo de la llamada economía digital, relativas al alquiler de patinete eléctrico, a los servicios de alquiler de ciclomotores y motocicletas de uso compartido. En este contexto también suscita interés la incidencia del planteamiento municipal en el ámbito de las viviendas destinadas a alquiler turístico. La cuestión de la posible remunicipalización de la gestión de los servicios públicos relativos al ciclo del agua y sus requisitos sigue también planteando conflicto en sede judicial. Asimismo, continúa despertando interés y pronunciamientos la cuestión relativa a la distinción entre servicio público e iniciativa pública en la actividad económica.

2. DERECHO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y ACTIVIDADES DE LOS AYUNTAMIENTOS

2.1. Publicidad institucional realizada por el Ayuntamiento de los servicios de suministro de energía eléctrica realizados por una concreta empresa

En la Decisión de 11 de febrero de 2022, Resolución S/01/2022, Ayuntamiento de El Puerto de Santa María - Naturgy Iberia, S. A., la Comisión de la Competencia de la Agencia de la competencia y de la regulación económica de Andalucía desestima la denuncia interpuesta contra el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María de incurrir en una conducta colusoria, vulneradora del art. 1.1 LDC, al haber suscrito un contrato con una empresa comercializadora del suministro de la energía y publicitar sus servicios.

No se trata en ningún caso de una manifestación de la intervención en el mercado del citado Ayuntamiento como operador económico, pues no implica el ejercicio de ninguna actividad económica. Al margen de ello, la conducta denunciada, limitada a informar sobre la oferta de servicios que la comercializadora de electricidad puede realizar a los residentes en El Puerto de Santa María, con independencia de que no cumpla con el principio de neutralidad institucional, no puede ser calificada, a juicio de la citada resolución, como infractora de las normas de la competencia. Esto se acuerda, sin perjuicio de que se advierte que la actuación del Ayuntamiento podría ocasionar un perjuicio a los consumidores que contrataran las tarifas ofertadas por Naturgy Iberia, S. A., que les impediría presuntamente acogerse a los beneficios del bono social de electricidad.

2.2. Irregular funcionamiento de los servicios de tanatorio por abuso de posición de dominio de las empresas concesionarias de la infraestructura municipal

En su momento, los servicios funerarios estuvieron en la mayoría de los municipios monopolizados (con base en el entonces vigente art. 86.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local). Su prestación por los municipios se debía llevar a cabo siguiendo lo dispuesto en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria (en adelante, RPSM) aprobado por Decreto 2263/1974, de 20 de julio, o por las disposiciones aprobadas por las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, que son los reglamentos de policía sanitaria mortuoria autonómicos. Posteriormente, la aprobación del Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, suprimió estos servicios de la competencia municipal y eliminó la reserva de servicios mortuorios que se permitía a las entidades locales. Estos servicios, sin embargo, siguen prestándose en muchas ocasiones con monopolios de hecho por parte de las concesionarias de las infraestructuras de titularidad pública, como de hecho se ha puesto de manifiesto en otros informes de este Anuario. En la actualidad su prestación sigue produciendo problemas. A continuación referiremos los de la última anualidad.

En la Decisión de 3 de marzo de 2021, Resolución S/01/2021, del Consejo de la Competencia de la Agencia de la Competencia y de la regulación económica de Andalucía, se ha resuelto sancionar a las empresas concesionarias de los tanatorios de numerosos municipios de la provincia de Huelva (más de 20) que impedían injustificadamente el acceso para la prestación de los servicios económicos en una sala de velatorio.

Lo mismo sucede en la Decisión de 21 de junio de 2021, Resolución S/08/2021, Tanatorio Fernán Núñez, en relación con las concesionarias de un tanatorio en la provincia de Córdoba.

2.3. Apertura muy limitada a la competencia del servicio de transporte público colectivo urbano en la zona norte del Área Metropolitana de Barcelona

La Agencia Catalana de la Competencia considera en su Decisión de 8 de marzo de 2021 que la licitación del servicio de transporte público colectivo urbano de viajeros de traslados diurnos y nocturnos entre Barcelona y otros municipios del ámbito norte del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es restrictivo de la competencia. Esto sostiene en la medida que se opta por concentrar en un único contrato y sin dividir en lotes el servicio de transporte en autobús diurno y nocturno de siete grandes municipios. Del resultado de esta agrupación se deriva una licitación que, a juicio de la autoridad, probablemente dificultará la concurrencia de operadores, lo que hará descender la competencia entre operadores. Además, se considera que esta licitación sigue la línea de anteriores licitaciones de esta tipología de servicios propuesto que establece niveles de solvencia de forma muy restrictiva, lo que limita significativamente la concurrencia de operadores en esta materia.

Sobre cuestiones relacionadas con este ámbito, puede consultarse a F. J. Cascales Moreno, «La competencia en el transporte público de viajeros por carretera. Un decálogo de dieciocho razones que restringen la competencia. En defensa del sistema concesional», Tráfico y seguridad vial, núm. 265, 2021.

3. SERVICIOS PÚBLICOS

Con carácter general, sobre el ámbito de los servicios públicos durante la última anualidad han reflexionado R. Rivero Ortega, «Una revisión de los principios clásicos del servicio público local», Administración de Andalucía: Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 109, 2021, pp. 21-37; L. López de Castro García-Morato y J. Ortega Bernardo, «Los servicios públicos locales», en F. Velasco Caballero (dir.), Tratado de Derecho Local, 2021 pp. 471-506.

Específicamente en relación con los servicios sociales que prestan los municipios, puede leerse a A. Garrido Juncal, «Servicios sociales y entes locales: panorámica general y reflexiones en un escenario de pandemia», Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. extra 243, 2021 (ejemplar dedicado a: Gobierno y políticas públicas locales para la recuperación, transformación y resiliencia), pp. 282-305.

3.1. Servicio de gestión de aguas urbanas y supresión de la exención del tributo metropolitano a 18 municipios

En la STSJ de Cataluña de 12 de febrero de 2021 se declara conforme a derecho y no se acuerda la suspensión del acuerdo adoptado por el Consell Metropolità del Área Metropolitana de Barcelona, que aprueba definitivamente la modificación de la «Ordenança Fiscal Reguladora del Tribut Metropolità». Se trata de un acuerdo del Área metropolitana por el que se dispone incluir los 18 municipios de la segunda corona en el ámbito de aplicación del Tributo Metropolitano en cuanto que se encuentran en el ámbito territorial del Área metropolitana. El TSJ considera que no se aprecian vicios procedimentales: que no se incurre en vicio alguno por la ausencia de plan normativo ni de consulta pública previa. También considera que el acuerdo cuenta con la suficiente motivación de la modificación aprobada, por la que se acaba con la excepción tradicional del tributo para los 18 municipios de la segunda corona de Barcelona y se les equipara con los municipios integrados en la primera corona, de modo que todos ellos quedan sujetos al tributo. Asimismo, se considera que no se vulnera el principio de confianza legítima, aunque no se haya alcanzado un nivel de consenso relevante.

3.2. Problemas relativos al consorcio como forma de prestación de servicios públicos de los municipios

3.2.1. Utilización del consorcio para una mejor prestación de los servicios públicos

La STSJ de Extremadura de 15 de marzo de 2021, Sentencia núm. 102/2021, declara conforme a derecho la constitución de un consorcio para la prestación de servicios ambientales. Sostiene que hay justificación suficiente y que en ningún caso ha habido utilización fraudulenta de la figura del consorcio para obtener de forma ilícita la gestión y contratación de los servicios públicos municipales. Se trata de un consorcio relativo a la prestación de los servicios relativos al ciclo integral del agua que, por supuesto, no implica que los ayuntamientos renuncien a la titularidad de la competencia que les corresponde. A juicio del tribunal, al tratarse de la gestión de un servicio público que tienen que prestar todos los municipios, conforme al art. 85 LBRL y al afectar municipios de menos de 20.000 habitantes debe coordinarse esta prestación por la entidad provincial. En este sentido, el consorcio sería una de las formas de gestión admisibles. Para ello se exige necesariamente un análisis de costes sobre la base de la voluntariedad de su adhesión. La razón de este análisis radica en que cada uno de los municipios podría prestar directamente el servicio si acreditara hacerlo con un coste inferior. No se requiere, sin embargo, el expediente al que se refiere el art. 86.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, por cuanto este es necesario para ejercer la iniciativa pública en la actividad económica. Esto es así, sin perjuicio de que anualmente se deba realizar un análisis de los costes. En principio, como se trata de un mecanismo de colaboración que responde a la lógica de la economía de escala no debería implicar un gasto mayor de los recursos públicos y que, en cualquier caso, el ayuntamiento tiene la facultad de separarse del consorcio y de prestar directamente los servicios a un coste menor.

3.2.2. Impugnación de estatutos de un consorcio por ayuntamientos no pertenecientes al mismo

Por su parte, el Tribunal Supremo en STS de 22 de diciembre de 2021, Sentencia núm. 1582/2021, de 22 de diciembre (RJ 2022/172), resuelve sobre la impugnación de los estatutos de un consorcio por ayuntamientos no integrados en el mismo. Se trata de municipios a favor de los cuales el consorcio presta ciertos servicios. En este caso se discutía la legitimación de los ayuntamientos por cuanto no formaban parte del mismo. El Tribunal Supremo finalmente sí les reconoce legitimación porque están afectados por las disposiciones de los estatutos, puesto que se relacionaban con el referido consorcio a través de convenios de colaboración para la gestión de servicios de competencia municipal. Ello es así, aunque no hubieran intervenido en el procedimiento administrativo de aprobación o modificación de dichos estatutos.

3.3. Remunicipalización: cambio de forma de gestión de servicio público y justificación requerida

Especialmente resulta de interés un nuevo pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, recaído en la STSJ de 22 de junio de 2021 (JUR 2021/290030), en la que se analiza si una resolución municipal ha cumplido con las exigencias materiales y procedimentales del art. 85.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local. Conforme al referido precepto, a juicio de la parte actora, cuando se opta por una entidad pública empresarial o una sociedad mercantil local de titularidad pública ha de tramitarse un expediente en el que quedara acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las formas de gestión indirecta, para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. La parte que recurrió el acuerdo municipal sostiene que no se ha acreditado que el sistema escogido sea más eficiente y sostenible, debido a que la memoria justificativa y el proyecto de establecimiento obrantes en el expediente no cumplen con las exigencias de motivación del art. 85.2. Se afirma que en ellos no se justifica mínimamente el porqué de la mayor eficiencia y sostenibilidad del sistema de gestión directa. Se dice que se trata de documentos que no contienen un análisis comparativo de las distintas opciones de gestión legalmente previstas. Por su parte, el ayuntamiento demandado argumenta diciendo que esa interpretación restringe y recorta la potestad de autoorganización de los entes locales en la materia de gestión de servicios públicos, reconocida por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 41/2016, de 3 de marzo. Y que podía decirse, por el contrario, que la gestión indirecta es subsidiaria a la directa porque, con arreglo a la legislación de contratos, se exige previa tramitación del correspondiente expediente, en el que se ha de motivar la necesidad del contrato y determinar con precisión la naturaleza y extensión de las demandas que se pretenden satisfacer, así como la idoneidad del objeto del contrato y de su contenido para ello.

La STSJ de Cataluña da la razón al ayuntamiento demandado y considera literalmente que «la exigencia de mayor eficiencia y sostenibilidad se refiere al posterior desarrollo de la gestión de los servicios y no al momento de escoger su forma de gestión». Interpreta que el art. 85.2 LBRL, antes de su reforma producida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, no establecía ninguna preferencia entre las formas de gestión de los servicios públicos locales, directa o indirecta, ni entre las distintas modalidades de gestión directa. La modificación introducida por la Ley 27/2013 establece una preferencia por las modalidades a) y b), comprendidas dentro de la gestión directa, frente a las de los apartados c) y d), exigiendo que quede acreditado mediante memoria justificativa que resultan más sostenibles y eficientes que las formas previstas en los apartados a) y b), por lo que, habiéndose escogido en el caso de autos el sistema establecido en el apartado a), huelga cualquier acreditación al respecto. Por ello, lo que se exige, con arreglo a lo dispuesto en el art. 85.2 LBRL, es otro procedimiento, que consiste en que conste en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento recibido, lo que se elevará al Pleno para su aprobación. En ese procedimiento es donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como el apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados, recabándose informe del interventor local, quien ha de valorar la sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el art. 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y, en el caso que se opte por una de las formas previstas dentro de la gestión directa, que quedara acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes.

A nivel general, sobre cuestiones relativas a las formas de gestión, y, más específicamente, a la gestión indirecta, hay que hacer referencia a A. M. Reynaers, C. Navarro Gómez, M. González Medina y J. Rama Caamaño, La externalización de servicios públicos a nivel local: experiencias, competencias y desafíos de la gestión de los contratos, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 2021.

Concretamente, sobre la utilización de las empresas mixtas para la gestión de servicios públicos D. Santiago Iglesias, «¿Es posible crear sociedades de economía mixta para la gestión de servicios públicos locales en el marco de contratos de servicios y de concesión de servicios?», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica: Nueva Época, núm. 16, 2021, pp. 98-117, y sobre el socio mixto J. Junceda Moreno, «La retribución del socio privado por su saber hacer en las sociedades mixtas explotadoras de Servicios Públicos Locales», La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, núm. 6, 2021, pp. 69-79.

3.4. Informes para la constitución de monopolios emitidos por las autoridades de la competencia

Se ha de emitir un informe preceptivo por la correspondientes autoridad de la competencia cuando se quiera implantar el régimen de monopolio o reserva en exclusiva del servicio público de que se trate. Esta reserva se implanta a favor del ente local competente para su prestación. Este tipo de informe es requerido conforme a lo previsto el art. 97.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. Así, por ejemplo, se recaba uno a la autoridad de la competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña en relación con el establecimiento del servicio de abastecimiento de agua potable en régimen de monopolio en el término de Vidreres, ref. núm. OB 35/2017 - Inf. art. 97.2 del Real Decreto-ley 781/1986. Para ello se aporta una memoria con la justificación del establecimiento del servicio en régimen de monopolio; la determinación de las obras y de los bienes necesarios para la prestación del servicio; un estudio económico y, como anexo, el reglamento de prestación del servicio municipal de abastecimiento de agua potable en el término municipal de Vidreres. En este caso, se prestaba el servicio por parte del Ayuntamiento por gestión directa indiferenciada en todo el municipio, excepto en la zona de ciertas urbanizaciones y en el polígono industrial. Con respecto a estas partes del territorio municipal es en donde el Ayuntamiento tiene previsto extender sus servicios. En este sentido la memoria pone de manifiesto que con respecto a ellas se produce la incapacidad de las empresas privadas, hasta ahora prestadoras del servicio, de asegurar el adecuado abastecimiento de agua potable a la población. En realidad, las empresas realizaban los servicios relativos a la captación del agua, ya que las infraestructuras para la distribución y suministro del agua, según información obtenida del Ayuntamiento, serían de titularidad de las urbanizaciones a la espera de la definitiva recepción de estas por parte del Ayuntamiento. Adicionalmente, la memoria contiene, en su apartado IV, un resumen del estudio de costes, en el que se pone de manifiesto la justificación económica del modelo de gestión escogido por el Ayuntamiento (gestión directa). En opinión de la ACCO, este motivo no se refiere tanto al régimen de prestación por el que opta el Ayuntamiento (monopolio vs. libre concurrencia) como a la concreta forma de gestión del servicio (directa versus indirecta) elegida por el Ayuntamiento en cuestión. A este respecto según el informe de la ACCO, la memoria no contiene un análisis detallado, en términos de sostenibilidad y eficiencia, de las distintas opciones legalmente posibles para la gestión del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable. Al analizar por qué se ha optado por una gestión directa (forma de gestión ya vigente actualmente), en lugar de una gestión indirecta, se remite a generalidades.

Por otro lado, a juicio de la autoridad de la competencia, los problemas de las entidades privadas que en ese momento prestaban el servicio en un ámbito territorial determinado del municipio, que lo estaban llevando a cabo sin ningún vínculo contractual con el Ayuntamiento, no supondrían un motivo suficiente para implantar un monopolio, solo lo serían para justificar su sustitución por otros prestadores. Se recuerda que existe, además de los llamados monopolios naturales, otros casos en los que se ha considerado que no siempre la mejor opción es siempre el libre mercado; es el caso, por ejemplo, de las situaciones en las que existen fallos de mercado derivados, básicamente, de la existencia de determinadas externalidades o asimetrías informativas. Asimismo, puede suceder que sea imprescindible considerar determinados criterios de eficiencia a la hora de proveer determinados servicios.

En este caso la Administración de la competencia está exigiendo una gran motivación, dado que el monopolio provoca un cierre de mercado, se excluyen otros prestadores sin vínculo con el Ayuntamiento, y, adicionalmente, se implanta una gestión directa por la propia entidad local, lo que provoca que tampoco exista competencia por el mercado, ya que no habrá ninguna posibilidad de que ningún otro operador pueda concurrir para conseguir prestar el servicio. De todas formas, se acepta en todo caso la implantación del monopolio de abastecimiento de aguas en el municipio en cuestión. Hay que tener en cuenta que el servicio de abastecimiento de agua para uso doméstico es un servicio que con carácter general la autoridad catalana de la competencia califica de monopolístico (se trata de un monopolio natural) —así en la Resolución de 14 de febrero de 2022, Resolución del expediente núm. 72/2015, Aguas del Gironès.

Adicionalmente, en el Informe sobre la gestión del abastecimiento en el municipio de Vidreres se valora que el Ayuntamiento en cuestión celebre convenios de colaboración con otras Administraciones territoriales, y por ello en el mismo se detiene en determinar cuándo estos convenios tienen carácter contractual y cuándo no. Con respecto a esto, se alude expresamente a que no hay que atender al nombre que se le dé al instrumento utilizado, sino que hay que estar a la naturaleza real y objetiva de lo convenido. Se hace en este sentido referencia a lo dispuesto en la STJUE de 9 de junio de 2009, asunto C-480/06, Comisión/Alemania, y al documento de trabajo de la Comisión Europea relativo a la aplicación de la normativa de contratación pública de la UE en las relaciones entre poderes adjudicadores (cooperación en el sector público), de referencia SEC (2011) 1169, de 4 de octubre. Se remite también a la jurisprudencia europea en la que se han determinado los requisitos mínimos para considerar que existe un convenio de colaboración y se excluye la normativa de contratación pública (conclusiones del abogado general, de 23 de enero de 2014, en el asunto C-15/13, Datenlotsen, Informationssysteme GmBH / Technische Universität Hamburg-Harburg). Se trata de tres requisitos: i) que participen solo poderes adjudicadores y no haya presencia de capital privado; ii) que se produzca una cooperación real en orden a la realización de una tarea común (misión o servicio público común), y iii) que tal cooperación se rija únicamente por consideraciones de interés público. En concreto, para la apreciación de tal elemento cooperativo en el desarrollo de una tarea común, se afirma que pueden considerarse diferentes elementos: por ejemplo, si existe un reparto de responsabilidades o, como mínimo, que la actuación de una de las partes constituya un «complemento específico» de las funciones de interés público de la otra parte (conclusiones del abogado general, de 23 de enero de 2014, en el asunto C-15/13, Datenlotsen Informationssysteme GmBH / Technische Universität Hamburg-Harburg). Por tanto, en caso de ausencia de una verdadera cooperación entre administraciones públicas (cuando, p. ej., exista una asignación de tareas unilateral de una Administración a otra, o se retribuya más allá de los costes del servicio), un convenio de colaboración tendrá naturaleza contractual y, en consecuencia, deberá someterse a las normas de contratación del sector público y se habrá de licitar el correspondiente contrato.

Asimismo, en el citado Informe se hace referencia de la encomienda a medios propios o a entidades del sector público, de naturaleza administrativa o mercantil, que proveen determinados bienes y servicios a la Administración encomendante, de acuerdo con una relación administrativa de encargo de gestión, no contractual, consecuencia del carácter interno o instrumental de estas entidades. Para que opere la citada exclusión, el TRSLCP exige que, por un lado, la entidad pública que efectúe el encargo ostente sobre el medio propio un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y, por otro, que el medio propio realice la parte esencial de sus actividades para la entidad o las entidades que lo controlan.

3.5. Servicio de recogida y tratamiento de residuos: válida asignación autonómica de competencias municipales sobre instalaciones de compostaje de residuos

En la STSJ del País Vasco de 23 de marzo de 2021 se declara conforme a derecho el Decreto del Gobierno Vasco núm. 63/2019, de 9 de abril, por el que se establece el régimen jurídico y las condiciones técnicas de las instalaciones y actividades de compostaje comunitario bajo competencia municipal. Se impugna porque se considera, a juicio de la parte recurrente, que el decreto infringe la reserva de ley en la medida que se atribuyen competencias a los municipios sin la cobertura legal exigible. En realidad, este decreto autonómico, dictado en un ámbito sectorial, se limita a particularizar en relación con la actividad de compostaje comunitario las potestades y deberes legales que corresponden a los municipios.

4. DISTINCIÓN ENTRE INICIATIVA ECONÓMICA LOCAL Y SERVICIO PÚBLICO A EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO PARA INICIAR SU EJERCICIO

La STSJ de Cataluña de 22 de junio de 2021 (JUR 2021/290030) se refiere a esta distinción entre servicio público e iniciativa pública en la actividad económica. Alude a esta clasificación cuando afirma que para la implantación de un servicio público no es necesario tramitar un expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida, en el que se realice un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial tal y como prescribe el art. 86.1 LRBRL. Tampoco habrá de justificarse, como dispone el mismo apartado 1 del art. 86 LRBRL, que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal.

La sentencia es muy clarificadora —sigue en este sentido a la STSJ de Castilla y León de 21 de mayo de 2019 (Sentencia núm. 773/2019, de 21 de mayo, RJCA 2019/307, rec. 0000339/2018) que también fiscaliza un caso de remunipalización, a la que se hizo referencia en el Anuario de Derecho Municipal 2019—. En ella se expone y explica cómo la legislación vigente no exige en la remunicipalización del servicio seguir la tramitación del expediente al que se refieren los arts. 86.1 LBRL y 97 TRRL. Y en argumentarlo basándose en que en la actividad de servicio público local resulta innecesario un posterior expediente administrativo que justifique la conveniencia y oportunidad de implantar el servicio porque esta decisión ya la ha adoptado el legislador que ha atribuido esa actividad prestacional como competencia a los municipios, que la han de desempeñar obligatorio. Al no estar sometidos los servicios de aguas a ese procedimiento por ser calificados servicios públicos locales por disposición legal, el examen de la sostenibilidad y eficiencia de su gestión se proyecta con respecto a los propios recursos públicos, económicos y materiales municipales, y no es necesario hacer una valoración económica de los efectos sobre el mercado, sobre los posibles operadores económicos privados (que de hecho ya no prestaban el servicio por cuanto su título se había extinguido).

Sobre el rol que puede jugar la iniciativa económica de los municipios puede leerse a R. Rivero Ortega, «El papel de las entidades locales en la reactivación económica», Administración & cidadanía: revista da Escola Galega de Administración Pública, vol. 16, núm. 1, 2021, pp. 11-22.

5. ACTIVIDAD SUBVENCIONAL: Ayudas a asociaciones de municipios

En STSJ de Cataluña de 23 de febrero de 2021 (Sentencia núm. 794/2021, de 23 de febrero, RJCA 2021/1588) se anula el acuerdo adoptado por la alcaldía de un ayuntamiento, por el que se aprobó el pago de una cuota en favor de la Associació de Municipis per la Independència. Se considera que no cabe usar recursos públicos para ello porque no hay conexión con ámbitos competenciales atribuidos a la entidad local. Se declara en la STSJ que no es posible que un poder público territorial como el municipio pueda poner sus potestades al servicio de ideas o proyectos políticos legítimos por el solo hecho de que, al margen de toda objetiva y legal decantación de sus competencias y capacidades, los miembros que ostentan la mayoría decidan aplicarlas a tal fin.

La CNMC ha emitido dos informes, según su Memoria de ayudas públicas del año anterior (2020) sobre subvenciones de los ayuntamientos, al amparo del art. 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

Uno de ellos es el Informe sobre la financiación de actividades socioculturales en el auditorio de Vigo (CNMC/UM/57/20). En concreto, se denunció una posible concesión fraudulenta de una ayuda pública, al haberse otorgado una subvención única y exclusiva subvención a un particular para realizar espectáculos públicos en el Auditorio Palacio de Congresos «Mar de Vigo». Se reclamó por ello contra el Ayuntamiento de Vigo, específicamente contra una resolución de la Junta de Gobierno Local de Vigo de 21 de agosto de 2020. El problema fundamentalmente traía causa de que la convocatoria imponía como condiciones que la empresa beneficiaria debía tener su sede social o una delegación permanente en la ciudad de Vigo, así como «infraestructura suficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos y acreditar experiencia y capacidad necesarias para el logro de tales objetivos». Estas condiciones colocaban a OIDE (la empresa que explotaba ya en exclusiva el auditorio de Vigo) en una posición de ventaja considerable, y de hecho fue OIDE quien acabó obteniendo la concesión. La CNMC consideró que era ilegal, por contraria al principio de no discriminación del art. 18 LGUM, la exigencia a las entidades beneficiarias de que estuvieran domiciliadas (con sede social o delegación permanente) en el municipio concedente. Igualmente se considera en el Informe de la CNMC de 4 de abril de 2021, UM/062/20 - Villanueva de la Serena, contraria a la LGUM la convocatoria de ayudas realizada por parte del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena a las pequeñas y medianas empresas con el objeto de favorecer la actividad empresarial en momentos de severa dificultad durante el ejercicio 2020. De hecho, en ella se excluía expresamente del acceso a las subvenciones a aquellas empresas de Villanueva de la Serena que tuvieran su domicilio en las entidades locales menores designadas por su topónimo, o en sus respectivas zonas de influencia. A juicio de la CNMC, esta exclusión debería ser sustituida por la exigencia de generar actividad económica dentro del propio municipio en cuestión.

6. GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO FRENTE A LA ACTIVIDAD MUNICIPAL: la organización de la venta ambulante en las ferias

Son frecuentes las reclamaciones que se producen al amparo de la legislación de unidad de mercado en relación con el ejercicio de competencias municipales en el ámbito de las ferias. Así, por ejemplo, un informe emitido el 17 de noviembre de 2021 por la CNMC relativo a la organización de la venta ambulante en la Feria de Portugalete (UM/088/21) pone de manifiesto problemas en este ámbito. De él se desprende que el otorgamiento, o en su caso la denegación de licencias para participar en ferias ambulantes, así como la fijación de las condiciones de participación, debe efectuarse no solamente de acuerdo a los principios previstos en la normativa sectorial de venta ambulante sino también conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad del art. 5 LGUM y al resto de principios de LGUM. De este modo, y para el caso de que se hubiese producido la exclusión de un peticionario en la Feria Agrícola de Portugalete, ello constituiría una restricción de acceso y ejercicio de la actividad económica en el sentido del art. 5 LGUM, que no estaría justificada de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad de dicha ley. Todo ello se afirma, sin perjuicio de que sea de competencia municipal tanto la fijación del emplazamiento general de la feria y de los emplazamientos concretos de cada vendedor ambulante, como el otorgamiento de las autorizaciones para instalarse como vendedor en la feria. Las autorizaciones para ello se otorgan además a los peticionarios que reúnan las condiciones requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase limitado su número. En este último caso se otorgarán en régimen de concurrencia —si es posible valorar condiciones especiales en los solicitantes—, y si no lo fuera, por sorteo.

7. INCIDENCIA DE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES SOBRE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS PARTICULARES

7.1. Incidencia en los servicios de alquiler de patinete eléctrico

Sobre este ámbito se pronuncia la Autoridad Catalana de la Competencia (en adelante, ACCO) en varios supuestos.

En un caso informa con fecha de 4 de diciembre de 2020 (Ref. ACCO: CO 231-2020) sobre la actuación por parte del Ayuntamiento de Tarragona, que ha celebrado un convenio con tres operadores del sector del patinete eléctrico de alquiler, según el cual estos podrían optar a hasta 500 licencias cada uno, para prestar el mencionado servicio en la ciudad de Tarragona. El convenio se celebró sin que el Ayuntamiento haya efectuado un proceso público y con concurrencia competitiva que hubiera permitido a otros operadores optar a la firma del mencionado convenio.

En este contexto, el Ayuntamiento de Tarragona considera que se encuentra en una «primera fase inicial y prospectiva», de manera que no descarta proceder, en un momento posterior, a «la consolidación de esta actividad mediante un procedimiento de licitación pública administrativa». En este primer momento, el ayuntamiento habría fijado en 1.500 el número de unidades de patinete eléctrico que podría autorizar, de manera que cada uno de los operadores autorizados puede prestar el respectivo servicio de alquiler con un máximo de hasta 500 unidades de patinetes eléctricos.

Además, con carácter previo al otorgamiento de estas autorizaciones, los tres operadores de alquiler de patinete eléctrico, en virtud del convenio, se obligan a instalar varias zonas reservadas de uso público y gratuito para el estacionamiento de bicicletas y patinetes eléctricos, es decir, no vinculadas a cada una de las empresas, que podrán ser utilizadas tanto por parte de sus usuarios como por parte de la población en general.

Según se indica, se trata de convenios mediante los cuales las diversas partes (operadores y Ayuntamiento) han establecido un marco de colaboración en el ámbito de la promoción de la movilidad sostenible, de un año de duración inicial (prorrogable hasta un total de cuatro años) que, a juicio del Ayuntamiento, no tienen ningún tipo de contenido económico. Por eso, el propio Ayuntamiento considera que estos convenios de colaboración entrarían plenamente en el ámbito del art. 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público y, a su vez, estarían excluidos del ámbito de aplicación de la normativa de contratación pública.

A juicio de la Autoridad Catalana de la Competencia, esta actuación municipal no ha sido suficientemente respetuosa con los principios de una buena regulación económica eficiente y favorecedora de la competencia, en especial, los principios de transparencia e igualdad y no discriminación. En este sentido, se considera que el Ayuntamiento de Tarragona debería haber llevado a cabo un procedimiento abierto a cualquier operador, transparente y con publicidad suficiente a fin de que, incluso en este primer momento inicial, cualquier interesado a entrar en este mercado hubiera tenido la posibilidad de solicitar la correspondiente autorización municipal. No haciendo pública esta voluntad de permitir la actividad de alquiler de patinete eléctrico se ha producido una ruptura de la neutralidad competitiva del mercado, dado que no todos los operadores se han podido situar en un mismo plano de igualdad. Adicionalmente, la decisión respeto de los principios de transparencia y publicidad adquieren una especial relevancia en el caso que nos ocupa, eso es: el acceso a mercados innovadores, marcados por la tecnología y la rápida fidelización de los clientes.

En este sentido, la Autoridad Catalana de la Competencia ya informó en su momento sobre la regulación de la actividad de bikesharing y motosharing adoptada el año 2019 por el Ayuntamiento de Barcelona (IR 37/2018). Dicho informe fue asimismo citado por el Tribunal de Aragón de Defensa de la Competencia de 29 de mayo de 2020, expediente 01/2019/COM Patinetes, a la que hicimos ya referencia en el Anuario de Derecho Municipal de 2020.

Por otro lado, en relación con estos mismos servicios en el municipio de Barcelona también se pronuncia la Agencia Catalana en la Consulta de 8 de julio de 2021 (ACCO: CO 235-2021), a la que llega una queja de una empresa particular derivada de la supuesta inactividad o permisividad de la administración municipal ante ciertos incumplimientos o irregularidades en la actuación de los operadores mencionados.

Esta inactividad conduciría que estos operadores compitieran deslealmente en el mercado del bicisharing en Barcelona. En concreto, se denuncia que una determinada empresa estaría prestando sus servicios en la ciudad de Barcelona de manera irregular ya que, a pesar de disponer de las licencias pertinentes, incumpliría parte de los requisitos establecidos a la regulación adoptada por el Ayuntamiento de Barcelona en fecha 4 de julio de 2019. Frente a esos incumplimientos, el Ayuntamiento no ha adoptado ninguna medida sancionadora hacia este operador. Por otro lado, se informa de la presencia en Barcelona de dos operadores de la actividad de patinete eléctrico compartido cuando esta actividad no está permitida en la ciudad. Estas empresas estarían prestando sus servicios, estacionando libremente en el espacio público sin contar con la correspondiente licencia y en competencia directa con los operadores de bicisharing, que sí disponen de ella, para lo que abonan la correspondiente tasa de acuerdo con la pertinente licencia del Ayuntamiento de Barcelona. Por último, se informa a la autoridad de la existencia de un determinado número de licencias para la actividad de bicisharing que habrían quedado vacantes en el procedimiento de adjudicación y que todavía no se habrían adjudicado, de manera que consideran incompleto el procedimiento para la adjudicación de las mismas previsto a la regulación municipal. Ante estas informaciones, la Autoridad considera que el Ayuntamiento debería actuar para inspeccionar y, en su caso, sancionar los incumplimientos. Y una vez que ello se produjera, ella podría entonces dilucidar si se ha incurrido en competencia desleal con arreglo al art. 3 LDC. Con respecto a las licencias vacantes, se recomienda su inminente otorgamiento conforme a lo previsto en el Reglamento en el que se regula su adjudicación.

7.2. Incidencia en los servicios económicos de alojamiento turístico del planeamiento urbanístico municipal

Sobre la incidencia en los servicios económicos de alojamiento turístico en un municipio, sobre si estos pueden verse afectados por lo dispuesto en el planeamiento urbanístico de un municipio se pronuncian la STSJ de 14 de octubre de 2021 [que sigue la doctrina de la STS de 2 de junio de 2002 (RJ 2021/3163)] ambas sobre el Acuerdo del Pleno del Consell Municipal del Ayuntamiento de Barcelona de 1 de abril de 2016, aprobando definitivamente el Plan especial urbanístico para la regulación de las viviendas de uso turístico en la ciudad de Barcelona. En concreto, en ellas se decide a favor de que los instrumentos de planeamiento urbanístico puedan regular las condiciones de acceso y ejercicio de una actividad económica, referidas concretamente a las viviendas de uso turístico. En ambos pronunciamientos se determina el alcance de esta incidencia de esa regulación en el ámbito de la libre prestación de servicios, e incluso se acepta que se pueda limitar en un concreto ámbito territorial el ejercicio de actividades previamente legalizadas. Esta cuestión ya había sido ya abordada en la Sentencia de 19 de noviembre de 2020 (RJ 2020/5293), dictada en el rec. núm. 5958/2019, en la que se acoge, además, la doctrina sentada a nivel europeo. Así, en concreto, en la STJUE de 22 de septiembre de 2020 [Gran Sala, asuntos acumulados C-724/18 (TJCE 2020/224) y C-727/18, Cali apartments SCI y HX y le Procureur général près la cour d’appel de Paris y la Ville de Paris].

Sobre este ámbito pueden leerse recientemente diversos estudios: J. M. Aguirre i Font, «La regulación municipal de las viviendas de uso turístico: soluciones a través del urbanismo», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica: Nueva Época, núm. 15, 2021, pp. 24-41; J. Bosch Castel «La regulación de las viviendas de uso turístico, desde la óptica de los principios de buena regulación económica», Revista General de Derecho de los Sectores Regulados, núm. 7, 2021; I. Rodríguez Florido, «La regulación de las actividades turísticas a través de los instrumentos urbanísticos», Revista de urbanismo y edificación, núm. 47, 2021, pp. 231-248. También a A. Carro Marcho, «Derecho a la vivienda y ordenación del mercado del alquiler turístico en la Unión Europea: comentarios a raíz de la Sentencia Cali apartments y su recepción en España», Revista de Estudios Europeos, núm. 79, 2022 (ejemplar dedicado a: III Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores sobre la Unión), pp. 668-686.

En las referidas sentencias se plantea un gran dilema jurídico. Se trata de encontrar un punto de equilibrio entre la actual configuración de las grandes ciudades, teniendo en cuenta su exigencia de habitabilidad y convivencia social, y, por otra parte, las exigencias de la libertad de mercado y liberalización de servicios, cuya competencia y defensa corresponde a la CNMC (que en el litigio interviene como recurrente frente a la normativa municipal).

En esta sentencia se incorpora un párrafo que ya se había contenido en anteriores pronunciamientos que, en síntesis, viene a decir que se requiere un urbanismo cambiante, que intente adaptarse a las nuevas circunstancias, realidades y necesidades sociales, urbanísticas y medioambientales para afrontar la inevitable transformación de las ciudades. A través del urbanismo se ha de tratar de evitar la desertización de los pueblos y ciudades, vaciadas de habitantes como consecuencia de no haber llevado a cabo, a tiempo, necesarias actuaciones de transformación urbanística que hubieran permitido la viabilidad de dichos lugares. Se recuerda que la gentrificación es un movimiento similar, si bien distinto, que se produce en las grandes ciudades. Este movimiento se origina al alterarse la forma de vida de los residentes habituales, debido a la transformación de un uso tradicional residencial, en otro, pujante y turístico, con todas las consecuencias que de ello se derivan. Se pone así en evidencia que cuanto más auténtico es un lugar, a más gente atrae, pero, cuanta más gente atrae, más se diluye su auténtica identidad, y con ello la vida de los residentes habituales del mismo lugar; en síntesis, se llega a convertir las ciudades —o las partes esenciales de las mismas— en un modo de parque temático, en vez de un lugar habitable y de convivencia.

Teniendo en cuenta todo esto, el pronunciamiento del TSJ en este sentido es favorable a los intereses municipales.

7.3. Incidencia en el acceso a los servicios de alquiler de ciclomotores y motocicletas de uso compartido

El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido corregir el número de licencias temporales que cabe conceder para el alquiler de ciclomotores y motocicletas de uso compartido y ampliarlo. Ello es así, teniendo en cuenta que se realizó en un primer momento un cálculo excesivamente conservador, cuando se procedió a la aprobación de la primera Regulación municipal en este ámbito, en julio de 2019. Esta decisión se adoptó por medio de una Resolución de la Concejala de Movilidad de 2 de febrero de 2021. La Autoridad Catalana de la Competencia considera en su Informe de 1 de julio de 2021 (Ref. ACCO: CO 238-2021 Motosharing, Barcelona) que la ampliación del número de licencias en virtud de dicha Resolución de la Concejala de Movilidad de 2 de febrero de 2021, en abstracto, no puede considerarse discriminatoria o favorable a unos operadores concretos. Sin embargo, el que se realizara justo un año después del primer procedimiento de otorgamiento de licencias pone de manifiesto que desde el inicio el espacio público tenía capacidad para asumir hasta casi un 50 por 100 más vehículos de motosharing. Esto resulta claramente indicativo de que la primera determinación del número de licencias el Ayuntamiento de Barcelona habría optado por un cálculo muy conservador y que, muy probablemente, desde un inicio, se habrían podido adjudicar muchas más licencias y permitir que más operadores concurrieran en ese mercado, para prestar ese servicio. Además, se considera que el procedimiento que se va a emplear para adjudicar las licencias añadidas es restrictivo de la competencia, por varios motivos: en primer lugar, por una parte, respecto de las nuevas licencias (fruto de la ampliación del número total de licencias de motosharing), se considera que deberían ser adjudicadas mediante un nuevo procedimiento ordinario de otorgamiento, y no por un procedimiento a precario (que es el que se establece en la citada resolución). Implantar un procedimiento a precario implica en este caso una adjudicación directa a los operadores incumbentes, es decir, a los que ya se encontraban realizando ese servicio con anterioridad. Ese otorgamiento altera las reglas del juego de manera injustificada y supone una discriminación directa respecto de otros operadores no presentes todavía en el mercado del motosharing en Barcelona. Como alternativa, la Autoridad catalana considera que el Ayuntamiento de Barcelona podría haber sido más flexible y prever el otorgamiento de la prórroga del plazo de inicio de vigencia de las licencias otorgadas y evitar, así, reforzar el carácter restrictivo del procedimiento mencionado.

En la línea de sus pronunciamientos referidos anteriormente sobre las distintas nuevas modalidades de transporte, la Autoridad Catalana de la Competencia ha elaborado este año un documento de Recomendaciones sobre la regulación de la actividad de vehículo compartido en octubre de 2021, OB 58/2021. Se parte de que el uso del vehículo compartido (bicis, patinetes, motos, etc.) por efecto de la economía digital abre a nuevos retos regulatorios. Se parte de los aspectos positivos de estas nuevas formas de movilidad que ayudan a descongestionar las ciudades y a mejorar su habitabilidad. También se quiere afrontar el desafío que suponen, que implica articular una remodelación del sistema de transporte público y a disponer de infraestructuras para facilitar su uso, y para gestionar el uso y la ordenación del espacio público. Esta gestión no está exenta de críticas y riesgos.

Sobre cuestiones relativas a otras actividades económicas en las que hay también intervención local puede consultarse el trabajo de D. Bruno Entrena, «Autonomía local, proporcionalidad y potestades públicas (a propósito del régimen estatal de implantación de estaciones de servicio en zonas comerciales e industriales)», Revista General de Derecho Administrativo, núm. 58, 2021.

8. BIBLIOGRAFÍA

Aguirre i Font, J. M.: «La regulación municipal de las viviendas de uso turístico: soluciones a través del urbanismo», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica: Nueva Época, núm. 15, 2021, pp. 24-41.

Bosch Castel, J.: «La regulación de las viviendas de uso turístico, desde la óptica de los principios de buena regulación económica», Revista General de Derecho de los Sectores Regulados, núm. 7, 2021.

Carro Marcho, A.: «Derecho a la vivienda y ordenación del mercado del alquiler turístico en la Unión Europea: comentarios a raíz de la Sentencia Cali apartments y su recepción en España», Revista de Estudios Europeos, núm. 79, 2022 (ejemplar dedicado a: III Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores sobre la Unión), pp. 668-686.

Cascales Moreno, F. J.: «La competencia en el transporte público de viajeros por carretera. Un decálogo de dieciocho razones que restringen la competencia. En defensa del sistema concesional», Tráfico y seguridad vial, núm. 265, 2021.

Garrido Juncal, A.: «Servicios sociales y entes locales: panorámica general y reflexiones en un escenario de pandemia», Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. extra 243, 2021 (ejemplar dedicado a: Gobierno y políticas públicas locales para la recuperación, transformación y re­siliencia), pp. 282-305.

Junceda Moreno, J.: «La retribución del socio privado por su saber hacer en las sociedades mixtas explotadoras de Servicios Públicos Locales», La administración práctica: enciclopedia de administración municipal, núm. 6, 2021, pp. 69-79.

López de Castro García-Morato, L., y Ortega Bernardo, J.: «Los servicios públicos locales», en F. Velasco Caballero (dir.), Tratado de Derecho Local, 2021, pp. 471-506.

Reynaers, A. M.; Navarro Gómez, C.; González Medina, M., y Rama Caamaño, J.: La externalización de servicios públicos a nivel local: experiencias, competencias y desafíos de la gestión de los contratos, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 2021.

Rivero Ortega, R.: «Una revisión de los principios clásicos del servicio público local», Administración de Andalucía: revista andaluza de administración pública, núm. 109, 2021, pp. 21-37.

— «El papel de las entidades locales en la reactivación económica», Administración & cidadanía: revista da Escola Galega de Administración Pública, vol. 16, núm. 1, 2021, pp. 11-22.

Rodríguez Florido, I.: «La regulación de las actividades turísticas a través los instrumentos urbanísticos», Revista de Urbanismo y Edificación, núm. 47, 2021, pp. 231-248.

Santiago Iglesias, D.: «¿Es posible crear sociedades de economía mixta para la gestión de servicios públicos locales en el marco de contratos de servicios y de concesión de servicios?», Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica: Nueva Época, núm. 16, 2021, pp. 98-117.