Ayer 141 (1) 2026: 255-280
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2025
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/2427
© Ethan Daniel Ayala Hernández
Recibido: 28-05-2024 Aceptado: 10-01-2025 Publicado on-line: 08-01-2026
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License
«El alejamiento del peligro marxista». España frente a los golpes de Estado en el Cono Sur de América Latina (1973-1976)
Ethan Daniel Ayala Hernández
Universidad Complutense de Madrid
ethayala@ucm.es
Resumen: Entre 1973 y 1976 Uruguay, Chile y Argentina sufrieron en conjunto siete golpes de Estado que terminaron con los Gobiernos electos democráticamente. La España del franquismo, que siempre tuvo importantes lazos con esos países del Cono Sur, presumía de mantener una política de no intervención en casos de golpes de Estado. Este artículo busca mostrar cómo actuó España ante cada caso, con qué intenciones, si su actuación coincidió con su discurso y si se modificó esa actitud con la muerte de Franco y el primer Gobierno de la monarquía, todo ello en un contexto de Guerra Fría.
Palabras clave: golpes de Estado, política exterior, Cono Sur, diplomacia y Guerra Fría.
Abstract: Between 1973 and 1976 Uruguay, Chile, and Argentina suffered a combined total of seven coups d’État that ended democratically elected governments. Francoist Spain, which always had close ties with these Southern Cone countries, boasted of maintaining a policy of non-intervention in cases of coups d’État. This article aims to show how Spain acted in each case, what its intentions were, whether it agreed with the Spanish rhetoric, and whether this attitude changed with Franco’s death and the first monarchical government, all within the context of the Cold War.
Keywords: Coup d’État, foreign policy, Southern Cone, diplomacy, Cold War.
En Europa, la década de 1970 se caracterizó por la distensión de la Guerra Fría entre las superpotencias y el inicio de las transiciones a la democracia en Portugal, Grecia y España. En América Latina, por el contrario, la denominada Década del Terror implicó la tortura, el asesinato y la desaparición de miles de personas 1. En sentido inverso al del sur de Europa, en solo cuatro años, Argentina, Chile y Uruguay sufrieron en conjunto siete golpes de Estado que terminaron con los Gobiernos electos democráticamente e instauraron dictaduras militares. España, por su parte, estaba viviendo los últimos años de dictadura franquista, en un ambiente político de reacomodo interno y de búsqueda de nuevas formas de oposición organizada, ante la enfermedad de Francisco Franco.
Con ese panorama, este artículo busca conocer cómo se posicionó España frente a estos hechos, cómo actuó ante cada caso y qué criterios predominaron en la toma de decisiones en política exterior. Lo que nos dice la historiografía hasta el momento va en dos sentidos. En primer lugar, la información general sobre las relaciones entre España y América Latina en tiempos de la Guerra Fría y su evolución paralela con el proceso español de transición a la democracia. En este tema existió una paradoja evidente: una desconexión entre la alta importancia que se le daba a la relación en el discurso y la poca importancia que tuvo en la práctica 2. Aquí destacan las investigaciones de autores como María José Henríquez, Beatriz Figallo, Adela Alija, Celestino del Arenal o Silvia Enrich, que han trabajado en el aspecto político y económico de las relaciones diplomáticas 3. En segundo lugar, está la información sobre las relaciones bilaterales de España con Argentina, Chile y Uruguay, donde se ha profundizado en varios aspectos incluyendo la respuesta particular que se dio a los golpes de Estado más significativos de cada país. Cristina Luz García y María José Henríquez han trabajado cada una en los casos de Argentina y Chile 4. En el caso uruguayo, Manuel Talamante y Marcos Rey son quienes han aportado mayor claridad 5.
La contribución de este artículo pretende ser un esclarecimiento de las actuaciones de España, a través de su política exterior, frente a los golpes de Estado acontecidos en el Cono Sur latinoamericano. El objetivo es entender la actuación diplomática en conjunto, en lugar de hacerlo caso por caso. Este método permite ver patrones o tendencias en la política exterior, más allá de los detalles puntuales de cada caso reconstruidos por otros historiadores. Además, se busca establecer diferencias o continuidades entre las distintas personas que ocuparon los cargos de toma de decisiones al interior del Gobierno español durante estos años.
Para ello, se obtiene evidencia de distintas fuentes primarias, principalmente del Fondo del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) que guarda el Archivo General de la Administración de España. Aunque no todos los documentos son novedosos, sí ofrecen una perspectiva diferente al contrastarlos a nivel subregional y entenderlos como parte de una estrategia de política exterior. También se utilizan documentos del archivo personal de Marcelino Oreja albergados en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y algunas memorias publicadas por los protagonistas de los acontecimientos. Se utilizan también recursos hemerográficos de manera general, de periódicos como La Vanguardia y ABC, así como El País y Arriba para casos puntuales. Partiendo de estas fuentes es posible observar un panorama más amplio de las vías en las que España operó, y las herramientas que utilizó para influir en América Latina en tiempos de Guerra Fría, cuando la amenaza del «peligro marxista» seguía condicionando las relaciones entre países.
Para presentar estos argumentos, el artículo se divide en cuatro apartados. El primero establece a grandes rasgos la política exterior que se acostumbraba a seguir ante casos de golpes de Estado en América Latina y cómo se seleccionaron para este texto los golpes a estudiar. El segundo apartado presenta los tres golpes de Estado sucedidos en Uruguay y la respuesta de España a cada uno de ellos. El tercer apartado analiza los dos golpes en Chile contra el Gobierno de la Unidad Popular, y el cuarto analiza los dos golpes que tuvieron lugar en Argentina en 1975 y 1976. Esta estructura permite cerrar el texto con algunas conclusiones que se obtienen al analizar la región del Cono Sur en su conjunto ante los golpes de Estado que sacudieron a los países, y la actuación de España a través de distintos medios para ayudar a la consolidación de regímenes ilegales emanados de la violencia política con el fin de influir ideológicamente en la región.
No obstante, conviene aclarar a qué nos referimos con la expresión golpe de Estado. A lo largo de este texto se entienden como «intentos ilegales y abiertos de los militares u otras elites dentro del aparato estatal para remover al titular del Ejecutivo en funciones», que es la definición propuesta por Powell y Thyne, y que es ampliamente utilizada en ciencia política 6. Esta definición es útil por dos motivos. Primero, porque considerar los golpes como «intentos» nos permite analizar tanto los golpes exitosos como los fallidos, pues ambos tuvieron consecuencias políticas nacionales e internacionales. En segundo lugar, porque, además de una definición, los autores citados crearon una base de datos recopilando los eventos que encajan en su definición entre 1950 y 2011. Así, aplicada esta información a los países del Cono Sur, encontramos que hay dos casos para Uruguay, dos para Chile y tres para Argentina. Sin embargo, al corroborar la base de datos con los acontecimientos a partir de fuentes hemerográficas, se debe agregar a la lista uno más para Uruguay, que Powell y Thyne no cuentan por tratarse de un autogolpe dado por el presidente, y eliminar uno de Argentina, pues se trata de un enfrentamiento entre militares y guerrilleros que no encaja con la definición proporcionada.
Algo que se debe tomar en cuenta al analizar la política exterior de España en relación con los golpes de Estado durante el franquismo es que ese mismo régimen emanó de un golpe de Estado fallido. Fue el fracaso del golpe del 17 y 18 de julio, que no logró su objetivo de tomar el poder de inmediato, lo que dividió a las fuerzas armadas españolas y dio origen a una guerra de tres años. La legitimidad del Gobierno, dado que no venía de la legalidad ni de la voluntad popular, fue buscada en otros lados para justificar el golpe contra la República y la posterior dictadura. Así, la mano dura del ejército en forma de represión y la alta jerarquía de la religión católica fueron la base de la narrativa legitimadora franquista 7. En términos del derecho internacional, se trataba de un Gobierno de facto, es decir, un Gobierno «de hecho», por ser el que efectivamente controlaba el territorio y la población, pero no un Gobierno de iure, emanado de la ley 8.
Partiendo de esas circunstancias, la política exterior de la dictadura franquista fue evolucionando a lo largo del tiempo. En un inicio se caracterizó por la necesidad de lograr la supervivencia del régimen y posteriormente por la intención de romper su aislamiento en la política internacional. Con esos objetivos se adoptó como política hacia el exterior lo que se buscaba que los demás países hicieran con España: reconocerla y relacionarse sin importar el tipo de régimen interno. Esto tuvo sus excepciones, dado que España no tuvo relaciones diplomáticas con los países comunistas durante la mayor parte del régimen. Lo que la diplomacia franquista buscó hasta 1975 fue dejar atrás su «pecado original» de haber apoyado a la Alemania nazi y a la Italia fascista en la Segunda Guerra Mundial e integrarse en igualdad de circunstancias a las organizaciones internacionales y europeas que se construyeron en los años de posguerra 9. Pese a esos matices pragmáticos, la clasificación más adecuada para la política exterior del régimen sería una ideológica, dado que «la compatibilidad con los principios establecidos es el criterio clave para evaluar el mérito de la política exterior», como ha expuesto la literatura que analiza las relaciones internacionales 10. El factor idiosincrático descrito por Rosneau, que condiciona las decisiones en política exterior, adquiere una mayor relevancia en un régimen en el que una sola persona toma las decisiones finales, como en el caso del franquismo 11.
Dadas sus condiciones, el Gobierno de España optó por utilizar en sus relaciones con otros países la doctrina Estrada. Esta doctrina fue planteada por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Genaro Estrada, buscando evitar que otros países —particularmente Estados Unidos— juzgaran al Gobierno mexicano, emanado de la Revolución, y condicionaran el reconocimiento diplomático 12. La doctrina se dio a conocer en septiembre de 1930, mediante su publicación en los principales periódicos nacionales y mediante la impartición de instrucciones de la Cancillería mexicana a algunas de sus Embajadas. El texto es el siguiente:
«México no se pronuncia en el sentido de otorgar reconocimientos, porque considera que esta es una práctica denigrante que, sobre de herir la soberanía de otras naciones, coloca a estas en el caso de que sus asuntos interiores puedan ser calificados, en cualquier sentido, por otros Gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud de crítica al decidir, favorable o desfavorablemente, sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. En consecuencia el Gobierno de México se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos y a continuar aceptando, cuando también lo considere procedente, a los similares agentes diplomáticos que las naciones respectivas tengan acreditados en México, sin calificar, ni precipitadamente, ni a posteriori, el derecho que tengan las naciones extranjeras para aceptar, mantener o substituir a sus Gobiernos o autoridades» 13.
En términos generales, lo que establecía era que decidir sobre reconocer o no a un Gobierno era intervenir en los asuntos internos de ese país. Por ello, México no lo haría con otros, esperando reciprocidad, y se limitaría a decidir sobre la permanencia de sus propios diplomáticos. Aunque en los hechos retirar a un embajador o al personal diplomático se entiende como una crisis diplomática que puede desembocar en el rompimiento de relaciones, lo que Estrada buscaba era crear una forma en la que México tuviera margen de decisión en cada caso. Es lo que Aguirre ha llamado «la institucionalización del pragmatismo en política exterior» 14.
La doctrina Estrada fue retomada durante todo el siglo xx por los países latinoamericanos y por España, como una forma de respuesta ante los constantes golpes de Estado en la región. Eventualmente, la comprensión y aplicación práctica de la doctrina se fue modificando, para terminar por entenderse como una doctrina de reconocimiento automático. Aunque no es lo que dice originalmente, se comenzó a utilizar la doctrina como una forma de no tener que hacer explícito un reconocimiento formal a un nuevo Gobierno, mediante una acción o un documento, sino que simplemente se usaba para justificar continuar como si nada hubiera sucedido. Ejemplo de ello son las declaraciones emitidas por los Gobiernos de Guatemala y España el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. La Vanguardia reportó el día 13 que el canciller guatemalteco declaró que «las relaciones diplomáticas entre Guatemala y Chile se mantienen inalterables, y que el Gobierno de este país [Guatemala] reconoce a la Junta Militar que ahora gobierna aquel país sudamericano, sin necesidad de hacer una declaración especial, de acuerdo e invocando “la doctrina Estrada”» 15. Por su parte, un portavoz de la Oficina de Información Diplomática (OID) del MAE español declaró al mismo diario que «España no tiene por qué reconocer el nuevo Gobierno de Chile, porque en estos casos nuestro país aplica la “doctrina estrada” [sic] de reconocimiento diplomático automático» 16. Esto demuestra, por un lado, una concepción errónea, aunque entendible, del significado real de la doctrina, al asumir que implica un «reconocimiento automático», en lugar de la decisión de un país de no pronunciarse y de decidir sobre la permanencia de sus propios diplomáticos. Por otro lado, confirma que en 1973 la doctrina era de uso común tanto en España como en América Latina.
Volviendo al régimen franquista, también la historiografía española confirma la adopción de la doctrina Estrada por parte del Gobierno. Pereira y Cervantes muestran que esta comenzó a ser usada por España desde la Segunda República, y posteriormente durante el franquismo 17. Para Adela Alija, la doctrina es parte de los principios o directrices comunes de la política exterior de España para América Latina en ese periodo, mientras que para Silvia Enrich la doctrina implicaba no romper relaciones con ningún país de Latinoamérica, sin importar su tipo de gobierno, lo que explica, por ejemplo, el caso de Cuba tras la revolución 18. Aunque España no fue siempre consistente en su aplicación —por ejemplo, con República Dominicana en 1965— era vital para Franco mantener el apoyo de los países de habla hispana a nivel multilateral para salir de su aislamiento internacional 19. Salvo excepciones de ese tipo, el uso de la doctrina Estrada daba al régimen una figura jurídica para que, pasara lo que pasara en la política latinoamericana, España actuara de manera pragmática y mantuviera sus relaciones abiertas con cualquier Gobierno emanado de un golpe de Estado.
La política exterior de España pareció transitar de un enfoque que privilegiaba lo ideológico a un enfoque más pragmático a partir de 1969, con los cambios de Gobierno en el que los llamados tecnócratas se hicieron con los principales ministerios. Si bien la doctrina Estrada siguió aplicándose, las líneas generales de la política exterior española sufrieron algunos cambios. La llegada de Gregorio López-Bravo como titular del MAE significó un acercamiento político y económico a América Latina y al este de Europa: el pragmatismo económico se impuso a los criterios de coincidencia ideológica con el franquismo. Con Latinoamérica, los esfuerzos del ministro por ampliar los mercados para los productos y capitales españoles se condensaron en su Plan Iberoamericano que, pese a no materializarse, permeó los años subsiguientes, en los que los golpes de Estado transformaron la región 20. Esto cambió en 1973 cuando España transitó del último Gobierno en el que Francisco Franco fue jefe de Estado y presidente de Gobierno de forma simultánea al Gobierno de Carrero Blanco y a la reorganización política e institucional tras su asesinato. Pese a la continuidad de la dictadura, un año con tres presidentes de Gobierno distintos y tres ministros de Asuntos Exteriores terminó por modificar las prioridades en política exterior y las estrategias para su desarrollo, dejando nuevamente que los prejuicios e ideas políticas se impusieran en las relaciones con el resto del mundo.
La llamada «Suiza de América» no pudo mantenerse ajena a los problemas de la Guerra Fría. Las dinámicas regionales, como la existencia de guerrillas y paramilitares o el uso de los militares en funciones de seguridad interior, también permearon Uruguay. Estas tensiones, que se extendieron a la política partidista y a las instituciones del Estado, desembocaron en la ruptura del sistema en 1973, en lo que Rico ha llamado la «degeneración del orden político democrático» 21. El primer golpe de Estado de ese año ocurrió en Uruguay en febrero. Es un golpe muy particular debido a que el presidente Juan María Bordaberry no es directamente desplazado del poder, sino que es forzado por los militares a adoptar el programa de gobierno de ellos y a modificar su gabinete. En una clara insubordinación, se negaron a aceptar el nombramiento del general Francese como nuevo ministro de Defensa y tomaron las calles para forzar a Bordaberry a obedecerlos, a cambio de mantenerlo en el poder 22.
Debido a que no hubo un cambio formal del titular del poder ejecutivo, tampoco hubo declaraciones explícitas de España sobre los acontecimientos. Sin embargo, los archivos del MAE, cuyo titular en aquel momento era Gregorio López-Bravo, permiten comprobar que la toma de poder por los militares fue un hecho, y que se siguieron de cerca los acontecimientos. El embajador español en Montevideo, Ramón Sáenz de Heredia, reportó durante los meses de febrero y marzo toda la crisis a su Cancillería. En los despachos reservados 101, 102, 114 y 130, describió el desarrollo de los acontecimientos políticos y afirmó que se trató de una «situación muy difícil de definir, cercana al golpe de Estado» 23. Según el análisis del embajador, «Si realmente las Fuerzas Armadas no se hicieron cargo del Poder en aquella situación fué [sic] porque no lo consideraron conveniente, [...] y si [Bordaberry] no se hundió totalmente, no fue gracias a sus partidarios, sino precisamente a las Fuerzas Conjuntas que buscaron un acuerdo con el Poder Ejecutivo para no hacerse cargo del Poder» 24.
Aunque el Gobierno español no expresó públicamente ningún comentario sobre el golpe, de manera interna sí se tomaron algunas medidas para reforzar la influencia en la región. En plena crisis uruguaya, y ante «la importancia que los militares están teniendo en Iberoamérica», la Subdirección General para Iberoamérica recomendó en una nota interna «estrechar aún más los contactos con ellos mediante el aumento de nuestras Agregadurías Militares en el Continente» 25. Además, cuatro meses después, España firmó dos acuerdos con Uruguay, uno para concederle una cuota de mercado de veinte mil toneladas de carne de ganado vacuno al año y otro para concederle un préstamo por hasta diez millones de dólares, ambos en medio del «caos económico» que atravesaba el país oriental 26. Aunque este apoyo comercial y financiero probablemente no estuviera directamente relacionado con el golpe, facilitaba al Gobierno uruguayo mejorar su situación política interna con más recursos y posibilidades de vender en Europa sus productos.
La nueva situación política duró apenas unos meses, pues, ante la oposición que enfrentó Bordaberry en el Congreso, el presidente dio un autogolpe de Estado a finales de junio de 1973. Con apoyo de las fuerzas armadas, decretó el cierre de las Cámaras del Congreso y su sustitución por un Consejo de Estado, una reforma constitucional, amplios poderes para el ejército y la disolución de la Convención Nacional de Trabajadores, entre otras medidas 27. Estos hechos se consideran como el inicio formal de la dictadura cívico-militar de Uruguay, aunque para parte de la historiografía se trataría de «la culminación de un proceso de progresiva instalación del autoritarismo» 28. En España, este segundo golpe coincidió con el nuevo Gobierno de Carrero Blanco y el nombramiento de Laureano López Rodó como ministro del MAE. Pese al cambio de titulares, el Gobierno tampoco emitió ningún mensaje público de reconocimiento o rechazo de lo sucedido en Uruguay. Sin embargo, este segundo golpe de Estado en un mismo año confirmó que los análisis del embajador español Sáenz de Heredia eran correctos respecto a que el control real del país lo tenían los militares, como también le corroboró a finales de octubre el ministro del Interior de Uruguay, coronel Néstor Bolentini, en un almuerzo entre ambos: «hay que darle siempre un mínimo de apariencia de legalidad, por lo que no es conveniente hacer “saltar” al Presidente de la República [...]. “Nos conviene, dijo, tenerlo ahí mientras no interfiera o entorpezca los proyectos [...]; pero si intentase hacerlo estaríamos dispuestos a apelar a la fuerza”» 29.
Un personaje interesante de analizar en relación con estos hechos fue el embajador de Uruguay en Madrid, Jorge Pacheco Areco, quien fue presidente de su país antes de Bordaberry (1967-1972) y pertenecía al mismo partido político. Sus acciones diplomáticas estaban guiadas por un «anticomunismo exacerbado de tipo complotista o conspirativo», y contribuyó al fortalecimiento de las relaciones entre el nuevo régimen uruguayo y el régimen franquista 30. Tras el autogolpe de junio, Pacheco envió desde Madrid un telegrama apoyando a Bordaberry, apoyo que le extendió también toda la facción política del «pachequismo» 31. El embajador español en Montevideo, Sáenz de Heredia, sabía la importancia de la influencia de Pacheco en la política uruguaya, por lo que en una de sus comunicaciones al MAE dijo que «posiblemente, V.E. conozca desde Madrid (por las conversaciones telefónicas de Pacheco con sus partidarios en el Uruguay) detalles particulares sobre el desarrollo de la crisis que yo ignoro, y que me sería sumamente útil conocer» 32. Esto parece indicar que el Gobierno español espiaba las conversaciones del expresidente uruguayo en Madrid. Aunque no se encontró mayor información al respecto en los archivos del MAE, Inocencio Arias, diplomático de carrera, cuenta que «Interceptar lo que hablan los diplomáticos de las embajadas es un deporte extendido en todos los servicios de inteligencia del mundo, incluidos los nuestros [de España]» 33. Aunque no es posible comprobar el espionaje con la información disponible, es claro que España tenía un interés activo en el desarrollo de los golpes de Estado uruguayos, incluso si no se pronunciaba públicamente.
Finalmente, luego de tres años en un esquema institucional en el que el presidente civil era la fachada de un Gobierno militar, un conflicto entre ambos terminó por decidir a los militares uruguayos a dar el paso que evitaron en 1973 y tomar directamente el poder en junio de 1976 34. Aunque en esta ocasión la remoción del presidente por los militares fue explícita, el orden constitucional llevaba ya tres años roto y España tampoco se pronunció públicamente. Es importante señalar que, para ese entonces, Juan Carlos I ya era jefe de Estado y que el Gobierno de Carlos Arias Navarro, con José María de Areilza como ministro de Asuntos Exteriores, no cambió la política previa de España de no pronunciarse frente a los golpes latinoamericanos. De hecho, España continuó sus relaciones con el Gobierno militar como si nada hubiese sucedido, celebrando nuevos acuerdos para la compra de carne, la venta de grúas e incluso la venta de una planta cementera, entre octubre y noviembre de ese mismo año 35.
Chile, que también tenía una larga tradición democrática, sufrió dos golpes de Estado en 1973, uno fallido en junio y otro exitoso en septiembre. Ambos se dieron contra el Gobierno democráticamente electo de Salvador Allende, cuyo periodo de Gobierno ha recibido renovada atención historiográfica para tratar de entender mejor los procesos que llevaron a su derrocamiento 36. Ya para este entonces, Luis Carrero Blanco había sido nombrado presidente de Gobierno en España y Laureano López Rodó su ministro de Asuntos Exteriores. Figallo y Henríquez sugieren que una de las razones por las que López-Bravo fue sustituido por López Rodó al frente del Ministerio fue por su acercamiento a países socialistas, lo que no era del agrado de Carrero Blanco 37. La sustitución del ministro descontinuó el Plan Iberoamericano, pues López Rodó cambió el orden de prioridad de los asuntos a los que tenía que hacer frente. Según un listado elaborado por él mismo en sus memorias, Hispanoamérica era el octavo y último tema de la lista, en el que lo relevante era «fortalecer nuestros vínculos de todo orden con esas naciones para hacer honor a nuestra historia ...», es decir, volver a la tradicional retórica 38.
Los medios españoles, como La Vanguardia, ABC y Cuadernos para el Diálogo, cubrieron los acontecimientos de junio, incluyendo el proceso judicial contra los responsables 39. El embajador de España en Santiago, Enrique Pérez-Hernández, atribuyó inicialmente el fracaso del golpe, entre otras cosas, a la falta de «apoyo [de] sectores civiles comprometidos [en] mayor o menor grado», aunque finalmente la prensa reveló que los militares estuvieron apoyados por el grupo paramilitar de extrema derecha Patria y Libertad, cuyos líderes terminaron pidiendo asilo en la Embajada de Ecuador 40. Dado que no hubo cambio de Gobierno, no hubo una reacción oficial del Gobierno español. El golpe de septiembre, por el contrario, causó enorme revuelo tanto en medios como en el Gobierno y en la opinión popular. Ya se ha visto la declaración oficial de la OID a la prensa, apelando a la doctrina Estrada para decir que no era necesario un acto específico para reconocer al Gobierno golpista. Sin embargo, el periódico Arriba resaltaba el día 21 de septiembre que España había sido el tercer país del mundo en reconocer a la Junta Militar, solo detrás de Brasil y Uruguay, ambos con Gobiernos golpistas 41. Ese reconocimiento se manifestó en la contestación de la Embajada española, por instrucciones del MAE, a una nota entregada por la Junta Militar al día siguiente del golpe, informando del cambio de Gobierno. La Embajada respondió acusando recibo y añadiendo que «es práctica inveterada del Gobierno español en casos como el presente, de cambio de régimen, y siguiendo la doctrina estrada [sic], el no formular reconocimiento esplícito [sic] alguno por considerar que las relaciones no quedan interrumpidas» 42. El reconocimiento español fue «enfáticamente agradecido» por Pinochet, en palabras del embajador Pérez-Hernández 43.
No se debe olvidar que las relaciones entre el Gobierno derrocado de Salvador Allende y el de Francisco Franco, pese a ser opuestos políticamente, fueron muy positivas en distintos temas bilaterales por una «inesperada coincidencia de intereses y personas» que optaron por el pragmatismo 44. Pese a la afirmación de autoras como Cristina Luz García de que «durante el final del franquismo el Palacio de Santa Cruz [...] se movió por intereses puramente pragmáticos dejando de lado antiguos posicionamientos ideológicos», la evidencia parece indicar que eso correspondió únicamente al periodo de López-Bravo al frente del Ministerio 45. Una vez efectuado el golpe, la buena relación previa no fue impedimento para que España apoyara de diferentes formas la consolidación del nuevo régimen golpista chileno.
Los primeros apoyos fueron de carácter humanitario. Durante los días siguientes al alzamiento, la Junta Militar chilena solicitó ayuda a España para obtener donaciones de plasma sanguíneo, medicamentos y alimentos infantiles. El Consejo de Ministros de España, reunido el 21 de septiembre, aprobó el envío de ayuda por un monto de diez millones de pesetas, destinadas a la compra de lo solicitado y a cubrir el costo de los fletes de un envío especial, dado que los vuelos comerciales estaban suspendidos. Además, por iniciativa de López Rodó, se ofreció al régimen chileno asistencia técnica para reconstruir el Palacio de la Moneda, sede del poder ejecutivo de ese país, destruido por los bombardeos de los golpistas 46. También se realizaron gestiones para eximir de licencias de exportación a productos de primera necesidad que donó la comunidad chilena en España para su envío a Chile, y se facilitó la autorización para sacar del país el equivalente de dos millones y medio de pesetas en dólares, recaudados por la Embajada chilena 47.
Al igual que en el caso uruguayo, también se negociaron apoyos comerciales y económicos. Ya desde unos días posteriores al golpe, el embajador español en Chile preveía que los golpistas le pedirían a España «ayuda técnica, asesores administrativos y cooperación económica», pues así se lo manifestó el propio Pinochet 48. En el campo financiero, se ofreció al nuevo Gobierno un crédito que España había otorgado a Allende en diciembre de 1972 y del que solo utilizó una parte minoritaria, prometiendo facilitar los trámites para darle celeridad 49. Esta disposición de facilitar las gestiones contrasta con las reticencias que el Ministerio de Hacienda había mostrado antes de septiembre de 1973 para liberar fondos que formaban parte del Plan Iberoamericano de López-Bravo 50. Adicionalmente, en 1975 Chile solicitó de España un crédito de seis millones de dólares para la reconstrucción del Palacio de la Moneda que ellos mismos habían destruido, así como el envío a Chile de excedentes agrícolas españoles de ese año 51.
También hubo apoyo político, tanto al interior de España como internacional. Ejemplo del primero, fue el apoyo de algunas autoridades franquistas para, ante las múltiples quejas de la Embajada chilena en Madrid, influir en los medios impresos para que evitaran «injuriar gravemente a los representantes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que integran la Junta de Gobierno, presentándolos en algunos casos con perfiles que hieren su dignidad profesional y de hombres de bien» 52. La Embajada chilena solicitó su derecho de réplica en las publicaciones, y solicitó la intervención de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Información y Turismo para que su versión fuera «publicada por la prensa española y también se le dé la debida publicidad a través de la radio y de la TV», y para que se ejerciera la acción especial de excitación ante la autoridad judicial que marcaba el artículo 467 del Código Penal contra los responsables de algunos artículos 53. Estas quejas fueron una constante al menos entre 1973 y 1975 y se basaban en el argumento de que las revistas y periódicos españoles que denunciaban las violaciones a los derechos humanos del régimen chileno eran parte de una «bien montada campaña internacional, auspiciada por el marxismo» y que abusaban de la libertad de expresión que les concedía la dictadura franquista 54.
Aunque el Gobierno español no procedió de la forma que solicitaba el régimen chileno para no crear precedentes, sí tomó algunas medidas. El MAE respondió a la Embajada chilena afirmando que lamentaban los ataques a Chile de la prensa opositora y que «ha hecho las gestiones del caso cerca de las autoridades competentes para impedirlos, habiéndolo conseguido en gran parte, como la Embajada de Chile habrá podido observar, en la prensa diaria» 55. También Enrique Pérez-Hernández, nombrado Director General de Iberoamérica después de su tiempo como embajador en Santiago, respondió al embajador chileno Francisco Gorigoitia que «no dejaré de aprovechar la ocasión propicia para intentar frenar, o al menos suavizar, sus artículos [de Cambio 16] referentes a Chile» 56. Aunque estas influencias pudieran ser más retóricas que reales, lo cierto es que el Gobierno español estaba de cierta forma en deuda con el chileno, pues el embajador español en Santiago también enviaba «notas verbales de protesta por las informaciones de la Prensa chilena», que la Junta Militar golpista atendió «actúa[n]do enérgicamente contra la “Tribuna” donde aparecieron artículos contra nuestra política e injuriosas contra nuestro Embajador» 57. Además, una nota interna del MAE confirma que la Dirección General de Prensa sí había «ejercido una influencia moderadora muy persistente en los medios de prensa para evitar que las críticas se convirtieran en una oleada de protestas» 58.
Respecto al apoyo que España prestó en política internacional al Gobierno golpista chileno, este se vio reflejado en diversas instancias, particularmente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Hacia finales de 1974, en la conferencia general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Cuba propuso conminar a las autoridades chilenas a cesar sus violaciones a derechos humanos, siendo aprobada la propuesta por 47 votos a favor. En contra de la propuesta, con otros doce países, votó España 59. De modo similar, cuando la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU (AGONU) propuso una resolución condenando a Chile por las violaciones a derechos humanos, España se abstuvo 60. En 1975 el respaldo al régimen chileno llegó incluso a la Reunión Interparlamentaria que tuvo lugar en Sri Lanka, para la cual, a petición de la Embajada de Chile en Madrid, el MAE se comprometió a pedir a los procuradores de las Cortes franquistas asistentes, que se opusieran a cualquier «acción condenatoria al Gobierno de Chile» que pudiera darse en ella 61. Conforme avanzó el año —y la enfermedad de Franco— el apoyo de España a Chile se mantuvo. Llegado el nuevo periodo de sesiones de la AGONU, la Tercera Comisión votó nuevamente por una resolución condenatoria del régimen chileno en noviembre. España se abstuvo, pero Chile le reclamó su falta de reciprocidad, considerando que Pinochet había apoyado a Franco en la crisis diplomática por los fusilamientos de septiembre 62. Finalmente, cuando la resolución llegó al pleno en diciembre, España, ya sin Franco, cedió y cambió su voto. Junto con el resto de las dictaduras latinoamericanas, sumaron los once votos a favor de Chile y contra la resolución 63.
El apoyo de España al régimen chileno, ya fuera humanitario, económico, financiero, político o internacional, se puede explicar a partir de la importancia de las relaciones bilaterales o del apoyo a un país en crisis. Sin embargo, resulta más convincente la hipótesis de que el régimen franquista consideraba que debía apoyar al nuevo Gobierno para evitar otros intentos de «vía democrática al socialismo» en la región. Así lo justifica un reporte interno del MAE elaborado para el Subsecretario de Asuntos Exteriores posterior al golpe de Estado, donde concluye que «desde el punto de vista de la política global, a España le interesa la consolidación del actual régimen chileno [de Pinochet] que supone la estabilidad del continente sudamericano y la liberación o, por lo menos, el alejamiento del peligro marxista» 64.
Volviendo a finales de 1973, con el asesinato de Carrero Blanco, el nuevo Gobierno presidido por Arias Navarro y su ministro de Asuntos Exteriores, Pedro Cortina Mauri, se pusieron al frente de España durante los últimos años del régimen franquista. Cortina, que a diferencia de los dos ministros previos era diplomático de carrera, paradójicamente no tuvo un planteamiento claro de política exterior, sino que fue reactiva y condicionada por los acontecimientos, pues se enfrentó a problemas como el aislamiento internacional de la dictadura, y a la pérdida del Vaticano y Portugal como aliados 65. Su gestión administrativa del Ministerio fue muy deficiente y su política hacia América Latina consistió en apoyarse en la región para «aliviar el aislamiento internacional» 66. Durante su gestión se dieron cuatro golpes de Estado en América Latina, dos fallidos y dos exitosos, pero todos fuera del Cono Sur. A diferencia de lo visto hasta ahora, en ninguno de los casos (fallidos en Bolivia en junio de 1974 y en Ecuador en septiembre de 1975, exitosos en Honduras en abril de 1975 y Perú en agosto del mismo año) hubo pronunciamiento oficial español en la prensa, ni apoyo económico ni diplomático. En los archivos del MAE apenas aparecen algunos reportes de las Embajadas, sin mayor consecuencia.
La muerte de Franco en 1975 terminó con la posibilidad de perpetuar su régimen, pero los meses siguientes fueron de gran incertidumbre política, especialmente en la interior, aunque con efectos también en la exterior. El primer ministro de Asuntos Exteriores de la monarquía, José María de Areilza, fue lo contrario que su antecesor: un canciller mucho más poderoso porque tenía el apoyo del jefe de Estado, contactos en los medios y porque muchos lo consideraban como el próximo presidente de Gobierno 67. Precisamente por esto, su atención no estaba en ejercer su cargo, sino en las luchas de política interior 68. Durante los escasos seis meses que duró en el cargo, sucedieron cuatro golpes de Estado en América Latina. El protagonismo lo tuvo Argentina con dos, además de un golpe exitoso en Ecuador y el ya mencionado de Uruguay en 1976.
En Argentina, la situación política hacia finales de 1975 era muy inestable, con violencia guerrillera, estatal y paramilitar, y un Gobierno tan paralizado que todos los actores políticos auguraban su caída. La muerte del presidente Juan Domingo Perón en 1974 y la fragmentación de la coalición peronista debilitaron al Gobierno de María Estela Martínez de Perón, quien como vicepresidenta asumió el Gobierno a la muerte de su esposo, pero sin lograr mantener los equilibrios políticos al interior 69. La descomposición política, institucional y social que se generó entre 1973 y 1976 y que ayudó a la escalada de violencia ha tendido a verse desdibujada en la historiografía por la dictadura posterior, pero arroja muchas claves sobre las redefiniciones que Argentina fue tomando en política exterior 70. Pese a las buenas relaciones que en su momento existieron entre el primer Gobierno de Perón (1946-1955) y el de Franco, al posterior exilio de Perón en Madrid y a la «derechización» del Gobierno argentino, incluso en la Embajada española en Buenos Aires se asumía ya como un hecho el colapso gubernamental y la probabilidad de un Gobierno militar 71.
El primer intento de derribar el Gobierno argentino lo dio la Fuerza Aérea en diciembre de 1975. Tras varios días de tensión, se resolvió con una salida negociada facilitada por la Iglesia 72. El acontecimiento fue seguido de cerca por la prensa española, aunque sin buscar el posicionamiento del Gobierno español ni pronunciarse sobre los hechos 73. ABC destacó que algunos miembros de la propia coalición de Gobierno pidieran que la presidenta entregara su «renuncia patriótica» para desactivar el golpe 74. Por su parte, el embajador español en Buenos Aires, Gregorio Marañón Moya, envió extensos reportes sobre los acontecimientos a Madrid, donde concluía que el golpe fallido tenía dos consecuencias: la entrada de las fuerzas armadas «como factor decisivo» del debate político y el fortalecimiento de Jorge Videla como su representante más visible 75.
Para marzo de 1976, ya todo el mundo esperaba el golpe de Estado, solo no sabían la fecha en la que sucedería. Así lo anotaba el ministro Areilza el 15 de marzo (nueve días antes del golpe):
«Llega después Gregorio Marañón, de Buenos Aires, a contarme el golpe de Estado que se prepara para la semana próxima. No quieren “pinochetazo”, sino toma del poder; restablecimiento del orden; y dar el Gobierno a un grupo de civiles. Todos dicen lo mismo al empezar. Luego se quedan muchos años. ¿Ocurrirá lo mismo en la República Argentina?» 76.
Cuando finalmente se ejecutó el golpe exitoso, el 24 de marzo, no hubo resistencia y se impuso la Junta Militar con Jorge Videla al frente. Es importante notar la aparente frivolidad con la que el embajador y el canciller españoles se refieren al golpe. Areilza escribió: «Gregorio Marañón me comunica emocionado los detalles del golpe de Estado militar que por el entusiasmo que suscita parecería organizado por él». Ese «entusiasmo» llevó a las autoridades españolas a ser las primeras del mundo en reconocer el Gobierno de la Junta Militar, al ir el embajador personalmente al Ministerio argentino de Relaciones Exteriores —en pleno estado de sitio— a notificar la decisión de su Gobierno, cosa que no era necesaria dada la tradicional utilización de la doctrina Estrada, por lo que significó un espaldarazo explícito 77.
La influencia del embajador español resulta importante para entender la política seguida por España. Marañón, declarado antimarxista, consideraba en un informe enviado al MAE antes del golpe que Argentina necesitaba erradicar la subversión «por los medios que sea», pues «La guerrilla no puede ser eliminada más que por la fuerza. No cabe esgrimir argumentos legales», sugiriendo la necesidad de emular a Chile y Uruguay 78. Esa postura personal influyó a ambos lados del Atlántico en apoyo a los golpistas. Por un lado, documentos del MAE dan cuenta de que el embajador Marañón fue quien recomendó a las autoridades argentinas el nombramiento del general Leandro Anaya como nuevo embajador en Madrid 79. Por otro lado, los informes enviados desde Buenos Aires a Madrid mostraban «una Argentina tranquila y en orden que miraba hacia un futuro esperanzador», lo que contrastaba con los reportes que el consulado español en Córdoba remitía a Buenos Aires, que reflejaban las violaciones a derechos humanos y las divisiones en el ejército, y que eran ignorados 80.
En el campo económico, Marañón se reunió con Videla para conseguir que el Ministro de Economía, Martínez de Hoz, visitara España en su gira de mediados de 1976. En ella, se consiguió colocar carne argentina de exportación en el mercado hispano y se realizaron gestiones con los ministerios de Industria, Finanzas y Comercio de España 81. Adicionalmente, España concedió al régimen argentino diferentes créditos por un monto total que para noviembre de 1977 ascendía a 340 millones de dólares 82. Aparentemente, el fin del régimen franquista y la llegada de la monarquía no significaron un cambio en la política exterior hacia los golpes de Estado.
Aunque a lo largo de este trabajo no se ha analizado específicamente este aspecto, una primera conclusión sería que la prensa española de aquellos años no reflejaba adecuadamente las actividades del Gobierno ante los golpes de Estado. Si bien reportaban los acontecimientos internacionales, solo publicaron la posición del Gobierno español en dos ocasiones, que también fueron los golpes más sonados: los de las juntas encabezadas por Pinochet y Videla. Al no haber un esfuerzo visible por conocer el posicionamiento del Gobierno, lo publicado no era una rendición de cuentas hacia la opinión pública acerca de las gestiones llevadas a cabo por el Gobierno y sus Embajadas.
Durante el franquismo España presumía de no intervenir en los asuntos internos de otros países, y de aplicar la doctrina Estrada de reconocimiento de Gobiernos para mantener sus relaciones diplomáticas con los países latinoamericanos. Además, mantuvo buenas relaciones con los Gobiernos de Allende en Chile y los Perón en Argentina. Sin embargo, detrás de esa fachada retórica, los documentos del MAE muestran que hubo una intensa actividad diplomática ante cada golpe de Estado sucedido en los países del Cono Sur, que no era conocida o mostrada por la prensa española. Esa actividad implicó un apoyo significativo a los Gobiernos golpistas que contribuyó a su consolidación en el poder, pues fue más allá del mero reconocimiento diplomático para incluir apoyo económico y comercial (exportaciones, facilitación de gestiones), financiero (préstamos), político (nombramientos y censura de prensa) y diplomático (ante organismos internacionales).
Las gestiones diplomáticas mostradas por las fuentes permiten concluir que el Gobierno español finalmente sí tenía una preferencia por relacionarse con ciertos Gobiernos golpistas para evitar, o al menos alejar, el «peligro marxista» y así abonar lo que consideraban una mayor estabilidad regional. Esto tiene dos lecturas. La primera es que las motivaciones antimarxistas, es decir, ideológicas, marcaron el comportamiento de la política exterior hacia el Cono Sur en los últimos años del franquismo, pese al pragmatismo que López-Bravo trató de incorporar durante su gestión. La segunda es que el hecho de que el apoyo a golpistas no se dio en un solo país, sino en toda la región —excluyendo Paraguay y Brasil que ya tenían dictaduras implantadas por golpes de Estado—, habla de un patrón de comportamiento con miras a tener una mayor influencia regional.
Respecto a las personas que condujeron la política exterior de esos años, se puede decir que, aunque cada una tuvo su sello particular (carácter, ideas, capacidades, prioridades), al menos respecto a los golpes de Estado se mantuvo una política similar entre 1973 y 1976, independientemente de los cambios en las personas que ocupan la jefatura del Estado, la presidencia del Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, el apoyo a dictaduras emanadas de golpes de Estado no se modificó ante la muerte de Franco, sino que se mantuvo al menos durante el primer Gobierno de la monarquía. Finalmente, vale la pena resaltar que esta política exterior tuvo consecuencias directas para España que, ante su proceso de transición y apertura política, se convirtió en el país de destino de miles de personas exiliadas por sus ideas y militancias políticas provenientes de Uruguay, Chile y Argentina, muchas de las cuales forman parte de su sociedad hasta el día de hoy.
1 La comparación de la década entre Europa y América Latina se puede ver con mayor detalle en Vanni Pettinà: Historia mínima de la Guerra Fría en América Latina, México, El Colegio de México, 2018, pp. 129-145.
2 Rosa Pardo Sanz: «De puentes y comunidades: balance historiográfico sobre las relaciones con América Latina», en Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla, Ricardo Martín de la Guardia y Rosa Pardo Sanz (eds.): La apertura internacional de España. Entre el franquismo y la democracia (1953-1986), Madrid, Sílex, 2016, pp. 127-166, esp. p. 128.
3 Silvia Enrich: Historia diplomática entre España e Iberoamérica en el contexto de las Relaciones Internacionales (1955-1985), Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1989; Celestino del Arenal: La política exterior de España hacia Iberoamérica, Madrid, Complutense, 1994; María José Henríquez Uzal: «El prestigio pragmático: Iberoamérica en la Política Exterior de Gregorio López Bravo (1969-1973)», Cuadernos de Historia de las Relaciones Internacionales-CEHRI, 6 (2008), pp. 91-170; Beatriz Figallo y María José Henríquez: «El Plan Iberoamericano del Franquismo. El Cono Sur y la Doctrina López Bravo. 1969-1973», Estudios Latinoamericanos, 2 (2009), pp. 22-48; Adela M. Alija: «América Latina, de Hispanoamérica a Iberoamérica», en Juan Carlos Pereira Castañares y José Manuel Fernández (dirs.): La política exterior y la dimensión internacional de la Transición española. Testigos y protagonistas (1976-1986), Madrid, Thomson Reuters Aranzadi, 2015, pp. 367-385, e íd.: «La Transición política española y América Latina», en Manuel Ortiz Heras y Damián A. González Madrid (coords.): La transición exterior. La asignatura pendiente de la democratización, Madrid, Comares, 2022.
4 Cristina Luz García Gutiérrez: «La reacción de España ante el golpe militar en Chile», Naveg@mérica. Revista Electrónica de la Asociación Española de Americanistas, 6 (2011), pp. 1-21; íd.: «España ante el golpe militar en Argentina (1976-1977)», en XIII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, Catamarca, Universidad Nacional de Catamarca, 2011, pp. 1-19, y María José Henríquez Uzal: «Salvador Allende entre dos dictaduras: Chile, Argentina, España y las paradojas de la Guerra Fría Iberoamericana, 1970-1973», Historia Actual Online, 62(3) (2023), pp. 113-128.
5 Manuel Talamante Pérez: «La mirada española de la dictadura uruguaya a través de la prensa escrita», en Alejandra Ibarra Aguirregabiria (coord.): No es país para jóvenes, Vitoria-Gasteiz-Leioa, Instituto de Historia Social Valentín Foronda/Valentín de Foronda Gizarte Historia Instituta-Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 2012; Marcos Rey: «Políticos golpistas. Pacheco y el pachequismo en la instalación de la dictadura en Uruguay (1973-1974)», Revista Encuentros Uruguayos, 16(2) (2023), pp. 1-25, e íd.: «El “embajador del régimen”. Apuntes sobre la actuación diplomática anticomunista de Jorge Pacheco Areco en la dictadura uruguaya (1973-1982)», comunicación presentada en el Cuarto Congreso de la Asociación Uruguaya de Historiadores, 2023.
6 Jonathan M. Powell y Clayton L. Thyne: «Global Instances of Coups from 1950 to 2010: A New Dataset», Journal of Peace Research, 48(2) (2011), pp. 249-259.
7 Julián Casanova: España partida en dos. Breve historia de la guerra civil española, Barcelona, Crítica, 2022, pp. 43-83.
8 Sobre las diferencias entre ambos tipos de gobiernos y su relación con el derecho internacional, véase Alberto José Lleonart y Amselem: «Evolución del Derecho Internacional Americano y el Problema del Reconocimiento de Gobiernos de Facto», Revista Española de Derecho Internacional, 23(1) (1970), pp. 76-90.
9 Juan Carlos Pereira Castañares: «La crisis de la política exterior franquista y el inicio del cambio político (1973-1976)», en Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz (coord.): Historia de la transición en España. Los inicios del proceso democratizador, Madrid, Biblioteca Nueva, 2014, pp. 353-367, esp. pp. 355-356.
10 Gian Luca Gardini: «Latin American Foreign Policies between Ideology and Pragmatism: A Framework for Analysis», en Gian Luca Gardini y Peter Lambert (eds.): Latin American Foreign Policies: between Ideology and Pragmatism, New York, Palgrave Macmillan, 2011, pp. 13-33, esp. p. 17.
11 James N. Rosenau: «Preteorías y teorías sobre política exterior», en John A. Vásquez (comp.): Relaciones Internacionales. El pensamiento de los clásicos, México, Limusa, 1994, pp. 206-219, esp. pp. 207-208.
12 Sobre los motivos que llevaron a México a formular la doctrina, véase Carlos David Aguirre Cortés: Los motivos de Don Genaro: la formulación de la doctrina Estrada en 1930, tesis de maestría, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2014.
13 Genaro Estrada Félix: «El reconocimiento de gobiernos de facto», El Universal, 27 de septiembre de 1930, p. 1.
14 Carlos David Aguirre Cortés: Los motivos de Don Genaro..., p. 21.
15 EFE: «Guatemala reconoce al nuevo gobierno», La Vanguardia, 13 de septiembre de 1973, p. 4.
16 J. O.: «Impresión del día. Reacción en Madrid», La Vanguardia, 13 de septiembre de 1973, p. 22.
17 Juan Carlos Pereira Castañares y Ángel Cervantes: Relaciones diplomáticas entre España y América, Madrid, Mapfre, 1992, p. 221.
18 Adela M. Alija: «América Latina, de Hispanoamérica...», p. 370, y Silvia Enrich: Historia diplomática..., pp. 127-129.
19 Sobre el caso de República Dominicana, véase Carlos Sancho Domingo: «Prensa y diplomacia españolas ante la invasión estadounidense de la República Dominicana (abril-septiembre de 1965)», en Ascensión Martínez Riaza y Miguel Luque Talaván (eds.): América: problemas y posibilidades, vol. 2, Madrid, Ediciones Universidad Complutense, 2019, pp. 831-851, esp. pp. 845-846. Fernando María Castiella ordenó al embajador en Santo Domingo no aplicar la doctrina Estrada y no reconocer al Gobierno de Caamaño aunque fuera nombrado por el Congreso, a menos que se lo instruyera directamente, porque Estados Unidos se oponía.
20 Beatriz Figallo y María José Henríquez: «El Plan Iberoamericano...», pp. 22-48.
21 Álvaro Rico: Cómo nos domina la clase gobernante. Orden político y obediencia social en la democracia posdictadura. Uruguay 1985-2005, Montevideo, Trilce, 2005, pp. 44 y ss.
22 Los acontecimientos se detallan en EFE: «Uruguay: Tensa calma en Montevideo», La Vanguardia, 11 de febrero de 1973, p. 15; íd.: «Uruguay: Bordaberry gobernará con las condiciones impuestas por los militares», La Vanguardia, 15 de febrero de 1973, p. 15, y Pedro Massa: «Los militares imponen a Bordaberry un programa político», ABC, 11 de febrero de 1973, p. 23.
23 El expediente solo incluye el 101 y 130, pero se mencionan todos en el 130. La cita corresponde a Ramón Sáenz de Heredia: «Crisis política uruguaya. Parcial reorganización Gabinete» (Montevideo, 15 de febrero de 1973), Archivo General de la Administración (en adelante, AGA), Fondo del Ministerio de Asunto Exteriores (en adelante, MAE), caja 12/09123, exp. 6, p. 1.
24 Ramón Sáenz de Heredia: «Situación política del Uruguay» (Montevideo, 1 de marzo de 1973), AGA, Fondo MAE, caja 12/09123, exp. 6, p. 2.
25 «Acuerdo entre Presidente República y Fuerzas Armadas en Uruguay» (Madrid, 14 de febrero de 1973), AGA, Fondo MAE, caja 12/09123, exp. 6, p. 2.
26 Sobre los acuerdos, véase Cifra: «Firma de un acuerdo Hispano-Uruguayo», La Vanguardia, 24 de junio de 1973, p. 10. La descripción de la situación económica uruguaya es del embajador, en Ramón Sáenz de Heredia: «Crisis política uruguaya...», p. 9.
27 EFE: «El presidente Bordaberry, con el apoyo de las fuerzas armadas, ha asumido todos los poderes», La Vanguardia, 28 de junio de 1973, pp. 5-6, e íd.: «Bordaberry disuelve la CNT y decreta el encarcelamiento de sus dirigentes», La Vanguardia, 1 de julio de 1973, p. 20.
28 Jaime Yaffé: «La dictadura uruguaya (1973-1985): nuevas perspectivas de investigación e interpretación historiográfica», Estudos Ibero-Americanos, 38(1) (2012), pp. 13-26, esp. p. 14.
29 Carta de Ramón Sáenz de Heredia a don Gabriel Fernandez de Valderrama, subsecretario de Asuntos Exteriores (Montevideo, 22 de octubre de 1973), AGA, Fondo MAE, caja 12/09123, exp. 3, p. 2.
30 Marcos Rey: «El “embajador del régimen”...», pp. 4-5.
31 Marcos Rey: «Políticos golpistas...», pp. 3-4.
32 Ramón Sáenz de Heredia: «Crisis política uruguaya...», p. 6.
33 Inocencio F. Arias: Los presidentes y la diplomacia. Me acosté con Suárez y me levanté con Zapatero, Barcelona, Plaza & Janés, 2012, p. 66.
34 S. a.: «Destituido por los militares el presidente Bordaberry», El País, 13 de junio de 1976, p. 1.
35 S. a.: «España exporta grúas a Uruguay a cambio de carne», El País, 22 de octubre de 1976, p. 33, y s. a.: «España vende una planta de cemento a Uruguay», El País, 5 de noviembre de 1976, p. 41.
36 Véase una amplia recopilación en Marco Morra, Eugenia Palieraki y Rafael Pedemonte: «La Unidad Popular chilena (1970-1973): balance historiográfico y nuevas perspectivas trasnacionales», Historia Crítica, 90 (2023), pp. 3-28.
37 Beatriz Figallo y María José Henríquez: «El Plan Iberoamericano...», pp. 46-47.
38 Laureano López Rodó: La larga marcha hacia la monarquía, Barcelona, Noguer, 1977, p. 454.
39 EFE: «Siete militares y un civil, procesados por la sublevación sofocada en Chile», ABC, 11 de julio de 1973.
40 Enrique Pérez-Hernández: Telegrama cifrado núm. 139 (Santiago de Chile, 30 de junio de 1973), AGA, Fondo MAE, caja 82/25812, exps. 4-5, y EFE: «Dirigentes de Patria y Libertad piden asilo», ABC, 3 de julio de 1973, p. 29.
41 EFE: «Veinte naciones han reconocido al nuevo régimen chileno», Arriba, 21 de septiembre de 1973.
42 «Relaciones de España con Hispanoamérica», AGA, Fondo MAE, caja 12/09135, exp. 61, p. 9.
43 Enrique Pérez-Hernández: «Movimiento Militar» (Santiago de Chile, 21 de septiembre de 1973), AGA, Fondo MAE, caja 12/09120, exp. 2, p. 4.
44 Silvia Enrich: Historia diplomática..., pp. 133-134. La cita es de María José Henríquez Uzal: «Salvador Allende entre dos dictaduras...», p. 113.
45 Cristina Luz García Gutiérrez: «La reacción de España...», p. 2.
46 «Ayuda en medicamentos y alimentos infantiles a Chile» (Madrid, 19 de septiembre de 1973), AGA, Fondo MAE, caja 12/09122, exp. 3, pp. 1, 2, 2.2 y 2.3. Un recuento más detallado de esas gestiones en Cristina Luz García: «La reacción de España...», pp. 1-21.
47 Los documentos de las gestiones para los permisos de exportación y el retiro de divisas en AGA, Fondo MAE, caja 12/09122, exp. 3.
48 Enrique Pérez-Hernández: «Movimiento Militar» (Santiago de Chile, 21 de septiembre de 1973), AGA, Fondo MAE, caja 12/09120, exp. 2, p. 4.
49 «Relaciones de España con Hispanoamérica», AGA, Fondo MAE, caja 12/09135, exp. 61, pp. 12-13.
50 Beatriz Figallo y María José Henríquez: «El Plan Iberoamericano...», p. 46.
51 No se aclara si se solicitaron a título de venta o de donación. Enrique Pérez-Hernández: «Traslada petición almirante Vio Valdivieso» (6 de agosto de 1975), AGA, Fondo MAE, caja 12/09870, exp. 10, p. 1.
52 Embajada de Chile en España: «La embajada de Chile y la prensa española» (Madrid, 27 de octubre de 1973), AGA, Fondo MAE, caja 12/09122, exp. 4, p. 1.
53 Embajada de Chile en España: Nota 221 y anexo (Madrid, 27 de octubre de 1973), AGA, Fondo MAE, caja 12/09122, exp. 4, p. 1. Para lo respectivo a la solicitud de aplicar el Código Penal, véase Embajada de Chile en España: Nota 410/73 (Madrid, 11 de marzo de 1975), AGA, Fondo MAE, caja 12/09870, exp. 12, p. 1.
54 Embajada de Chile en España: «La embajada de Chile y la prensa española» (Madrid, 27 de octubre de 1973), AGA, Fondo MAE, caja 12/09122, exp. 4, p. 1.
55 Dirección General de Iberoamérica: «Nota verbal» (14 de diciembre de 1973), AGA, Fondo MAE, caja 12/09122, exp. 4, p. 1.
56 Carta de Enrique Pérez-Hernández a D. Francisco Gorigoitia Herrera, embajador de la República de Chile (12 de septiembre de 1974), AGA, Fondo MAE, caja 12/09870, exp. 12, p. 1.
57 «Ataques prensa española contra Junta Militar chilena» (Madrid, 23 de octubre de 1973), AGA, Fondo MAE, caja 12/09122, exp. 4, pp. 1-3.
58 «Queja Embajada chilena por ataques en prensa española contra Junta Militar ese país» (Madrid, 29 de octubre de 1973), AGA, Fondo MAE, caja 12/09122, exp. 4, p. 2.
59 Pedro Cortina Mauri: Telegrama cifrado 181 (26 de noviembre de 1974), Fondo MAE, caja 12/09870, exp. 20, p. 1.
60 La Tercera Comisión revisaba los temas de derechos humanos en la Asamblea General de la ONU. «Protection and Human Rights in Chile: Resolution/Adopted by the General Assembly», United Nations Digital Library, Voting Data, A/RES/3219(XXIX), https://digitallibrary.un.org/record/651003?ln=en (consultado el 3 de abril de 2024).
61 Ministerio de Asuntos Exteriores: «Nota verbal» (Madrid, 26 de marzo de 1975), AGA, Fondo MAE, caja 12/09870, exp. 10, p. 1.
62 Fernando Olivié: «Colombia y la condena a Chile en las Naciones Unidas» (Bogotá, 17 de noviembre de 1975), AGA, Fondo MAE, caja 12/09870, exp. 20, pp. 1-2.
63 La resolución pasó con 95 votos a favor y 23 abstenciones. «Protection of Human Rights in Chile: Resolution/Adopted by the General Assembly», United Nations Digital Library, Voting Data, A/RES/3448(XXX), https://digitallibrary.un.org/record/650466?ln=en (consultado el 3 de abril de 2024).
64 «Relaciones de España con Hispanoamérica», AGA, Fondo MAE, caja 12/09135, exp. 61, pp. 17-18.
65 Adela M. Alija y Carlos López Gómez: «La ejecución de la acción exterior. El papel de los presidentes del Gobierno y de los ministros de Asuntos Exteriores», en Juan Carlos Pereira Castañares y Juan Manuel Fernández (dirs.): La política exterior y la dimensión internacional de la Transición española. Testigos y protagonistas (1976-1986), Madrid, Thomson Reuters Aranzadi, 2015, pp. 136-137.
66 Adela M. Alija: «América Latina, de Hispanoamérica...», p. 373.
67 Grupo de Investigación de Historia de las Relaciones Internacionales (GHistRI): «Entrevista a Alonso Álvarez de Toledo y Merry del Val» (Madrid, 16 de marzo de 2011), Archivo Oral de la Dimensión Internacional de la Transición Española (AODITE), pp. 35-36.
68 José Mario Armero: Política exterior de España en democracia, Madrid, Espasa-Calpe, 1989, pp. 21-23, y José María de Areilza: Diario de un ministro de la Monarquía, Barcelona, Planeta, 1977.
69 María Cecilia Míguez: «La política exterior del tercer Gobierno peronista en la Argentina (1973-1976): conflictos, vaivenes y el aporte de la historia a los estudios internacionales», Relaciones Internacionales, 27(55) (2018), pp. 21-49, esp. p. 37.
70 Véanse, sobre el periodo 1973-1976, Marina Franco: Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y «subversión», 1973-1976, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012, y sobre los cambios en política exterior, María Cecilia Míguez: «La política exterior...», y Francisco Corigliano: «Colapso estatal y política exterior: el caso de la Argentina (des)gobernada por Isabel Perón (1974-1976)», Revista SAAP, 3(1) (2007), pp. 55-79.
71 Juan Luis Besoky: «La derecha peronista en perspectiva», Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Cuestiones del tiempo presente, 2013, https://journals.openedition.org/nuevomundo/65374 (consultado el 22 de marzo de 2024).
72 Pedro Massa: «Rendición de las unidades de aviación sublevadas», ABC, 23 de diciembre de 1975, pp. 19-20.
73 La Vanguardia, ABC y Cuadernos para el Diálogo cubrieron los hechos.
74 EFE: «Algunos sectores del peronismo, dispuestos a pedir la “renuncia patriótica” de la presidente», ABC, 20 de diciembre de 1975, p. 18.
75 Gregorio Marañón: «Consideraciones sobre fin sublevación sector Fuerza Aérea» (Buenos Aires, 27 de diciembre de 1975), AGA, Fondo MAE, caja 12/09869, exp. 1, pp. 1-5.
76 José María de Areilza: Diario de un ministro..., p. 111.
77 Oriol de Montsant: «El ejército ha actuado con una organización perfecta», La Vanguardia, 25 de marzo de 1976, p. 24.
78 Sobre el carácter antimarxista y cercano al Movimiento Nacional de Marañón, véase Cristina Luz García Gutiérrez: «España ante el golpe...», p. 14. El informe citado en Gregorio Marañón: «Asesinato Jefe Policía Federal, Alberto Villar» (Buenos Aires, 4 de noviembre de 1974), AGA, Fondo MAE, caja 12/09869, exp. 2, pp. 1-3.
79 Pedro Salvador de Vicente: «Nuevo Embajador de Argentina en Madrid e interés político en su rápida presentación Cartas Credenciales» (23 de junio de 1976), Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (en adelante, RACMP), Archivo de Marcelino Oreja Aguirre, Fondo Política Exterior, Subcategoría Argentina, p. 1.
80 Cristina Luz García Gutiérrez: «España ante el golpe...», p. 17. Esto no fue obra directamente de Marañón, sino de su sucesor en la Embajada, aunque por las fechas del relevo es posible que él hubiera establecido el tono de los reportes a Madrid.
81 Ibid., pp. 15-17.
82 «Ejecución Protocolo cooperación financiera hispano-argentina» (Madrid, 30 de noviembre de 1977), RACMP, Archivo de Marcelino Oreja Aguirre, Fondo Política Exterior, Subcategoría Argentina, p. 1.