Ayer 127/2022 (3): 285-313
Seccion: Estudios
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2022
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/1097
© Jerónimo Ríos Sierra
© Manuel Hidalgo Trenado
Recibido: 01-12-2019 | Aceptado: 20-04-2020 | Publicado on-line: 28-10-2022
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

Entre la lucha armada y la paz: una aproximación a la madurez del conflicto armado colombiano (1982-2016)*

Jerónimo Ríos Sierra

Universidad Complutense de Madrid
jeronimo.rios@ucm.es

Manuel Hidalgo Trenado

Universidad Carlos III de Madrid
manuel.hidalgo@uc3m.es

Resumen: El siguiente trabajo analiza el concepto de «madurez» en la evolución del conflicto armado en Colombia, desde inicios de la década de los ochenta hasta la actualidad. Este término, ampliamente abordado desde la investigación para la paz y la resolución de conflictos, ha sido escasamente estudiado en el caso colombiano. Metodológicamente, se recurre al uso de cifras oficiales sobre la violencia, así como a entrevistas en profundidad con actores involucrados. Se concluye que la madurez, entendida como la situación idónea para negociar, solo se ha dado en dos momentos. El primero, a finales de los ochenta, con diferentes estructuras guerrilleras entre las que destaca el M-19, y el segundo con las FARC-EP, lo cual condujo al acuerdo de paz suscrito en noviembre de 2016.

Palabras clave: madurez, estancamiento doloroso, conflicto armado, Colombia, guerrillas.

Abstract: The following work analyzes the concept of a «ripe moment» within the evolution of the armed conflict in Colombia from the beginning of the eighties to the present. This concept —widely addressed in the field of peace research and conflict resolution— has been poorly studied in the Colombian case. Methodologically, the work uses official figures on violence as well as in-depth interviews with leading actors. The conclusion is that the moment of «ripeness», understood as the ideal situation to negotiate, has only occurred in two instances. The first, at the end of the eighties, with different guerrilla structures among which the M-19 stands out, and the second, with the FARC-EP, and which led to the Peace Agreement signed in November of 2016.

Keywords: ripe moment, mutually hurting stalemate, armed conflict, Colombia, guerrillas.

Introducción

Una de las grandes cuestiones de la investigación para la paz y la resolución de conflictos es identificar el momento en que un conflicto armado presenta las condiciones idóneas de madurez para abordar un proceso de diálogo. Esta madurez se entiende como «una etapa en la que es posible conseguir un cambio de mentalidad de las partes para que, en vez de buscar la victoria, persigan la conciliación, señalando el papel que juegan en esta desescalada los factores sistémicos o estructurales, y los relacionados con la toma de decisiones» 1.

La madurez integra dos dimensiones, la estructura y el agente, y ambas están claramente interrelacionadas. La primera ha sido ilustrada por el concepto de «mutuo estancamiento doloroso» 2, en el que prima la estructura frente a la agencia, y en donde se entiende que el conflicto ha llegado un punto tal en el que se produce una situación mutuamente desfavorable para las partes. Es decir, se presume que es preferible superar la violencia de forma dialogada que prolongar esta sine die.

El término «madurez» ha motivado una importante corriente de estudios críticos que apuntan a su sentido tautológico, pues solo resulta apreciable una vez que ha sucedido 3. Otros enfatizan en la dificultad metodológica para ser operacionalizado, y en la necesidad de superar el determinismo que aúna madurez con negociación exitosa 4. No obstante, es indiscutible que el concepto sigue resultando útil para comprender a posteriori el contexto en el cual se resuelve un conflicto armado por la vía del diálogo.

El «estancamiento doloroso» presupone que proseguir con la violencia conduce a una situación de «catástrofe mutua inminente», en donde los daños y frustraciones acumulados solo pueden intensificarse. Razón por la cual cobran especial relevancia aspectos de la agencia como el liderazgo 5, la racionalidad 6, los nuevos canales de comunicación 7 o la renovación de las elites 8. Aunque para Zartman la madurez es mayormente estructural, ineludiblemente, esta ha de hacerse perceptible para los actores. Los protagonistas involucrados han de convencerse de que la opción por negociar es equiparable a una eventual «victoria mutuamente satisfactoria» 9. De este modo, los elementos subjetivos y simbólicos desplegados para promover una mentalidad conciliadora 10 devienen fundamentales, tal y como sucede con la conformación de relaciones de poder apropiadas, la aceptación colectiva de una solución negociada o la cohesión interna de quienes deben negociar 11.

En conclusión, la madurez solo llega en un momento particular del conflicto, fruto de una situación de polarización que bien puede afrontarse de manera negociada, o bien dirigirse hacia una fase irreconciliable 12. El compromiso de las partes por desactivar la violencia, primar la política antes que la ideología, anteponer los intereses de la sociedad a la ocurrencia de una violencia estructural 13, y priorizar las consecuencias de la violencia frente a sus principios causales, puede transformar los aspectos emocionales y las percepciones de la violencia, en aras de favorecer intercambios cooperativos que resulten mutuamente satisfactorios a través de un espacio de diálogo 14.

Con base en esta discusión, la pregunta de investigación de este trabajo es la siguiente: ¿cómo ha evolucionado el concepto de «madurez» en las últimas décadas de conflicto armado en Colombia? El argumento principal es que dicha madurez solo ha tenido lugar en dos ocasiones. La primera, entre 1990 y 1991, se desarrolla cuando el Gobierno consigue desmovilizar a las guerrillas Movimiento 19 de Abril (M-19), la guerrilla indigenista Quintín Lame (GIQL), buena parte del Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Un segundo momento acontece a partir de 2012, con el diálogo en La Habana entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno de Juan Manuel Santos. Así, en el resto de las ocasiones nunca se dieron las condiciones idóneas para ello, tal y como sucedió en los Acuerdos de La Uribe con las FARC-EP o los de Corinto con el M-19 (ambos en 1984), los intentos de diálogo de César Gaviria en Cravo Norte (1991) y Tlaxcala (1992), las conversaciones de Ernesto Samper con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1996, o el intento de Andrés Pastrana, en 1999, con las FARC-EP bajo el proceso del Caguán.

Aunque existen importantes aportaciones sobre la agenda y la voluntad de los actores en distintas negociaciones 15, su evolución histórica 16 o el análisis espacial de la violencia a través de la noción de «madurez» 17, este trabajo propone un análisis de la madurez desde otra perspectiva: la de los relatos de sus protagonistas. Un valor agregado es su carácter longitudinal, al remontarse a inicios de la década de los ochenta y concluir con el último proceso de negociación que desmovilizó a las FARC-EP en 2016. Además, a lo largo de estas páginas quedará patente la importancia de la confianza entre las partes. De ellas depende que la madurez sirva de oportunidad para desactivar un conflicto armado en donde el enemigo se transforme en adversario y en el que se relativicen aspectos como la violencia estructural, las asimetrías territoriales o los réditos de las fuentes lícitas de financiación, que tanto abonaron el conflicto armado colombiano durante más de cinco décadas 18.

Metodología

En este artículo se presentan cifras relacionadas con la magnitud de la violencia, así como cartografías igualmente reveladoras. Todas ellas han sido facilitadas por el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (ODHDIH), adscrito en su momento a la Vicepresidencia de la República de Colombia, y que se nutre de los reportes del Departamento Administrativo de Seguridad (1998-2011) y del Comando General de las Fuerzas Militares (2012-2015).

Se utilizan relatos provenientes de un total de diecisiete entrevistas en profundidad, la mayoría realizadas entre mayo y julio de 2019 en Colombia. A estas se añaden algunas efectuadas entre 2015 y 2017. Se incorporan así los testimonios de los expresidentes Ernesto Samper (1994-1998) y Álvaro Uribe (2002-2010). Del lado de las FARC-EP se usan fragmentos de entrevistas a «Iván Márquez» (exmiembro del Secretariado), a un excomandante integrante del Estado Mayor de las FARC-EP (anonimizado por petición expresa), a «Karina» (excomandante del Frente 42) y a «Samir» (segundo excomandante del Frente 5). Del lado del ELN, se cuenta con relatos de «Felipe Torres» (exmiembro del Directorio Nacional) y de «Byron» (excomandante del Frente «Carlos Alirio Buitrago»). Asimismo, hay testimonios de «El Alemán» (excomandante del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia) y Héctor «Tico» Pineda (exmiembro destacado del M-19). Por otro lado, se recogen relatos de Carlos Bula (ministro de Trabajo entre 1994 y 1998 y negociador con el M-19), Marta Lucía Ramírez (ministra de Defensa entre 2002 y 2003), Juan Camilo Restrepo (jefe del equipo negociador con el ELN), Henry Medina (mayor general del ejército (r) y viceministro de Defensa en 1998), Víctor G. Ricardo (alto comisionado para la paz bajo la presidencia de Andrés Pastrana), Humberto de la Calle (jefe del equipo negociador con las FARC-EP) y Eduardo Pizarro (reconocido académico colombiano).

La falta de condiciones para una negociación en los años ochenta

Las condiciones del conflicto colombiano durante los años ochenta fueron tan complejas como heterogéneas, sin atisbo de solución negociada con ninguno de los grupos armados más significativos. Solo al final de la presidencia de Virgilio Barco (1986-1990) se avanzó en una negociación con el M-19, seguida, un año después, con parte del EPL, el PRT y la GIQL.

La década comenzó con la presidencia de Julio César Turbay (1978-1982), quien rápidamente cambió su política de seguridad tras el robo de cinco mil armas del M-19 al Ejército en el Cantón Norte de Bogotá. Este hecho provocó un intento de derrotar militarmente a la guerrilla, aun cuando el Estado no estaba en condiciones para ello 19. El escenario para entablar negociaciones se vio además truncado por la notable debilidad institucional del Estado en muchas regiones del país 20, la acuciante violencia estructural 21 existente y el auge de las fuentes ilícitas de financiación, en especial el narcotráfico 22. Todo lo anterior estimuló la búsqueda de acumulación de fuerzas por los distintos grupos armados que enfrentaban al Estado, en tanto que engrosaron notablemente sus filas y dispusieron de mayores recursos para la intensificación del conflicto.

Gráfico 1
Número de efectivos de FARC-EP y ELN (1986-1990)

Fuente: elaboración propia a partir de diferentes informes del Ministerio de Defensa de Colombia.

En las FARC resultó clave la celebración de la VII Conferencia Guerrillera, en donde se incorporaron las siglas EP (Ejército del Pueblo). Allí reconocieron su aspiración a una guerra de movimientos que desembocase en una guerra de posiciones. Buena prueba de ello fue la duplicación de su número de frentes y el paso de ochocientos a cinco mil efectivos 23. Igualmente, su financiación comenzó a gravitar en torno a tres ejes diferenciados: secuestro, extorsión y negocio cocalero, lo que contribuyó a su fortalecimiento como estructura 24.

Algo parecido sucedió en el ELN. Durante estos años se produjo una recomposición militar y territorial más que ideológica, especialmente en la región Pacífico, los departamentos de Antioquia y Bolívar, y el oriente colombiano. Allí se consolidaron algunas de sus estructuras más poderosas, como la Compañía Simacota o el Frente Domingo Laín, beneficiarias del amplio tejido de secuestros y la alta capacidad extorsiva que ofrecía la región 25. De este modo, durante toda la década de los ochenta, tanto una como otra guerrilla experimentaron un proceso de crecimiento (véase gráfico 1) que permite entender la falta de incentivos para entablar una negociación.

En este análisis conviene no olvidar a otro grupo armado importante como fue el M-19 26. Este adquirió un protagonismo creciente en la primera mitad de la década de los ochenta gracias a acciones como la ocupación de la embajada de la República Dominicana en Bogotá (febrero de 1980), el asalto del Palacio de Justicia (noviembre de 1985) o el secuestro del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado (mayo de 1988). Empero, nunca dispuso de una capacidad de combate como las FARC-EP o el ELN, al no superar los mil efectivos, lo que ubicó su nivel de beligerancia en un plano distinto.

Junto al M-19 concurrieron otras guerrillas de segundo orden en cuanto a su capacidad organizativa y arraigo territorial. El EPL se fundó en 1967, en torno al Urabá antioqueño y chocoano, superando los tres mil integrantes en el transcurso de la década de los ochenta. Asimismo, la GIQL comenzó la lucha armada en 1984, a modo de autodefensa indígena, frente a los excesos que en el departamento de Cauca protagonizaban los grandes terratenientes y algunos grupos guerrilleros 27. A la par tuvo lugar la aparición de los primeros proyectos paramilitares en los municipios de Puerto Boyacá y Sonsón 28, y de los cárteles narcotraficantes de Medellín y Cali. Estos, especialmente en la segunda mitad de la década de los ochenta, confrontaron por las rutas de la droga 29, convirtiendo a Colombia en el país con la tasa de homicidios violentos más alta del mundo y en el arquetipo de «narcoestado» 30.

Resultado de la situación descrita fue que se advirtió un escenario de crecimiento, no solo de las dinámicas del conflicto armado, sino de los recursos económicos y las fuentes de financiación que lo alimentaban. El Estado se encontró claramente debilitado, cuando no permeado por el narcotráfico, de manera que no hubo lugar para ningún tipo de negociación pacífica. De lo anterior dio buena cuenta el intento frustrado de Belisario Betancur por explorar una doble vía de negociación. Primero, con las FARC-EP, a través de los Acuerdos de La Uribe, suscritos el 28 de marzo de 1984. En ellos se reconoció que el conflicto respondía a condiciones subjetivas, pero también estructurales. Es decir, el Estado era corresponsable de la situación de violencia, toda vez que las FARC-EP disponían de un reconocimiento político que les distinguía de paramilitares y narcotraficantes. Igualmente, se aceptó un cese de las hostilidades que comprometía tanto a los treinta frentes de guerra que en ese momento tenían las FARC-EP, como al conjunto de las Fuerzas Militares. Sin embargo, ni guerrilla ni Ejército se acogieron a esta situación y la negociación rápidamente se truncó. Las FARC-EP adoptaron la tesis de la combinación de todas las fuerzas de lucha, y el Ejército, enfrentado con el Gobierno de Betancur, se opuso a reconocer concesiones a la guerrilla 31. Por si fuera poco, el paramilitarismo se intensificó contra las diferentes expresiones políticas de las FARC-EP, al entender que, si la guerrilla desaparecía y se convertía en un partido político, difícilmente podría legitimarse su necesidad.

Algo similar sucedió con los Acuerdos de Corinto, el 24 de agosto de 1984, los cuales se habían suscrito con el M-19, abordando idénticas cuestiones que con las FARC-EP. Aunque como guerrilla disponía de mayor espacio mediático y simpatía en la sociedad civil que las FARC-EP y el ELN, las Fuerzas Militares mantuvieron la misma posición díscola, que los llevó a sabotear este proceso. Primero, con la emboscada de enero de 1985 contra los comandantes del M-19, Iván Marino Ospina y Carlos Pizarro, cuando iban camino de la Comisión de Paz en San Francisco y Corinto (departamento de Cauca), y, después, con el intento de asesinato a otro de sus comandantes, Antonio Navarro Wolf, en una cafetería de Cali. Resultado de estas acciones, el proceso se truncaría y se recrudecería el conflicto, desembocando en el asalto del Palacio de Justicia y la búsqueda de una alianza común entre todas las guerrillas, a través de la fallida experiencia de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar:

«Belisario negoció con nosotros a escondidas de la cúpula militar y a escondidas de los partidos políticos en cumplimiento de lo que él había prometido en esa campaña. Lo quería el presidente, lo quería el M-19 pero con un pequeño matiz [...] el diálogo en ese momento no era una necesidad del M-19 para culminar la guerra, sino que era una herramienta táctica para lograr un proceso de acumulación y sobre esa base un nuevo salto en la guerra» 32.

En conclusión, durante la mayor parte de los años ochenta, la violencia desbordó las capacidades institucionales del Estado colombiano, de manera que las FARC-EP, el ELN, los cárteles de la droga y el paramilitarismo encontraron un contexto idóneo para aumentar sus bases de apoyo, reclutamiento y colaboración. Una realidad que se alejaba, por tanto, de cualquier escenario facilitador de un diálogo de paz.

El aumento de la violencia tras la Asamblea Nacional Constituyente de 1991

Durante la década de los noventa, y al margen de los acuerdos alcanzados con algunos grupos armados, lo más destacable fue el aumento de la violencia y la ausencia de condiciones de madurez para entablar negociaciones exitosas con las FARC-EP o el ELN. Lo anterior, en tanto que las condiciones estructurales, como la desigualdad social, las fracturas regionales o el rédito del negocio cocalero persistieron de forma irresoluta.

El tránsito a la vida política del M-19 y del EPL tuvo lugar bajo una espiral de violencia contra parte de sus dirigentes. En el caso del M-19, por el riesgo para el paramilitarismo de una posible llegada de la izquierda a la presidencia. En el del EPL, por la venganza de las FARC-EP hacia sus dirigentes y militantes, concebidos como traidores a la causa revolucionaria. Así, fue bajo este escenario que resultaron asesinados varios candidatos presidenciales como Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro y otros tantos líderes y militantes de la Alianza Democrática M-19 (ADM-19) y del extinto EPL.

Las FARC-EP optaron por una mayor confrontación contra un Estado débil y unas Fuerzas Militares escasamente profesionalizadas. Las disputas armadas y territoriales se acentuaron a partir de la celebración de la VIII Conferencia Guerrillera de 1993, en donde se consolidó la posición más beligerante. Fallecido «Jacobo Arenas», al Secretariado de las FARC-EP llegaron figuras como «Mono Jojoy» y «Raúl Reyes», impulsores de la Nueva Forma de Operar (NFO) en el sur y el oriente colombiano, y cuyo objetivo era la acumulación de fuerzas para pasar del modelo de lucha hit and run a la guerra de movimientos.

En este tiempo, durante la presidencia de César Gaviria (1990-1994), el principal enemigo del Estado, sin embargo, fueron los cárteles de la droga y no tanto las guerrillas. El hecho de que las fuerzas de seguridad concentrasen sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico ofreció a las FARC-EP y al ELN una importante oportunidad para reclutar efectivos y consolidar bastiones territoriales. Algo que, además, les evitó convertirse en el enemigo frontal del Estado, con lo que ello suponía en términos mediáticos y de popularidad:

«El país estaba pensándose en el problema del narcotráfico y la guerrilla no tenía asidero para una discusión política. No representaba un peligro para la Nación. El peligro eran los carteles y fue el periodo de acumulación de fuerzas de FARC y ELN y se dan las grandes victorias. Crecimos a nivel geográfico, pero también se cuantificaron y cualificaron cuadros» 33.

A inicios de los noventa, las FARC-EP estaban compuestas por cinco mil integrantes, mientras que en 1998 eran más de diez mil, y durante los años de diálogo del Caguán, posteriormente abordado, se llegó a los dieciocho mil efectivos y los ochenta frentes de guerra 34. Solo en 1998 su presencia se tradujo en un total de 356 acciones armadas y 184 municipios —sobre el total de 1.123— 35. A ello contribuyó el auge de la droga, especialmente, una vez que a mediados de década se puso fin a la guerra entre cárteles. De allí provendría más de la mitad de los 1.200 millones de dólares que, en ese entonces, constituyeron sus ingresos 36. De hecho, entre 1996 y 1998, allí donde confrontaron guerrilla y Ejército, este último sufrió importantes derrotas, lo cual hizo que comenzase a aflorar en Colombia el paradigma de Estado fallido 37.

Mientras, el ELN se alejaba de cualquier posible negociación, no tanto por su vinculación al negocio de la droga, que en ese momento era sustancialmente menor 38, sino por una férrea posición ideológica que entendía que el fin de la Guerra Fría y el proceso constituyente de 1991 no eran razones para abandonar la lucha armada 39. El periodo que transcurre entre 1989 y 1996 fue mucho más difícil para el ELN que para las FARC-EP. Primero, porque su posición predominante en Antioquia, Bolívar, Santander, Norte de Santander y el norte del país le llevó a confrontar directamente con un paramilitarismo que terminó derrotando a la guerrilla, gracias a sus más de 12.000 efectivos 40:

«Nos fue bien hasta que llegan los paramilitares y se fortalece a las FF.MM. Eso nos afecta muchísimo. En esa época luchamos fervientemente contra Policía y Ejército. Llegaron a la región varios batallones y es a partir de entonces, 1998, que la región se pone compleja [...]. Con las FARC hubo momentos muy irregulares. Hubo momentos muy buenos hasta que las FARC llevan a cabo su salto militar. Desde entonces cambian la relación con nosotros» 41.

También porque comenzó en este periodo una lucha con las FARC-EP que se concentró, particularmente, en los departamentos de Arauca y Nariño, pero que se extendió a otros enclaves en donde ambos grupos coincidían (véase mapa 1). Esta situación terminó por debilitar fuertemente a un ELN que, además, estaba inmerso en un profundo proceso de recomposición interna, tal y como reconoció su excomandante «Felipe Torres»:

«De 1989 y hasta 1992 sufrimos cuatro importantes escisiones [...] En estos años, el ELN había hecho caracterizaciones de carácter político sin aceptar negociaciones ni altos en el camino revolucionario, sino afianzando la toma del poder. Estábamos en la cresta de la ola si bien nuestro análisis fue por completo equivocado. Pensábamos en un horizonte único y nacional mientras hicimos caso omiso a la destrucción de toda nuestra base social [...] El paramilitarismo, sobre todo, estaba acabando con todos los movimientos sociales y democráticos» 42.

Aun con todo, se presentaron posibilidades de negociación con el ELN y con las FARC-EP que terminaron truncadas, precisamente, por una falta manifiesta de madurez. En 1996, el ELN participó en un proceso de diálogo con el Gobierno de Ernesto Samper, el cual resultó fallido por la notable influencia de los sectores contrarios a la negociación y por el escaso convencimiento de un proceso de paz con garantías. Es más, el resultado fue una intensificación de la lucha armada a partir de 1998 43, especialmente focalizada en el nororiente del país y en los departamentos de Antioquia, Santander y Bolívar. Una situación que mostró el paso de una posible «oportunidad mutuamente satisfactoria» a otra bien diferente, de «catástrofe inminente»:

«Se había roto la confianza entre Gaviria y las FARC sin ningún tipo de aproximación. De parte del ELN sí había disposición a negociar con un elemento que para el Gobierno era muy importante como la humanización del conflicto [...] Nos faltó tiempo. En el 97, faltó tiempo y en uno de los momentos críticos se filtró la información de lo que se estaba negociando, pues teníamos muchos enemigos en contra» 44.

La segunda posibilidad tuvo lugar bajo el proceso de negociación del Caguán, entre las FARC-EP y el Gobierno de Andrés Pastrana entre 1999 y 2002. Un proceso al que la guerrilla llegó con el firme propósito de instrumentalizarlo con vistas a derrotar a un Estado que a su vez trataba de fortalecerse militarmente. Durante los 1.139 días que duró la negociación, las FARC-EP incrementaron su número de combatientes, de casi once mil a dieciocho mil 45. También aumentaron las acciones armadas, de manera que, si en 1998 se contabilizaban 356, entre 1999 y 2000 se llegó a 758 hechos violentos, y solo en 2001 las FARC-EP protagonizaron hasta 496 operativos —de las cuales, casi la mitad, tuvieron lugar en enclaves cocaleros— 46. Igualmente, su presencia territorial ganó enteros: si en 1998 se conocía de su presencia en 180 municipios, en 2002 la cifra se elevó hasta 346, lo que suponía el registro más elevado hasta ese momento 47 (véase mapa 2).

De otra parte, el Gobierno tampoco parecía estar convencido de la necesidad de negociar. Su gasto militar en seguridad y defensa

Mapa 1
Presencia territorial de FARC-EP y ELN, 1998

Fuente: ODHDIH, s. f.

creció sustancialmente, de un 3,8 por 100 del PIB en 1998 hasta el 4,4 por 100 en 2002 48. A la vez, en 1999 firmó el Plan Colombia con Estados Unidos —que dejó consigo más de 10.000 millones de asistencia militar y lucha antinarcóticos en el transcurso de una década— e impulsó todo un proceso de modernización y transformación de las Fuerzas Militares en aras de optimizar su capacidad de combate, sobre todo aéreo y nocturno 49:

«Si usted me pregunta, ¿era el momento propicio para una negociación? Yo le digo, desde el punto de vista militar para la guerrilla no, para el Estado era fundamental. Pero fundamental era también buscar oxigenar el Estado porque si no si se hubieran tomado el poder [...] Las FARC estaban convencidas de que se iban a tomar el poder» 50.

«Hacia 1998 en las FARC seguíamos pensando en tomar el poder por las armas. El Secretariado era consciente de ello. De hecho, cuando nos sentamos con Pastrana en el Caguán estábamos cerca del golpe final [...] De hecho, les decíamos que no se trataba de negociar nada. Era un diálogo pues nosotros éramos más fuertes» 51.

En conclusión, nunca hubo condiciones reales por ambas partes por avanzar en una negociación pacífica, lo cual conectó con el escalamiento del conflicto armado una vez que se rompió el diálogo y llegó al poder el nuevo presidente: Álvaro Uribe Vélez. Quizá, la mejor apreciación de esta situación se encuentre en las siguientes palabras del mayor general (r) Henry Medina:

«Técnica y tácticamente se fortalecieron las Fuerzas Militares en medio de la conversación. Entretanto, las FARC aumentaron su influencia en las poblaciones rurales y el narcotráfico. La palabra no prevalecía sobre el fusil, sino que la palabra era un instrumento para la prevalencia del fusil» 52.

Mapa 2
Presencia territorial de FARC-EP y ELN, 2002

Fuente: ODHDIH, s. f.

Los cambios en la correlación de fuerzas tras la Política de Seguridad Democrática

La llegada a la presidencia de Álvaro Uribe coincidió con un escalamiento del conflicto, especialmente, por las FARC-EP y el Estado, entre los años 2002 y 2006. Tal y como puede observarse en el gráfico 2, el número de operativos de las Fuerzas Militares contra las FARC-EP se cuadruplicó con respecto al promedio de los combates dirigidos bajo la presidencia de Andrés Pastrana. A su vez, los registros de violencia por parte de las FARC-EP llegaron a su máximo histórico, haciendo evidente la imposibilidad de cualquier canal de negociación pacífica 53.

Gráfico 2
Operativos de las FF.MM contra FARC-EP y ELN, 1998-2006

Fuente: ODHDIH, s. f.

No obstante, y a pesar de este escenario, comenzó a hacerse patente un cambio en la correlación de fuerzas, en este caso, a favor del Estado, lo que se tradujo en que en apenas dos años a las FARC-EP se las expulsó de los enclaves centrales del país, desde donde buscaban cercar militarmente Bogotá.

Rápidamente desaparecieron de Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander y de buena parte de Antioquia y Meta, haciendo patente un proceso creciente e irreversible de periferialización por el cual se reubicaron en escenarios alejados de los centros decisorios del país. Esto es, enclaves con una acuciante debilidad institucional del Estado y de acuerdo con una condición geográfica selvática y/o montañosa, fronteriza (con Venezuela y Ecuador, especialmente) y, asimismo, cocalera, que ofrecía nuevas ventajas para proseguir en la confrontación armada. Un proceso que, a todas luces, fue la antesala del momento de «estancamiento doloroso», que permitió a Juan Manuel Santos abrir un espacio formal de diálogo a partir de 2012.

Con relación a este nuevo momento, que conecta en buena medida con el proceso de acumulación de fuerzas del Estado iniciado bajo el Caguán, dan buena cuenta las siguientes palabras de un excomandante de las FARC-EP:

«Pastrana recibe un Gobierno totalmente destrozado y él sabe que necesita tiempo para reestructurar su equipo militar [...] La paz era un pretexto. Las FARC sabían eso. Jugaron ese juego político porque querían ser notorias. Necesitábamos un espacio político para decir algo [...] La guerra se perdió en el Caguán por estrategia [...] Yo se lo decía al “Mono” y este me subestimaba. El nuevo ejército que se construyó en Colombia no se creyó que fuera tan fuerte como para destrozar nuestros bloques móviles. Acabaron con nosotros» 54.

Tras ocho años de PSD, se acumularon más de siete mil operativos militares y se dieron de baja importantes líderes de la guerrilla como «Raúl Reyes», «Iván Ríos» o «Negro Acacio». Las FARC-EP no solo redujeron drásticamente su número de integrantes y su capacidad operativa, sino que disminuyeron sus ingresos hasta en un 60 por 100, equivalente a unos 500 millones de dólares anuales 55. Todo ello debido también a la caída del número de secuestros y extorsiones que condujo a una mayor dependencia de los réditos de la droga 56. Es decir, tuvo lugar un proceso de periferizalización y de narcotización que hizo que las FARC-EP centrasen su presencia en departamentos de gran arraigo cocalero como Caquetá, Cauca, Nariño, Putumayo o Norte de Santander, si bien con apenas ocho mil efectivos y en poco más de ciento treinta municipios 57. Unas cifras, en cualquier caso, muy alejadas de las que se presentaban en 2002. De cómo la PSD actuó al respecto da buena cuenta la actual vicepresidenta del país, Marta Lucía Ramírez:

«Lo más importante va a ser debilitar la fuerte cohesión interna de las FARC a fin de generar desconfianza y promover desventajas en el seno del enemigo [...] Identificamos cinco escenarios de acción: i) más operativos militares; ii) reducir los recursos económicos de las guerrillas; iii) promover el abandono y propiciar desmovilización; iv) judicializar guerrilleros y hacer valer el Estado de Derecho, y v) neutralizar espacios políticos tanto dentro como fuera del país» 58.

Lo anterior, a su vez, iba a contrastar con el salto hacia delante, y de algún modo desesperado, que realizaron las FARC-EP, al entender que el narcotráfico debía ser la principal salida para obtener recursos y mantener niveles notables de confrontación, si bien el proceso de debilitamiento, en cualquier caso, resultó irremediable:

«Respecto de nuestra fortaleza el narcotráfico es fundamental. Recibimos una circular firmada por Manuel Marulanda en la que se ordenaba a todos los bloques de las FARC recaudar 230 millones de dólares, con dinero para cada frente. Se busca expandirnos en plena PSD. Ello, porque Manuel Marulanda Vélez pensaba que para 2010 sería posible la primera gran ofensiva nacional. Todo sin perder de vista armas y política» 59.

Sucedió algo similar en lo relativo al ELN. Aunque su debilitamiento a causa del paramilitarismo resultó mucho mayor, es igualmente cierto que para las Fuerzas Militares fue mucho más sencillo asestar golpes estratégicos a su estructura. Entre 2006 y 2007 su activismo armado casi llegó a desaparecer 60, y solo comenzó a recomponerse tímidamente a partir de 2008, quedando circunscrita su presencia a cinco departamentos —todos ellos periféricos, mayormente fronterizos y de marcada impronta cocalera—. De hecho, las cifras relativas a la violencia ejercida por el ELN acabaron presentando hacia 2010 registros que no se apreciaban desde la década de los ochenta, al disponer apenas de mil quinientos efectivos en una treintena de municipios 61.

A partir de lo señalado, es posible colegir la falta de condiciones para una negociación, pues, a diferencia del pasado, la correlación de fuerzas resultaba notablemente favorable para el Estado y no para las guerrillas. La única posibilidad de entablar un proceso de diálogo hubiese sido con un paramilitarismo que, durante la primera etapa del Gobierno de Álvaro Uribe, había sido firme aliado de las Fuerzas Militares. También porque su estructura terminó siendo más un problema que una solución, dada su capacidad armada y su vasto control territorial en la región Caribe, Antioquia y Santander:

«Las AUC, junto con paramilitares y Convivir erradicaron parte de las milicias existentes en la región [...] Todos, Policía, Ejército, AUC, actuábamos contra un enemigo común [...] Con Uribe habíamos acordado todo. Se lo entregamos todo. Todo limpio [...] Hacia 2002-2003 lo cierto es que nos damos cuenta de que somos unos idiotas útiles de la Fuerza Pública y de la estrategia de Estados Unidos. Todos querían que les hiciésemos el trabajo sucio. Teníamos que dar un paso al costado» 62.

Por último, a todo lo expuesto cabría añadir una condición favorable para ahuyentar cualquier ejercicio de negociación con las guerrillas: los atentados del 11 de septiembre de 2001. Tras estos, se afianzó en Colombia la idea de que el problema de la violencia no era más que la imbricación de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo, de manera que las FARC-EP y el ELN no eran guerrillas, sino, más bien, grupos narcoterroristas con los que devenía imposible negociar:

«Yo nunca hablé ni utilicé la palabra conflicto. La palabra conflicto aplica a la disputa entre insurgencias y dictaduras. Entre guerrillas y sistemas no democráticos. En Colombia siempre ha habido una democracia sólida, desafiada por grupos que terminaron reducidos a narcoterrorismo. Tampoco he utilizado nunca el concepto de guerra porque el problema nuestro, en Colombia, era un problema de orden público» 63.

Madurez, diálogo y fin de la lucha armada: dos experiencias exitosas (1990-2016)

El Gobierno de Virgilio Barco fue testigo de la caída del Muro de Berlín, lo cual resulta un factor coadyuvante para entender el momento en el que se produjo la desmovilización de varias estructuras guerrilleras en Colombia, y aun cuando, por ejemplo, ni el M-19 ni el GIQL se trataban de insurgencia de inspiración marxista en sentido estricto.

Con el M-19 las negociaciones comenzaron en enero de 1989, gracias a tres elementos que favorecieron una situación de madurez: 1) la desnaturalización del conflicto interno como consecuencia del narcotráfico; 2) el auge del paramilitarismo y la confrontación con otros grupos armados, y 3) la desterritorialización de una guerrilla urbana que terminó ubicada en el suroccidente colombiano. El M-19 era renuente a incorporarse al negocio de la droga y no contaba con una estructura capaz de afrontar la escalada de la violencia que tenía lugar en ese momento. Igualmente, la disputa entre guerrillas y paramilitarismo le dejaba en una situación difícil, al considerar sus elites, y en especial su comandante Carlos Pizarro, que la utilidad de las armas era inútil, pues su contribución debía hacerse desde las instituciones democráticas:

«Todo es imposible sin Pizarro. La concepción de la paz en el M-19 era la de una guerrilla que debía impulsar un proceso de paz y lograr transformaciones democráticas y Pizarro era su gran valedor. Él tenía la idea del “sancocho nacional”, es decir, cogobernar con la derecha en un pacto nacional que termina en la Constituyente. Sin Pizarro nada hubiera sido posible» 64.

Asimismo, el Gobierno también fue consciente de la debilidad del Estado y sus dirigentes entendieron que, por todo, era el momento idóneo para ofrecer un marco de garantías para la entrega de armas, la participación política y la conmutación de penas, tal y como comprenderá el acuerdo de paz suscrito el 9 de marzo de 1990, en Caloto (Cauca), por el que se desmovilizó íntegramente el grupo armado 65.

En el caso del EPL incidieron los mismos desencadenantes, aunque agravados por la mayor presión del Frente 5 de las FARC-EP y de las Fuerzas Militares. Ello influyó para que la desmovilización de más del 80 por 100 de su estructura —2.556 efectivos— se produjese en febrero de 1991, poco después de iniciados los diálogos de paz. Sin embargo, un grupo disidente se mantuvo al margen de la negociación, bajo la comandancia de «Francisco Caraballo». Este fue detenido el verano de 1994, de manera que los cuatrocientos guerrilleros que se mantenían activos transitaron entre la rendición —como el Frente Bernardo Franco—, la adhesión al paramilitarismo —como el Frente Pedro León Arboleda— o la recomposición como grupo armado, tal y como haría Hugo Alberto Carvajal, «El Nene», en Norte de Santander 66.

Por su parte, la GIQL negoció una salida pacífica del conflicto, entre agosto de 1990 y mayo de 1991, una vez que se satisficieron varias de sus reivindicaciones étnicas y algunas de las problemáticas estructurales del departamento. El resultado no solo encauzó políticamente el conflicto armado en el Cauca, sino que favoreció la desmovilización íntegra de los 156 miembros del grupo. También se produjo de este modo la desmovilización del PRT, surgido a inicios de los ochenta, producto de una pequeña facción con origen en el Partido Comunista Marxista-Leninista. Como en los casos anteriores, la presidencia de Barco adelantó un proceso de negociación que permitió la desmovilización de unos doscientos guerrilleros, gracias al acuerdo de paz del 28 de diciembre de 1990, ratificado un mes después en el municipio de Ovejas (Sucre) 67.

El segundo momento propicio para una negociación exitosa se desarrolló al término del mandato de Álvaro Uribe. Su sucesor, Juan Manuel Santos, inicialmente se mostró valedor de una respuesta de «mano dura» contra las guerrillas. Como ministro de Defensa había coordinado el operativo que dio de baja al miembro del Secretariado y comandante del Bloque Sur «Raúl Reyes», y bajo su presidencia igualmente se dio de baja a los dos líderes más importantes de las FARC-EP en 2010: «Mono Jojoy» y ­«Alfonso Cano».

Gráfico 3
Evolución de las acciones de FARC-EP, ELN y FFMM (2008-2012)

Fuente: ODHDIH, s. f.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el conflicto armado colombiano estaba evolucionando hacia un proceso irreversible de maduración. Entre 2011 y 2012, a la vez que comenzaban los diálogos exploratorios en Venezuela para valorar las posibilidades de un diálogo de paz con las FARC-EP, las cifras de la violencia ilustran a posteriori una situación cercana al «estancamiento doloroso» (véase gráfico 3). Así, para guerrilla y Gobierno, a diferencia del pasado, la mejor opción pasaba por un proceso de diálogo con el que poner fin al conflicto armado, gracias a intercambios mutuamente favorables y, sobre todo, a una convicción por la necesidad de negociar que era igualmente reconocible en el Gobierno y en la guerrilla:

«La guerrilla de las FARC y el ELN siempre utilizaron las negociaciones como un recurso para fortalecerse en un nuevo paso para la guerra, ganar legitimidad política nacional o internacional, buscar un cese al fuego que permitiera reorganizarse y dar un paso hacia adelante. La excepción es en La Habana [...] Un elemento clave es cuando los militares se sientan frente a la guerrilla, con Mejía y Flórez. Tuvimos que esperar setenta años para eso. Este fue uno de los elementos de éxito» 68.

«Este último intento dio el resultado así nos hayamos demorado algo más de cuatro años fuera de la etapa exploratoria. Ningún proceso avanzó tan rápido. Nosotros tuvimos simplemente, digamos la satisfacción no merecida tal vez, de haber logrado este propósito. Muchos de nuestros fundadores, como lo he descrito hoy, recordando a “Raúl Reyes”, asesinado hace unos años, le hubiese gustado haber protagonizado un momento histórico como estamos viviendo hoy, y que es el de tener un acuerdo final de paz para Colombia» 69.

En retrospectiva, puede afirmarse que el diálogo comenzado en 2012 con las FARC-EP y los intentos posteriores con el ELN fueron producto de una pérdida notable de la capacidad operativa y del poder territorial de las guerrillas, el cual, en ambos casos, se redujo a la mitad en apenas ocho años (véase mapa 3). Al respecto, cabría aceptar una concatenación de políticas y situaciones que comenzaron en 1998 y que finalizaron con en el acuerdo de paz con las FARC-EP en 2016. Es decir, sin el fortalecimiento del Estado

Mapa 3
Presencia territorial de FARC-EP y ELN, 2010

Fuente: ODHDIH, s. f.

bajo el diálogo fallido del Caguán, la puesta en marcha de la PSD no habría sido posible, y, sin esta, el proceso de debilitamiento que permitió a la guerrilla negociar con el Gobierno en 2012, nunca se hubiera producido.

Esta condición de debilitamiento y de derrota estratégica demandó nuevos liderazgos y convencimientos sobre una solución pacífica del conflicto armado. Los liderazgos del Caguán —«Mono Jojoy», «Raúl Reyes», «Marulanda»— no valoraban la negociación con el Gobierno en los mismos términos que lo hacía la nueva generación de comandantes como «Timochenko», «Pablo Catatumbo», «Carlos Antonio Lozada» o incluso «Iván Márquez». De la misma forma, se renovaron los canales de comunicación bajo el diálogo de paz, de manera que cualquier relación con la sociedad civil o con la prensa previamente debía ser avalada por las dos partes negociadoras (lo que permitió firmar, a diferencia del Caguán, hasta 109 comunicados conjuntos). El beneficio de un acuerdo de paz era extensible también al Gobierno, pues, tras una década de elevadísima confrontación y desgaste, tenía ante sí a una guerrilla de más de ocho mil combatientes y que solo en 2012 desplegó un total de 824 acciones armadas 70, haciendo valer la hipótesis de que cualquier solución estrictamente militar podría demandar décadas de confrontación.

En relación con el ELN cabe apreciar una situación similar al de las FARC-EP, aunque sus motivaciones incorporaron algunos matices, dada una mayor ortodoxia ideológica que dificultaba el entablar negociaciones e identificar los temas sobre los que construir una agenda. No hay que olvidar que el ELN se organizó desde una visión descentralizada, en donde la interlocución con el Comando Central o con la Dirección Nacional no tenía por qué ser unívoca ni guardar el grado de cohesión interna que mostraron las FARC-EP durante la negociación transcurrida en La Habana.

Nada tenía que ver la situación del ELN en Chocó, Arauca o Norte de Santander, con la de otras regiones, pues tras el acuerdo de paz con las FARC-EP, fue precisamente en estos escenarios en donde se erigió como actor hegemónico de la violencia, aprovechando el vacío de poder dejado por la guerrilla desmovilizada. Igualmente, el grado de compromiso por un diálogo efectivo de paz admitió muchos cuestionamientos. El modelo similar al utilizado con las FARC-EP, por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos desde el año 2014, no fue aceptado por las dos estructuras más sólidas del ELN: el Frente de Guerra Occidental y el Frente de Guerra Oriental. Así, es posible que más allá de una aparente situación de «estancamiento doloroso», el ELN tuviese ante sí una posibilidad idónea para aumentar su número de efectivos, consolidarse en sus viejos bastiones territoriales y ganar mayor influencia en escenarios otrora dominados por las FARC-EP. Lo anterior, una vez más, aprovechando la débil presencia del Estado en parte de su territorio y las ventajas de una posición periférica, fronteriza y cocalera:

«El ELN nunca tuvo claro qué hacer. Hacia dónde mirar. Mientras no tenga la voluntad firme de cesar en la violencia la negociación no es posible [...] Mire ahora. Mantiene su firme relación con el negocio de la droga y con la minería ilegal en los escenarios que usted menciona. Y los informes de Inteligencia hablan de 4.000 hombres en armas. Es una estructura terrorista que en los últimos años se está viendo fortalecido y sobre la que el Estado no va a cesar en su responsabilidad por combatirla a través de las Fuerzas Militares» 71.

Conclusiones

Este trabajo ilustra cómo las condiciones materiales que soportan un conflicto armado interno no son suficientes para incentivar un diálogo de paz. Resulta imprescindible que concurran estímulos por las partes enfrentadas en un conflicto y que estas interpreten la negociación como un beneficio. Sobre la base de confianza mutua e intercambios cooperativos, se pueden generar beneficios colectivos superiores a los de mantener un escenario de confrontación armada. Un escenario en el que han de entenderse como una carga las décadas de violencia y la afectación a los Derechos Humanos, las cuáles se pueden superar siempre y cuando el grupo armado deponga las armas y, a cambio, el Gobierno ofrezca mínimas garantías de participación política y justicia transicional. Algo, por ejemplo, impensable para un Gobierno como el de Álvaro Uribe, convencido de la posibilidad de derrotar militarmente a las guerrillas.

Tal y como se apuntaba en la discusión teórica inicial, la madurez de un conflicto solo puede ser abordar a posteriori. Razón por la cual, desde una mirada longitudinal que comienza a inicios de la década de los ochenta, es posible observar tres factores que han lastrado sobremanera la posibilidad de éxito de las diferentes experiencias de negociación que han tenido lugar en Colombia.

En primer lugar, está el factor estructural. Uno de los elementos que más ha alimentado la emergencia y supervivencia de diferentes grupos armados durante décadas ha sido la profunda debilidad del Estado colombiano. Un Estado con más territorio que soberanía y con unas capacidades institucionales muy débiles, aún hoy visibles bajo la implementación del acuerdo de paz o frente al nuevo escenario de múltiples violencias que acontecen desde 2016. Durante la década de los ochenta y los noventa, las guerrillas aprovecharon ingentes extensiones de territorio con una muy débil institucionalidad del Estado, para consolidar bastiones territoriales como la región Pacífico, el nororiente y el suroccidente colombiano. En buena medida, lo anterior fue posible gracias a una ingente violencia estructural, traducida en desigualdad social y concentración de la riqueza —Colombia es uno de los países más desiguales del mundo según estos indicadores— y gracias a un contexto de Guerra Fría que alimentaba un discurso político y la búsqueda de comunidades de legitimación que desde 1991 se fueron desvaneciendo.

Un segundo factor abordado ha sido el narcotráfico y el negocio cocalero. Desde mediados de los ochenta, primero las FARC-EP y después el ELN se incorporaron a un negocio de la coca que dejó consigo miles de millones de dólares y que favoreció un proceso de fortalecimiento que permitió a las guerrillas, desde la segunda mitad de los noventa, aumentar recursos, presencia territorial y capacidad operativa. Posiblemente, esta ha sido la variable que más ha dificultado cualquier posibilidad de negociación, tal y como se pudo ver, desde mediados de los ochenta y hasta la década de los 2000. Solo cuando la guerrilla ha considerado imprescindible romper con el negocio de la droga, el proceso de diálogo ha podido fructificar, tal y como sucedió con el M-19 en 1990 o con las FARC-EP en 2012.

En tercer lugar, quedaría el factor que se entiende como el más importante: la confianza y la voluntad por negociar de las partes enfrentadas. A lo largo de estas páginas se ha podido observar el altísimo recelo entre guerrillas y Gobierno(s). Al escepticismo que genera cualquier expresión de izquierdas al establecimiento político colombiano, hay que añadir la animadversión que han provocado las guerrillas. De los relatos de los entrevistados se puede extraer cómo los escenarios de negociación fueron instrumentalizados para intensificar la violencia, ya sea por unos motivos u otros. Así sucedió en 1984 con las FARC-EP y el M-19, en 1991 bajo la presidencia de César Gaviria, o con motivo del proceso de diálogo del Caguán, en 1999. Sin embargo, cuando las voluntades políticas y la agencia humana han estado convencidas de que el diálogo debía primar a la confrontación, es cuando un contexto de violencia puede albergar una oportunidad de superación pacífica. Así sucedió en 1990, entre el Gobierno de Virgilio Barco y el M-19 y otras guerrillas, y desde 2012, entre el ejecutivo de Juan Manuel Santos y las FARC-EP. Expresado de otro modo, el único aspecto que puede minimizar los incentivos que a favor de la violencia han supuesto las falencias estructurales y el narcotráfico es la voluntad política de los actores intervinientes. De hecho, cuando esa lógica deja de funcionar se pueden entender fenómenos que acontecen actualmente en Colombia, como la intensificación de la violencia del ELN o la conformación de disidencias que nuevamente enarbolan la bandera de las FARC-EP.

A partir de los resultados de este trabajo, el examen de la madurez de la violencia en relación con el caso colombiano plantea nuevas posibles líneas de investigación. La renuencia del ELN a negociar bajo las condiciones ofrecidas por Juan Manuel Santos, el retorno a la «lucha armada» de facciones disidentes de las FARC-EP, o la continuidad de violencia y criminalidad por parte de estructuras herederas del paramilitarismo pueden ser algunas. Seguramente, las variables que aquí se ofrecieron para entender la madurez arrojen luz para entender por qué otros escenarios, pese a todo, prefieren continuar por la senda de la violencia y la confrontación armada.

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