Ayer 106/2017 (2): 265-289
Sección: Estudios
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2017
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/106-2017-11
© Jaume Claret
Recibido: 22-10-2014 | Aceptado: 08-01-2016
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

El «problema catalán» durante la primera Transición*

Jaume Claret

Universitat Oberta de Catalunya
jclaretmi@uoc.edu

Resumen: La Transición tenía entre sus retos el recurrente «problema catalán» (reivindicaciones nacionalistas, preponderancia de las izquierdas, unidad opositora y concienciación social). Los dos primeros gobiernos de la monarquía intentaron hasta tres estrategias para desactivarlo, todas ellas con referentes históricos como argumentos justificativos: en abril de 1976, la creación de un régimen especial con ecos de la Mancomunitat; en junio de 1977, la apuesta por el nacionalismo conservador, basada en la trayectoria antifranquista de Jordi Pujol, y, durante el verano-otoño, la última —y finalmente exitosa— estrategia con el retorno del presidente exiliado Josep Tarradellas y el restablecimiento de la Generalitat.

Palabras claves: Transición, catalanismo, autonomía, democracia.

Abstract: One of the challenges faced by the Spanish Transition to Democracy was the so-called «Catalan problem». This «problem» included the rise of nationalism, the stregnth of the left, unity among the opposition, and a general spirit of social awareness. The first two governments of the Monarchy implemented three different strategies, each with historical referents, in an attempt to solve it. First, in April 1976, it created a «special regime» reminiscent of the Mancomunitat. Second, in June 1977, it made a commitment to the conservative nationalism of Jordi Pujol based on his anti-Francoist credentials. Third, during the summer and fall of 1977, it implemented the ultimately successful strategy of restoring the Generalitat, and permitting the return of its exiled President, Josep Tarradellas.

Keywords: Transition to Democracy, Catalanism, autonomy, democracy.

La Transición española tuvo en la cuestión territorial e identitaria una de sus piedras de toque. Debido a la presión político-­social del nacionalismo catalán y vasco y a la asunción de dichas demandas por las izquierdas españolas, resultaba «insoslayable una reforma de la articulación territorial del Estado, ante la inviabilidad de pervivencia de la dictadura y su modelo centralista, abiertamente desacreditado». El presente artículo analiza cómo los primeros gobiernos de la monarquía (1975-1980) abordaron en particular el «problema catalán» con hasta tres estrategias diferentes, todas ellas coincidentes en el uso de la historia como argumento justificativo y fruto —como destaca Ferran Archilés— de una innegable improvisación 1.

Tras dos primeros intentos fracasados que buscaron, por un lado, la recuperación de la antigua Mancomunitat a través de un proceso pilotado desde el poder y, por otro, una victoria en las urnas de los sectores más moderados del catalanismo, representados por Jordi Pujol, que permitiera una negociación directa con la naciente Unión de Centro Democrático (UCD), se impuso la llamada «operación Tarradellas». Con el retorno del president exiliado se recuperaba el autogobierno como exigían mayoritariamente los partidos catalanes, pero a partir del pacto directo entre el gobierno español y Josep Tarradellas, alejando así la perspectiva de un gobierno de izquierdas en Cataluña.

En menos de cinco años tras la muerte del dictador, el «problema catalán» parecía haberse encauzado sin graves rupturas, mediante la recuperación de una institución histórica que, al mismo tiempo, se convertía en excepcional dentro de la Transición española, pues daba continuidad a la legitimidad republicana. Nada similar ocurrió ni con el gobierno republicano, ni con el vasco, ambos también en el exilio.

Tarradellas acabó revelándose como un ideal «significante vacío». Este concepto creado por el teórico político argentino Ernesto Laclau identifica elementos concretos sin contenido significante o, lo que es más importante, capaces de albergar significados diferentes, incluso contradictorios, según sea quien lo use 2. El olvido sobre el pasado del viejo exiliado —excepto para sectores muy puntuales— y su identificación con la Generalitat histórica permitió que cada sector crease su propia versión del president (persona de orden, representante de la legitimidad institucional, líder republicano, monárquico accidental, hombre de izquierdas, reacio al marxismo, entre otras), construyéndose un relato justificativo con un evidente trasfondo histórico.

Poder y legitimidad

Durante los últimos años de la dictadura, los sectores más avispados dentro del régimen franquista eran conscientes de la necesidad de evolucionar y buscar nuevas fórmulas de legitimación. Así, con motivo de la última aparición pública de un decrépito general Franco en la Plaza de Oriente el 1 de octubre de 1975 3, un escéptico José Finat y Escrivá de Romaní, conde de Mayalde, observaba desde un balcón contiguo la «espontánea» manifestación de adhesión del pueblo español a su gobierno vilipendiado en el extranjero por haber aprobado el fusilamiento de diversos miembros de ETA. Lejos de dejarse engañar por el entusiasmo de una plaza repleta —los cálcu­los hablan de unas 700.000 personas—, el aristocrático dirigente franquista afirmaba: «Esto no significa nada; lo que hay que hacer ahora es convocar unas elecciones y ganarlas» 4. No se trataba de una opinión cualquiera; este jerarca, tan inteligente como sanguinario, lo había sido todo durante los años más duros del franquismo: director general de Seguridad, embajador en la Alemania nazi, gobernador civil y alcalde de Madrid. Sabía de lo que hablaba.

Sin embargo, el proceso sería más complejo y menos dirigido de lo que el conde de Mayalde anticipaba. Superados ya los relatos edulcorados sobre «una detallada planificación, diseñada cuidadosamente, en laboratorios secretos», la Transición española se nos presenta como el fruto de «la interacción de un gobierno convencido de la necesidad de homologar el sistema político español con los regímenes democráticos europeos y de una oposición igualmente resuelta a respaldar el restablecimiento en España de las instituciones pluralistas destruidas tras la victoria del franquismo» 5. De la mano del consenso, pero también de la actitud vigilante de la calle y de los movimientos sociales 6, la reforma se concretaría en la progresiva adaptación de las estructuras del Estado, la controlada participación de la oposición hasta entonces clandestina y la ratificación popular vía referéndum y elecciones constituyentes 7. El plan estaba trazado:

«Es cierto que el intento supone la utilización del ordenamiento jurídico-constitucional aún vigente y que por lo mismo incide en la vía de la “reforma” que parecía superada tras el fracaso de la desacreditada operación del gobierno anterior. Pero ahora podría tratarse solo de una aceptación eventual y formalista de esa vía para realizar desde ella y con los condicionamientos mínimos un decidido “cambio” político constitucional que en verdad “rompa” con el régimen anterior y que, a través de una consulta popular directa y unas elecciones generales por sufragio universal, instale definitivamente un régimen democrático» 8.

Dentro de este proceso de democratización, el «problema catalán» surgía como una pieza clave en el intento de las autoridades post-franquistas por ganar credibilidad, interna y externa. A su reconocida relevancia económica y social, Cataluña sumaba una serie de particularidades políticas que la singularizaban 9. Así lo entendía incluso la prensa extranjera que, en estos años, seguía con atención el caso catalán 10.

En primer lugar, existía un importante sentimiento nacional diferencial. La cultura catalana había sobrevivido al acoso y persecución de los primeros años de dictadura y, bajo unos nuevos referentes políticos y sociales, había sido capaz de reconstruir un espacio de reivindicaciones político-culturales ampliamente compartido. La fractura social y cultural no se había producido, mientras que políticamente el catalanismo aparecía como un mayoritario pósito común en todo el abanico opositor 11.

En segundo lugar, se veía como una amenaza la posible futura mayoría de izquierdas en Cataluña. El Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) poseía una evidente ascendencia política, social y cultural, habiéndose convertido en el referente opositor. Además, de forma directa o compartida con otros grupos de izquierda, dirigía e influía en los reivindicativos movimientos sindicales (Comisiones Obreras), vecinales, estudiantiles, etc. 12 A ello se sumaba una precoz y consolidada tradición unitaria entre la oposición política a través de diversas plataformas (la Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya y la Assemblea de Catalunya, entre otras), capaces de acoger a sectores provenientes tanto del marxismo como del catolicismo 13.

De ambas particularidades surgía un posicionamiento mayoritario que en Cataluña vinculaba ineludiblemente democracia y autonomía, y que tenía como máxima expresión el famoso lema de «llibertat, aministia i Estatut d’Autonomia». El gobernador civil de Barcelona, José María Belloch Puig, en un informe reservado el 28 de noviembre de 1979, subrayaba la relevancia de Cataluña como termómetro de la calidad de la reforma emprendida: «Este gobernador civil, desde su toma de posesión, viene repitiendo que no puede haber una democracia sólidamente instalada en España, si no existe estabilidad política en Cataluña» 14.

De hecho, bien pronto las autoridades post-franquistas valoraron la necesidad de una estrategia que combinase los gestos hacia la lengua y cultura catalanas con una salida administrativo-política a la reivindicación autonómica. Así, en un «Informe sobre la situación política de Barcelona», el 25 de agosto de 1976, se recomendaba «dar pasos positivos en materia cultural y educativa; nuevo decreto sobre enseñanza del catalán, ampliación de la programación en catalán en radio y televisión, reconocimiento del Institut d’Estudis Catalans» (IEC); así como

«negociar la propuesta de creación de un organismo de carácter regional, intermedio entre la Mancomunitat y la Generalitat. Otra alternativa a estudiar profundamente es una Ley de Autonomía, o mejor de institucionalización de las regiones, que señale el marco legal general en que este tema debe ser tratado, con flexibilidad suficiente para tener en cuenta la diversidad de las situaciones regionales. Este planteamiento permitiría obviar los problemas de los Estatutos de Autonomía, particulares para cada región y las tesis federalistas» 15.

El reconocimiento de la cultura y lengua catalanas no era una cuestión menor. Ya durante los últimos estertores de Franco y del franquismo, algunas autoridades locales y provinciales habían protagonizado gestos en dirección a una cierta co-oficialización. El hábil presidente de la Diputación de Barcelona, Juan Antonio Samaranch, en diciembre de 1974 aprobaba subvencionar el IEC con dos millones de pesetas para el año siguiente (en 1976 se duplicaría la cantidad) y recuperar el histórico nombre de la Biblioteca de Catalunya 16. Además, en octubre de 1975, conseguía la aquiescencia de sus servicios jurídicos para catalanizar la institución 17.

Tras la muerte del dictador, los gestos se multiplicaron. En diciembre de 1976 llegaba el recomendado reconocimiento del IEC, gracias a las gestiones del saliente director general de Política Científica, Gabriel Ferraté 18, y a la necesidad del presidente Adolfo Suárez de corregir su desliz menospreciando, en una entrevista en la revista Paris Match, el valor como lenguas científicas del catalán y el vasco 19. La voluntad normalizadora de las nuevas autoridades llegaba hasta el nomenclátor, pues el 30 de marzo de 1977 el ministro de Gobernación declaraba innecesario acompañar los topónimos de la versión «en el idioma común»: los municipios podían utilizar directamente la versión en «lengua regional, o en su forma histórica» 20.

Sin embargo, y más allá de la relevancia de unos gestos que contradecían cuarenta años de persecución, lo más relevante era ver cómo se concretaba la segunda consideración sobre el «problema catalán» sugerida por el informe antes citado. La situación era compleja, pues se necesitaba hallar una respuesta suficiente a los anhelos de autonomía y reconocimiento catalanes, sin poner nervioso al búnker franquista, ni crear agravios comparativos con el resto de regiones. Los dos primeros gobiernos de la monarquía, tanto el encabezado por el ortodoxo Carlos Arias Navarro como el posterior dirigido por el inesperado Adolfo Suárez, se vieron obligados a lidiar con la cuestión. Aunque con diferentes enfoques, ambos buscaron referencias históricas para legitimar sus propuestas y alejar la decisión última de la voluntad política democrática.

La Mancomunitat revisitada 21

El primer intento surgió de la puesta al día de los proyectos de reorganización del Estado trabajados por Manuel Fraga durante su etapa como embajador en Londres. Como todopoderoso vicepresidente segundo y ministro de la Gobernación del segundo gobierno Arias Navarro, el político gallego quiso recuperar su propuesta de crear regímenes administrativos especiales para Cataluña y el País Vasco, y así encauzar y desactivar las demandas de autonomía 22.

Evidentemente compenetrado con Fraga, el ya citado Samaranch se apresuraba a sumarse entusiasta y activamente a la propuesta. El 23 de diciembre de 1975 solicitaba al gobierno, desde el pleno de la Diputación barcelonesa que presidía, «la constitución de una comisión que estudie la implantación de un Régimen Administrativo Especial para la provincia de Barcelona que permita en un próximo futuro institucionalizar la región catalana» 23.

A las autoridades no se les escapaban las evidentes resonancias históricas de la propuesta, que recordaban claramente la Mancomunitat de Catalunya creada en 1914 por la agregación precisamente de las diputaciones catalanas, bajo la dirección del presidente de la Diputación de Barcelona y líder de la Lliga, Enric Prat de la Riba. El paralelismo era evidente y permitía un anclaje histórico del nuevo organismo. Ya no se trataba, por tanto, de un invento franquista, sino de la resurrección de un ente de contrastado pedigrí catalanista. A la legitimación histórica se sumaba la ventaja de poder ser controlado desde el poder, pues las diputaciones se hallaban en manos de adictos de confianza. Además, era la oportunidad, para personajes como Samaranch, de inscribirse en una tradición catalanista conservadora con que desteñir su pasado franquista. De hecho, el viraje ya había empezado meses antes, cuando recuperó en el Palau de la Generalitat el nombre del edificio y el busto de su predecesor, Prat de la Riba, en el Pati dels Tarongers.

La apuesta gubernamental iba en serio. El 16 de febrero de 1976, los reyes iniciaban su primer viaje oficial a Cataluña con un significativo discurso del monarca —con un largo párrafo en catalán— en el Saló del Tinell. En su intervención previa, Samaranch había reiterado las bondades del futuro nuevo régimen especial. Al día siguiente, el Consejo de Ministros recibía un primer documento de concreción de dicho régimen, y el 9 de abril se anunciaba en el BOE la creación por Real Decreto de la Comisión para el Estudio de un Régimen Especial para las Provincias Catalanas 24.

El nuevo organismo estaba constituido por once vocales técnicos nombrados directamente por Fraga y doce representantes de las diversas diputaciones y del Ayuntamiento de Barcelona, presididos por el exsubsecretario de Educación y Ciencia Federico Mayor Zaragoza 25. Entre estos prohombres de las diferentes instituciones públicas catalanas y de catalanes vinculados al aparato del Estado, se encontraban desde el joseantoniano director general de Correos y Telégrafos Juan Echevarría al economista Juan Sardá Dexeus, pasando por el ya citado director general de Universidades o el periodista y futuro hombre fuerte de UCD en Cataluña Carlos Sentís 26.

Nuevamente Samaranch sugería un gesto y proponía otorgar un «cierto matiz popular catalán» a la constitución del nuevo organismo, eligiendo «una fecha que podría ser el 27 de abril, en la que se celebra la festividad de Nuestra Señora de Montserrat, Patrona de Cataluña». Fraga aceptaba y ese día viajaba a Barcelona para presidir, en el Saló Sant Jordi de la Diputación barcelonesa, la puesta de largo de la comisión que, en seis meses, debía haber finalizado sus trabajos y elevado sus conclusiones al gobierno 27.

Sin embargo, ésta nacía con dos hándicaps. Por un lado, y a pesar de los guiños al pasado, se trataba de una operación exclusivamente gubernamental. Los trabajos se habían cerrado a cualquier participación externa y ello convertía el resultado en un trágala de difícil digestión para la oposición. Y, sin su aquiescencia, la futura Mancomunitat nacía coja. Por el otro, Fraga entendía su plan como una respuesta puramente administrativa, sin autonomía política o presupuestaria real. El gobierno de Arias Navarro, para quien la unidad territorial resultaba innegociable, era incapaz de ir más allá.

De hecho, habrá que esperar al nombramiento de Suárez como nuevo jefe de gobierno, el 3 de julio de 1976, para que se introduzcan matices que se hallaban fuera del alcance de la generación política saliente. Para ello, el presidente contó con la complicidad del superviviente Samaranch, del recién llegado al Ministerio de la Gobernación proveniente del Gobierno Civil de Barcelona, Rodolfo Martín Villa, y de su sustituto en la capital catalana, Salvador Sánchez-Terán. A este último se debe, precisamente, el «informe sobre la situación política de Barcelona» que abogaba por una política combinada de gestos y de una propuesta administrativo-­política a medio camino entre la Mancomunitat noucentista y la Generalitat republicana.

En noviembre de 1976 se cerraba la «Propuesta de actuaciones inmediatas» por parte de la comisión. La principal sugerencia, en línea con lo apuntado por Sánchez-Terán, era la «institucionalización de la región» a partir de cuatro puntos básicos: una mancomunidad de las diputaciones, la cooficialidad del catalán, un plan director de coordinación territorial, y la delegación y transferencia de los servicios 28.

Para Suárez, la importancia de la operación se evidencia hojeando el calendario. Con el referéndum de la Reforma Política programado para el 15 de diciembre de 1976, dos días antes recibía en Madrid las conclusiones de la mano de Mayor Zaragoza y el 20 viajaba a Barcelona para participar en el acto oficial de cierre de los trabajos. Incluso antes de este programa, el presidente intentó un acercamiento a la oposición catalanista no marxista reuniéndose, por separado, con Josep Pallach, Jordi Pujol y Ramon Trias Fargas el 6 de diciembre en el Palacio de la Moncloa. Dichos encuentros buscaban seguramente favorecer una aceptación por parte de los sectores moderados de la Mancomunitat propuesta por el gobierno como respuesta a las peticiones de autonomía de la oposición.

Alguna aspereza debió lograr limar, pues, entre las 800 personas que asistieron a la recepción oficial en la Diputación de Barcelona, se hallaban Pujol y Trias Fargas. De hecho, las autoridades únicamente se vieron acompañadas por los miembros más conservadores y moderados de la vida política y económica catalana (Anton Cañellas, Carlos Ferrer Salat, Pere Durán Farell, Salvador Millet i Bel, entre otros), sin ninguna participación de representantes de las izquierdas.

La asistencia no fue en balde para ambos líderes catalanistas. Así, las propuestas de Trias Fargas para que el nuevo organismo contase con funciones políticas y no sólo administrativas, y adoptase el nombre de Consell General de Catalunya fueron incorporadas en el discurso oficial de Suárez 29. Por su parte, Pujol mantuvo un publicitado encuentro a puerta cerrada con el presidente durante la recepción, enviando de esta manera un mensaje de normalización de las relaciones entre gobierno y oposición, y otorgando una cierta preeminencia al líder convergente.

En su discurso, Suárez reconocía el hecho diferencial catalán («El sentimiento de Cataluña como unidad diferenciada no lo estamos inventando ni improvisando»), aceptaba que debía irse hacia una descentralización política y no sólo administrativa («No podemos acudir a un puro regionalismo tecnocrático que persiga una eficacia aséptica y tan alejada del sentir popular y que no llegue siquiera a recoger y respetar las demandas de los ciudadanos, ni nos vamos a quedar en lo meramente cultural») y se comprometía políticamente en la solución del «problema catalán» («Venir a Cataluña, señores, es encararse de lleno con el hecho regional. Y digo “encararse” porque es lo contrario a “eludir” o “soslayar”») 30.

Las palabras se acompañaron de gestos, siguiendo la estrategia conocida. Así, el recién nombrado alcalde de Barcelona, Josep Maria Socias Humbert, hombre de confianza de Martín Villa, acentuaba los guiños al catalanismo con decisiones como la restitución del nombre de Pau Casals a la calle que desde 1939 había sido bautizada como general Goded. El acto fue multitudinario, las banderas catalanas lucían de forma mayoritaria y se interpretó tanto el Cant dels Ocells como Els Segadors 31.

El tono, la forma y el contenido de la nueva propuesta gubernamental no podían alejarse más del discurso inaugural de Fraga. Era el mismo proyecto, pero las circunstancias —empezando por el cambio de Arias Navarro por Suárez y acabando con las elecciones constituyentes en el horizonte— habían variado tanto en seis meses que ya no lo parecía. Como pudo constatarse el 12 de enero de 1977 durante la recepción del rey a la comisión, el proyecto se había convertido en promesa electoral de la UCD. En palabras de Mayor Zaragoza, se presentaba un modelo capaz de extenderse al resto de territorios, pues se basaba en la universalidad, la igualdad, la solidaridad, la autonomía, la pluralidad y la legalidad 32.

Sin embargo, su viabilidad última residía en las urnas y, sin un apoyo suficiente en las Constituyentes del 15 de junio, todo quedaría en papel mojado. Porque, a pesar de la actitud contemporizadora de Pujol —quien veía en el Consell General una institución inmediata, con competencias y presupuesto, con priorización de la representación territorial por encima de la población y sin interferencias del exiliado Josep Tarradellas—, el resto de la oposición parecía poco dispuesta al cambalache, especialmente socialistas y comunistas, que se oponían radicalmente. No es casual que en aquellas fechas la Assemblea de Catalunya lanzase una campaña bajo el lema «Volem l’Estatut!».

En busca de una mayoría alternativa

La convocatoria de elecciones constituyentes era un imperativo de la propia Transición. Aunque en un primer momento aún se confiaba en poder controlar el proceso mediante la limitación de la concurrencia electoral, ello se reveló imposible sin comprometer la credibilidad de la democratización emprendida. Así, los temores manifestados un año antes por la delegada provincial de la Sección Femenina barcelonesa, Montserrat Tey, ante una situación en qué «ya no podremos decir desde las áreas del Movimiento: cuáles son los “nuestros” y cuales los “otros”», se hacían realidad. El tranquilizador discurso de Sánchez-Terán, gobernador civil y (breve) jefe provincial del Movimiento, garantizando unas elecciones legislativas con un pluralismo político limitado a «dos o tres grupos de fuerzas del Régimen y otros tantos grupos de fuerzas de lo que llamaríamos “oposición legal”» y «con las únicas exclusiones del Comunismo, el Terrorismo y el Separatismo», se veía superado por la legalización del Partido Comunista de España (PCE) y el PSUC en abril de 1977 y del resto de formaciones nacionalistas 33. La única excepción sería Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), a quien no se permitió concurrir con sus históricas siglas por el componente republicano, pero sí integrada en la coalición Esquerra de Catalunya — Front Electoral Democràtic.

Ante la evidencia, se dibujó un doble plan de acción. Por un lado, la creación de un partido gubernamental capaz de capitalizar el iniciado proceso de democratización, el tirón electoral del presidente en ejercicio y el apoyo de las estructuras del Estado (medios de comunicación incluidos) 34; y, en Cataluña, de captar el voto de los inmigrantes del resto de España supuestamente temerosos ante una mayoría de izquierdas y/o contrarios al proyecto catalanista 35. En palabras posteriores a estas fechas, pero fiel reflejo de un pensamiento mantenido en el tiempo:

«Por último, somos muchos en Cataluña los que pensamos que, dada la realidad política actual de Cataluña —muy someramente descrita en los párrafos anteriores—, la escasa politización de un alto porcentaje de la población del país, y un cierto desencanto, hacen posible cualquier fórmula política de defensa contra la falsa mayoría marxista, siempre que sea patrocinada por el presidente Suárez. En fin, siempre se espera la sorpresa del éxito o el éxito de la sorpresa» 36.

Sin embargo, dicha estrategia resultaba insuficiente a ojos de sus propios defensores para frenar con garantías la posibilidad de una mayoría de izquierdas. La percepción común era que Cataluña se situaba más a la izquierda que el resto de España por el importante papel del PSUC y sus aliados, y a pesar de la desunión socialista. Dispuestos a conjurar el peligro marxista, se apostaba por neutralizarlo gracias también al catalanismo conservador 37.

La articulación de un polo catalanista conservador o moderado, claramente no marxista, necesitaba de una figura de enganche incuestionable en su compromiso con el nacionalismo catalán y de contrastadas credenciales democráticas. El tiempo del viejo catalanismo conservador de la Lliga había pasado, y el hombre era, evidentemente, Pujol. De larga trayectoria como activista cultural y agitador político, había sido torturado y encarcelado a raíz de los llamados fets del Palau 38 y, a pesar de su implicación en el negocio bancario, mantenía intactas sus aspiraciones políticas.

Durante aquellos años, cultivó los contactos con determinadas personalidades gubernamentales, sin olvidar sus relaciones con los miembros de la oposición clandestina. Entre la correspondencia de los diferentes gobernadores civiles de Barcelona del periodo (nombres tan relevantes como Martín Villa, Sánchez-Terán o Belloch), Pujol es una presencia constante. Dicha relación no dejaba de ser interesada y evidentemente cada parte preservaba sus propios objetivos. Sin embargo, a finales de 1976 y principios de 1977, ambos intereses coincidieron coyunturalmente: derrotar a las izquierdas catalanas.

El 17 de mayo de 1977 se celebraba una entrevista entre Pujol y el gobernador civil de Barcelona, Sánchez-Terán, hombre de confianza de los presidentes del gobierno Arias Navarro y Suárez. En la reunión, el político catalán advertía que la creación de la gubernamental UCD suponía «casi una agresión», introducía el sucursalismo e impedía que el centro catalán —según Pujol formado por la coalición Pacte Democràtic per Catalunya que agrupaba a su Convergència Democràtica de Catalunya con Esquerra Democràtica de Catalunya de Trias Fargas, y los socialistas de Reagrupament conmocionados por la muerte de su líder Pallach a principios de año— pudiese ser mayoritario y facilitar así una política moderada. En otras palabras, Pujol le pedía la retirada de las candidaturas de UCD en Cataluña 39.

Lo anunciado por Pujol se confirmaba la noche de las elecciones. Mientras el resto de España se decantaba por el bipartidismo entre UCD y PSOE, con el PCE y Alianza Popular (AP) en un segundo término, en Cataluña se imponía el rojo. Los socialistas, encabezados por Joan Reventós, obtenían casi el 29 por 100 de los votos y 15 diputados y el PSUC un poco más del 18 por 100 con 8 diputados. Más atrás quedó la UCD con casi el 17 por 100 y únicamente 9 diputados por sus malos resultados en la provincia de Barcelona, y a pocas décimas se situaba Pujol, aunque con mayor número de diputados, 11. En ambos casos, muy lejos de lo esperado. Por su parte, los demócrata-cristianos de Cañellas debían conformarse con dos diputados y ERC y AP con uno cada una. La derrota pujolista se acentuaría poco después, cuando los dipu­tados de Reagrupament rompiesen la coalición para sumarse al proceso de unificación socialista.

No les fue mejor en el Senado, la coalición Entesa dels Catalans, que agrupaba a PSUC, a los socialistas de Reventós y a EC, conseguía catorce de los puestos en juego, en el caso de Barcelona superando el millón de votos. Sólo dos senadores no pertenecían a la exitosa coalición: el independiente y destacado activista Lluís Maria Xirinacs por Barcelona y el gubernamental Emilio Casals de UCD por Tarragona. A éstos debían sumarse los 41 senadores designados directamente por el rey, de los cuales cinco fueron catalanes aunque poco representativos del sentir del electorado: el alcalde de Barcelona Socias Humbert, el escritor demócrata-cristiano Maurici Serrahima, el catedrático conservador Martí de Riquer, el empresario Andreu Ribera y el futuro ministro de UCD Landelino Lavilla.

En resumen, las izquierdas se habían impuesto con claridad. Con el pasado de Pujol y la influencia gubernamental, no había bastado. El doble fracaso obligaba a mover pieza al gobierno, recuperando una posibilidad que descansaba en el cajón desde hacía meses: algún tipo de acuerdo con el exiliado Tarradellas. En noviembre de 1976 ya se había producido un sondeo gubernamental a cargo del teniente coronel Andrés Casinello 40 —el primero tuvo lugar en abril por parte de Manuel Milián Mestre por encargo de Arias Navarro— 41, que había visitado en su exilio al histórico president. Sin embargo, todo se había aparcado ante la dificultad de reconocer una institución republicana por parte de una monarquía heredera del franquismo, y en la confianza que alguna de las otras soluciones planteadas fructificase.

La «operación Tarradellas»

Aunque el president exiliado era un viejo conocido para los más veteranos, los exiliados y los más implicados políticamente en el interior, su nombre raramente había trascendido más allá. Es más, su incontinencia epistolar y su obsesión por la unidad de acción, siempre bajo su liderazgo, le habían granjeado no pocos problemas y algunos enfrentamientos sonados con el abad de Montserrat u Òmnium Cultural, entre otros. Incluso la Assemblea de Catalunya, el órgano unitario por antonomasia del antifranquismo catalán, no incorporaba ninguna referencia al antiguo líder republicano.

A partir de la muerte del dictador, sin embargo, su conocimiento fue extendiéndose. Así, en la celebración de la Diada el 11 de septiembre de 1976 en Sant Boi, la primera autorizada desde época republicana, ya se incluyó la lectura de un mensaje suyo. En la posterior campaña electoral a las Constituyentes, los socialistas encabezados por Reventós fijaron como objetivo la apertura de negociaciones sobre el restablecimiento de la autonomía y el retorno de Tarradellas. Dicha exigencia sólo era compartida por buena parte de ERC y, de forma mucho más matizada, por el resto de la oposición democrática; aunque paradójicamente a quien más perjudicaba era a los propios socialistas al alejarlos de la presidencia de un posible gobierno autonómico 42.

Con la victoria de junio de 1977 en el bolsillo, Reventós solicitó y recibió el apoyo casi unánime —sólo el diputado de AP, el exministro franquista Laureano López Rodó, votó en contra— de la asamblea de parlamentarios catalanes electos que se celebró en el antiguo Parlamento catalán para negociar con el presidente Suárez. Ahora ya no era únicamente el financiero catalán, tarradellista confeso y personaje con contactos en los engranajes del Estado, Manuel Ortínez, y su círculo quienes sacaban a colación al viejo president 43.

La aceleración de los tiempos resulta sorprendente incluso para un periodo tan dado a la rapidez como la Transición. Si el 15 de junio se celebraban las elecciones, sólo doce días más tarde Tarradellas ya viajaba a Madrid en un sorprendente viaje organizado por Ortínez. Como reconocería el propio president posteriormente, «el resultat de les eleccions ha impressionat fortament» y se había precipitado el encuentro 44. Aunque seguramente no tanto por la unidad demostrada por las fuerzas catalanas —obsesión recurrente de Tarradellas—, como por la mayoría lograda por PSC y PSUC.

¿Qué se esperaba de dicha operación? Los puntos de partida eran claros y el president se aparecía como el perfecto «significante vacío», adaptable a casi cualquier interpretación interesada de las partes. Para los negociadores del gobierno Suárez, se abría una solución para evitar un gobierno de izquierdas en Cataluña mediante una figura legitimada históricamente y con pocas simpatías comunistas. Además, se pensaba que las ganas de regresar a su tierra acelerarían un acuerdo a la baja que, inicialmente, sólo planteaba recuperar la vieja idea de la Mancomunitat con Tarradellas como presidente. Incluso para la UCD, el partido gubernamental, la jugada contenía posibles réditos, pues su hombre en Cataluña, Sentís, se convertirá en un elemento omnipresente, formando parte incluso del pequeño séquito que viajó a Madrid. Si hasta ese momento el gobierno Suárez había ido a remolque, ahora «maniobró para poder controlar la situación y así quien no tenía programa marcó la agenda» 45.

Para la oposición, la recuperación de su figura y de la institución que representaba se había convertido en una reivindicación común que permitía un reconocimiento institucional y una oportunidad de gobierno inmediatos. A partir de aquí surgían las diferencias entre quienes veían en él un simple mantenedor de la legitimidad que debía ser traspasada a las futuras autoridades electas, quienes le reservaban un papel puramente decorativo sin potestad ejecutiva y quienes todavía creían que podía actuar como president con todas las prerrogativas del cargo. Esta última interpretación era sin duda la más cercana al pensamiento del interesado, para quien lo fundamental era tanto el reconocimiento de su legitimidad histórica como que el pacto fuera bilateral por encima de los partidos políticos y previo a la Constitución 46.

La visita se alargó durante ocho días y el president pudo reunirse con Suárez (por dos veces), el rey y la oposición catalana. Aunque los encuentros no estuvieron exentos de tensión, según hagiografías posteriores, la habilidad política de Tarradellas salvó el desastroso primer contacto declarando ante los periodistas que todo avanzaba perfectamente. Tras aquel incidente inicial, se logró llegar a un acuerdo, publicitado el 2 de julio, de reconocimiento mutuo, con una futura y directa negociación entre ambas partes. De esta manera, la iniciativa pasaba a manos de Suárez y del propio Tarradellas, marginando la Asamblea de Parlamentarios elegidos democráticamente.

Superado el estupor inicial, los parlamentarios —con Reventós al frente— decidieron apoyar al presidente. El 7 de julio de 1977 se reunían y a finales de mes acordaban formar una comisión formada por seis representantes (Josep Benet, Antoni Gutiérrez Díaz, Pujol, Reventós, Sentís y Josep Maria Triginer) propuestos por la Asamblea y nombrados por Tarradellas, pero que dejaban la dirección de las negociaciones al viejo líder republicano. Durante el mes de agosto él —con la ayuda de hombres de su confianza como el catedrático de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona, Josep Lluís Sureda Carrión— y el enviado español y ex gobernador civil de Barcelona, Sánchez-Terán, negociarán en París la concreción de los acuerdos 47.

Las negociaciones se alargaron en París, pero también en el sur de Francia, donde tuvieron lugar algunos de los encuentros entre el president y los representantes de la oposición. Este último escenario no estuvo exento de tensiones y, como el gobierno quiso aprovechar las diferencias, ello provocó una mayor cerrazón por parte de Tarradellas a compartir la negociación con las fuerzas políticas 48. Incluso se llegó al enfrentamiento personal con Benet —histórico agitador cultural durante el franquismo, futuro candidato a la Presidencia de la Generalitat por el PSUC y senador electo más votado de España— 49. Las críticas de este último no fueron bien acogidas por el president, quien decidió cesarlo fulminantemente de la comisión negociadora. La imagen de unidad no pareció recuperarse hasta la Diada de 1977, autorizada por primera vez en la ciudad de Barcelona. La manifestación reunió a un mítico —la fascinación numérica se impuso a la realidad física— millón de personas que reforzó la posición negociadora catalana.

Finalmente y al calor de aquella manifestación, la Generalitat era reconocida oficialmente por el gobierno, antes, por tanto, de la aprobación de la Constitución o, en otras palabras, todavía bajo la legislación franquista, la misma que treinta y nueve años antes la había derogado. Como había sucedido en 1931, se volvía a buscar en el pasado un referente con qué salvar los obstáculos del presente.

De hecho, será el tarradellista Sureda Carrión quien halle el resquicio legal, a través de la Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local, y quien sugiera tanto el nombramiento del viejo exiliado como presidente de la Diputación de Barcelona —para disponer así de algún poder efectivo— como la redacción de los posteriores reales decretos 50. El 29 de septiembre se publicaba el Real Decreto Ley de Restablecimiento de la Generalitat de Catalunya y el 17 de octubre el real decreto nombrando presidente a Tarradellas. Esta dilación, según el propio interesado, había sido premeditada, para asegurarse el apoyo de todo el abanico parlamentario y evitar, al mismo tiempo, coincidir con el aniversario del fusilamiento de su antecesor, Lluís Companys, el 15 de octubre de 1940 por las autoridades franquistas. El viejo exiliado huía así de cualquier posible vínculo que lo alejase de la imagen de moderación que deseaba proyectar.

Su retorno —previo paso por Madrid para agradecer las gestiones de Suárez y el rey— tuvo lugar el 23 de octubre de 1977. Una multitud le acompañó en el recorrido entre el aeropuerto y el Palau de la Generalitat, desde cuyo balcón pronunció su famoso «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí». Contra todo pronóstico, veintitrés años después de su nombramiento en México, volvía a Cataluña. Al día siguiente tenía lugar la ceremonia de toma de posesión con la participación del propio Suárez.

Poco después, empezaban los problemas para negociar un ejecutivo con los partidos políticos. Además, sin un marco legal estable —no había ni Estatuto, ni Constitución—, no existía un mecanismo claro de negociación con el Estado para obtener competencias y recursos. De hecho, ambos eran tan escasos —su presupuesto era cincuenta veces inferior al de la Diputación de Barcelona— que se optó por un trabajo de planificación de la futura administración pública, oficialización del catalán en la enseñanza obligatoria a través del decreto de bilingüismo y desarrollo de los mapas relativos a sanidad y política territorial. Esta tarea más conceptual se combinó con un esfuerzo de presencia en el territorio, aprovechando la fuerza simbólica y el prestigio inicial de la Generalitat. Es entonces cuando empiezan a manifestarse con mayor claridad las primeras fisuras en la unidad de acción, fruto en parte del fuerte carácter presidencialista de Tarradellas, y en parte de los intereses divergentes de los partidos políticos catalanes que, por decisión mayoritaria, optaron por redactar el nuevo Estatuto al margen del president y, por tanto, poniéndole fecha de caducidad a la Generalitat provisional 51.

Paralelamente, Suárez entendía encauzado el «problema catalán» y, ante las urgencias políticas, económicas y sociales del momento, prefirió alejarse de Tarradellas —que aspiraba a conservar una relación directa y bilateral— para acercarse a Pujol como aliado parlamentario en Madrid. Es justo entonces cuanto se elabora la Constitución española y, a raíz de los debates sobre el Título VIII, se discute sobre el encaje de la unidad española con el reconocimiento de su diversidad, con especial mención a la ya preexistente Generalitat, las demandas del resto de comunidades históricas y la futura extensión del modelo al resto del Estado 52.

La solución final pasó por la creación de un híbrido, una diferenciación teórica entre nacionalidades y regiones —exigida por los ponentes catalanes—, la prohibición expresa de la federación entre comunidades —punto pensado para evitar posibles acuerdos pancatalanes o panvascos—, y el reconocimiento de los derechos históricos del País Vasco y Navarra. El catalanismo lograba el reconocimiento de la autonomía de Cataluña en la Carta Magna, pero a cambio de diluir la singularidad y la bilateralidad pre-constitucional obtenida con la Generalitat provisional.

Con el posterior referéndum constitucional del 6 de diciembre de 1978 se iniciaba un ciclo electoral que incluía una nueva convocatoria a Cortes Generales el 3 de marzo y municipales el 3 de abril. En Cataluña, la Constitución fue ratificada con una participación mayor que en el resto de España y el segundo porcentaje de votos negativos más bajo. Por su parte, el resultado de las urnas en las generales y municipales volvieron a situar en primer lugar al ya unificado Partit Socialista de Catalunya (PSC), seguidos a distancia por un PSUC muy presente en el área metropolitana y de la nueva coalición electoral Convergència i Unió (CiU) encabezada por Pujol con una mayor ascendencia territorial. De las 39 localidades de más de 20.000 habitantes, 21 tendrán alcaldes socialistas —entre ellas las cuatro capitales provinciales, con Narcís Serra al frente de Barcelona—, 14 comunistas, cuatro de CiU y sólo una de ERC. Más repartidas se hallaban las poblaciones medias, con una relevante presencia de CiU, que se transformaba en casi hegemonía en los municipios pequeños.

Como ya se ha comentado, el nuevo marco constitucional obligaba a redactar un nuevo Estatuto adaptado a él, pues el anterior de 1932 quedaba desfasado. Además, se veía como la oportunidad para dotar a la Generalitat de poder real y, por otra parte, de sustraerse al control de Tarradellas. Aprobado el nuevo Estatuto, el president convocaba elecciones autonómicas para el 20 de marzo de 1980. La mayoría, tras los triunfos en las generales y municipales, daba por descontada la victoria de las izquierdas y, especialmente, de los socialistas. Sin embargo, pocas semanas antes de los comicios, coincidían en la mesa presidencial de una boda el viejo presidente y el escritor Josep Pla. La conversación derivó rápidamente hacia la actualidad electoral y —quizás apócrifamente, pero suficientemente creíble, aunque con múltiples versiones— Tarradellas ejercía de oráculo: «La nit de les eleccions hi haurà dos homes que no aclucaran ull: Pujol per por a perdre i Reventós per por a guanyar» 53. Finalmente, fue el primero quien consiguió la victoria —iniciando así veintitrés años de hegemonía— y sucediendo en la Presidencia a Tarradellas.

Tarradellas como significante vacío

La Transición española había sabido encauzar el «problema catalán» con relativo éxito. La legitimidad histórica encarnada por Josep Tarradellas —aceptada de forma mayoritaria y con pocas excepciones— había permitido superar las reticencias de la oposición y cumplir con los objetivos principales del gobierno. La operación logró la inverosímil cuadratura del círculo al conseguir llevarse a cabo sin levantar excesivas suspicacias entre los sectores más reaccionarios (incluso el president convenció al franquista capitán general Francisco Coloma Gallegos de asistir a su nombramiento), calmando los anhelos catalanes, satisfaciendo a la oposición y legitimando históricamente el proceso.

Además, la reinstauración de la Generalitat republicana supuso alejar la decisión política de la ciudadanía al ser fruto del acuerdo bilateral entre el gobierno Suárez y Tarradellas, con los representantes electos de los partidos catalanes a remolque. Con ello se había conjurado, o al menos retrasado y entorpecido, el peligro de un proceso autonómico catalán en manos de las izquierdas. Dicho miedo se mantendría en el tiempo y volvería a manifestarse a raíz de las primeras elecciones autonómicas, cuando el gobernador civil Belloch advertía que, «si no hacemos nada», el nuevo Parlament podía tener una mayoría marxista absoluta 54.

Pero incluso ese peligro se evitó. Reventós se vio perjudicado por la resistencia de Tarradellas a reconocerlo como líder in pectore, por el exceso de confianza ante una victoria dada por segura que no había tensado suficientemente a un electorado tentado por el abstencionismo, por el acierto de Pujol al favorecer su identificación con la defensa de Cataluña y su autonomía, por la colaboración activa de la patronal en una sucia campaña del miedo y por el posterior juego de mayorías parlamentarias donde las izquierdas fueron incapaces de hallar un acuerdo, mientras CiU conseguía los votos de una ERC anti-marxista y la abstención de una UCD interesada en el intercambio de cromos en el Congreso.

La posterior reinterpretación desde las izquierdas catalanas del viejo president como antítesis de Pujol, favorecida por los desencuentros que jalonaron su relación, no puede ocultar que el paréntesis de la Generalitat provisional las alejó durante veintitrés años de la Presidencia de Cataluña. Sin embargo, la versatilidad interpretativa de la «operación Tarradellas», por el carácter de significante vacío del personaje, ha permitido que todas las partes todavía valoren hoy aquel proceso como satisfactorio para sus respectivos intereses: desde el gobierno Suárez, pues le permitió el control sobre la reinstauración autonómica, hasta los diversos sectores catalanistas, que veían recuperado el autogobierno.

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