Ayer 123/2021 (3): 165-199
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2021
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/123-2021-07
© Pamela Radcliff
Recibido: 18-1-2019 | Aceptado: 10-1-2020
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

Las libertades locales: la «tradición municipalista» en los discursos de la España democrática contemporánea *

Pamela Radcliff

University of California, San Diego
pradcliff@ucsd.edu

Resumen: Este artículo sostiene que la tradición municipalista ha sido un hilo importante y consistente en la política española desde la Guerra de Independencia (1808-1814), por lo que debe ser incorporada plenamente en el relato histórico. Sin menospreciar los contextos e ideologías distintas, los movimientos municipalistas creían que el municipio era el sitio donde se juntaron la comunidad de vecinos y ciudadanos y las instituciones de gobierno más próximas a la vida cotidiana. Por eso, creían que el municipio era la fuente básica del auto-gobierno, la identidad comunitaria y la participación ciudadana. No hay ninguna duda de que estos movimientos han sido «perdedores» relativos en los conflictos políticos sobre la localización del poder y la autoridad. Sin embargo, este artículo afirma que la tensión entre proyectos políticos locales, regionales y estatistas ha sido un factor determinante en la evolución política española durante los últimos dos siglos.

Palabras clave: municipalismo, descentralización, republicanismo federal, movimiento ciudadano, anarquismo.

Abstract: This article argues that the municipalist tradition has been an important thread of Spanish politics since the War of Independence (1808-1814), and that it should be fully incorporated into the historical narrative. Without minimizing different contexts and ideologies, for all of these movements the municipality was the site where the community of ordinary citizens and the most proximate governing institutions intersected, providing the natural foundation for self-government, community identity and citizen participation. There is no question that these movements were relative «losers» in the long-term political struggles over the location of authority and decision-making. However, the article argues that the unresolved nature of the tension between local, regional and state-led political projects has been a defining feature of political evolution over the past two centuries.

Keywords: municipalism, decentralisation, Federal Republicanism, citizen movement, anarchism.

En el discurso democrático contemporáneo, el municipalismo se ha convertido en un contraproyecto modernizador de moda frente a los de los Estados centralizados. Por este motivo, durante los últimos años ha habido una proliferación de argumentos en defensa de la recuperación del municipalismo como una opción progresista para el gobierno democrático y el fortalecimiento de la ciudadanía. Los proyectos municipalistas abogan por la autonomía local y por una participación directa de la ciudadanía en aquellas instituciones de gobierno que se encuentran más conectadas con su día a día. Durante décadas, conceptos que van desde el «derecho a la ciudad» de Henri Lefevbre hasta el «municipalismo libertario» de Murray Bookchin han formado parte del vocabulario político mundial; recientemente, han tendido a desplazarse desde la periferia al centro, en una época de desencanto con los Estados-nación y la globalización 1. Tras dos siglos en los que por lo general se consideraba que cuanto más grandes fueran las entidades, más eficaces y efectivas resultaban a la hora de tomar decisiones, se ha producido un llamativo giro en esta perspectiva 2. Los movimientos del «nuevo municipalismo» han surgido en todas partes, desde las comunidades indígenas en América del Sur hasta Europa 3.

En junio de 2017 tuvo lugar en Barcelona la primera Cumbre Internacional del Municipalismo, convocada por una organización denominada «Fearless Cities» 4 («Ciudades sin miedo»), que reunió a representantes de más de cien ciudades de todo el mundo. La cumbre, que se definía contraria a la corrupción, la privatización neoliberal y los gobiernos «falsamente representativos», presentó el municipalismo como una poderosa herramienta para revigorizar la democracia mediante la descentralización, la participación de base y la defensa de los derechos de la comunidad, de los derechos de propiedad y de los servicios. En España, el «giro municipalista» se introdujo en el ámbito político general con las elecciones municipales de 2015, cuando las coaliciones de Ahora Madrid y Barcelona en Comú se hicieron con el control del gobierno de sus respectivas ciudades mediante «plataformas ciudadanas» que se extendieron luego a otras ciudades, como Zaragoza y Valencia. La proliferación de movimientos municipalistas también ha contribuido a que crezca el interés académico por la esfera política local como un espacio importante de la política moderna junto al gobierno regional y nacional 5.

Al mismo tiempo que España participa en este momento municipalista mundial, su municipalismo implica también la recuperación de una tradición distintivamente española. Tal y como aseveró el manifiesto de 2014 «La apuesta municipalista» —publicado por un grupo de activistas denominado Observatorio Metropolitano y frecuentemente citado—, «sobre el municipalismo gravitaron los proyectos de democracia en el país» 6. La afirmación de que la autonomía municipal ha desempeñado un papel especial en la historia de la democracia española es un producto histórico en sí mismo. A lo largo de los dos últimos siglos, la pretensión de la existencia de una «tradición municipalista» en la historia española ha sido un tema recurrente dentro del discurso democrático. Desde los inicios del siglo xix hasta el final de la Primera República (1874), progresistas, demócratas y republicanos federalistas unieron sus propios proyectos a las libertades urbanas de origen medieval en Castilla, en una vigorosa oposición a la centralización de los liberales moderados. Tras el fin de la Primera República, la «tradición municipalista» abandonó el centro del debate político y se desplazó a sus márgenes, quedando asociada mayoritariamente con la izquierda no marxista, por ejemplo, con el movimiento anarquista.

El siguiente momento definitorio fue el fracaso de la Segunda República. Desde 1939 hasta finales del siglo xx, el atractivo historicista de la tradición de libertades municipales desapareció en gran medida. Durante la Transición, los movimientos ciudadanos reclamaron derechos semejantes a los del pasado para consolidar la democracia local, pero mostraron escaso empeño en legitimar sus esfuerzos mediante referencias al pasado. Por el contrario, en los primeros años de la actual centuria, el discurso de la «tradición municipalista» de la historia española ha resurgido como motivo de orgullo, aunque ya no se limita al pasado medieval, sino que incluye en su linaje ancestral los movimientos acaecidos en el siglo xix. Así, el árbol genealógico de La Apuesta Municipalista comienza con el juntismo del primer liberalismo, en 1808, e incluye el federalismo de la Primera República y el municipio libre del movimiento anarquista 7.

Si el municipalismo ha tenido realmente un estatus especial en la tradición política de la España contemporánea es un tema para un proyecto más extenso, al igual que lo es la cuestión de la existencia de una relación intrínseca entre municipalismo y práctica democrática 8. El objetivo de este artículo es identificar cómo se creó discursivamente la «tradición municipalista» y seguir su rastro hasta entender por qué, y bajo qué condiciones, ha llegado a ser un «pasado utilizable» en el discurso democrático a lo largo de los dos últimos siglos 9.

Resulta complicado plasmar el trazado de estas reivindicaciones a lo largo del tiempo debido a la maleabilidad del propio concepto de «municipalismo», así como a la forma en que se solapa con una serie de conceptos relacionados que van desde la «descentralización» hasta el «localismo», el «federalismo» y la «democracia directa» 10. Aun más, muchos de los pensadores que se entregaron a las ideas municipalistas no se situaron explícitamente bajo este paraguas, de forma que el concepto de una «tradición municipalista» constituye un marco organizativo con el que dar sentido a un número de reivindicaciones recurrentes alrededor de un conjunto de principios comunes 11. El primero de esos principios es la defensa de una esfera política local autónoma, cuya proximidad a la comunidad ciudadana le otorgue una posición privilegiada en la estructura de autogobierno. Siguiendo esta lógica, la proximidad y la autonomía garantizan una representación auténtica de los intereses de la comunidad, así como la oportunidad para que haya una participación ciudadana directa en un modelo de autogobierno. Las ideas municipalistas han abarcado todo el espectro político, de carlistas a anarquistas, pero no es sorprendente que los relatos que subrayan su continuidad hayan sido construidos en torno a aquellos movimientos más cercanos entre sí, excluyendo a los demás. Las narraciones dominantes que resaltamos en este artículo sitúan al municipalismo dentro de la tradición democrática, aunque se encuentren divididas entre lo que podríamos llamar versiones liberales, que acentúan la autonomía local y la descentralización, y versiones radicales, que enfatizan la participación de la ciudadanía y la democracia directa.

Todas las reivindicaciones de una «tradición» de autogobierno municipal independiente recurren al pasado para hacer frente a la intrusión de un Estado centralizado en lo que una vez fueron comunidades locales autónomas. Esto contrasta con la imagen que los movimientos políticos hegemónicos de los siglos xix y xx tenían del Estado, al que presentaban como el motor del progreso, arquitecto de la nación y defensor de los ciudadanos particulares y de sus libertades. Partiendo de esta segunda perspectiva, hubo un giro normativo en el tiempo respecto al emplazamiento de la autoridad política, las reclamaciones y la ciudadanía de una escala local pre-moderna en relación un Estado central moderno 12. Pese a que muchos aspectos de la teoría de la modernización hayan sido rechazados, la ampliación del poder político sigue siendo un indicador general de la modernidad, especialmente en Europa, en el periodo que va de la Revolución Francesa a la creación de los Estados del bienestar en la Comunidad Europea tras la Segunda Guerra Mundial. Dentro de este marco, palabras como «localismo» y «provincialismo» se empleaban para desacreditar cualquier movimiento que retardase la marcha territorial de la historia, desde una escala local premoderna hacia el Estado contemporáneo. El localismo, o el apego a la «patria chica», poseía una connotación de mezquindad premoderna y de resistencia a la nacionalización 13. Los defensores de la «tradición municipalista» han buscado crear un relato territorial alternativo de modernidad política, en el que los municipios se muestran como bloques de construcción histórica fundamentales, sobre los que se han constituido unidades políticas de mayor tamaño como las provincias, las regiones y el Estado-nación.

Sin duda, los relatos municipalistas alternativos se han situado a menudo en los márgenes del discurso político dominante, dando, en ocasiones, la sensación de haber desaparecido por completo. Los discursos anticentralización basados en la autonomía regional o provincial 14, unas veces en competencia entre sí y otras veces superpuestos, contribuyeron a la marginación de esos relatos municipalistas a lo largo del siglo xx. Desde finales del siglo xix los defensores de la autonomía regional fabricaron el que llegó a ser el contrarrelato más destacado al proyecto normativo de centralización. Aunque también los regionalistas tuvieron que enfrentarse a la etiqueta de «provincialismo», que los anclaba en un nivel más bajo de modernidad territorial, sus plurales movimientos pusieron el foco en la región «histórica», y no en los municipios, como pieza clave de construcción política. Más allá de la unidad territorial, las reivindicaciones historicistas de los movimientos regionalistas fueron muy distintas a las de los municipalistas. Mientras que estos últimos hacían suya una tradición de autonomía política y de participación de las comunidades locales, los movimientos regionalistas utilizaron el pasado para definir, recuperar e inventar unos rasgos culturales y lingüísticos diferenciados. Desde finales del siglo xix, el regionalismo se convirtió en el protagonista privilegiado del relato anticentralista, excluyendo a las alternativas municipalistas.

El hecho de que durante dicho periodo estas se limitaran mayoritariamente a la izquierda anarquista reforzó su estatus marginal. En especial durante la Segunda República, los partidos políticos dominantes, desde los republicanos de izquierdas a los socialistas, persiguieron proyectos democratizadores basados en un Estado central que los alejara de lo que percibían como el fracaso del federalismo de la Primera República. De la misma manera, la resistencia democrática al régimen de Franco, que culminó con la Transición en los años setenta, se movió en un proyecto de democratización generalmente articulado por un Estado centralizado, lo que no resulta sorprendente si se tiene en cuenta el protagonismo que tuvo el partido comunista (PCE) dentro de la oposición popular. La izquierda, dominada por los marxistas, no tenía mayor interés en movilizar una tradición anarquista o federalista de autoridad descentralizada.

Al tiempo que la reivindicación de una «tradición municipalista» se difuminaba, los componentes de dicha tradición persistieron en el discurso democrático. Así, desde los últimos compases del régimen franquista hasta finales del siglo xx, los conceptos principales de gobierno local autónomo y de participación ciudadana directa resurgieron como un hilo importante en el discurso democrático contrahegemónico. Durante la Transición, y después de ella, los teóricos del «movimiento ciudadano» recurrieron a esos mismos principios, aunque les movía el objetivo de salvar a la izquierda marxista. Enfrentándose al desencanto del proyecto estatal soviético, a la «democracia directa» de la «nueva izquierda» y a la emergencia de movimientos de base urbana en las grandes ciudades, los teóricos del movimiento ciudadano emplearon ideas municipalistas para intentar resucitar las credenciales democráticas de la «tradición marxista». No resulta sorprendente que la teoría de la existencia de una tradición municipalista especial, heredada de las ciudades medievales y modernas por los demócratas, federalistas y anarquistas, no desempeñase ningún papel en este relato de la «nueva izquierda». Hace pocos años que ha regresado al primer plano la reivindicación de una tradición española y lo ha hecho en un clima político transformado, en el que el «nuevo municipalismo» ha pasado de los márgenes al centro del discurso político. Dentro de un replanteamiento global de los relatos territoriales de la modernidad, la afirmación de una larga «tradición municipalista» ha vuelto, una vez más, a convertirse en un «pasado utilizable» para poner a España al frente de los debates actuales sobre el futuro de la democracia.

El debate sobre la autonomía municipal y el autogobierno desde las Cortes de Cádiz hasta la Primera República

El debate sobre las ideas municipalistas y su relevancia en la construcción de un orden político moderno comenzó con la Cortes de Cádiz. Durante el siglo xix, los liberales moderados, por un lado, y los liberales progresistas, los demócratas y los republicanos federalistas, por otro, manifestaron reiteradamente sus divergencias respecto a la autonomía municipal y el autogobierno ciudadano 15. Para los moderados, el Estado aparecía como el agente del progreso y la centralización era vista como un proceso que homogeneizaría a la población, convirtiendo a sus integrantes en ciudadanos particulares, y racionalizaría la estructura institucional de gobierno. Como resultado, el federalismo, el localismo y el provincialismo eran presentados como fuerzas de fragmentación centrípetas. Los moderados consideraban los gobiernos locales como meros cuerpos administrativos, subordinados al poder ejecutivo del Estado, un estatus ya de por sí limitado por un sufragio restringido y por el hecho de que los alcaldes fueran designados, como preveía el régimen municipal de 1845.

Al contrario, para los progresistas, y los demócratas y republicanos más adelante, los municipios eran la base de la libertad y la participación: sobre ese poder local se debía construir un Estado-nación estratificado en unidades territoriales 16. Aunque no existía la etiqueta de municipalista, estos grupos entendieron las libertades locales como un contrapunto necesario al poder central y una defensa frente al despotismo. Desde esa perspectiva, los gobiernos locales debían ser unidades políticas autónomas en representación de los intereses colectivos de la comunidad y estar dotados de competencias significativas para poder defender dichos intereses. A la cabeza de esta entidad autónoma debía estar un alcalde elegido, no una persona designada para aplicar las políticas estatales. La participación ciudadana en la política municipal se reflejaba en la elección, pero también en instituciones como la milicia, conformada por ciudadanos varones bajo la autoridad del gobierno local.

La versión del Estado-nación de los republicanos federales albergaba las ideas municipalistas más avanzadas: los municipios eran las unidades fundacionales, o piezas de construcción principales, de las unidades políticas de mayor tamaño 17. El teórico federalista republicano más conocido, Francisco Pi y Margall, concibió un orden político de municipalidades autónomas unidas horizontalmente mediante pactos federales 18. De forma más amplia, el municipio desempeñó un papel fundamental en la teoría republicana del siglo xix, tanto como unidad organizativa del Estado federal, como en su papel de terreno privilegiado de la acción política y la identidad comunitaria. Incluso para aquellos que no eran republicanos federales, el municipio era la base de la nación democrática, el canal para el fortalecimiento de la ciudadanía y su participación. Resulta significativo que los republicanos percibieran su entramado como una alternativa moderna a los «localismos», como el fuerismo carlista o el regionalismo. Para la mayoría de los republicanos, el fuerismo estaba ligado a privilegios semifeudales, mientras que el regionalismo representaba un retroceso a las identidades tradicionales 19.

La visión federalista de la autonomía municipal se situó, brevemente, en el centro de la política pública durante el Sexenio Democrático (1868-1874) y, especialmente, durante la breve Primera República (1873-1874). Según los republicanos federales «intransigentes», la República debía ser construida desde la base mediante un «comunalismo municipalista» 20. Aunque se han llevado a cabo algunos estudios locales que han analizado la práctica y la experiencia de estos movimientos federalistas 21, todavía queda mucho por aprender acerca de lo que significó la autonomía local tanto para los activistas como para la población, en particular en lo que se refiere al papel de los municipios en la reorganización de la economía local, las tierras comunales, el consumo, la participación ciudadana y las milicias locales 22. En cualquier caso, el «fracaso» de la República Federal colocó la defensa de las ideas municipalistas en la orilla más alejada de la política dominante.

La conversión del municipio en el siglo xix en un campo de conflicto político, cargado de simbolismo, parece tener orígenes teóricos y prácticos. Por un lado, la ambigüedad plasmada en la Constitución de 1812 en lo referente a la autonomía municipal permitió una lectura «centralista» y otra «federalista» del papel del gobierno municipal en el Estado liberal. Por otro lado, la fuerte tradición del juntismo desde 1808 hasta 1874 reforzó el significado de la esfera política local 23. Como resultado, desde los inicios del periodo contemporáneo los argumentos a favor y en contra de la autonomía municipal se convirtieron en potentes elementos diferenciadores de toda identidad política. Aunque la postura centralista fue siempre la dominante en todas las coyunturas, desde la Constitución de 1812 hasta el régimen municipal moderado de 1845, tuvo que enfrentarse a la defensa de la autonomía municipal en cada uno de los principales momentos de transición desde 1820-1823 hasta 1840-1843, 1854-1856 y, más dramáticamente, en el Sexenio (1868-1874).

Construir una «tradición municipalista» en el siglo xix

Los defensores de la autonomía municipal en la España liberal se definían de acuerdo con su etiqueta política esencial de progresistas, demócratas o republicanos. No obstante, uno de los denominadores comunes que los unía era la reivindicación de una larga tradición cuyos orígenes se encontraban, supuestamente, en los municipios libres de la Castilla medieval. A través de esta reivindicación, articulada durante los primeros debates constitucionales y repetida a lo largo de las generaciones subsiguientes, los contornos, si no los propios términos, de una «tradición municipalista» tomaron forma y se consolidaron. Al ligar las reivindicaciones de autonomía municipal y participación ciudadana del momento con el pasado, colaboraron de manera efectiva a «inventar» una tradición que otorgaba mayor significado y coherencia a una serie de ideas acerca de cómo definir el gobierno local en el nuevo Estado liberal.

El uso de un precedente histórico para legitimar la construcción de un nuevo orden político era coherente con la particular «cultura constitucional» 24 española. Contrariamente a la fundamentación francesa del orden político en los principios «universales» de los «derechos del hombre», las Cortes de Cádiz presentaron la Constitución como la recuperación de las libertades medievales que se habían perdido durante el periodo de gobierno absolutista 25. Desde esta perspectiva, los parámetros de una «tradición municipalista» surgieron dentro del marco historicista más amplio del liberalismo español 26. Este historicismo —en unas ocasiones entendido como contradicción, en otras como manifestación del carácter incompleto del liberalismo español— ha pasado a ser visto como un elemento de la variante española de la revolución liberal. Desde este marco más amplio, cobran sentido los esfuerzos por construir un linaje para la autonomía municipal y el autogobierno.

Durante el debate constitucional de 1810-1812, el destacado jurista Francisco Martínez Marina escribió que los elementos de la auténtica constitución española se encontraban en los fueros municipales negociados por los concejos y los reyes antes de que los monarcas absolutos los destruyesen 27. Dado que los municipios habían sido protagonistas constitutivos de los orígenes de la cultura constitucional, pasaron a ser entendidos como unidades políticas fundamentales. Según Martínez Marina, la idea no era recrear el sistema medieval, que se caracterizaba por una heterogeneidad de derechos y privilegios, sino recuperar el espíritu de libertad y autonomía local.

A mediados del siglo xix, los progresistas recurrieron a la defensa historicista de las libertades municipales en los debates con los moderados sobre el papel de los gobiernos locales como cuerpos políticos representativos o como meros brazos administrativos del gobierno central, debates que transformaron las Cortes en «un recinto de enseñanza de historia medieval» 28. Basándose en el análisis hecho anteriormente por Martínez Molina, el político progresista Joaquín María López (alcalde de Madrid durante una parte de 1840) señalaba en uno de sus ensayos que «el principio de las municipalidades independientes fue siempre ley constitucional en España» 29. Una vez más, la finalidad de la referencia histórica no era volver a unos tiempos más sencillos, sino conservar, o recuperar, la esencia de un sistema basado en las libertades municipales en vez de en una autoridad centralizada. En los términos del diputado progresista (y a la sazón presidente de la Junta Revolucionaria de Zamora), Práxedes Mateo Sagasta, en 1855: «no lo he hecho para pretender que el Municipio se ajuste a lo que fue en otros tiempos [...] por lo que acabo de decir se ve que los pueblos tienen y han tenido siempre una vida propia [...] con existencia natural anterior a toda institución de gobierno central» 30.

La idea de un poder municipal como algo «anterior al Estado» conforma la base de un relato histórico radicalmente diferente al defendido por los moderados. Según el diputado Salustiano de Olózaga, en una intervención en los debates constitucionales de 1840, los orígenes de la nación española no están en la monarquía o en la Iglesia, sino en los municipios: «los pueblos son la entidad única de que después viene a formarse la unidad nacional» 31. Los progresistas acusaron a los moderados de abandonar sus propios orígenes y replegarse a modelos extranjeros, particularmente franceses. El que fuera presidente del Gobierno, y entonces diputado, José María Calatrava afirmaba en los debates de 1840, que los moderados querían «desnaturalizar nuestro hermoso sistema municipal tan consagrado por los siglos» 32. Por su parte, los moderados rechazaban la versión progresista de los municipios medievales independientes por tratarse de una ilusión, apoyándose a menudo en la ciencia administrativa moderna para la organización del Estado. El diputado moderado, y futuro presidente del gobierno, Joaquín Francisco Sánchez Pacheco y Gutiérrez-Calderón defendía en los debates de 1840 el «rechazo la historia en este punto» y continuaba: «como la rechazo en todo cuanto tiene referencia con la organización municipal del siglo en que vivimos [...] la cuestión municipal es puramente administrativa y no otra cosa» 33.

En las décadas de 1860 y 1870, los principales defensores de las libertades municipales fueron los demócratas y los republicanos federales, que recurrían con insistencia a los argumentos historicistas para aumentar la legitimidad de sus ideas. Los republicanos federales construyeron una narración presidida por la tendencia natural e histórica hacia el federalismo que, según Francisco Pi y Margall, explicaría por qué la idea federal se extendió con tanta rapidez en la Revolución de 1868 34. Aunque admitía que nunca había habido un sistema federal en el pasado, sostenía la existencia de una tradición de autonomía local que habría iniciado su andadura en el siglo xi, abocando al fracaso todos los esfuerzos centralizadores de la monarquía. Los fueros municipales, según él, habría transformado muchas ciudades en Estados virtuales dentro del Estado, formando sus propios gobiernos, creando sus propias leyes y contando con los recursos necesarios para ejecutarlas: «lejos de estar a merced del Estado, pusieron el Estado a su servicio». En cualquier caso, la conclusión de este relato histórico era que el prometedor comienzo había sido dilapidado, no solo por las monarquías de los Austrias y los Borbones, sino por los liberales moderados del siglo xix, quienes habían abandonado el potencial de una verdadera unidad nacional desde la base 35.

Del centro a los márgenes: autonomía municipal y autogobierno desde la Restauración hasta la Guerra Civil

El colapso de la República Federal en 1874 inauguró un periodo en el cual las ideas municipalistas fueron desplazadas del centro a los márgenes del debate político. Las «lecciones» aprendidas durante el turbulento periodo del Sexenio reforzaron el «estatalismo» centralizador de los liberales de la Restauración, que veían en la descentralización, la movilización popular y el federalismo, la receta para el desorden y la disolución. La mayoría de los republicanos federales en Cataluña se volvieron nacionalistas regionales, mientras que otros republicanos adoptaron estructuras centralistas. Como resultado, ni siquiera cuando los demócratas se hicieron de nuevo con la iniciativa política durante la Segunda República, vieron los principales partidos nacionales la autonomía municipal como una prioridad clave en el establecimiento de un nuevo gobierno democrático.

De hecho, alrededor de 1930, la defensa general de la autonomía municipal se había pasado a asociar con las propuestas conservadoras de reforma del gobierno local de Antonio Maura, presidente del gobierno en 1903 y 1907. El Estatuto Municipal, aprobado en 1924 por la dictadura de Primo de Rivera, disminuyó aún más las credenciales democráticas de la autonomía de gobierno local 36. La Constitución de 1931 reconocía el estatus autónomo de las municipalidades (así como el de las regiones) como cuerpos representativos, junto con la elección directa de los alcaldes, pero la formulación de una ley de gobierno local no se incluyó en la ambiciosa lista de prioridades de los republicanos de izquierdas y socialistas del primer bienio. La versión conservadora que llegó a 1935, durante el segundo bienio, contenía elementos centralizadores, como la autoridad del Estado para destituir a los alcaldes.

Más allá de las disminuidas filas de los republicanos federales, los principales portadores del estandarte de la defensa de las libertades locales democráticas durante este periodo fueron los anarquistas. Desde los debates entre Bakunin y Marx durante la Primera Internacional, una de las principales divisiones dentro de la izquierda revolucionaria giraba en torno a si el «Estado» debía ser conquistado o destruido. El antiestatismo de los anarquistas los acercaba más a los modelos de organización social y política descentralizados. Si bien no todos los anarquistas incorporaron el gobierno municipal en sus programas, sí atribuyeron un lugar privilegiado a la organización y las estructuras políticas autónomas de base local como fuente de libertad y participación popular. Para los anarcosindicalistas, el sindicato era la unidad fundamental en la futura sociedad libertaria, pero para los anarcocomunistas lo era el municipio o la comunidad local. Estos últimos desarrollaron el concepto de municipio libre en lo que Federico Urales llamó «una aproximación del anarquismo». Urales argumentó que, en contraste con las unidades «especializadas» localizadas en el comercio industrial, el municipio era un «cuerpo viviente» más inclusivo 37. Aunque el movimiento «apolítico» anarquista rechazaba formalmente todas las instituciones públicas, entendía el municipio libre como el «punto de partida» para la revolución social, como la plasmación de la comunidad local. El municipio libre anarquista se diferenciaba de su equivalente republicano en su igualitarismo económico radical, pero compartía con él el proyecto básico de una «federación de municipios libres y dueños de sus destinos» 38.

La versión anarquista del municipio libre también compartía las referencias a un precedente histórico, citando los fueros de las repúblicas municipales de la Edad Media, las comunidades de Castilla y las germanías de Valencia para ilustrar la larga continuidad de sus aspiraciones. Mientras que los anarquistas consideraban que estas aspiraciones eran universales, es notable que Urales escogiera subrayar el mismo relato histórico que sus predecesores democráticos y republicanos del siglo xix. Igualmente significativo es que un relato de esas características se difundiera en la ciudad industrial de Gijón, en un contexto muy alejado de los pueblos rurales a los que aludía Urales 39. Durante la Guerra Civil, esta ciudad fue la primera en nombrar a un alcalde anarquista, Avelino Mallada, al frente de un gobierno municipal integrado por anarquistas y republicanos. En un discurso público dirigido a levantar la moral y movilizar a la población, Mallada evocó la tradición municipalista: «en vez de buscar una dictadura, incluso una de clase, deberíamos fijarnos en la historia para ver cómo demostraron su capacidad las ciudades españolas, aunque fueran derrotadas por Carlos V. Hay que volver al municipio, que, sin ser anarquista o libertario, aparece como un gestor autónomo» 40.

Aunque Gijón constituyera un caso inusual de un gobierno municipal liderado por anarquistas, el hecho de que tanto Urales como Mallada se refiriesen al precedente de las ciudades españolas libres apunta a un relato historicista compartido. Aunque ese relato de libertades municipales españolas quedase pasase a situarse en los márgenes del discurso político durante la Restauración y la Segunda República, prolongó en el tiempo la tradición del siglo xix de legitimar las reivindicaciones municipalistas en la cultura política española.

La ruptura de una «tradición municipalista»: autonomía municipal y autogobierno del régimen franquista a la Transición

La continuidad de una «tradición municipalista» se rompió de manera definitiva durante la larga dictadura franquista. No es que las ideas municipalistas desaparecieran del discurso político de la oposición democrática, pero dejaron de presentarse en un discurso historicista. La generación de activistas urbanos que constituyó asociaciones de vecinos durante los años setenta desarrolló ideas similares sobre la autonomía municipal, el autogobierno ciudadano y la práctica democrática, pero su punto de referencia era la nueva izquierda europea y sus esfuerzos por redefinir el proyecto socialista en el despertar del desencanto con el comunismo soviético. Como resultado, la «tradición municipalista» dejó de funcionar o de ser atractiva y desempeñó un papel pequeño en los debates políticos durante la Transición y la consolidación del nuevo Estado democrático.

¿Qué puede explicar esta ruptura discursiva? A nivel general, los argumentos historicistas basados en una cultura política española resultaban menos atractivos tras cuarenta años de dictadura. Las ansiedades que sufría la izquierda sobre el retraso de España solo se habían visto acentuadas por su percepción de la dictadura como antimoderna. De esta manera, el consenso arrollador era unirse a la (moderna) Europa y no remontarse a un dudoso pasado español. Más concretamente, la posición de los principales defensores de las ideas municipalistas, los anarquistas, se había visto menoscabado de forma significativa tras su derrota en la Guerra Civil. Estas ideas permanecieron en las plataformas anarquistas, como se puede ver en un documento publicado en México en 1959, que defendían un «poderoso movimiento obrero sobre base sindical, cooperativa y municipalista», basado en una estructura territorial federal y en la autonomía del municipio como la «célula primera de la sociedad» 41. Pero los teóricos dominantes del movimiento ciudadano urbano de los años setenta no bebían de la tradición intelectual de los federalistas/anarquistas, sino de la tradición marxista. Adoptaron lo que para los marxistas eran nuevas ideas de autonomía local y participación ciudadana. Estos conceptos se incorporaron a un contexto en el fracaso del socialismo de Estado se había vuelto una tesis común, dejando paso a lo que la nueva izquierda entendía por democracia directa o participativa.

Pero el ímpetu inicial de las reivindicaciones de este movimiento fue producto del rechazo de la nueva versión del Estado centralizado, que imponía su voluntad sobre las comunidades locales. Los municipios franquistas tenían alcalde designado, por el gobernador civil o por el propio Gobierno, sin duración determinada, que era al tiempo la cabeza de la corporación y el representante del Estado. Este poderoso alcalde designaba, a su vez, a nueve concejales y a tres tenientes de alcalde, que, juntos, sumaban la mayoría del ayuntamiento. La falta de fondos y de responsabilidad sobre su destino dejó a las ciudades desamparadas para enfrentarse a los retos que siguieron al fin de la autarquía en la década de los cincuenta, que dio paso —en especial a partir de 1960— a un periodo de crecimiento espectacular, industrialización y éxodo rural de los pueblos y aldeas a las ciudades, en un proceso con escasa regulación, dirección o protección de los recursos e intereses comunes. En la última década del régimen, el caos del desarrollo urbano era la mejor denuncia al impacto de la centralización, junto a la falta de rendición de cuentas de unas corporaciones autoritarias.

En este contexto, el entorno urbano emergió como un objeto central de hecho en la reivindicación de derechos de una nueva generación de asociaciones cívicas, en particular las asociaciones de vecinos (AAVV), que demandaban viviendas decentes, alcantarillado, pavimentación en las calles, colegios y espacios verdes, especialmente en los barrios en crecimiento situados a las afueras de las principales ciudades 42. Sin contar con una estructura municipalista previa, estas organizaciones emergieron de forma orgánica en un contexto en el que el «espacio» local, en contraposición al nacional o al global, era realmente el único accesible para la reclamación de derechos 43.

En cualquier caso, durante la transición política de los últimos años de la década de los setenta, los teóricos comenzaron a transformar esta experiencia práctica en una plataforma de «movimiento ciudadano» que incluía las ideas municipalistas clásicas de autonomía local y participación ciudadana directa 44. De esta forma, el gobierno de la ciudad podría ser el aparato institucional desde el que iniciar la democratización del resto de las instituciones del Estado 45. En contraste con los ayuntamientos franquistas, reforzaron los parámetros de una «alternativa democrática municipal» 46. Su objetivo era la transformación del entorno habitado en beneficio de los intereses colectivos de los ciudadanos de a pie, mediante la municipalización de los servicios, la planificación urbana, el derecho social a la vivienda, la infraestructura pública, el transporte colectivo, los espacios verdes públicos e, incluso, la promoción de la vida social de los barrios 47.

Además de la descentralización, estos teóricos argumentaban que esos avances se debían combinar con la apertura de canales para la participación ciudadana directa. De esta manera, la «democracia representativa» debía emparejarse con la «democracia directa» o «democracia de base» 48. Algunas propuestas incluían comités mixtos formados por ciudadanos y cargos electos. Otras o las mismas exigían que los gobiernos municipales consultasen con las organizaciones ciudadanas y discutiesen sus ideas/propuestas o el derecho a que las iniciativas ciudadanas apareciesen en la papeleta electoral. Todas ellas, por supuesto, pedían canales de comunicación abiertos y transparentes para mantener informada a la ciudadanía.

La novedad en esta reivindicación de participación ciudadana era el papel central desempeñado por las asociaciones cívicas de reciente fundación. Los teóricos del movimiento ciudadano concibieron las AAVV y otras asociaciones de base local como los canales idóneos, en el plano local, para la unión del ciudadano privado con su comunidad y el Estado. En Madrid, la ilegal Federación de Asociaciones de Vecinos incluyó entre sus tres reivindicaciones clave, en noviembre de 1975, la «participación directa de vecinos en el gobierno municipal a través de asociaciones».

Aunque la mayoría de los aspectos individuales de esta alternativa de gobierno democrático municipal hubieran estado presentes en el discurso político español desde el siglo xix, el atractivo de una larga y orgullosa tradición brillaba entonces por su ausencia. En cambio, la mayoría de los teóricos situaba la alternativa ciudadana dentro del contexto de reconfiguración de la política socialista de la «nueva izquierda». Los teóricos sociales marxistas experimentaron con un nuevo lenguaje de emancipación popular en un momento en el que la antigua versión «dictatorial y burocrática» del marxismo se encontraba en crisis 49. El más influyente dentro de este grupo fue Manuel Castells, quien, desde la tradición marxista, definió la ciudad como un «producto social» que generaba su propia área de oposición. Sostenía que, dentro de esta área, el gobierno municipal era lo más cercano a la lucha de poder y, a la vez, el sector del Estado más permeable a las «clases dominadas». En lo que denominó «el camino democrático hacia el socialismo», el gobierno local se había convertido en la «sala de espera» de una nueva estrategia de transformación 50. Dentro de este relato socialista reestructurado, el punto de referencia era, por lo general, la Europa coetánea, tal y como se puede ver en un texto de 1976 que aludía reiteradamente al modelo francés de socialismo municipal 51.

Una excepción parcial fue la obra de Tomás Villasante, Los vecinos en la calle, que incluía una breve historia de los «movimientos ciudadanos», abarcando desde la revuelta comunera hasta los movimientos cantonalistas de la Primera República. Al mismo tiempo, no hacía ningún esfuerzo por emplear esta historia pasada para legitimar el presente, o para construir una narración de continuidad basada en la autonomía municipal 52. Tal y como aclaró en un texto posterior, su intención principal parecía ser la incorporación de los movimientos anticentralistas a una tradición socialista revisada, algo que se traslucía en su ecuación del federalismo y del cantonalismo (que no del anarquismo) con las posturas socialistas de la época 53. En otras palabras, si el movimiento de esos años para la construcción de gobiernos locales democráticos se inspiraba en el pasado, lo hacía ligado a una tradición socialista reconfigurada y ampliada. De esta manera, se recurría a las ideas municipalistas con el fin de inyectar nueva vida a un relato socialista que luchaba por deshacerse de su imagen de estatista y dictatorial.

De forma coherente con esta reestructuración, el PCE se convirtió en el principal defensor del desarrollo de una «alternativa democrática municipal» que pudiese implementar la democracia directa desde la base del movimiento ciudadano 54. Manuel Castells sostiene que los gobiernos municipales se encontraban en una encrucijada entre una democracia representativa formal y una democracia popular («de base»), y entre las políticas democráticas y la vida cotidiana. Según Ramón Tamames, «la democracia pasa por esos 8.000 municipios, que [...] son la instancia más próxima del poder a la que todos deben tener acceso» 55. Desde una perspectiva más pragmática, conviene recordar que la militancia más numerosa, la del PCE, acabó gobernando muchos ayuntamientos en coaliciones lideradas por lo general por el partido socialista (PSOE). Quizá por ello, el PCE fuese el partido más implicado en esta cuestión entre las primeras elecciones locales de 1979 y la Ley de Bases del Régimen Local de 1985. Para la mayoría del resto de partidos, la descentralización regional mediante la construcción de las comunidades autónomas fue el tema dominante en lo relativo a la división territorial de poderes.

Tras las elecciones locales de 1979, el PCE formó una sección de «Política Municipal y Movimiento Ciudadano», destinada a asesorar a los cargos del partido elegidos para formar parte del gobierno municipal 56. El eje de la «alternativa municipal» del PCE era la descentralización, la participación y la promoción de la vida en la comunidad 57. Su programa no solo llamaba a la eliminación de las jerarquías dentro de las relaciones entre el ámbito local y otros niveles de gobierno, sino que insistía en una mayor democratización del propio gobierno local mediante el recorte de los poderes del alcalde para aumentar la competencia normativa del ayuntamiento y constituir comités de vecinos en las grandes ciudades 58. Este poder compartido no solo desmantelaría los remanentes de las estructuras centralizadas de la dictadura franquista, sino que también desafiaría la tendencia centralizadora de la izquierda socialista, que apoyaba la concentración de poder en manos del Estado y desconfiaba del poder local 59.

Durante la Transición y consolidación del nuevo régimen, solo cabe señalar una excepción en lo que se refiere al escaso interés histórico de las propuestas municipalistas. Los funcionarios locales intentaron revitalizar su propia versión de una «tradición municipalista». La circulación de esta versión permaneció empero confinada a los círculos profesionales y académicos, lo que limitó su impacto en el discurso político 60. Desde la creación en 1925 de la Unión Municipal Española, que representaba a 1.500 gobiernos municipales, había existido una corriente de funcionarios del gobierno local, que abogaban por la descentralización. En los debates de la Segunda República sobre la Ley Municipal de 1935, la Unión celebró el Séptimo Congreso Nacional Municipalista de 1934 para proponer reformas. A las medidas para ofrecer mayor independencia financiera se sumó la declaración de apoyo por parte del Congreso al principio de soberanía municipal, lo que implicaba que las decisiones tomadas en el ayuntamiento no podrían ser revocadas por el gobierno central 61.

Durante la Transición, este hilo de defensa municipalista se hizo visible en una serie de publicaciones distribuidas por el Instituto de Estudios de Administración Local en los últimos años de la década de los setenta y el inicio de los ochenta. Bajo el título «Administración y ciudadanos», la serie incluía un número de obras que resaltaban el protagonismo municipal en la historia española 62. En particular, los dos volúmenes de 1979 recogieron (por primera vez, según los editores) todos los escritos municipalistas de dos prominentes políticos reformistas del periodo de la Restauración, Gumersindo de Azcárate y Adolfo Posada 63. En las introducciones, los editores, historiadores de la historia municipal por derecho propio 64, defendían la relevancia de estas ideas en el debate en curso y expresaban la esperanza de que el gobierno local terminase por perder ese estatus de «pariente pobre» del gobierno español con el que había cargado desde las Cortes de Cádiz. También mostraron una preocupación por el hecho de que, a pesar de la importancia del tema, ninguno de los principales grupos políticos hubiese hecho de la autonomía y democracia del gobierno local, un elemento destacado de sus programas 65.

Según los editores, el protagonismo del gobierno local se enraizaba en el estatus de la municipalidad como comunidad política y humana indispensable que precedía a la formación del Estado. La autonomía era necesaria para representar al bien común de la comunidad frente a la opresiva centralización burocrática que sofocaba la vida local. Más centrada en la descentralización y las instituciones autónomas que en el lenguaje radical propio de la democracia directa, esta particular «tradición municipalista» buscaba trascender las divisiones entre izquierda/derecha de la historia española, al definir el municipalismo como un movimiento que colocaría al gobierno local en el centro de la vida social 66.

Un componente central de este relato fue el consabido recurso a una tradición historicista profundamente española. Al describir la defensa de las libertades municipales de Posada, el editor señala que esta se basaba en la convicción de que el liberalismo centralista del siglo xix se contradecía con el carácter histórico y natural de la autonomía municipal en la historia española. Basándose en esta tradición, las Cortes de Cádiz deberían haber construido un Estado más descentralizado, pero la influencia externa del modelo francés ejerció demasiado peso. Con la re-publicación de estos textos, los editores intentaban revivir el relato de continuidad histórica decimonónico que, desde las Cortes de Cádiz hasta la Segunda República, había unido a progresistas, demócratas, republicanos federales e, incluso, anarquistas. En cualquier caso, en un momento en el que la mayoría de los movimientos políticos se centraban en impulsar a España hacia el futuro, esta versión de la «tradición municipalista» fue considerada retrógrada y conservadora. A pesar de compartir elementos con la «alternativa democrática municipal» de inspiración socialista, las dos versiones de autonomía local y autogobierno pertenecían a relatos que resultaban incompatibles y carecían de cualquier punto en común.

De todos modos, el tiempo de estos debates expiró en 1985, con la aprobación por unas Cortes de mayoría socialista de la Ley de Bases del Régimen Local, que contenía poco más que generalidades para satisfacer la perspectiva municipalista 67. A pesar de los principios generales sobre la autonomía del gobierno local y la sostenibilidad financiera recogidos en la Constitución, la Ley de 1985 hizo muy poco por su desarrollo práctico. En lo que respecta a la participación ciudadana, la ley otorgó a los ayuntamientos el derecho a crear cuerpos consultivos formados por miembros no-electos de la comunidad, aunque sin tratarse de una obligación. Finalmente, reforzaba la figura del alcalde, al otorgarle plena capacidad para nombrar los cargos del gobierno local, y a los partidos políticos, al disponer que las elecciones se hiciesen con listas cerradas. Los programas de los partidos gradualmente fueron abandonando las referencias a la participación y se llenaron de promesas de comunicación, eficiencia y competencia 68. Lo miremos como los miremos, resulta claro que todo lo relativo a la autonomía del gobierno local y la participación ciudadana volvió a quedar en un plano secundario a lo largo de la década de 1980 y 1990 69.

¿El resurgimiento de una «tradición municipalista» en el siglo xxi?

En los inicios del siglo xxi, la dinámica ha vuelto a girar en favor de los principios de descentralización, democracia directa y autonomía local, que ahora se enmarcan de forma explícita en lo que se denomina el «nuevo municipalismo». Los dos tipos de marcos municipalistas de la década de los setenta todavía son visibles en reivindicaciones paralelas: uno de ellos alude a la autonomía institucional y el otro a la participación popular. Los propios líderes de los gobiernos municipales han vuelto a «reclamar su espacio en el sistema español» mediante una mayor autonomía 70. Tras un par de décadas en las que el foco del traspaso de competencias se encontraba en las comunidades autónomas, desde principios del siglo xxi ha habido un llamamiento a una «segunda descentralización» basada en los «Pactos Locales», que incluye la cesión a los ayuntamiento de competencias de las comunidades autónomas 71. Según la Federación Española de Municipios y Provincias, que representa a más de la mitad de las, más o menos, de los 8.000 municipios españoles, las promesas constitucionales de autonomía y sostenibilidad financiera todavía no han sido claramente definidas ni puestas en práctica. Arenilla y Canales sostienes que ha llegado el momento de acabar con los últimos vestigios de un Estado ultracentralizado, culminando el proceso de re-equilibrio que se inició en 1978 72. En 2008, con una exigencia que recuerda a las conclusiones del congreso municipal de 1934, un grupo de alcaldes declararon: «hemos de aspirar a la completa autonomía [...] para lo cual necesitamos trabajar desde la base de un sistema financiero que nos permita responder a las reivindicaciones de los ciudadanos, que se dirigen a nosotros (en busca de servicios) porque somos la administración que les es más cercana» 73.

Al mismo tiempo, una nueva generación de activistas de los movimientos sociales ha revitalizado los llamamientos no solo a la descentralización y la autonomía, sino a la participación ciudadana y la democracia directa. Tal y como aparece resumido en el manifiesto de 2014, La apuesta municipalista: «si tomamos las instituciones que resultan más inmediatas a los ciudadanos, los municipios, y los convertimos en ámbitos de decisión directa, podemos hacer realidad una democracia digna de tal nombre» 74.

Con las movilizaciones antidesahucios que vienen denunciando la complicidad entre los gobiernos municipales y la elite empresarial, los activistas han comenzado a hablar de reconquistar los ayuntamientos para la comunidad o los «comunes» 75. La ocupación de espacios públicos en los centros urbanos de toda España, durante la movilización popular en 2011 del 15M/indignados, que atrajo a millones de personas a las calles en protesta por la crisis económica y las medidas de austeridad gubernamentales, alimentó una alternativa municipalista. En palabras de La apuesta municipalista, «la ola 15M ha aterrizado en las playas del municipalismo» 76. Con los principales partidos políticos desacreditados por la crisis y la corrupción, los movimientos de base llevaron a la formación de organizaciones políticas alternativas, entre las que se encontraba Podemos (2014). Sus líderes mantenían diferentes perspectivas, en su seno existía una corriente municipalista, que hacía de la conquista de los ayuntamientos, en nombre del «99%», «el punto de partida» para una transformación democrática más amplia de la sociedad. El principal punto de inflexión en este proyecto fueron las elecciones locales de 2015, cuando las coaliciones municipalistas de «plataformas ciudadanas» como Ahora Madrid y Barcelona en Comú se hicieron con el control de los ayuntamientos de la primera y la segunda ciudad del país, al tiempo que proyectos semejantes llegaban al poder en otras ciudades y pueblos 77.

Las elecciones de 2015 también supusieron un punto de inflexión entre los teóricos que habían abogado por conceptos de democracia local, descentralización y participación ciudadana desde la Transición, y que adoptaron, a partir de este momento, un marco explícitamente municipalista. En 2015, el teórico Jordi Borja, que abogó en las décadas de 1970 y 1980 por la «alternativa democrática municipal», pronunció un discurso magistral titulado «Municipalismo: cómo cambiar las ciudades», en el que proponía una reorganización territorial que uniese los centros urbanos unos con otros y la cesión de competencias a los ayuntamientos 78. Al libro de 2011 de Joan Subirats, La democracia de lo común, le siguió otro en 2016, titulado El poder de lo próximo: las virtudes del municipalismo, en el que argumentaba que el municipalismo era el mejor camino para alcanzar la transformación democrática que reivindicaba en su primer libro. Confirmando el punto de inflexión de 2015, afirmaba que los resultados de las elecciones inauguraron una nueva fase en la relación entre el gobierno local y el estatal, basada en una agenda urbana nueva. Esta agenda incorporaba el esfuerzo en cambiar el papel subordinado de los gobiernos locales y en revigorizar la participación ciudadana. En su conclusión, Subirats evocaba el concepto que siempre había estado en el centro de los marcos municipalistas, que era la «comunidad local» como la unidad esencial de cohesión de la vida política 79.

Otro elemento que resulta familiar en el «nuevo municipalismo» es la recuperación del nexo con la tradición anarquista, que había permanecido ausente en la generación de 1970. Gracias al municipalismo libertario de Bookchin en la década de 1980, en el que se incluían los principios de asambleísmo, municipalización de la economía, participación y estructura federada, una joven generación de activistas de inspiración anarquista ha pasado a considerar el municipalismo como «la transformación de los gobiernos locales en democracias directas» 80. La corriente anarquista continúa siendo minoritaria, pero las ideas de Bookchin son muy admiradas y su obra muy citada en contraste con la inspiración marxista de la década de 1970.

Los nuevos manifiestos municipalistas se han situado en un contexto global específico, pero han sido también más dados a evocar precedentes históricos en contraste con los activistas del movimiento ciudadano de la Transición. Los observadores como Declós que buscan dar una explicación al fenómeno del «nuevo municipalismo» en España señalan que «las políticas municipales radicales no son, en su totalidad, un concepto nuevo, sobre todo no en España». De hecho, este autor reivindica que la teoría de Bookchin sobre el municipalismo libertario se inspira en parte en las políticas municipales españolas de finales del siglo xix y principios del siglo xx 81. Caccia hacía referencia a la «fuerte y reprimida tradición» representada por Pi i Margall, que teorizó, «con visionaria anticipación», una organización social basada en pactos municipales 82. Mientras que una generación anterior de activistas se orientaba a soluciones «modernas», en el momento actual de desencanto posmoderno, los precedentes históricos se ponen en juego para ilustrar que estas ideas no son tan descabelladas como se las consideró en su día.

La versión más desarrollada de una nueva «tradición municipalista» se encuentra en La apuesta municipalista. Esta reserva un papel especial para España desde 1808 hasta la Guerra Civil en la década 1930, tras la cual el relato se desarrolla por otros derroteros, solo para resurgir durante la actual crisis. Respecto al siglo xix se resalta el papel de España como líder en la «historia de una idea», el título del primer capítulo. Mientras que el municipalismo cuenta con una larga historia, que se remonta hasta la Antigua Grecia, fue en los inicios de la era liberal cuando «“la cuestión municipal” tuvo aquí un incuestionable protagonismo» 83. De forma significativa, el relato alude a ese papel especial sin decir por ello que España fuese «un capítulo aparte» o se situase fuera de la norma en la historia europea. En contraste con las anteriores narraciones sobre la peculiaridad española, que se unían inevitablemente al atraso y el fracaso, este caso de resurrección de una «historia que pocas veces se cuenta», refleja su inspiración en el pasado. Empezando por las juntas revolucionarias de principios del siglo xix, una serie de movimientos, desde los exaltados hasta los progresistas, demócratas y republicanos federales, defendieron una versión alternativa de organización política hecha de abajo arriba. El último de estos grupos fue el primero en «sistematizar» un modelo de democracia construido sobre la autonomía local y la participación ciudadana directa.

Tras el fracaso de la Segunda República, continúa el relato, este modelo diferente sobrevivió en la rama anarquista del movimiento obrero bajo la forma del municipio libre hasta la derrota en la Guerra Civil. La «historia de una idea» abandonó entonces España para ser recogida por los hippies en la década de 1960, por Bookchin en la década de los ochenta y por los movimientos indígenas de Latinoamérica, como los zapatistas y los activistas de las Guerras de Agua en Bolivia, desde la década de 1990 en adelante. A pesar de la ruptura en la tradición española, el texto deja claro que el movimiento actual es la recuperación de un vínculo, enraizado en la historia española, entre el municipalismo y la democracia. Aunque con cuidado de no esencializar ese vínculo 84, el texto muestra que la «tradición municipalista» vuelve a ser un «pasado utilizable» sobre el que construir el futuro, en vez de un callejón sin salida marginal en la accidentada historia política española.

Conclusión

La resurrección de una «tradición municipalista» completa el arco histórico que se abrió con los debates constitucionales a principios del siglo xix. Desde 1808 hasta la Guerra Civil, una serie de grupos buscó la movilización del «pasado utilizable» de esta tradición para legitimar su oposición a las fuerzas centralizadoras dominantes, en nombre de un futuro más «progresista». En contraste con el discurso hegemónico que defendía una organización política centrada en el Estado, estos movimientos minoritarios sostenían la existencia de una tradición alternativa de abajo arriba, que era más fiel a la cultura política española. Contrariamente al individualismo liberal y al conflicto de clases socialista, la alternativa municipalista se construyó alrededor de la comunidad local como unidad esencial. El gobierno municipal que representaba a esta comunidad necesitaba autonomía y recursos para tomar las decisiones relativas a la vida cotidiana de los ciudadanos y dichos ciudadanos necesitaban acceso directo a las instituciones que tomaban esas decisiones mediante diversas formas de participación. Aunque las ideas municipalistas tuvieran adeptos en todo el espectro político, la idea de una «tradición municipal» fue más propia de las fuerzas de la izquierda. Desde los exaltados hasta los anarquistas, estos grupos evocaban la historia de las libertades locales para demostrar que la autonomía municipal y la participación ciudadana no eran utopías radicales, sino que tenían sus raíces en prácticas pasadas. Con este fin, hablaban el lenguaje historicista de legitimación que fue el sello de la cultura constitucional española en el siglo xix.

El régimen franquista supuso la ruptura con la idea misma de un «pasado utilizable» entre las derrotadas fuerzas de la izquierda. Al mismo tiempo, el declive de la influencia del anarquismo acalló una de las voces municipalistas históricamente más fuertes. Por el contrario, la importancia en aumento del comunismo entre los movimientos de oposición de la segunda mitad de la dictadura llevó a una tradición política muy distinta al primer plano. Cuando surgió una nueva generación de movimientos sociales locales en la década de 1970, los teóricos de influencia marxista los situaron en el contexto de la izquierda europea y sus conceptos de democracia participativa o directa. Resulta muy llamativo cómo el movimiento ciudadano adoptó muchos de los principios esenciales de los proyectos municipalistas, en particular la autonomía local y la participación directa de la ciudadanía, sin enmarcarlos dentro de la tradición municipalista española. Si acaso, las ideas municipalistas se empleaban para ayudar a rescatar la tradición marxista de su pasado estatista.

En consecuencia, ¿qué explica la resurrección de una explícita «tradición municipalista» en los últimos tiempos? En términos generales, el atractivo de las ideas municipalistas tiene sentido como respuesta a las fuerzas globalizadoras que han socavado la armonía entre «espacio de identidad» y «espacio de decisión» en el Estado-nación. En contraste con las afirmaciones sobre el «fin de la territorialidad» en un mundo globalizado, los movimientos municipalistas pretenden regresar a la territorialidad, reconectando la «identidad» (el sentido de pertenencia) y el espacio de «decisión» (la autoridad que garantiza la vida en la comunidad) dentro de un nivel local 85. También en contraste con un anticuado «localismo» que miraba hacia dentro, los movimientos municipalistas enfatizan los vínculos entre lo local y lo global. Al mismo tiempo, dentro de la actual crisis de territorialidad, los movimientos municipalistas ofrecen una versión diferente del «pasado utilizable», progresista en vez de nostálgica. En un momento en que la relación entre el Estado-nación y la democracia se ha erosionado, el atractivo de una «tradición municipalista» alternativa busca reestructurar la historia de la democracia alrededor de otro eje. Al dotar al programa actual de un pedigrí histórico, se busca que la idea de una tradición ayude a legitimar la viabilidad de ideas que se habrían descartado dentro del discurso político hegemónico del pasado por considerarse utópicas o arcaicas.

La cuestión no es verificar el papel de los proyectos municipalistas dentro de la práctica democrática española de los últimos dos siglos, lo cual requeriría de una investigación mucho más extensa. No está demostrado que las diferentes versiones de la autonomía local y la participación ciudadana directa presentes en distintos movimientos, prácticas, ideologías y contextos históricos puedan agruparse bajo un único paraguas, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de ellos no se autodenominaban «municipalistas». Tampoco es mi objetivo defender o abogar por los proyectos municipalistas por considerarlos inherentemente más democráticos o progresistas que las propuestas centradas en el Estado o predecir qué ocurrirá con el actual «giro municipalista» en el discurso democrático. En cambio, este artículo ha explorado por qué y en qué condiciones ha servido alguna versión de una «tradición municipalista» como concepto movilizador en los discursos democráticos minoritarios a lo largo de dos siglos. Desde esta perspectiva temporal tan larga, se hace aparente que el recurso historicista a las libertades municipales ha sido un tema recurrentemente significativo en la cultura política española. Ya hayan sido inventadas, imaginadas o recordadas, el hecho de que los municipios aparezcan como protagonistas en los relatos contra-hegemónicos de la cultura democrática española, en momentos y con protagonistas muy heterogéneos, sugiere que estos relatos deberían ser mejor comprendidos e integrados en la compleja dinámica de la evolución política de la España contemporánea.