Ayer138 (2) 2025:181-204
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2025
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/1520
© Iñaki Iriarte Goñi
Recibido: 28-06-2023 | Aceptado: 15-12-2023 | Publicado on-line: 07-04-2025
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License
La depuración de Mackay. Purgas, violencia y devenir político del Cuerpo de Ingenieros de Montes en la guerra y la posguerra españolas
Iñaki Iriarte Goñi
Universidad de Zaragoza
iiriarte@unizar.es
Resumen: Utilizando como fuente principal los expedientes de depuración política custodiados en el Archivo General de la Administración (AGA), este artículo reconstruye el caso de Enrique Mackay, ingeniero de montes de prestigio, personaje políticamente conservador, presidente del Consejo Forestal del Estado y juez depurador entre 1939 y 1940, que poco después cayó en desgracia y fue expulsado del cuerpo tras un duro proceso de purga. Lo ocurrido con Mackay y con otros ingenieros de montes se utiliza para lanzar nuevas hipótesis sobre los procesos de depuración, que ayudan a entender mejor su complejidad y también su papel en el apuntalamiento del régimen franquista y sus políticas.
Palabras clave: depuración política, Segunda República, guerra civil y posguerra, ingenieros forestales.
Abstract: Using the political purges files at the Archivo General de la Administración (AGA), as the main source, this article examines the case of Enrique Mackay, a prestigious forestry engineer, a conservative man who was president of the State Forestry Council and instructor himself of several political purge files between 1939 and 1940, to be expelled shortly afterwards from the Corps through a harsh purge process. The cases of Mackay and other forest engineers are used to put forward new hypotheses concerning these political purge processes, which help us understand their complexity and also their role in strengthening Franco’s regime and its policies.
Keywords: political purges, Second Spanish Republic, civil war and postwar, forestry engineers.
1940 y 1941 fueron, sin lugar a dudas, años aciagos en la vida de Enrique Mackay 1. Nacido en 1876 en La Laguna de padre de origen estadounidense y madre española, se había graduado como ingeniero de montes en la Escuela Especial del ramo de El Escorial en 1898 y había ido desarrollando una brillante carrera profesional como ingeniero ordenador en la Sierra de Cazorla y como ingeniero jefe en el distrito forestal de Jaén. A partir de 1929, su prestigio le llevó a ocupar puestos de alta responsabilidad en la administración forestal del Estado y en la Escuela de Montes. En 1939, tras salir indemne de una primera investigación depuradora, había actuado como juez instructor de varios expedientes de depuración de otros ingenieros de montes y, poco después, había sido nombrado presidente del Consejo Forestal del Estado en un decreto firmado por el propio Franco, de tal manera que su acomodo en el marco del nuevo régimen parecía asegurado. Sin embargo, desde finales de 1940 las cosas comenzaban a torcerse. En diciembre era reabierto su expediente de depuración y en febrero de 1941 moría con veintisiete años su hija Manuela a raíz, según declaraciones del propio Mackay, de una enfermedad relacionada con el encarcelamiento de la joven en la prisión de Ventas entre 1937 y 1939 por ser militante del partido de derechas Acción Popular. La filiación política de su hija, su propia ideología conservadora y la persecución y vigilancia que él y su familia habían sufrido en territorio republicano eran algunos de los argumentos que el ingeniero esgrimía como defensa frente a la reapertura de su expediente. Pero no sirvieron de nada. Unos meses después el caso se cerraba con la peor sanción posible y Mackay era separado del servicio y dado de baja en el escalafón del cuerpo. Iniciaba así un periodo de ostracismo en el que luchó por su rehabilitación aprovechando sus contactos con personas bien situadas en el régimen. Finalmente consiguió ser readmitido en 1945, aunque a pesar de su brillante trayectoria anterior a la depuración mantuvo un perfil prácticamente invisible en la esfera pública hasta que se jubiló poco después en 1946.
La depuración de Mackay presenta unos rasgos peculiares que hacen muy interesante su análisis, pero debe ser contextualizada como una de las decenas de miles de purgas que se fueron produciendo en España en el contexto de la guerra civil y la posguerra. Las medidas depuradoras de funcionarios se iniciaron durante la contienda en los dos bandos, ya que ambos quisieron asegurarse de que los funcionarios que quedaban a su servicio eran leales a su causa. Las aplicó el Gobierno de la República de manera generalizada en 1936 cesando a todos los funcionarios y obligándoles a que solicitaran su reingreso con una declaración jurada de lealtad al régimen constitucional 2; y las aplicó también el bando sublevado después del golpe de Estado fallido, obligando a los funcionarios que no lo hubiesen hecho con anterioridad a prestar su colaboración activa con la rebelión, bajo amenaza de sanción 3. Pero la depuración del funcionariado más llamativa y la que, en consecuencia, más ha despertado el interés de los historiadores es la que se produjo a partir de 1939 cuando los vencedores trasladaron las políticas depuradoras propias de la guerra a los tiempos de paz e iniciaron un proceso generalizado de purgas para controlar plenamente la Administración.
Las investigaciones que han tratado el tema se han centrado principalmente en los diferentes cuerpos del profesorado, algo que no es de extrañar, ya que la purga de docentes formó parte de la construcción de un nuevo sistema educativo basado en los principios del nacionalcatolicismo y afectó a un número muy considerable de maestros y profesores 4. También se han analizado las depuraciones en otros cuerpos de funcionarios como los jueces, los funcionarios del Ministerio de Hacienda, los empleados de ferrocarriles, de correos y telégrafos o del Ministerio de Agricultura 5. Aunque cada cuerpo pudo presentar especificidades, el objetivo básico de las depuraciones era descubrir, apartar y castigar a los desafectos al régimen, tratando de conseguir un funcionariado que, por utilizar una expresión frecuente en la época, fuera totalmente «adicto» al glorioso Movimiento Nacional y cumpliera las normas no solo profesionales, sino también políticas, morales y religiosas con las que el nuevo Estado se estaba invistiendo 6. El proceso se sistematizó con la Ley de 10 de febrero de 1939 que fijaba las normas para la depuración de funcionarios públicos, pero que fue en realidad una pieza más en un engranaje represivo mucho más amplio, en el que se incluían la Ley de Responsabilidades Políticas, aprobada solo un día antes, o la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo aprobada en 1940. No fue raro que algunos funcionarios tuvieran que responder simultáneamente a investigaciones en paralelo derivadas de su proceso de depuración y de alguna de las otras dos leyes 7. Con todo este aparato legal, el régimen iba más allá de la represión militar basada en juicios sumarísimos y fusilamientos, y establecía una nueva Administración civil con la que poder extender la victoria bélica al conjunto de la sociedad. Se conocen por tanto las líneas maestras del proceso, pero descender al análisis de algunos casos concretos permite sacar a la luz dimensiones poco exploradas del problema y contribuye a realizar interpretaciones complementarias.
El de Mackay es, sin duda, uno de esos casos que dejan ver la complejidad de los procesos de depuración. De un lado, permite adentrarse a fondo en las depuraciones de los ingenieros de montes, un cuerpo de funcionarios de elite que, pese a ser relativamente pequeño, tenía una gran influencia en la gestión del territorio de una parte considerable del país dedicada a actividades forestales o ganaderas 8. Lo que más llama la atención de este caso es que muchos de estos ingenieros pasaron primero por un ciclo de violencia y depuración ejercido por el bando republicano, que estuvo ligado en buena medida al carácter conservador que se atribuía al cuerpo, pero que no los libró de sufrir otra dura depuración en la posguerra a manos del nuevo régimen. También conservadora, como ya se ha señalado, era la posición política de Mackay, que incluso actuó unos meses como juez depurador para convertirse poco después en el único caso conocido de depurador depurado, lo que permite poner de relieve la enorme arbitrariedad e incertidumbre que rodeó a los procesos de purga. Además, detrás de la depuración de Mackay se intuyen también, como veremos, algunos intereses materiales que indican cómo las purgas podían ser un medio para evitar obstrucciones incómodas y facilitar las políticas de posguerra de los vencedores y los negocios asociados a ellas. Finalmente, los casos de depuración analizados permiten sacar a la luz otra cuestión importante que de momento ha pasado desapercibida. Se trata del papel que tuvieron las investigaciones ligadas a las depuraciones, independientemente de que acabaran o no en sanción, en la construcción, la difusión y la perduración en el tiempo del relato que los vencedores estaban creando sobre la guerra y sobre el propio régimen. En definitiva, el análisis de los casos de Mackay y de los ingenieros de montes aporta información de interés sobre el proceso de asentamiento de la ideología y las formas de operar del franquismo en su momento fundacional, y sobre las causas y los mecanismos a través de los cuales sectores conservadores moderados de la sociedad acabaron subsumidos por la dictadura y convirtiéndose en adictos a ella.
Como el resto de los cuerpos de ingenieros que se fueron configurando en España, el de montes había nacido a mediados del siglo xix en un proceso estrechamente relacionado con la propia configuración de un Estado en sentido moderno en el país 9. Se trataba de un cuerpo de elite formado por personas procedentes de la burguesía acomodada y en algunas ocasiones también de la aristocracia, que contaban con los medios económicos y con el capital cultural y social suficiente, para afrontar los estudios. El número anual de graduados era reducido, de tal forma que en la década de 1930 había unos 220 miembros en activo 10. Como puede inferirse de las revistas profesionales publicadas desde mediados del siglo xix, los ingenieros de montes se veían a sí mismos, sobre todo, como técnicos cuyo objetivo era ir transformando el uso de los montes aplicando la ciencia forestal en la que habían sido formados 11. El ingeniero de montes era, así, un híbrido entre el científico instruido y el hombre de acción que recorría los montes midiendo y cubicando el territorio, acotando los bosques y estableciendo planes para su explotación. Ello incluía ciertos signos formales de distinción y poder como ir a caballo y, pese a tratarse de ingenieros civiles, llevar uniforme y pistola 12. Ser agentes de cambio y modernización al servicio del Estado incluía también imponer sus criterios, enfrentándose a ayuntamientos y vecinos de los pueblos en una dinámica que fue altamente conflictiva. Eso los situó habitualmente del lado de las elites económicas tanto locales como nacionales y en la órbita de los intereses de algunas grandes empresas relacionadas con lo forestal 13.
Desde el punto de vista político, el espíritu tecnocrático y corporativista del cuerpo, incluyendo el hecho de que las promociones dependieran más del escalafón que del Gobierno de turno, los situaba en cierta forma por encima de las luchas partidista, y la idea de que los políticos en general no comprendían la importancia del sector forestal y apostaban poco por él fue una de sus quejas habituales 14. Ello no era óbice para que la mayor parte de sus miembros se identificaran con posiciones conservadoras, que consideraban más adecuadas para establecer unas políticas de autoridad sobre los montes que facilitaran su función 15. Esa posición se fue reforzando en el primer tercio del siglo xx y, en especial, con la dictadura de Primo de Rivera, que creó por primera vez en 1928 una Dirección General de Montes, Caza y Pesca en el Ministerio de Agricultura, ocupada por Octavio Elorrieta, el ingeniero de montes más conocido e influyente del momento 16. Fue en esa coyuntura cuando Mackay se trasladó a Madrid en 1929 como miembro del Consejo Forestal, convirtiéndose también en habitual colaborador de Elorrieta incluso después de que este dejara la Dirección General en 1930.
Los primeros Gobiernos de la República mantuvieron la Dirección General de Montes, pero entre 1931 y 1933 se sucedieron cuatro directores que no eran ingenieros, lo cual desagradó claramente a la profesión. El descontento con el papel que se otorgaba a los montes en la Ley de Reforma Agraria fue otro elemento que ayudó a orientar a los forestales en contra de los Gobiernos reformistas 17. En 1934, el Gobierno republicano radical-cedista cambiaba de criterio y volvía a nombrar a un ingeniero de montes de reconocido prestigio como director general, pero no por casualidad elegía a Fernando Baró, uno de los pocos miembros del cuerpo con claro perfil político, ya que formaba parte del grupo de católicos monárquicos que habían fundado el partido Acción Popular, germen de la propia Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) 18. Fue en el corto periodo en el que Fernando Baró ocupó el cargo cuando se aprobó un decreto que militarizaba a los guardas forestales y les entregaba armas para incrementar su «autoridad moral y su disciplina», algo que resulta indicativo de la deriva autoritaria que tomaba la Dirección de Montes en ese momento 19.
El estallido de la guerra civil afectó de lleno a los ingenieros de montes, a través de varios ciclos complementarios de violencia y de depuraciones, tanto por parte del bando republicano como por parte del sublevado. En general, se han encontrado evidencias de que un total de 163 ingenieros (más de un 75 por 100 de los miembros en activo en los treinta) se vieron afectados de una u otra forma por la represión, las investigaciones o las purgas. Sin duda, lo más traumático en este caso fue el ciclo de violencia política que se produjo en la retaguardia republicana durante los primeros meses de la contienda, y que se saldó con once ingenieros de montes fusilados 20. Las causas que motivaron esos asesinatos fueron variadas, pero en la mayor parte de los casos no hay pruebas de que las muertes estuvieran ligadas directamente a la condición profesional de las víctimas. Una excepción puede ser la del ingeniero Juan Bautista Rivera Vernich, que fue fusilado en Murcia en julio de 1936 por negarse a entregar a los milicianos las armas de los guardas forestales de la División Hidrológico Forestal del Segura que en ese momento dirigía 21. Pero parece que fueron más habituales los fusilamientos por acusaciones de colaboración directa con el enemigo o por militancia en partidos políticos que apoyaban a los sublevados 22. En general, no parece que la represión se ejerciera contra los ingenieros en tanto que miembros del cuerpo, sino más bien en tanto que miembros de una «clase acomodada» que en el contexto de la guerra fue considerada, las más de las veces sin pruebas claras, como enemiga de la causa republicana en un sentido muy amplio que incluía lo ideológico, pero que mezclaba también las cuestiones socioeconómicas, familiares o culturales 23. Algo similar pudo ocurrir con los veintitrés ingenieros de montes que a lo largo de la guerra fueron cesados, suspendidos de empleo y sueldo o jubilados forzosamente por el Gobierno. Aunque no se ha encontrado información sobre las causas específicas de esas depuraciones, lo más probable es que se tratara de acusaciones de falta de lealtad a la República, en el marco de un proceso que ha sido descrito como arbitrario y carente de garantías 24.
La violencia política en la retaguardia del bando sublevado estaba siendo mucho más intensa y sistemática, y se desarrollaba en unos parámetros mucho más amplios al centrarse en los miembros de los movimientos obrero y campesino, además de en quienes estuvieran relacionados con posiciones sociales o culturales de corte liberal o progresista 25. Quizás por ese sesgo ideológico, los ingenieros de montes apenas sufrieron la represión del bando de los sublevados durante la guerra. No hay noticias de ingenieros fusilados, y solo se conocen cuatro depurados en 1937 por razones bastante peregrinas, que dan idea de la arbitrariedad y falta de garantías de los procesos. Dos fueron apartados del servicio por «izquierdistas»; otro simplemente por haber trabajado en el Servicio Provincial de Reforma Agraria de Cádiz, y un cuarto por haber tardado en presentarse ante las autoridades franquistas tras la sublevación 26. Pero, más allá de estos casos, es obvio que muchos miembros del cuerpo comenzaban a sentirse más cómodos en el bando franquista. De hecho, no fueron raros los casos de ingenieros que se pasaron clandestinamente al bando sublevado, tanto si habían sido depurados por el Gobierno republicano como si no 27. En 1938 el Gobierno de Burgos quiso institucionalizar esta situación de hecho, y para ello creó el Servicio Nacional de Montes como institución espejo de la Dirección General de Montes republicana. Curiosamente, pese a que algunos de los ingenieros más prestigiosos habían recalado en el bando sublevado, se eligió como director del Servicio a alguien más joven y menos conocido. Se trataba de Florentino Azpeitia Florén, ingeniero próximo a las ideas de Falange que, como luego veremos, fue uno de los protagonistas en la depuración de Mackay. El mismo año de 1938 Azpeitia encargaba un Plan Nacional de Repoblación Forestal utilizando como base ideológica de este uno de los puntos programáticos que Falange había elaborado en 1934 28. Aunque muy pocos ingenieros estaban alineados directamente con el falangismo, la repoblación había sido una de sus reivindicaciones tradicionales, de tal forma que el Plan encargado por Azpeitia, pese a ser solo un proyecto, se convirtió en un elemento determinante para decantar a la mayoría de la profesión del lado de los sublevados 29.
Pese a ello, una vez acabada la guerra se puso en marcha un proceso sistemático de depuración del cuerpo que, siguiendo las directrices de la Ley de 10 de febrero de 1939, afectó a prácticamente todos los ingenieros que habían permanecido en territorio republicano en algún momento de la contienda. Una de las peculiaridades del proceso fue que los jueces instructores de las depuraciones se nombraron de entre los miembros del Consejo Forestal Nacional, es decir, eran miembros del propio cuerpo, lo cual generó situaciones corporativas perversas en unos procesos ya de por sí arbitrarios. En conjunto, entre 1939 y 1940, 137 ingenieros de montes (un 63 por 100 de los activos del cuerpo en ese momento) se vieron implicados en el proceso y tuvieron que presentar sus respectivas declaraciones. De entre ellos, se abrió expediente a treinta y tres, es decir, a aproximadamente una cuarta parte de los investigados. Ocho fueron apartados definitivamente del servicio y veinticinco más recibieron algún tipo de sanción que podía ir desde el traslado forzoso a la postergación por varios años en la escala de ascensos, pasando por la inhabilitación para ocupar puestos de mando o cargos de confianza. Los miembros del cuerpo finalmente sancionados fueron, por tanto, relativamente pocos, sobre todo si se contrastan estos resultados con lo ocurrido en otros cuerpos de funcionarios y especialmente entre los docentes. En ello pudo influir, de un lado, la ideología conservadora de la mayoría de los ingenieros de montes. También parece plausible la hipótesis de que el nuevo Estado no podía prescindir de un cuerpo funcionarial especializado en la gestión de recursos que era especialmente importante en el marco de la autarquía de posguerra. En cualquier caso, más allá de las sanciones, lo importante fue el proceso mismo de investigación que, al poner bajo sospecha a la mayoría de los ingenieros, obligarlos a demostrar su inocencia con declaraciones por escrito y hacerles ver que estaban bajo constante vigilancia, contribuyó a crear un clima de obediencia y sumisión absoluta al poder establecido. La propia ley de 1939 se encargaba de recordar, además, que haber pasado una primera investigación sin sanción no era garantía de estar a salvo, ya que dejaba en manos del jefe de servicio la opción de reabrir cualquier expediente «cuando nuevos elementos de juicio pudieran aconsejar la modificación de la resolución adoptada» 30. Era una amenaza velada que a veces se cumplió, como en el caso concreto de Mackay.
Enrique Mackay Monteverde puede considerarse como el prototipo de lo que la Administración consideraba un buen ingeniero de montes en el primer tercio del siglo xx. Número uno de su promoción en 1898, durante veintiséis años dirigió los proyectos de ordenación de varios montes propiedad del Estado en Cazorla, que abarcaban unas 20.000 hectáreas y eran especialmente aptos para la explotación maderera, y cuyo concesionario era una de las grandes empresas forestales del país 31. Según las memorias de ordenación, la labor de Mackay fue muy positiva ya que mejoró tanto la renta monetaria obtenida de los montes ordenados como su estado forestal. Para cumplir los objetivos, Mackay tuvo que enfrentarse al problema del pastoreo y las roturaciones vecinales, y en eso siguió la lógica aplicada normalmente por el cuerpo, considerando esas actividades como un problema de delincuencia y no como una consecuencia de la pobreza y la desigualdad propias de muchas zonas rurales. La solución, por tanto, pasó por incrementar la vigilancia y las denuncias de la Guardia Civil, siguiendo una dinámica que fue muy habitual en los entornos de los montes ordenados de todo el país durante ese periodo 32.
En 1924 Mackay dejó Cazorla para dirigir desde Jaén el distrito forestal de toda la provincia y en 1929 llegó a Madrid al ser nombrado miembro del Consejo Forestal del Estado y también profesor de Ordenación y Valoración de Montes de la Escuela Especial de Ingenieros. Su carrera se redondeó en 1933 al ser nombrado director de la Escuela, al tiempo que participaba en algunas comisiones importantes de política forestal. Durante la guerra civil mantuvo su puesto de director y permaneció en Madrid hasta agosto de 1937. En ese momento fue obligado a trasladarse a Valencia donde siguió siendo director, aunque algunos profesores de la Escuela se quedaron en Madrid, manteniendo una especie de centro paralelo que quedó al margen del control de Mackay. Fue precisamente en ese periodo cuando en el laboratorio de la Escuela de Madrid se realizó una serie de estudios sobre protección en caso de guerra química, algo que posteriormente se investigaría en el proceso de depuración. Finalizada la guerra, Mackay fue obligado a declarar sobre sus actividades en los años del conflicto, pero consiguió superar la investigación argumentando la persecución que habían sufrido él y su familia por parte de elementos republicanos. Su casa de Madrid había sido registrada dos veces; su hija Manuela había sido detenida y encarcelada a pesar de su delicado estado de salud, y su casa de Cazorla había sido asaltada y saqueada «por elementos incontrolados» 33. Tras esa investigación de 1939 dejó de ser director de la Escuela, pero siguió siendo miembro del Consejo Forestal Nacional, por lo que fue nombrado juez instructor para la depuración de otros compañeros de profesión.
Los trece expedientes instruidos por Mackay que han sido localizados permiten valorar su actuación como depurador. De un lado se tomó en serio su trabajo realizando unas investigaciones metódicas y ordenadas y exigiendo que todas las acusaciones fueran corroboradas por pruebas fehacientes. En varios casos absolvió a los implicados utilizando el artículo 11 de la Ley de Depuraciones, que permitía cerrar con carácter de «pronunciados» aquellos expedientes cuyos protagonistas estuvieran pendientes de otras investigaciones ajenas al Servicio de montes 34. En conjunto, diez de los trece expedientes instruidos por Mackay acabaron en readmisión sin sanción, y los tres restantes lo hicieron con sanciones leves 35. Desde esa perspectiva, la actitud de Mackay como depurador puede considerarse benévola, pero eso no fue una excepción, ya que, entre ingenieros, también otros instructores adoptaron posiciones favorables a los investigados siempre que pudieron 36. De hecho, su actuación como juez instructor no fue lo que provocó la reapertura de su expediente a finales de 1940.
El detonante fue una denuncia del también ingeniero de montes Miguel Ganuza del Riego, quien le acusó de haber publicado en 1938 un artículo sobre la Escuela de Montes en la revista Economía y Técnica Agrícola, en el que, según el denunciante, se ensalzaba al Gobierno de la República 37. La acusación no parecía demasiado grave, pero en el contexto de inmediata posguerra lo importante no era tanto la gravedad de la acusación sino la identidad del acusador. Y Miguel Ganuza era, en ese momento, un hombre con un amplio capital político. Se trataba de un ingeniero aragonés que, por una parte, antes de la guerra había entablado una gran amistad con Serrano Suñer, cuando este se presentó en dos ocasiones como diputado a Cortes por Zaragoza, y, por otra, había sido compañero de estudios y de trabajo, y gran amigo, de Florentino Azpeitia, que ocupaba, como se ha señalado, la Dirección de Montes del bando franquista desde 1938. Además de eso, Ganuza había combatido como capitán con el ejército sublevado, llegando a ser nombrado gobernador civil de Vizcaya en 1937 tras la conquista de Bilbao, gracias, al parecer, a sus contactos con Serrano Suñer 38. Era pues una figura relevante, que en 1940 fue nombrado director del Patrimonio Forestal del Estado (PFE), una institución que había sido fundada por la República en 1935, pero que refundó el nuevo Estado en ese momento y empezaba a ser, claramente, la joya de la corona de la Administración forestal franquista. En este contexto, la acusación de Ganuza fue suficiente para que Mackay se convirtiera en sospechoso y para que su expediente reabierto fuera engordando con acusaciones acumuladas.
La pregunta que cabe hacerse ante esta situación es: ¿qué pudo motivar que un hombre claramente conservador como Mackay, que ya había salido indemne de una investigación un año antes y que ocupaba además el primer puesto del escalafón de los ingenieros de Montes cayera en desgracia? ¿Era suficiente la publicación de un artículo en una revista técnica que había pasado totalmente desapercibido hasta entonces? El verdadero motivo de la reapertura del expediente puede estar en las intenciones que el PFE tenía en ese momento para la sierra de Cazorla, ya que, para contribuir a la reconstrucción del tendido ferroviario de las compañías privadas Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA) y Andaluces, que aún existían (ambas acabarían integradas en Red Nacional de Ferrocarriles Españoles/RENFE en 1941), se había planteado una serie de aprovechamientos extraordinarios que pretendían extraer de la sierra grandes cantidades de madera para traviesas. En este contexto, Mackay, que había vivido en Cazorla más de veinticinco años y tenía allí estrechas relaciones familiares, visitó la sierra varias veces en el otoño de 1940 como inspector general de Montes, y redactó un informe que envió a Azpeitia, en el que protestaba de manera enérgica contra esos proyectos de corta, considerándolos «excesivos, ajenos a criterios silvícolas adecuados y claramente dañinos para los montes» 39. Así pues, el ingeniero forestal número uno en el escalafón estaba denunciando un abuso ambiental por parte del PFE, y se estaba interponiendo en unos planes económicos de gran calado tanto para las políticas de reconstrucción del nuevo Estado como para los negocios madereros. Como es obvio, eso le convertía en un personaje incómodo y, dado el clima despótico y vengativo con el que se estaba gestionando la victoria en esos momentos, la reapertura del expediente de depuración podía ser una forma efectiva de quitarlo de en medio. Obviamente, con Mackay ya apartado del servicio, los planes extraordinarios se llevaron a cabo y, más aún, un año después el PFE dirigido por Ganuza otorgaba la explotación de los montes de Cazorla al servicio de explotaciones forestales de la recién creada RENFE, iniciando con ello una explotación intensiva de las maderas de esas sierras durante casi dos décadas, sin que hubiera ninguna oposición al proyecto 40.
El pliego de cargos instruido contra Mackay no hacía ninguna alusión a este asunto, pero, a la acusación inicial de haber publicado un artículo inconveniente, se le fueron sumando otros cargos como su ascenso a presidente de sección del Consejo Forestal «por el Gobierno marxista» en 1937; el funcionamiento en la Escuela de Montes de Madrid de un laboratorio de guerra química en 1938 cuando Mackay era director; el hecho de que no hubiera huido a zona rebelde durante la guerra, y, finalmente, su actitud benevolente como juez instructor en los expedientes de depuración que había instruido. Este último cargo se fue complicando, ya que algunos de los expedientes resueltos por Mackay se reabrieron y acabaron en sanciones graves 41. Mackay se defendió como pudo, e incluso se atrevió a contraatacar. En su declaración afirmaba que se le estaba intentando adjudicar oficialmente la «filiación política de rojo», lo cual era una clara «falsedad», y continuaba: «muy deficiente debe ser la organización del servicio respectivo cuando se duda de una verdad clara y subsistente a lo largo de cuarenta y tres años de actividad al servicio del Estado» 42. Probablemente esta declaración poniendo en duda la autoridad de la Dirección General fue un error estratégico de Mackay. Aunque la sanción propuesta por Fernando Baró, que actuaba como juez instructor, fue leve, el director general de Montes que seguía siendo Florentino Azpeitia, la elevó al máximo proponiendo para Mackay la separación definitiva del servicio. El ministro de Agricultura, que en ese momento era Miguel Primo de Rivera, ratificó la propuesta de Azpeitia sin ni siquiera recabar opinión de los servicios jurídicos del Estado.
Durante los tres años siguientes Mackay se dedicó en cuerpo y alma a tratar de revertir la situación, recabando pruebas oficiales y solicitando testimonios favorables a su caso 43. Lo hizo sobre todo entre los profesores y empleados de la Escuela de Montes (desde el director hasta el conserje), así como entre otras personas bien situadas en el régimen. La lectura de esos testimonios permite desgranar los argumentos de su defensa. Mackay no se reconocía como autor del artículo que se le había atribuido; su ascenso de 1937 se había producido por «corrida de escala» sin intervención política; el laboratorio de química de guerra de la Escuela no estuvo en ningún momento dirigido por Mackay, que se encontraba en aquellos momentos en Valencia, y además, según varios testimonios, acabó revelándose como una especie de laboratorio ficticio, sin producción material alguna, que había servido principalmente para cobijar a estudiantes de la Escuela que, gracias a trabajar en él, no fueron llamados a filas por la República. Por lo demás, prácticamente todos los testimonios recabados por Mackay, como respondiendo a un acuerdo tácito, hacían referencia a su ideología claramente derechista y en especial a su carácter bondadoso y benevolente que algunos utilizaban para disculpar sus actuaciones en los expedientes de depuración instruidos por él. Como decía el profesor de la Escuela Félix Gallego, «que el señor Mackay es un hombre esencialmente bondadoso, por lo que, al juzgar conductas ajenas, podía pecar de ligereza en tal sentido». Al final, Mackay debió de tocar la tecla adecuada y consiguió una revisión de su caso que, además, se sacó del ámbito de la Dirección de Montes y el Ministerio de Agricultura, recayendo en manos de un magistrado nombrado por el Ministerio de Justicia. En ese contexto, las 61 pruebas que presentó entre documentos y testimonios de personas afines al nuevo Estado fueron determinantes para su readmisión en el cuerpo en 1945. Para entonces, Azpeitia ya no era director general de Montes e, irónicamente, aparece en la investigación un informe del propio Ganuza, un tanto lacónico y ambiguo, en el que, sin desdecirse claramente de la acusación realizada cinco años antes, acababa reconociendo a Mackay como «persona afecta al régimen actual» 44.
Varios de los trabajos que han abordado los procesos de depuración de posguerra en España señalan lo endeble de su soporte jurídico y la arbitrariedad con la que se llevaron a cabo, entre otras cosas porque lo que se investigaba no solo eran hechos punibles, sino también ideas y actitudes, a través de indicios claramente subjetivos que operaban bajo el principio de «presunción de culpabilidad» hasta que no se demostrara lo contrario 45. Los expedientes de ingenieros de montes analizados en este trabajo, incluido el de Mackay, corroboran sin duda esa visión de las depuraciones, pero permiten añadir un aspecto que ha pasado desapercibido: el papel de las investigaciones, terminaran o no en sanción, en el relato de los vencedores 46. Ese relato se fue construyendo, en primer lugar, de arriba hacia abajo, desde el poder hacia los funcionarios, a través de la narración que los dirigentes franquistas habían venido construyendo sobre la guerra y sobre el bando enemigo. En ella se encumbraba al «glorioso Movimiento Nacional» borrando por completo tanto sus responsabilidades en el origen de la guerra como sus acciones y crímenes a lo largo de esta, al tiempo que se demonizaba todo lo que tuviera que ver con la República desde su misma proclamación en 1931. En ese relato, cualquier colaboración política directa o indirecta con ese enemigo demoniaco y deshumanizado debía ser perseguida y castigada, también entre los funcionarios. Por eso, las posibles sanciones recogidas en la Ley de Depuraciones de 1939 incluían muchos motivos, como haber militado en partidos que apoyaran en su momento al Frente Popular, haber colaborado de alguna manera con los partidos marxistas o separatistas o, en general, ser de tendencias izquierdistas. Pero también penalizaba ser o parecer ateo, de moral disipada o estar «divorciado y vivir con otra mujer» 47. Y a eso había que añadir otras muchas causas que se podían combinar con las anteriores y convertirse en agravantes. A modo de ejemplo, a un ingeniero al servicio de la Generalitat se le investigó por escribir informes en catalán, y a esa falta se añadía su ideología izquierdista y separatista, «cosa más censurable en persona que procede de padres monárquicos y de derechas, como casi toda su familia» 48. Incluso algo tan aparentemente inocuo como haber publicado un libro sobre silvicultura en territorio republicano se podía considerar una falta, por dar con ello «ocasión a campañas de propaganda en prensa y radio conducentes a elevar el prestigio de aquel Gobierno como fomentador y amparador de la ciencia y sus sabios» 49. Algo similar a lo que le ocurrió a Mackay con el artículo que se le atribuía en su expediente. En definitiva, a través de las acusaciones, los vencedores lanzaban mensajes sobre lo que estaba o no permitido en el nuevo estado de cosas.
A partir de ahí, la construcción del relato incluía otra parte más sutil, que se transmitía en la dirección contraria, de abajo hacia arriba, a través de las declaraciones que los propios investigados estaban obligados a realizar para evitar las sanciones, y en las que, como es obvio, todos pretendían demostrar que no habían caído en las faltas que contemplaba la Ley de Depuraciones. De hecho, la declaración debía probar que, pese a permanecer en territorio republicano, habían estado siempre a favor del bando sublevado. Se trataba, por tanto, de pasar por «adictos» de primera hora al Movimiento Nacional, lo cual implicaba, para empezar, hacer suyo el relato oficial de manera acrítica e incluso reforzarlo por escrito en la declaración propia. Por eso las alusiones a los crímenes de las hordas marxistas o a los excesos perpetrados por los rojos eran expresiones casi obligadas que, lejos de calibrarse, se consideraban de oficio como hechos ciertos y generalizados en cualquier ámbito y circunstancia. Además de eso, las declaraciones trataban de demostrar casi desesperadamente la colaboración de los interesados con el bando franquista, afirmando, por ejemplo, haber contribuido al socorro blanco, o haber ayudado a personas perseguidas ocultándolas o facilitando su huida. Algunos iban más allá, como el ingeniero que contaba en su declaración que por hablar ruso había tenido predicamento entre los elementos de izquierda, y que él aprovechaba esa circunstancia «para desmoralizarlos contándoles lo mal que iba la guerra para los rojos, con traducciones falsas de los periódicos Pravda e Isviestiya» 50. Quienes no contaban con bazas tan jugosas, se limitaban a recurrir a una supuesta resistencia pasiva como funcionarios a la hora de aplicar cualquier decisión del Gobierno de la República.
La presión sobre los investigados se incrementaba, además, a través de la propia arbitrariedad, ya que las sanciones podían aplicarse o no dependiendo de factores aleatorios. En el caso de los ingenieros de montes y también en el de Mackay, se percibe que las condenas no dependían de la gravedad de las acusaciones, sino más bien de quién fuera el acusador; quién, el investigado, y cuál fuera la interpretación subjetiva que hicieran los instructores y la superioridad. Hubo quien fue depurado por la simple acusación por parte de un fiscal provincial de haberse «expresado contra las derechas» en una conversación de café en agosto de 1936, y quien fue absuelto pese a haber estado afiliado a la Unión General de Trabajadores (UGT), al disculparse diciendo que lo había hecho para «salvar el pellejo» en el contexto de la guerra 51. Lo que añade el caso de Mackay a esa arbitrariedad es que la sospecha podía recaer sobre cualquiera, independientemente de su posición en el nuevo Estado. De hecho, Mackay cayó cuando ocupaba los puestos más altos en el escalafón del cuerpo, lo cual se puede interpretar como un aviso a navegantes. Tener prestigio profesional, estar bien posicionado en la Administración o incluso haber sido hostigado en época de la República no era garantía suficiente. Es cierto que, tras la sanción, existía alguna posibilidad, aunque también aleatoria, de que los procesos se revisaran. Lo hemos visto en el caso de Mackay, pero la revisión y el levantamiento de penas afectaron también a otros ingenieros de montes a finales de los cuarenta y principios de los cincuenta 52. Sin embargo, desde la perspectiva en que estamos considerando el problema, la revisión de los casos puede interpretarse, más que como una absolución, como una segunda oportunidad para mostrar arrepentimiento y presentar argumentos y pruebas adicionales de «adicción», algo que servía para reforzar aún más la construcción del relato oficial incluso entre los sancionados. Cabe decir, en definitiva, que a través de todos estos procesos el nuevo Estado consiguió fagocitar a unos funcionarios de elite que en su mayoría eran de ideología conservadora antes de la guerra, pero que ahora se veían obligados a declararse como rotundamente franquistas y a demostrar que lo eran, además, sin matices y de manera incondicional.
Y en lo que toca a los ingenieros de montes, está claro que esa suma de relatos de adhesión al régimen no quedó solo en lo retórico, sino que tuvo consecuencias reales. La situación excepcional generada durante la guerra y la posguerra propició un cambio generacional en el que ingenieros relativamente jóvenes y directamente implicados con el Movimiento Nacional fueron copando los puestos de responsabilidad política en las instituciones forestales, aprovechando los contactos derivados de su ideología para saltarse el escalafón. Y en ese contexto, el proceso de purgas contribuyó claramente a que el conjunto de la profesión se alineara en torno a ellos y se comprometiera directamente con la dictadura. El hecho de que las depuraciones hubieran sido instruidas por los propios miembros del cuerpo contribuía a reforzar la obediencia a la superioridad en el ámbito profesional. Teniendo en cuenta que las promociones implicadas en las purgas fueron muchas, y que las más afectadas estuvieron en activo hasta finales de los años sesenta, se entiende que la simbiosis entre cuerpo de ingenieros de montes y dictadura perviviera en el largo plazo. El propio régimen reforzó esa simbiosis al utilizar las políticas de repoblación forestal como imagen de la reconstrucción de una España redimida de los problemas del pasado por los vencedores de la guerra. Más aún, interesó extender la idea de que la reforestación era un empeño personal del Caudillo, algo a lo que los propios ingenieros de montes contribuyeron con algunos de sus escritos en la década de 1940 y que aún se replicaba a mediados de los sesenta con motivo de la celebración de los Veinticinco Años de Paz 53. Y, como es obvio, todo esto tuvo una influencia primordial en el tipo de políticas forestales que se fueron estableciendo y en la manera en que se aplicaron. Tras los procesos de depuración, unos ingenieros de montes disciplinados y acríticos con el régimen fueron estableciendo y ejecutando durante varios lustros unos proyectos forestales que ellos presentaban como apolíticos y meramente técnicos, pero que tenían un corte claramente autoritario ligado a la dictadura y que hasta los años setenta se pudieron imponer de manera unilateral, sustrayendo cualquier debate social sobre ellos y a costa, en no pocas ocasiones, de las sociedades rurales que vivían de los propios montes 54.
La depuración de Enrique Mackay y las vicisitudes de guerra y posguerra por las que traspasaron tanto él como otros muchos ingenieros de montes aportan elementos interesantes para entender mejor los procesos de control político que se desplegaron durante esos periodos convulsos, y permiten vislumbrar también algunas de sus consecuencias. Una de ellas fue que los ingenieros de montes, pese a estar poco politizados en los años veinte y treinta, se vieron envueltos durante la guerra y la posguerra en varios ciclos combinados de violencia y purgas que sin duda marcarían su futuro tanto personal como profesional. Parece claro que el encaje en la retaguardia republicana fue complicado para muchos de ellos, porque debido a su posición social fueron considerados como elementos sospechosos de colaborar con el enemigo y pudieron ser depurados o, lo que es peor, detenidos y fusilados, a través de unos procesos que la mayor parte de las veces fueron arbitrarios y no ofrecieron garantías. Eso orientó a muchos hacia el bando sublevado donde otros compañeros estaban siendo mejor tratados durante la guerra. Pero esa orientación no los libró de ser investigados en la purga generalizada que los vencedores pusieron en marcha en 1939.
El caso concreto de Mackay pone de manifiesto la función aleccionadora que se dio a las depuraciones de posguerra no solo para los «rojos», sino también para los conservadores que no hubieran demostrado hasta ese momento un apoyo incondicional al nuevo régimen o que quisieran mantener posturas personales críticas con las nuevas políticas. Lo que se buscaba era forzar una sumisión total y sin fisuras, y por eso la denuncia de Mackay de las prácticas forestales que se iban a poner en marcha en la sierra de Cazorla desencadenó el reinicio de un proceso arbitrario y falto de garantías mínimas, con consecuencias fatales en lo profesional y en lo personal. El hecho de que Mackay fuera en ese momento un ingeniero de prestigio, número uno en el escalafón del cuerpo y juez instructor en otras depuraciones, añadió a su caso un claro matiz ejemplarizante.
Por lo demás, las investigaciones y las declaraciones individuales de los procesos de depuración, más allá de que acabaran o no en sanción, desempeñaron un papel fundamental para ir reforzando y ampliando el relato de los vencedores sobre la guerra y la victoria. Los dirigentes del régimen, desde arriba, lanzaban mensajes implícitos sobre lo que querían oír y los investigados, en sus declaraciones por escrito, replicaban y hasta magnificaban esas consignas para salvarse de la quema. Se quería que demostraran adicción al glorioso Movimiento Nacional en el sentido etimológico de afición a este, pero como efecto añadido estaban ligando su destino al de la propia dictadura y convirtiéndose en adictos también en el otro sentido etimológico de la palabra que indica «dependencia de». Saber en qué medida la adicción era real o fingida resulta imposible a escala individual. Pero hay pocas dudas de que el cuerpo de ingenieros de montes como tal se ligó durante varios lustros a la dictadura e incluso hizo alarde de ese vínculo. La manera autoritaria y unilateral con la que se aplicaron las políticas forestales hasta los años setenta da buena cuenta de ello.
1 Este trabajo se basa en los expedientes de Enrique Mackay y del resto de los ingenieros de montes depurados en la posguerra, custodiados en el Archivo General de la Administración (en adelante AGA), Sección Agricultura (en adelante SA), cajas 61/5832 a 61/5839. Los datos biográficos de Mackay se han completado con el trabajo de Eduardo Araque: Enrique Mackay. Periplo personal y profesional de un ingeniero de montes en la primera mitad del siglo xx, Jaén, Fundación Gypaetus, 2009. Se ha consultado también el trabajo sobre Mackay, prolífico en datos e información, de María Rosa García: «Don Enrique Mackay y la política forestal de la sierra de Cazorla en la posguerra», Elucidario, 8 (2009), pp. 139-156.
2 Gaceta de Madrid, 204, 22 de julio de 1936, p. 770, donde se recoge el cese de «todos los empleados que hubieran tenido participación en el movimiento subversivo o fueran notoriamente enemigos del régimen», y Gaceta de Madrid, 272, 28 de septiembre de 1936, p. 2030, donde se dice: «suspendiendo a todos los funcionarios (excepto los de instituciones y cuerpos armados) y exigiendo declaración jurada de adhesión para el reingreso».
3 Decreto 101 de la Junta de Defensa Nacional, de 8 de septiembre de 1936, Boletín Oficial del Estado (en adelante BOE), 12 de septiembre de 1936, p. 1, y decreto-ley dictando reglas para la separación definitiva del servicio de toda clase de empleados, BOE, 9 de diciembre de 1936, p. 1.
4 Se ha calculado que las depuraciones afectaron a 52.000 maestros de primaria, 2.445 profesores de secundaria y en torno a 2.000 profesores universitarios, incluyendo los de las escuelas normales. Esta cuantificación, junto con una revisión bibliográfica, en Francisco Martín Zúñiga e Isabel Grana Gil: «Una visión global de la depuración franquista del profesorado: semejanzas y peculiaridades», Revista de Estudios Regionales, 114 (2019), pp. 71-89.
5 Estos trabajos se incluyen en la compilación de Josefina Cuesta (coord.): La depuración de funcionarios bajo la dictadura franquista (1936-1975), Madrid, Fundación Largo Caballero, 2009.
6 Castigar a los desafectos, conseguir la sumisión de los indecisos y cohesionar a los vencedores son los tres objetivos que marca Jaume Claret Miranda: El atroz desmoche. La destrucción de la universidad española por el franquismo, 1936-1945, Barcelona, Crítica, 2006.
7 Un buen mapa sobre la complementariedad de los diversos procesos represivos puestos en marcha en la posguerra en Julio Prada Rodríguez: La España masacrada. La represión franquista de guerra y posguerra, Madrid, Alianza Editorial, 2010.
8 El trabajo de Juan Pan-Montojo: «La depuración de los ingenieros del Ministerio de Agricultura, 1936-1942», en Josefina Cuesta (coord.): La depuración de funcionarios bajo la dictadura franquista (1936-1975), Madrid, Fundación Largo Caballero, 2009, pp. 232-247, aporta datos de mucho interés sobre los ingenieros de montes, pero se centra mucho más en los ingenieros agrónomos.
9 Sobre el papel de los ingenieros en la configuración del Estado moderno en España, Darina Martykánová y Juan Pan-Montojo: «Los constructores del Estado: los ingenieros españoles y el poder público en el contexto europeo (1840-1900)», Historia y Política, 43 (2020), pp. 57-86. Sobre el caso específico de los ingenieros agrónomos, Juan Pan-Montojo: Apostolado, profesión y tecnología. Una historia de los ingenieros agrónomos en España, Madrid, B&H, 2005.
10 Datos de Antonio García Álvarez: Historia del Cuerpo de Ingenieros de Montes (1853-2010), Madrid, Colegio y Asociación de Ingenieros de Montes, 2010, pp. 83-84.
11 Sobre los logros profesionales y científicos de los ingenieros, Josefina Gómez Mendoza: Ciencia y política de los montes españoles (1848-1936), Madrid, ICONA, 1992, y Vicente Casals Costa: Los ingenieros de montes en la España contemporánea, 1848-1936, Barcelona, Del Serbal, 1996.
12 Darina Martykánová y Juan Pan-Montojo: «Los constructores del Estado...», p. 78.
13 Sobre la conflictividad en torno a montes e ingenieros, José Ignacio Jiménez Blanco: «El monte, una atalaya de la historia», Historia Agraria, 26 (2002), pp. 141-190, y Alberto Sabio Alcutén: «Imágenes del monte público, “patriotismo forestal español” y resistencias campesinas, 1855-1930», Ayer, 46 (2002), pp. 123-154.
14 Véase el prefacio al libro de Vicente Casals Costa: Los ingenieros de montes..., p. 4.
15 Josefina Gómez Mendoza: Ciencia y política..., p. 12; también Pío García Escudero: «Nueva etapa», Revista Montes, 5 (1945), pp. 261-271.
16 Sobre la figura de Elorrieta, véase Iñaki Iriarte Goñi: «La obra de Octavio Elorrieta (1881-1962): el monte al servicio de la economía», Historia Agraria, 48 (2009), pp. 133-159.
17 Los escritos de Octavio Elorrieta en la revista Montes e Industrias fueron dando cuenta de estos descontentos. Por ejemplo, Octavio Elorrieta: «La reforma Agraria», Montes e Industrias, 9 (1931), pp. 1-3, o s. a.: «El Iltmo. Sr. don Fernando Baró y Zorrilla, director general de Montes, Pesca y Caza», Montes e Industrias, 44 (1934), pp. 1-2.
18 Ignacio Pérez-Soba: «Fernando Baró Zorrilla (1877-1959) Un trabajador incansable y polifacético», Revista Montes, 120 (2015), pp. 63-67.
19 Decreto de 31 de enero de 1935, disponiendo que el Cuerpo de Guardería Forestal siga dependiendo de la Dirección General de Montes, Pesca y Caza, en el Ministerio de Agricultura, Gaceta de Madrid, 35, 31 de enero de 1935, p. 903.
20 Juan Pan-Montojo: «La depuración de los ingenieros...», p. 240, ofrece la lista de nombres de los once ingenieros de montes fusilados a los que añade dos alumnos de la Escuela Especial también fusilados.
21 Fernando López Azorín: Naturaleza, medio ambiente y repoblación forestal en la Región de Murcia. Ingenieros de montes en Sierra Espuña (1879-1936), Murcia, Fundación Centro de Estudios Históricos, 2021, p. 444.
22 Hay pruebas de que los ingenieros Antonio Sorribas Moreno y José Musso Blanc fueron quintacolumnistas en Barcelona y Murcia respectivamente. Véase Javier Rodríguez Abengózar: «La quinta columna en la retaguardia republicana de Cataluña», en Eduardo Higueras, Ángel Luis López y Sergio Nieves (coords.): El pasado que no pasa. La guerra civil española a los ochenta años de su finalización, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2020, pp. 130 y 133. Para el segundo caso, Archivo Histórico Nacional, FC-Causa General, 1067, exp. 4, fol. 409v. El ingeniero Juan María Madariaga y Orozco fue fusilado por su militancia en la Comunión Tradicionalista, según recoge el Diccionario Biográfico de Almería.
23 Este concepto amplio de clase es el que utilizan Miguel Artola Blanco y José Miguel Hernández Barral: «La Caja General de Reparaciones: represión económica, represión de clase (1936-1939)», Ayer, 123 (2023), pp. 185-212, para analizar la represión económica ejercida durante la guerra por el Gobierno republicano.
24 Juan Pan-Montojo: «La depuración de los ingenieros...», p. 238, ofrece el listado de ingenieros de montes sancionados por la República, basándose en lo publicado en la Gaceta, que no da detalles sobre las causas. También sitúa los procesos de depuración de ambos bandos durante la contienda en una lógica guerra civilista arbitraria y sin garantías.
25 Julio Prada Rodríguez: La España masacrada..., pp. 391-435.
26 Se trata, respectivamente, de los ingenieros Amadeo Navascués Revuelta, José Irazabal Jaquetot, Gabriel González Revenga y Victoriano Lorente Jiménez. BOE, Burgos, 14 de mayo y 17 de agosto de 1937, y AGA, SA, cajas 61/5835 y 61/5836.
27 Dos ejemplos significativos de ingenieros que se pasaron al bando sublevado son Fernando Baró, que había sido depurado por la República, y Octavio Elorrieta, que no lo había sido.
28 Se trataba del vigésimo punto de la normativa de Falange Española y de las JONS. Véase Carlos Píriz: «Entre la palingénesis y la estética fascista: la repoblación forestal en el oeste español (c. 1938-1943)», Ayer, 107 (2017), pp. 183-204.
29 El plan de repoblación aprobado en 1939 lo elaboraron dos ingenieros que no estaban relacionados con Falange, pero el Patrimonio Forestal del Estado, órgano encargado de ponerlo en marcha, lo fue reconvirtiendo en una política autoritaria y productivista propia de una dictadura. Un ejemplo de esta deriva en Eduardo Rico: «El rechazo de una opción conservacionista e integradora. Galicia en el Plan General de Repoblación Forestal de España de 1939», Historia Agraria, 9 (1995), pp. 155-173.
30 Artículo 11 de la Ley de 10 de febrero de 1939.
31 La empresa concesionaria era La Unión Resinera Española. Véase Eduardo Araque y Rafael Pulido: «Primeros resultados de los trabajos de ordenación en los montes Navahondona y Guadahornillos», Cuadernos de la SECF, 6 (1999), pp. 113-123.
32 Expediente de Enrique Mackay, AGA, SA, caja 61/5837. Sobre la represión en los montes ordenados, Grupo de Estudios de Historia Rural: «Diversidad dentro de un orden: privatización, producción forestal y represión en los montes públicos españoles 1859-1926», Historia Agraria, 18 (1999), pp. 129-180.
33 Expediente de Enrique Mackay, AGA, SA, caja 61/5837.
34 Fue el caso de ingenieros de montes dependientes del Ministerio de Hacienda, en cuyos expedientes faltaba, precisamente, el informe de ese Ministerio. Fernando Cistué de Castro, Luis Carderera y Carderera, Ramón de Pando y Armand, Rafael Ayerbe Vallés y Tomás Belarrea Lequerica. AGA, SA cajas 61/5832 a 61/5835.
35 Se trató de Luis Fernández de Valderrama y Gabriel González Revenga, sancionados con inhabilitación para puesto de mando y confianza durante cinco años, y Herminio González Real, con traslado forzoso sin poder solicitar cargos vacantes durante un año. AGA, SA, cajas 61/5834 y 61/5835.
36 Esto es lo que señala, en general, para los ingenieros agrónomos que actuaron como instructores Juan Pan-Montojo: Apostolado, profesión y tecnología..., p. 305.
37 Expediente de Enrique Mackay, AGA, SA, caja 61/5837.
38 Los datos biográficos de Ganuza en Ignacio Pérez Soba y Jesús Pemán: «Joaquín Ximénez de Embún y Oseñalde y Florentino Azpeitia Florén: dos aragoneses en el origen del plan general de repoblación forestal de España de 1939», Lucas Mallada, 17 (2015), pp. 105-158.
39 María Rosa García: «Don Enrique Mackay...», p. 149, reproduce fotográficamente parte del cuadernillo de apuntes en el que Mackay recogió las malas prácticas que se estaban realizando en los montes de Cazorla.
40 Eduardo Araque: «Madera para RENFE. El aprovisionamiento ferroviario de madera en los montes españoles», Estudios Geográficos, 44 (2009), pp. 51-78. Sobre el carácter problemático y poco sustentable que adquirieron algunos negocios madereros en la posguerra, véase Miguel Ángel del Arco Blanco y Nadia Martínez Espinar: «Conflictividad ambiental y poder local en el primer franquismo. El “lobby de la madera” en Santa Fe (1936-1951)», Historia Actual Online, 20 (2009), pp. 7-18.
41 El caso más problemático fue el de González Revenga, separado del cuerpo en 1941. AGA, SA, caja 61/5835.
42 Expediente de Enrique Mackay, AGA, SA, caja 61/5837.
43 Documentación recogida en el informe del juez instructor del caso Mackay en 1944, AGA, SA, caja 61/5837.
44 Declaración de Miguel Ganuza del Riego, recogida en el informe del juez instructor del caso Mackay en 1944, AGA, SA, caja 61/5837.
45 Especialmente los trabajos de Yolanda Blasco Gil: «Soporte jurídico de las depuraciones», y de Mónica Lanero Táboas: «De jueces y docentes: reflexiones sobre las lógicas y los tiempos de la depuración administrativa», ambos en Josefina Cuesta (coord.): La depuración de funcionarios bajo la dictadura franquista (1936-1975), Madrid, Fundación Largo Caballero, 2009, pp. 27-50 y 139-159, respectivamente.
46 Según el trabajo de Lourenzo Fernández Prieto, Antonio Míguez Macho y Dolores Vilavedra: 1936. Un nuevo relato, Zaragoza, PUZ, 2020, el franquismo fue estableciendo diferentes relatos sobre sí mismo. Aquí nos referimos al primero, que tuvo que ver principalmente con la guerra como cruzada.
47 Expediente de Hipólito Peña Serrano, AGA, SA, caja 61/5838.
48 Expediente de José María Coll Ortega, AGA, SA, caja 61/5833.
49 Expediente de Ezequiel González Vázquez, AGA, SA, caja 61/5835.
50 Expediente de José Benito Martínez González, AGA, SA, caja 61/5837.
51 Expedientes de Juan de la Viña Lomba y de Alejandro Mola Melo, AGA, SA, cajas 61/5839 y 61/5838, respectivamente.
52 Expedientes de Alejandro Larrosa, Rafael Ayerbe o Jesús Ugarte, AGA, SA, cajas 61/5832, 61/5836 y 61/5839, respectivamente.
53 En 1945, en una loa anónima a Franco, aparecida en la reinaugurada Revista de Montes [5 (1945), p. 253], se interpretaba la repoblación forestal como una obra de este y «de su deseo fervoroso, en fin, de restaurar en los montes las viejas riquezas tanto tiempo olvidadas o perdidas». En un sentido similar se mostraba en la misma revista veinte años después Manuel Martín Lobo: «Veinticinco años de paz octaviana en los montes españoles», Revista Montes, 122 (1965), pp. 131-145.
54 La idea de los proyectos ingenieriles del franquismo como «obras redentoras» en Lino Camprubí: Los ingenieros de Franco, Barcelona, Crítica, 2017. Una visión similar para el caso de los ingenieros constructores de pantanos en Benjamin Brendel: «Conexiones energéticas. Los ingenieros constructores de los pantanos de Franco como actores políticos y agentes del Estado en el contexto internacional», Historia y Política, 43 (2020), pp. 87-119. Sobre el carácter autoritario de las políticas forestales del franquismo, José Luis Ramos Gorostiza: «Gestión ambiental y política de conservación de la naturaleza en la España de Franco», Revista de Historia Industrial, 32 (2006), pp. 99-138.