Ayer 123/2021 (3): 135-161
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2021
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/123-2021-06
© Pau Casanellas
Recibido: 18-1-2019 | Aceptado: 10-1-2020
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

Evitar «caballos de Troya». Las estructuras provinciales de poder del franquismo ante el resurgimiento del nacionalismo subestatal en Cataluña y el País Vasco (1960-1975 )*

Pau Casanellas

Universitat Autònoma de Barcelona
Instituto de História Contemporânea – NOVA FCSH
pau.casanellas@uab.cat

Resumen: La instauración del franquismo dio lugar al intento probablemente más resuelto de la historia española de anonadación de las lenguas no castellanas y de los nacionalismos subestatales. Con todo, a partir de los años cincuenta y, especialmente, sesenta, tanto el catalanismo como el vasquismo adquirieron un notable impulso. La principal respuesta de la dictadura fue la represión, pero algunos de sus sectores propugnaron una política de otro tipo que pudiera atraer y capitalizar ambos movimientos en beneficio propio. Se analizan en este artículo las propuestas sobre la cuestión emanadas de los órganos provinciales del Movimiento y de los gobiernos civiles tanto en Cataluña como en el País Vasco.

Palabras clave: franquismo, nacionalismo, regionalismo, gobiernos civiles, Movimiento Nacional.

Abstract: The consolidation of the Franco regime gave rise to probably the most determined attempt in Spanish history to annihilate non-Castilian languages and substate nationalisms. However, from the 1950s and especially from the 1960s onwards, both Catalan and Basque nationalism gained considerable momentum. The dictatorship’s principal response was to recur to repression, but some of its sectors advocated a different kind of policy. They sought to attract and capitalise upon both movements for their own benefit. This paper analyses proposals put forward by the provincial bodies of the Movimiento (National Movement) and by civil governments in both Catalonia and the Basque Country.

Keywords: Francoism, nationalism, regionalism, civil governments, Movimiento Nacional (National Movement).

La instauración del franquismo dio lugar al intento histórico probablemente más resuelto de anonadación tanto de las lenguas no castellanas habladas en territorio español como de los proyectos políticos de los nacionalismos subestatales. Puesto que Cataluña y el País Vasco eran los territorios donde estos últimos habían arraigado con más fuerza, fue allí donde la dictadura de Franco —«la mayor experiencia nacionalista y el más ambicioso proyecto de nacionalización integral de la España del siglo xx»— 1 concentró sus principales esfuerzos reespañolizadores. Con todo, a partir de los años cincuenta y, especialmente, sesenta, vasquismo y catalanismo adquirieron un notable impulso. Ello encendió las luces de alarma —nunca del todo apagadas— entre la elite política del régimen y acució el debate interno sobre cómo hacer frente a ambos movimientos.

Más allá de los círculos gubernamentales y del Consejo Nacional, las estructuras provinciales de Gobernación y del partido único —no siempre claramente diferenciables las unas de las otras— constituyeron, lógicamente, uno de los espacios preferentes de diagnosis del fenómeno y de formulación de propuestas para atajarlo. ¿Hasta qué punto afinaban estos análisis? ¿Difería mucho la visión de la red territorial gubernativa y del Movimiento de las percepciones de «Madrid»? ¿Entraba esta visión en contradicción con lo planteado desde las administraciones locales? ¿Eran las diferentes maneras de ver la situación —e intentar revertirla— irreconciliables entre sí? Y, sobre todo, ¿en qué medida las ideas planteadas se tradujeron en políticas concretas?

Del asociacionismo cultural a la movilización antifranquista

Paralelamente a la brutal represión de guerra y posguerra, las autoridades del «Nuevo Estado» llevaron a cabo una sañuda tentativa de reespañolización lingüística. Con ello, quedaron arrinconadas, dentro de la coalición reaccionaria, las posiciones más abiertas a una limitada pluralidad cultural 2. Hubo desde un principio, es cierto, alguna muy mínima tolerancia hacia el catalán o el euskera. Pero, como ha sido ampliamente documentado, la línea que prevaleció fue la de la terminante prohibición 3, y los castigos que, sobre todo en los primeros años, acompañaron la utilización de ambas lenguas en el ámbito público (en la escuela, en los tranvías, en los cafés, en la calle) dan cuenta de la voluntad del régimen de imponer la sustitución lingüística a través de la represión. Este esfuerzo, que estaba en plena sintonía con el ultranacionalismo propio de los fascismos, tenía además la virtud de funcionar como eficaz recurso movilizador en las propias filas, como ya había sucedido durante la República 4 y la guerra 5.

Sin apartarse por completo de esta senda, con el paso de los años la dictadura empezó a ofrecer muestras de una paulatina permisividad hacia algunas pocas manifestaciones culturales hasta entonces vetadas, aunque siempre, por supuesto, bajo los estrictos criterios de contenido establecidos por la censura 6. Varias circunstancias influyeron en este tímido viraje. Algo tuvo que ver la obligada evolución del franquismo tras la derrota militar de las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial. Y otro tanto hay que atribuir probablemente a las dificultades para erradicar por completo unas lenguas que, antes de julio de 1936, contaban con un sustancial arraigo, especialmente amplio en el caso catalán.

Pero otro factor fue acaso más relevante: el hecho de que las bases sociales del catalanismo y el vasquismo católicos —y, sobre todo, sus nuevas generaciones—, ambas notoriamente derechistas, hubieran empezado a cultivar una cierta hostilidad hacia la dictadura fruto de su furibundo españolismo. En especial, el hecho de que el franquismo diera una connotación política al uso del catalán o el euskera hacía difícil la identificación de estos sectores con el régimen 7. El problema tenía que ver también con la exclusión de algunas derechas regionalistas de los círculos de poder —e incluso con la persecución de que fueron objeto algunas de sus figuras—, lo que limitó la capacidad de la dictadura de suscitar consenso entre ellas 8. Con el devenir de los años, la permanente sospecha que pendía sobre las fuerzas vivas antiguamente alineadas con el regionalismo fue dejando paso a su integración en los reducidos círculos de reclutamiento del personal político. La práctica de renovación de cargos entre regionalistas «asimilables» impulsada durante el mandato de Felipe Acedo Colunga en el Gobierno Civil de Barcelona (1951-1960) es particularmente representativa de este intento. El proceso de cooptación, más adelante complementado con la incorporación de estas elites a las redes clientelares urdidas al calor del desarrollismo, entrañaba, sin embargo, una paradoja que ha sido muy bien descrita para el caso catalán: mientras el franquismo empezaba a ganar para su causa a parte de las clases conservadoras a las que durante la posguerra no había seducido, la hostilidad hacia la dictadura —también entre el catalanismo— empezaba a crecer de forma preocupante 9.

Ello ocurrió, no obstante, solo de forma progresiva. Inicialmente, la exigua vida cultural desplegada en Cataluña y el País Vasco apenas podía suponer una amenaza para el régimen. Hasta tal punto era así, que algunas de sus expresiones incluso suscitaron acusaciones de «colaboracionismo» 10. Con todo, nunca dejaron las autoridades de controlar hasta la más intrascendente de estas actividades o publicaciones. Esta estricta vigilancia constituía un síntoma de la voluntad del franquismo de dominar todas las esferas sociales, pero no parece que el asociacionismo cultural fuera concebido como un problema de primer orden, o no por lo menos inicialmente. Las alarmas saltaron solo cuando vasquismo y catalanismo comenzaron a articularse como movimientos con un contenido nítidamente antifranquista y, sobre todo, con una clara pretensión movilizadora, lo que confería al ámbito cultural, ahora sí, un mayor potencial como espacio de intervención de la oposición.

Los primeros pasos hacia la articulación de una movilización de este tipo los habían dado, en los años cuarenta y cincuenta, algunos reducidos grupos de jóvenes a través de acciones como la colocación de ikurriñas y senyeres en lugares visibles o los sabotajes contra símbolos del régimen. Siguieron luego, en la bisagra entre los cincuenta y los sesenta, algunos episodios de protesta esporádicos, pero de considerable impacto. Ejemplos de ello en Cataluña fueron la campaña contra La Vanguardia Española a raíz del caso Galinsoga (junio de 1959-febrero de 1960), los sucesos del Palau de la Música (mayo de 1960) o la campaña contra el posterior consejo de guerra contra Jordi Pujol. Y en el País Vasco, la carta colectiva de 339 sacerdotes a los obispos de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra para denunciar la ausencia de libertades y la represión, en 1960, o el multitudinario sepelio del lehendakari José Antonio Aguirre en San Juan de Luz, tras su inesperada muerte en París el 22 de marzo de aquel mismo año. Fue pues alrededor de 1960 cuando, por primera vez desde la instauración del régimen, los núcleos abertzale y catalanistas consiguieron una cierta trascendencia pública.

El paso definitivo en la articulación política de los nacionalismos vasco y catalán se dio ya entrada la década de los sesenta, momento en el que se produjo una renovación e impulso de ambos movimientos, especialmente del abertzale. Unos cambios que estaban en consonancia con los aires ideológicos en boga en el ámbito internacional —donde proliferaban los procesos revolucionarios y de descolonización, así como, en Europa, los nacionalismos subestatales— y que se daban simultáneamente al fortalecimiento general de la oposición. Si hasta entonces el principal objeto de preocupación en torno a la «cuestión nacional» parecía haber sido Cataluña, el foco de atención iría desplazándose progresivamente hacia el País Vasco. Una de las causas de este vuelco fue la importancia que empezaron a cobrar las conmemoraciones del Aberri Eguna. Tras años en los que su celebración —iniciada en 1932 a iniciativa del PNV— 11 se había limitado al exilio, la cita de 1964 en Gernika se convirtió en la primera concentración de masas del nacionalismo vasco en el interior desde la Guerra Civil 12. Tanto la reactivación del nacionalismo vasco en los años sesenta como la respuesta del régimen al fenómeno estuvieron condicionadas por un factor que actuó como diferenciador respecto a la realidad catalana: la irrupción de ETA. La mayor represión en la que, con el paso del tiempo, se tradujo esta atención muy pronto redundaría, paradójicamente, en una extensión del malestar social y de la protesta en el País Vasco, dinámica que tuvo su máxima expresión en las movilizaciones contra el proceso de Burgos, de diciembre de 1970, y que se perpetuaría hasta el fin de la dictadura 13.

En contraste con el cariz que estaba tomando el nacionalismo vasco, el catalanismo aparecía en aquellos mismos años como un movimiento algo más templado. A menudo sus acciones se planteaban más como un intento de ensanchamiento de los límites de la legalidad que como una confrontación radical con ella. Destacaron en especial las iniciativas en favor de una mayor presencia pública del catalán, que tendrían una de sus máximas expresiones en la campaña «Català a l’escola», coincidiendo con la conmemoración, en 1968, del «Any Fabra» (con motivo del centenario del nacimiento del padre de la normativa moderna de la lengua catalana). El influjo católico de buena parte del movimiento queda bien reflejado en otra de las campañas con más eco de aquella década, la que se desarrollaría en 1966 bajo el lema «Volem bisbes catalans». Fuera como fuese, también es perceptible en el nacionalismo catalán de la época una creciente propensión hacia la movilización, semejante —aunque con algo menos de ímpetu y alcance— a la que estaba experimentando el mundo abertzale. El momento que señala de forma más evidente el arranque de esta etapa es el intento de conmemoración de la Diada de 1964, coincidiendo con el 250 aniversario del 11 de septiembre de 1714 14.

La incorporación de los nacionalismos vasco y catalán a la senda de la movilización que había empezado a transitar la oposición los transformó de amenaza potencial —la lengua e identidad propias como estorbo para el proyecto nacionalista español del franquismo— en flagrante problema policial. Aun así, ambos movimientos desarrollarían un papel de actores de reparto en la lucha antifranquista, en segundo plano por detrás de los tres grandes vectores a través de los que se articularía el grueso de la acción de la oposición en los años sesenta y setenta: los movimientos obrero, estudiantil y —como hermano pequeño, por su aparición postrera— vecinal. El auténtico potencial de los nacionalismos subestatales, y lo que más preocupó —y desorientó— al régimen, no fue tanto su propia capacidad de movilización como la asunción, por parte de la inmensa mayoría del antifranquismo catalán y vasco, de sus postulados básicos. Las implicaciones de esta imbricación —una transversalidad especialmente palpable en lo que al catalanismo se refiere— no fueron menores, puesto que las principales líneas teóricas y programáticas sobre la «cuestión nacional» formuladas por el antifranquismo catalán en los años sesenta y setenta influyeron de forma decisiva en el conjunto de la oposición española, que, en líneas generales, las asumió como propias 15.

El ascendiente del antifranquismo catalán era consecuente con el protagonismo que tuvo Cataluña en el conjunto de la movilización, como lo tuvo también el País Vasco. O, más específicamente, con el protagonismo de algunas de sus provincias: Barcelona, Guipúzcoa y Vizcaya 16. Fue sobre todo la mayor fortaleza de la oposición en estos territorios lo que los convirtió en objeto de una particular focalización represiva 17. El similar vigor de ambos antifranquismos, catalán y vasco, no puede hacernos perder de vista, sin embargo, su diferente configuración, de la misma forma que, como hemos visto, ambos nacionalismos tuvieron sus propias particularidades. Así, mientras que la oposición catalana se caracterizó por su amplitud y unidad 18, la vasca lo hizo por el destacado papel que en ella tuvieron los planteamientos ­revolucionarios 19.

Problemas de enfoque

A medida que los nacionalismos vasco y catalán fueron emergiendo como problema policial de cierta envergadura, las diferentes instancias de poder de la dictadura les prestaron una mayor atención. En su calidad de organismo encargado de encauzar el «contraste de pareceres» en el seno del régimen, y acorde con la reactivación que experimentó a raíz de la Ley de Principios del Movimiento Nacional, de mayo de 1958, el Consejo Nacional de FET y de las JONS —desde 1967, Consejo Nacional del Movimiento— fue uno de los espacios donde más proliferaron los debates. El organismo celebraría distintas sesiones monográficas sobre la materia: en 1961-1962, 1971 y 1973. Significativamente, el tono de las discusiones fue evolucionando desde un inicial rechazo de plano hacia cualquier reconocimiento, por mínimo que fuera, de la personalidad propia de Cataluña y el País Vasco, a una tímida introducción de propuestas que apuntaban hacia un «regionalismo bien entendido» que fuera capaz de patrimonializar símbolos y expresiones culturales que catalanismo y vasquismo habían hecho suyos 20. Sin embargo, el carácter minoritario de las voces que iban en esta línea, así como la propia naturaleza del Consejo Nacional —cuya influencia en la orientación política de la dictadura era más bien limitada—, hizo que estos debates tuvieran apenas trascendencia.

Mayor traducción práctica alcanzaron las medidas impulsadas por ayuntamientos y —sobre todo— diputaciones, que fueron seguramente los espacios desde los que más se empujó hacia algún tipo de regionalismo. Un buen ejemplo de ello fue el extenso mandato de Josep Maria de Porcioles en el Ayuntamiento de Barcelona (1957-1973). Su uso propagandístico del folklore y su «catalanismo sui generis» casaban con la preocupación del régimen en aquellos años por ensayar fórmulas que permitiesen generar nuevas formas de consenso de masas (a través del crecimiento económico, de la apertura de canales de participación o de una política informativa y cultural ligeramente más abierta) 21. Otra de las instituciones que intentó dar cabida a un cierto regionalismo fue la Diputación de Barcelona. Su principal aportación en esta dirección fue la organización, a partir de 1967, de algunos cursos de lengua catalana en bibliotecas. El propósito de la iniciativa era claramente el de intentar apaciguar las campañas populares por la escolarización en catalán. En una lógica similar, las subvenciones de la institución provincial barcelonesa a la cultura catalana incrementaron tras el escándalo de los concejales del no, en 1975 22. Conviene, pues, relativizar las «buenas intenciones» de las instituciones franquistas en este terreno. Algo parecido podría decirse del apoyo de la Diputación de Guipúzcoa al euskera. Este se dio, en un primer estadio —a partir de los años cincuenta—, en forma de fomento del estudio filológico de la lengua, percibida no como seña de identidad, sino como objeto de interés científico. Solo tras la progresiva propagación del modelo de las ikastolas —fenómeno del que se hablará más adelante— la Diputación impulsaría la introducción del euskera en la enseñanza primaria, primero como materia ofrecida fuera del horario escolar y luego mediante un plan piloto para crear y sostener algunas ikastolas 23.

A pesar de medidas como las que acabamos de ver, el desarrollo de políticas en la línea de un «nacionalismo regionalizado» fue parco (en cuanto a las de tipo simbólico) 24 o prácticamente nulo (por lo que respecta a la descentralización administrativa) 25. Y cuando fueron llevadas a la práctica, se debió más a la iniciativa personal de alguna autoridad local o regional —siempre con la preceptiva bendición de la superioridad— que no a un articulado plan de conjunto 26. Cabe delimitar, así, una línea de separación entre la administración local (ayuntamientos y diputaciones), nivel en el que la apuesta por el regionalismo tuvo una cierta penetración, y los gobiernos civiles, que funcionaron normalmente como freno a —o encauzamiento de— estos proyectos 27. Constatación que refuerza la idea de la importancia de la red gubernativa como implacable correa de transmisión de las órdenes de «Madrid» y elemento clave en el control centralizado del territorio. Para ello, resultaba de vital importancia el reclutamiento del personal político llamado a de­sempeñar esta función, de un perfil normalmente ajeno a la provincia a la que era destinado y poco permeable a la influencia de los poderes y fuerzas vivas locales 28.

Por encima de la mesa de uno de estos gobernadores, Tomás Pelayo Ros (que ejerció en Barcelona entre 1969 y 1974), debieron de pasar en algún momento unas extensas «Notas sobre la situación político-social en Cataluña», fechadas en 1971. Aunque sin firma conocida, a la vista de su tenor difícilmente se las podemos atribuir a Pelayo, poco propenso al desarrollo de cualquier tipo de regionalismo. El informe empezaba alertando de que «una falta de sensibilidad» en el tratamiento del «separatismo» podía «provocar no solo un aumento de actividad por su parte, sino un reforzamiento en lo más profundo de su ser, degenerando inevitablemente en un movimiento de fuerza difícilmente controlable». Significativamente, se hacía referencia a los debates en el Consejo Nacional del Movimiento, en los que «se han alzado voces pidiendo una distinción neta entre conciencia regionalista y conciencia separatista». En la misma línea, se constataba que, a consecuencia de la política gubernamental, «durante una serie de años, en regiones como Vascongadas y Cataluña, principalmente en la primera, se ha[n] provocado reacciones en contra por parte de la población no significada políticamente, aunque acorde con el sistema establecido». Se había logrado así que «ciertos elementos de la cultura regional, canciones, bailes y trajes típicos, hayan sido usados por los separatistas en uso de sus propios fines». Con todo, se alertaba también que, «si peligrosa y funesta ha sido esta política, tan peligrosa o más puede ser la totalmente contraria, ya que el activista, al amparo de un relajamiento, podría encontrar la casi impunidad en sus maniobras, y tal vez será demasiado tarde cuando se quiera poner coto» a ellas 29.

El dilema planteado en el documento entre la excesiva mano dura y un relajamiento de los mecanismos de control condensa a la perfección la disyunta a la que el franquismo se vio abocado desde finales de los años sesenta y que está en la base de la crisis en la que se vio sumido a partir de entonces. La respuesta represiva suscitaba cada vez más muestras de rechazo, pero, en sentido contrario, abrir la puerta a una mayor participación, vivificar la «democracia orgánica», implicaba un serio riesgo de aprovechamiento de estas grietas por parte de la oposición. El problema era complejo y no tenía fácil solución. La que se apuntaba en el documento citado iba en la dirección de un regionalismo funcional: «Solución plausible para tratar de desligar el sentimiento regionalista de la actual configuración geográfica podría ser el replanteamiento regional, sobre bases económicas y sociales, ya que la actual configuración se encuentra netamente politizada. El instrumento para realizar dicho replanteamiento está en marcha: debería ser el tercer plan de desarrollo» 30.

Algunos años antes, desde el Consejo Provincial del Movimiento de Guipúzcoa parecía sugerirse una vía algo distinta, si bien no necesariamente incompatible con la anterior. En 1968, bajo la jefatura del alcoyano Enrique Oltra Moltó —quien ya había ejercido de gobernador y jefe provincial en Álava (1966-1968)—, se proponía la implementación en las «cuatro provincias vasco-navarras» de un «Plan de desarrollo político» a imitación de los planes de desarrollo económico y social. Para ello, hacía falta «un estudio conjunto y completo y un planteamiento serio y efectivo del problema vasco» 31. Un posterior —y muy extenso— «Plan de Urgencia de Acción Política en la Provincia de Guipúzcoa», elaborado asimismo desde el Consejo Provincial entre septiembre de 1972 y febrero de 1973, durante el mandato de Eulogio Salmerón Mora, ahondaba en esta línea. El plan, percibido como de «imperiosa necesidad», pasaba revista a la situación sociopolítica en la provincia y proponía algunas medidas para tratar de detener la fuga de adhesiones que estaba sufriendo allí la dictadura. Destacaba, entre estas propuestas, la creación de un «Consejo Asesor de Propaganda Política» a nivel provincial, presidido por el gobernador e integrado por el delegado provincial de Información y Turismo, directores de medios de comunicación y personalidades relevantes. Entre sus objetivos estaría la «exaltación de la idea de unidad nacional», pero «no solo desde puntos de vista históricos, sino también mediante la utilización de otros conceptos positivos», tales como la «autenticidad regionalista y foralidad», la «defensa de las legítimas peculiaridades regionales frente a toda tendencia disgregadora» o las «aportaciones tradicionalistas», entre otras 32.

¿Por qué no se profundizó más, en sintonía con lo apuntado en estos documentos, en la vía de un «sano regionalismo» que contribuyera a «quitar banderas» 33 a los nacionalismos periféricos? La principal explicación, y la más obvia, es que estos planteamientos nunca contaron con un claro apoyo de los círculos gubernamentales ni del propio Franco, quien, en última instancia —y hasta sus últimos suspiros—, controlaba todas las decisiones de importancia. En absoluto se sostiene, pues, la imagen de cierta discrecionalidad del poder local de la dictadura que a veces se ha dado. Pieza fundamental para evitar cualquier autonomía en la toma de decisiones fueron, como ya se ha dicho, los gobernadores civiles. Tanto estos como las máximas autoridades del régimen contemplaron el fenómeno, por norma general, desde demasiado lejos, con unas lentes inadecuadas. Ejemplo paradigmático de ello fue la tendencia a otorgar una exagerada amplitud al concepto de separatismo. En él, muy a menudo se incluían posicionamientos políticos y expresiones culturales que poco o nada tenían que ver con el independentismo, el cual, políticamente, disponía entonces de una fuerza exigua. A pesar del tino que reflejaban muchas de sus valoraciones, el propio documento consagrado a Cataluña al que se ha hecho referencia anteriormente adolecía de esta deformación. En él, el «catalanismo separatista» aparecía como un todo, en el que se mezclaban desde la Abadía de Montserrat a Òmnium Cultural, pasando por Banca Catalana, algunos medios de información, colegios profesionales, entidades culturales o el profesorado de la Universidad Autónoma de Barcelona 34. Deformado hasta tal punto el fenómeno, no había forma de encauzarlo adecuadamente.

Entre los que, dentro de las esferas de poder de la dictadura, fueron capaces de apercibirse de este problema de enfoque, tal vez quien llegó a ocupar más altas cotas de responsabilidad fuera Tomás Garicano Goñi, ministro de la Gobernación entre octubre de 1969 y junio de 1973. Su carrera política le había llevado a ejercer previamente tanto en Cataluña como en el País Vasco, como gobernador civil y jefe provincial de Guipúzcoa (1951-1956) y Barcelona (1966-1969) 35. En 1967, todavía como gobernador de esta última provincia, acertaba en el blanco al señalar, en una carta a Laureano López Rodó, a la sazón ministro sin cartera y comisario del Plan de Desarrollo, la conveniencia de utilizar el término catalanismo en vez del de separatismo: «ya sabes que evito todo lo posible por inadecuada, a mi juicio, en la mayoría de los casos la palabra separatista». Para Garicano, los «catalanistas extremistas» no representaban una amenaza demasiado importante, pero convenía evitar que politizasen expresiones culturales: «... si tienen algún prestigio se basa en la utilización, casi en exclusiva, de ciertos órganos y elementos de la cultura catalana. Juzgo necesario que esta bandera pase a manos de personas que la cultiven de verdad, pero sin la matización política que ellos quieren darle, esta es una tarea importante, no fácil, pero que creo hay que acometer honrada, franca, e incluso urgentemente» 36.

La realidad, no obstante, es que, en este aspecto como en el del fomento de los procesos electorales locales, Garicano fue más nadador a contracorriente que exponente de la línea política que terminó imperando. En particular en aquellos territorios —señaladamente Cataluña y el País Vasco— en los que los sentimientos de identidad nacional alternativos a la española estaban más extendidos, el miedo que despertaba el fantasma del separatismo funcionó como un freno a las iniciativas de tipo regionalista planteadas desde dentro de los confines del régimen 37. Iniciativas, huelga decirlo, desprovistas de cualquier contenido político tendencialmente desafecto o disgregador, que se concebían como funcionales a la idea de nación española y al proyecto nacionalizador del franquismo y que, por lo tanto, en nada entraban en contradicción con este 38. E iniciativas, por otro lado, en buena medida transversales —con los matices propios en cada caso— a las diferentes sensibilidades existentes entre la elite política de la dictadura, y que pocas diferencias sustanciales nos permiten establecer entre ellas 39.

Análisis y propuestas in extremis

Más allá de valoraciones de tipo general como las que acabamos de repasar, desde finales de los años sesenta proliferaron documentos de notable elaboración emanados de los gobiernos civiles y las estructuras provinciales del Movimiento, en los que, además de analizar los nacionalismos vasco y catalán, se hacían propuestas concretas para combatirlos. Aunque en ocasiones teñidos de un vago regionalismo, su contenido contrasta con el de los proyectos emanados de ayuntamientos y diputaciones, por lo general más sensibles a las especificidades territoriales.

Uno de los ámbitos de atención preferente de estos informes fue el asociacionismo. En 1965, por ejemplo, desde el Gobierno Civil de Vizcaya —en manos de Guillermo Candón Calatayud— se apuntaba específicamente contra la asociación católica Baserri Gaztedia, de implantación rural. El gobernador consideraba que constituía una «sucursal» de ETA y EGI y que aprovechaba «cualquier manifestación de carácter folkórico para enardecer a la juventud y hacer proselitismo» 40. Semejantemente, el ya citado «Plan de desarrollo político» concebido por el Consejo Provincial del Movimiento de Guipúzcoa en 1968 hablaba de la «existencia de una serie de “caballos de Troya” o políticamente inertes». El documento consideraba que muchas entidades, como el Colegio de Abogados de Guipúzcoa, estaban «minadas» por la presencia de «indeseables», y hablaba de un asociacionismo de «sentido negativo», en el que se englobaban entidades deportivas, juveniles, apostólicas, familiares e incluso mercantiles. Para paliarlo, se pedía la articulación de una labor preventiva coordinada para evitar que se subvencionaran entidades no afectas y se apuntaba la necesidad de fortalecer las estructuras del partido único, cuestión que sería una constante en las reclamaciones de los consejos provinciales del Movimiento 41.

En la solemne presentación de este último informe que se hizo ante el secretario general del Movimiento, José Solís, el jefe provincial, Oltra Moltó, hizo suyos algunos de los pasajes del texto para denunciar la «infiltración» del «enemigo» en el terreno asociativo y apostilló: «Se ha dicho con razón que en política, como en la guerra, las posiciones solo se pierden por dos razones: o porque el enemigo difícilmente las conquista o porque las abandonan sus defensores. Yo he de decirte con rotunda sinceridad que alguna posición se ha perdido, no por victoria enemiga sino por abandono propio» 42. En una línea muy similar iban las valoraciones vertidas por el gobernador civil de Vizcaya, Fulgencio Coll de San Simón, en su memoria anual de aquel mismo 1968, en la que opinaba que «la actuación del Movimiento, en su aspecto genuinamente político, al menos hasta el momento, puede decirse que en Vizcaya ha carecido de la deseada efectividad» 43.

No parece que las advertencias lanzadas en 1968 desde Guipúzcoa y Vizcaya fueran demasiado efectivas. Siete años después, en septiembre de 1975, una «Nota sobre la posible actuación cultural de urgencia a seguir en la provincia de Guipúzcoa», de nuevo elaborada por el Consejo Provincial del Movimiento —encabezado por Emilio Rodríguez Román—, insistía en la peligrosidad de las «asociaciones culturales, folklóricas o similares» y remarcaba que hacía falta una «fiscalización [...] rigurosa de las actuaciones —charlas, conferencias, representaciones, proyecciones, etc.— de las entidades conflictivas». Paralelamente, se abogaba por una «ayuda continua a las sociedades adictas o indiferentes a base de subvenciones, proporcionándoles locales o salones, buscarles y pagarles conferenciantes, etc.», e incluso por crear, «a través de personas interpuestas, nuevas sociedades o asociaciones de este tipo» 44.

Un documento análogo y redactado simultáneamente, dedicado en este caso a la «acción política», mostraba una especial preocupación por la «atonía generalizada» de Guipúzcoa, que se atribuía tanto a la «influencia de los grupos subversivos y de oposición», como «al retroceso, al abandono de una acción política suficiente por parte de las Organizaciones y Asociaciones del Movimiento», cuya causa principal la constituía «su penuria económica». Se denunciaba, para sustentar esta afirmación, el desalojo de locales propios por la «falta de medios económicos para sostenerlos». Igualmente, se hacían algunas consideraciones sobre las asociaciones políticas —reguladas el anterior mes de diciembre por el Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política—, de las que se criticaba su «insignificante» actividad en la provincia. En especial, dada la fuerza que el tradicionalismo había tenido en Guipúzcoa, se consideraba necesario «reagrupar y movilizar» en la Unión Nacional Española «a las familias tradicionalistas que aún quedan». Y se recomendaba: «Toda Asociación ha de enarbolar, de una u otra forma, la bandera de la “regionalidad” si quiere tener adeptos guipuzcoanos». Finalmente, se apostaba por «intentar de algún modo recuperar para el futuro de España» al nacionalismo vasco, que, «a pesar de sus errores históricos», era caracterizado como «una fuerza moderada y hoy ya diferenciada de la organización marxista ETA» 45.

Aunque de forma mucho menos prolífica —o, por lo menos, no tan accesible a la consulta del historiador—, también desde Cataluña se formularon reflexiones y propuestas concretas. Destacan las anteriormente citadas «Notas sobre la situación político-social en Cataluña», de 1971, cuyo contenido fue elaborado a partir de otras varias notas específicas redactadas en los años o meses inmediatamente anteriores. Su autor dedicaba una considerable extensión a Òmnium Cultural, considerada el «cerebro organizador» del movimiento catalanista. En una caracterización algo confusa y desenfocada, se decía de ella que «[s]u lema encubierto podría ser “al separatismo por la cultura”» y que constituía un «[r]educto ideológico del catalanismo conservador y, también, paradójicamente, del de extrema izquierda» 46. Notable atención merecían también entidades como el Ateneo Barcelonés, sobre el que se consideraba que estaba en peligro de caer en manos de una «coalición de extrema izquierda», o los colegios profesionales de abogados, médicos y arquitectos, en cuyas juntas directivas se denunciaba la presencia de «personalidades destacadas de la oposición de marcado carácter izquierdista» 47. La mezcla entre izquierda y catalanismo (o «separatismo») era constante. En la nota informativa adjunta dedicada al Ateneo Barcelonés, se tildaba al democristiano Maurici Serrahima de «abogado separatista» 48, y en otra referida al Colegio de Médicos de Barcelona, se llamaba la atención sobre la tendencia «extremista» que formaban «comunistas y separatistas», entre los que se citaban a Antoni Gutiérrez Díaz y Felip Solé Sabarís 49. Tal confusión respondía a una realidad a la que ya se ha hecho mención: la general asunción de los postulados básicos del catalanismo por el antifranquismo catalán, así como las dinámicas convergentes entre sus diferentes actores. Pero la caracterización como un todo de ambos fenómenos y la reducción a «separatismo» de casi todo lo que tuviera que ver con el mundo catalanista —o al «comunismo» de lo que tuviera que ver con un antifranquismo más o menos activo— denotaba la incapacidad de comprensión de la complejidad de la situación.

Junto con el mundo asociativo, un segundo gran ámbito de atención de las autoridades provinciales fue el lingüístico. El mismo documento dedicado a la realidad catalana al que se está haciendo referencia mostraba una gran preocupación por la creciente «extensión de la lengua catalana» a través de iniciativas varias. Por ejemplo, los grupos de teatro, las revistas infantiles —entre las que se destacaban L’Infantil y Cavall Fort— o la «campaña de difusión de la lengua vernácula, sutil, profunda y acentuadamente catalanista» orquestada bajo el lema «Català a l’escola», en marcha desde 1966. En la misma línea, en el apartado dedicado a la abadía de Montserrat —«bastión ideológico, a modo de santo y seña del catalanismo separatista»—, se destacaba que «[l]os oficios religiosos se celebran en una mayor proporción en lengua catalana», y se llamaba la atención sobre el papel de sus publicaciones Serra d’Or, Documents d’Església, Studia Monastica y Qüestions de Vida Cristiana. Atendiendo a su «significado religioso, tradicional, costumbrista y representativo de la región catalana», se hacía difícil un «tratamiento directo» contra la abadía. Así: «Quizás la acción positiva más factible sería planteada por el lado económico: su aspecto turístico le proporciona unos saneados ingresos, que de limitarse mellarían su potencia». Un recelo casi tan llamativo como el que levantaba el papel ejercido por Montserrat lo suscitaba la Universidad Autónoma de Barcelona, de la que el mismo documento alertaba que, entre su profesorado, se encontraban «elementos catalanistas» y del PSUC, y que se proyectaba en ella la creación de «un gran departamento de estudios y de la lengua catalana». De nuevo, el anatema catalanista y el comunista aparecían como un totum revolutum. Finalmente, inquietaba la tendencia a catalanizar la toponimia propia por parte de cabeceras como Tele/eXprés o el Diario de Barcelona 50.

Por lo que respecta al País Vasco, la preocupación por la cuestión lingüística iba en buena medida ligada al papel ejercido por Euskaltzaindia, la Academia de la Lengua Vasca. La entidad había reactivado sus actividades a partir de los años cincuenta, en una situación de semitolerancia semejante a la vivida por el Institut d’Estudis Catalans, pues no sería reconocida oficialmente hasta marzo de 1976, unos meses antes que su homólogo catalán. La mirada de las autoridades se centró en ella especialmente a raíz del proyecto de unificación dialectal, aprobado en el congreso de Arantzazu de 1968, siguiendo la propuesta del lingüista Koldo Mitxelena 51. En 1975, el Consejo Provincial del Movimiento de Guipúzcoa —especialmente prolífico en la elaboración de documentos— advertía contra el intento de la Academia de «crear como elemento unificador una lengua —el batasuna [euskera batua]— en la que se refundan los múltiples dialectos euskéricos». Asimismo, proponía que, «como antídoto de algunas revistas mediocres en vascuence y de dudoso propósito», se crease y financiase «una revista bilingüe de altura y cultural, religiosa y políticamente sana» 52.

Estrecha relación con el ámbito lingüístico guardaba el de la enseñanza, que, sobre todo en el País Vasco, fue otro de los principales focos de inquietud de las autoridades provinciales. La voluntad de ofrecer a sus hijos una educación en euskera y alejada de la mediocridad y el doctrinarismo de la escuela franquista llevó a diversos grupos de madres y padres a reimplantar el modelo de las ikastolas a principios de los años sesenta, primero de forma desorganizada, pero muy pronto a través de una cierta coordinación 53. La propagación que, en pocos años, llegaron a adquirir estas escuelas alarmó a los estamentos provinciales del partido único. El Consejo Provincial del Movimiento de Guipúzcoa se lamentaba en 1973 —en el ya citado «Plan de Urgencia de Acción Política»— de que «tan solo el 25% del magisterio total de la provincia merece una absoluta confianza política». Para paliar la «nefasta» labor docente de ikastolas y centros privados se consideraba que era necesario «contar con un número de maestras que, conociendo el vascuence, tuvieran el espíritu suficiente para dedicarse a este sector». La tarea se presuponía de gran dificultad, dado que una campaña de la Sección Femenina en este sentido había puesto de relieve «que no poseemos el elemento humano necesario» 54. Tanto la censura como las labores policiales se habían visto condicionadas o lastradas en algún momento por el mismo motivo 55.

Dos años después, la alarma expresada desde el mismo organismo era todavía mayor. Según una extensa nota dedicada a la «posible acción educacional de urgencia a seguir» en la provincia, existía una «creciente infiltración en la juventud de ideas y doctrinas mitad progresistas y marxistas, mitad nacionalistas-regionalistas y separatistas», una situación que era «urgentísimo atajar y contrarrestar». Respecto a la educación infantil, hacía falta la «[c]reación de guarderías y centros preescolares por el propio Estado», para evitar la política «suicida» de tener que subvencionar guarderías sustentadas por «las fuerzas de la subversión». Las ikastolas eran objeto de un ataque especialmente furibundo: habían resuelto «el problema de escolarización de miles de niños, pero con aversión o ignorancia hacia los valores de España como Patria común y Nación, creando así un ambiente o clima propicios para sembrar en los alumnos, cuando van creciendo, mentalidades marxistas y separatistas». Y se concluía: «¡Buen caldo de cultivo del que extraer más tarde los activistas del terrorismo!» Además de la construcción de centros estatales, para frenar el desarrollo de las ikastolas había que ejercer en ellas «una tajante fiscalización», así como «[r]egatear y disminuir [...] la hasta ahora generosa política de reconocimientos, subvenciones y otros beneficios». En cuanto a los centros privados o religiosos (incluyendo los de enseñanza superior), se aconsejaba un tratamiento similar al descrito para las ikastolas, al estar «caracterizados por su conflictividad o la formación antiespañola de sus alumnos» 56.

Complementariamente a estas medidas, el documento señalaba de forma directa al personal docente. Directores y profesores de los centros estatales de enseñanza (desde la EGB a la universidad) debían ser sometidos a «un severo “control político”», a «una auténtica “depuración política”». A tal objeto, había que «elevar el número de profesores de carrera, con disminución de los PNN y contratados», puesto que sobre los contratados e interinos no existía «ningún control o garantía de lealtad política». Y se añadía: «Se considera de gran importancia la necesidad de influir de alguna manera en la elección de los profesores de religión actualmente de carácter, en general, progresista y antiespañol, por depender su nombramiento del Obispo auxiliar Don José María Setién, quien ha separado de esta función a los sacerdotes “españolistas”» 57.

Una última esfera de atención de las autoridades provinciales la constituyeron las migraciones. La idea de instrumentalizarlas —lo que no quiere decir fomentarlas— en perjuicio de los nacionalismos periféricos fue recurrente en la documentación del Consejo Provincial del Movimiento de Guipúzcoa. En 1968, por ejemplo, se sugería: «Fomentar las Casas Regionales, pensando, incluso, en llegar a una gran Casa de las Regiones en Guipúzcoa, que mantenga el espíritu español en estos inmigrantes que, a veces, por no encontrar fácil su inserción en la sociedad vasca, acaban absurdamente por ser más separatistas que el propio Sabino Arana. Es curioso observar que el nacionalismo de un Pérez o un García es peor que el de que lleva un apellido lleno de “erres”» 58. Semejantemente, en 1973 se señalaba que estos centros «debieran ser mixtos, para vascos e inmigrantes, a fin de que se produzca en ellos una mayor compenetración y hermandad» y «estar amparados de alguna forma, en el terreno asociativo, por el Movimiento Nacional» 59. Y todavía en 1975 se insistía en el asunto 60. Con todo, una vez más no parece que el régimen tuviera éxito en este ámbito 61.

En conjunto, toda esta documentación destilaba una sensación de alarma y de necesidad de soluciones inmediatas. El citado «Plan de Urgencia» elaborado por el Consejo Provincial del Movimiento de Guipúzcoa en 1973 era diáfano al respecto: «parece de todo punto necesario no aplazar ni un día más la puesta en marcha del propuesto “Plan de Acción Política”, del cual creemos que depende ya, “in extremis”, que Guipúzcoa se salve para España o que siga discurriendo por la pendiente política que la conduciría, si no al separatismo, al menos, a convertirse en problema permanente e intratable para cualquier Gobierno unitario de España» 62. El creciente ímpetu de los nacionalismos vasco y catalán hizo que, a lo largo de la última década de vida de Franco, el miedo a una disgregación de España fuera calando entre los responsables políticos de la dictadura, especialmente entre aquellos que vivían el problema desde cerca. Aunque tal vez exagerada y fruto de un análisis realizado con las lentes equivocadas, esta impresión denotaba una realidad indiscutible: los movimientos abertzale y catalanista habían llegado para quedarse. Para afrontarlos, no valían ya ni la apuesta represiva ni las medias tintas: habría que darles algún tipo de reconocimiento político. Las parcas concesiones gubernamentales ensayadas por los gobiernos de la monarquía apenas consiguieron canalizar mínimamente un río que estaba ya desbordado; la cuestión solo encontraría acomodo —si bien de forma algo improvisada, accidentada e inestable— con posterioridad a las elecciones de junio de 1977.

Para concluir

La discusión en el seno del franquismo sobre cómo hacer frente a la movilización impulsada por los nacionalismos subestatales, debate cuyos focos de atención preferente fueron Cataluña y el País Vasco, tuvo uno de sus principales escenarios en las estructuras provinciales del partido único y en los gobiernos civiles. El análisis de la documentación producida por estos organismos a la que se ha podido acceder —fragmentaria, pero de notable interés—, ratifica a grandes rasgos lo que otros historiadores constataron a raíz del estudio de las sesiones del Consejo Nacional dedicadas a la cuestión. Por encima de todo, resulta palpable la creciente preocupación al respecto, hasta el punto de que, ya en los años setenta, la percepción que imperaba era que se requerían soluciones in extremis. Consecuentemente, con el paso de los años hubo una multiplicación de diagnosis y propuestas. Asimismo, se puede constatar algo que ya se desprendía de la procedencia geográfica de los consejeros nacionales más partidarios de la profundización en un «regionalismo bien entendido»: por regla general, una política de este tipo solo era percibida como necesaria en «provincias». Y sus pocas materializaciones se debieron más a algunos ayuntamientos y diputaciones que a los gobiernos civiles.

En cuanto al contenido, estos análisis basculaban entre dos polos. Por un lado, la apuesta por «quitar banderas al adversario», esto es, por fagocitar símbolos que, principalmente por estar prohibidos, habían sido asumidos por nacionalistas catalanes y vascos. Y, por el otro, la precaución por evitar «caballos de Troya», es decir, por ejercer un más rígido control sobre todos aquellos espacios de legalidad que estaban siendo aprovechados —o pudieran serlo— como plataformas de actuación de catalanismo y vasquismo. Resulta especialmente interesante advertir, y merece la pena subrayarlo, que esta misma dinámica es la que caracterizó el debate planteado en la elite del régimen ante el auge del antifranquismo en su conjunto, realidad que se convirtió en fuente de reiteradas querellas internas y elemento constitutivo, en última instancia, de la crisis que atravesó la dictadura desde finales de los años sesenta. A partir de entonces, el franquismo actuó casi siempre a la defensiva, a remolque de una oposición en progresión lenta, pero continua. Respecto a la «cuestión nacional», la opción por una política de apertura, en este caso en un sentido regionalista, tal vez podría haber resultado atractiva para algunos sectores del nacionalismo conservador —catalán y vasco— a principios de los años sesenta. De hecho, desde la perspectiva del régimen, habría sido una interesante vía para explorar la generación de nuevas legitimidades. Sin embargo, a finales de la década o a principios de la siguiente, no parece que esta opción pudiera haber dado frutos: la deslegitimación de la dictadura había llegado ya demasiado lejos. De las fechas de la documentación se desprende, pues, una conclusión obvia: el régimen iba tarde en sus análisis, lo que le restó capacidad de reacción.

Volviendo al contenido de los debates, pese a que predominaron las propuestas de la zanahoria por encima de las del palo, resulta llamativo que, entre estas últimas, figurasen medidas tan extremas como, por ejemplo, la depuración de profesorado. Ello certifica la idea de que las bases del consenso suscitado por el franquismo habían dejado de ser suficientemente sólidas. En la práctica, lo que finalmente predominó fue, como ya se ha apuntado, la dureza frente a catalanismo y vasquismo y, paralelamente, el cierre ante las propuestas regionalistas, en la mayoría de los casos por la vía de la inacción. A este respecto, los gobiernos civiles funcionaron como un eficaz mecanismo de ejecución sobre el terreno de la voluntad gubernamental. Vale la pena apuntar que esta elección por la uniformización probablemente terminó perjudicando a la propia dictadura. Especialmente en el terreno de los símbolos y el folklore, el hecho de que predominara una actitud de prohibición hasta los últimos momentos de vida de Franco —e incluso durante los gabinetes de la monarquía— connotó políticamente expresiones que, de otra forma, habrían dejado de ser patrimonio de la oposición.

Parece haber consenso en que esta actitud del régimen contribuyó a la deslegitimación del modelo oficial de nacionalismo español, sobre todo en los territorios en los que este estaba en competencia con otros nacionalismos, que salieron reforzados. De todas formas, como ha apuntado algún autor, ello no quiere decir que el proyecto de exacerbada reespañolización del franquismo fracasara por completo. Puede que lo hiciera en su vertiente autoritaria, pero no en cuanto a la renacionalización. El ahondamiento en el poco respeto y reconocimiento de la diversidad lingüística de España fue tal vez una de sus mayores consecuencias 63. Probablemente porque adolecían de los mismos prejuicios que fomentaron, los máximos responsables de la dictadura no fueron capaces por lo general de analizar con suficiente tino el fenómeno que querían combatir, caracterizado de manera global, de forma harto imprecisa, como separatismo. Y, obviamente, a menor capacidad de comprensión del fenómeno, menor capacidad para afrontarlo.