Ayer 112/2018 (4): 47-72
Sección: Dosier
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2018
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/112-2018-03
© Rafael Villena Espinosa
Recibido: 27-09-2017 | Aceptado: 04-05-2018
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

La revolución tranquila: el despliegue de la Gloriosa en la España interior *

Rafael Villena Espinosa

Universidad de Castilla-La Mancha
rafael.vespinosa@uclm.es

Resumen: Las juntas revolucionarias del 68 enarbolaron reivindicaciones que, más allá de la inmediatez de la acción, entroncaban con una cierta tradición radical e, incluso, la sobrepasaban. Pero también hubo otra revolución, más tranquila, en algunas provincias del interior caracterizadas por un tejido urbano muy débil, como las castellano-manchegas, donde se embridó el ímpetu revolucionario para garantizar que no se desbordarían ciertos límites. En este artículo no solo se trata de analizar, en perspectiva comparada, el discurso de estas juntas, sino de comprender las líneas de ruptura que el periodo favoreció y aquellas otras que permanecieron estables.

Palabras clave: Gloriosa, Sexenio Revolucionario, democratización, modernización política, giro local.

Abstract: The revolutionary juntas of 1868 raised demands that —aside from their immediate consequences— connected with an established tradition of radicalism and even surpass it. At the same time, another more peaceful revolution in the interior provinces was underway. In those places with weak urban networks, such as the provinces of Castilla-La Mancha, the momentum of the revolution was restrained in order to prevent it from surpassing certain limits. This article not only analyzes the discourse of these juntas from a comparative perspective, but it also explores the themes of rupture and stability during this period.

Keywords: Glorious Revolution, Revolutionary Sexennium, democratization, political modernisation, local turn.

>Introducción

En los años del cambio de siglo vieron la luz dos trabajos sobre el Sexenio Revolucionario que proponían interpretaciones históricas del periodo bien diferenciadas y cuya elaboración no era ajena al avance en la investigación local durante las décadas anteriores1. Me refiero al extenso artículo para Recerques firmado por Rosa Ana Gutiérrez y Rafael Zurita, así como al libro editado por Marcial Pons de Gregorio de la Fuente2. En el primero, sus autores afirmaban con rotundidad el carácter democrático del Sexenio y su consideración como un punto de inflexión para la maduración del liberalismo español. En buena medida seguía presente el debate sobre la verificación o no de la revolución burguesa en nuestro país3. Por su parte, en el segundo de los textos aludidos se cuestionaba la explicación de la Gloriosa como un conflicto de clases para caracterizarla, más bien, como el resultado de la competencia entre elites políticas que tomaron el poder sin legitimidad democrática y con escasa participación popular.

A partir de esa dispar interpretación del periodo, ¿dónde cabría situar el territorio que hoy integra Castilla-La Mancha? ¿Cuál fue en ese ámbito el despliegue de la acción revolucionaria y cuál el grado de articulación social? El primer objetivo de este texto pretende responder a dicho interrogante e incorporar al puzle nacional los rasgos sustanciales del Sexenio en esas provincias de la España interior, estableciendo para ello un diálogo con los autores mencionados y con otros estudios de caso4. La visión de un periodo movido por la reclamación urgente de derechos y por rasgos de abierta oposición a las fuerzas dominantes en la centuria sería aquí ahistórica. Es lo que sí encontramos en regiones del litoral como Cataluña y la Comunidad Valencia, en localidades de Andalucía (Jerez de la Frontera, por ejemplo) o en Extremadura, con una intensa conflictividad campesina5. Debe adelantarse, pues, el carácter templado, tranquilo, de la revolución en la región, alejada prácticamente de escenarios violentos en la toma de poder, pero sin que ello implique asentar el tópico historiográfico sobre la apatía o falta de movilización de sus gentes6. El proceso revolucionario existió, adquirió sus propios perfiles y permitió una cierta diversidad, como pretendo recoger; también impulsó dinámicas de ruptura con el reinado isabelino que habrán de confrontarse con las continuidades, singularmente a través de pistas como el perfil de la elite revolucionaria y la introducción de nuevos hábitos en las culturas políticas.

Parece que la pertinencia del ámbito local está justificada para el análisis de este proceso, más allá de la capital de provincia o la acción de su junta, puesto que fue «una revolución cuya credibilidad se ventiló en buena medida en los ámbitos municipales» —como nos recuerda Rafael Serrano—; pertinencia que, además, responde a la atención que sobre el mundo rural han reclamado algunos autores7 y a una cierta invisibilidad de esta región en la bibliografía general8. Asumo, pues, una explícita apuesta por el giro local como deuda teórica, en los términos que los definió Pedro Carasa y en línea con otros historiadores que se han ocupado de ámbitos rurales como Antonio Herrera, John Markoff e Inmaculada Villa9.

La producción historiográfica en Castilla-La Mancha ha sufrido un retraso nada despreciable que situaba el conocimiento de su pasado reciente en una posición de desventaja con respecto a otras partes de España, aunque la Universidad regional ha venido corrigiendo este déficit. Por lo que respecta a nuestro objeto de interés, puede hablarse de una atención irregular. Siguiendo un orden geográfico, en Albacete contamos con la tesis doctoral de José Colino, básicamente política y atenta a los procesos electorales que también fueron desgranados por Manuel Requena y Rosa Sepúlveda. Desde la atalaya institucional, Carlos Panadero se ocupó de la Diputación en unos años en los que salieron en España diferentes trabajos sobre este núcleo del poder local10. El Sexenio en Ciudad Real fue abordado por Rafael Villena en su dimensión provincial y abarcando cuestiones económicas, sociales y políticas, mientras que en Cuenca se puede apreciar una menor producción en cuanto a la narrativa clásica de la revolución, pero, en cambio, disponemos de las aportaciones de Eduardo Higueras, que han enriquecido la comprensión del periodo. Cabe añadir también la investigación inédita de Sinesio Barquín sobre los Voluntarios de la Libertad en la capital de la provincia11. Guadalajara capital mereció pronto una monografía en modo de artículo a cargo de Francisco Rodríguez y en el que también recorrió los primeros años de la democracia; visión que puede contrastarse con la de Juan Pablo Calero sobre los vínculos entre clero y carlismo12. Igualmente fue en un artículo de revista en donde Francisco Fernández desgranó el año de 1868 en la ciudad de Toledo a partir de variables diversas, ampliadas después sólidamente por Carlos Chaparro en su proyecto de DEA con aportaciones relevantes sobre cultura y prácticas políticas. Concluyo en esa provincia con el libro de César Pacheco sobre Talavera y su sistemática explotación de fuentes13. Así pues, las investigaciones se han centrado más en el ámbito estrictamente local que en el provincial, como sí son los casos de Albacete y Ciudad Real. Ello ha influido en la selección de la muestra para este texto que, de cualquier manera, se puede considerar suficientemente representativa y que incluye cabezas de partido o simples municipios cuando las fuentes archivísticas, hemerográficas y bibliográficas lo han permitido.

«Infelices braceros» en los prolegómenos de la revolución

Es necesario seguir repasando la incidencia de la crisis previa al levantamiento de 1868 para comprender la complejidad de la coyuntura histórica y sus adhesiones sociales, aunque ya se haya superado el economicismo casi mecánico que ataba un ineludible lazo de causalidad directa con el estallido revolucionario14. La doble crisis, financiera y de subsistencias, ha sido descrita desde los primeros ensayos sobre el Sexenio y no profundizaré en ella; desde luego tampoco sobre la financiera, puesto que las provincias de la región carecían de un tejido, siquiera embrionario, de instituciones crediticias. Sin embargo, dada la estrecha dependencia agraria de la región15, conviene recuperar algunos datos y traer al primer plano el mundo de las emociones, de los temores institucionales que construyeron una suerte de discurso del miedo a la miseria.

Los productos de subsistencias, básicamente del trigo, alcanzaron un precio más elevado que la media española, en especial en la provincia de Ciudad Real; situación que se mantuvo hasta abril de 1868 para descender ya en julio. Esta evolución derivó en una verdadera carestía, de la que se hacía eco la documentación oficial con expresiones como «estado miserable» o «triste situación en que se encuentra la clase proletaria»16. Fue esa percepción la que impulsó los resortes de la acción de gobierno encaminada hacia la atención material contra la carestía y al mayor control sobre los potenciales ataques a las propiedades. Para lo primero, medidas como la activación de obras públicas o el acopio y reparto de alimentos, cuyo coste pretendía sufragarse con empréstitos extraordinarios (Diputaciones de Toledo y Ciudad Real). Las autoridades locales —donde se replicaban los esfuerzos de las corporaciones provinciales— buscaron la implicación de los propietarios más acomodados en un ejercicio de redistribución de responsabilidades sociales17.

El temor al desorden que podía pulsarse en las diferentes esferas de poder era más que un fantasma y el despliegue de la Guardia Rural, verdadero valladar del liberalismo moderado, demostró que se estaban cometiendo acciones delictivas18. En sus libros de servicio se constatan robos de uvas, cereales y leña cometidos de manera individual o en unidades familiares, como demuestra la detención de mujeres, y que son manifestación de la miseria en los pueblos, donde también se practicaron roturaciones ilegales, introducción de ganado y caza furtiva. Gracias a los expedientes de justicia municipal se verifica, además, un pico de ataques en 186819. La Guardia fue disuelta con la revolución, pero interesa subrayar la continuidad existente tanto en las pistas de la tensión como en la ejecución de medidas. Algunas juntas locales apostaron por la creación de cuerpos de vigilancia (Almagro) o por la recuperación de los ya existentes (Ciudad Real) para proteger las cosechas de los hurtos que persistían. Precisamente, el título de este epígrafe procede del manifiesto que la diputación alcarreña publicó el 8 de octubre de 1868 y en donde se reflejaba «el estado aflictivo en el que se encuentran los pueblos, especialmente la clase agricultora»; diagnóstico que integraba el compromiso de las obras públicas y el crédito para los pueblos que lo reclamaran20.

El nervio conflictivo del medio rural se prolongó durante los últimos meses de 1868 y se adentró en el año siguiente, pero también hubo brotes en el medio urbano. En esta dinámica cabe encajar la huelga de los obreros que trabajaban en la reconstrucción del Alcázar toledano y de cuyos pormenores no sabemos demasiado, aunque sí que se exigía una subida salarial y la prohibición de contratar a trabajadores forasteros21.

Con todo, la crisis no cristalizó en una respuesta social generalizada en torno a motines, huelgas, protestas callejeras u otras acciones colectivas que hubieran llegado a cuestionar la propiedad de la tierra con la ocupación de fincas, más allá de un identificable plano de conflictividad latente, cuya pista se rastrea en la delincuencia famélica22. En consecuencia, parece razonable pensar que la región se situó en el umbral del abatimiento material y moral —como se ha sugerido para Castilla y León— más que en la incorporación masiva de esos campesinos a la Septembrina, aunque sin negar las simpatías que quizá levantó. Pudiera ser incluso que el contexto revolucionario generara las condiciones favorables para que se expresara el malestar entonces y eso explicaría, quizá, la huelga de Toledo y otras acciones tumultuarias23.

Imagen 1
Puerta del Sol de Toledo

Nota: Las obras en esta emblemática puerta fueron algunas de las que debió acometer el Ayuntamiento para paliar los efectos de la crisis económica.
Fuente: Anónimo, positivo de época en papel albúmina sobre cartón, 17 x 21 cm., ha. 1867, colección fotográfica del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM).

La expansión de la Gloriosa

La adhesión al levantamiento de Cádiz se generalizó en Castilla-La Mancha tras la derrota de Alcolea y cuando se diluía la resistencia de algún gobernador, más sobre el papel de los boletines oficiales que en la realidad24. No consta la existencia de una red conspirativa previa al estilo de las que se configuraron en Alcoy, Alicante o Granada25, aunque se reforzó el control gubernativo alrededor de los espacios de sociabilidad, fruto de una percepción desmesurada sobre las tramas que podían albergar casinos, fondas y billares26. De lo que sí hay constancia es de la presencia de diferentes partidas de revolucionarios, protagonistas de acciones coactivas y cuya identidad republicana, o siquiera antidinástica, es difícil de delimitar en unos contornos permeables entre el bandolerismo y la revuelta política.

En la provincia de Ciudad Real se ha documentado la existencia de, al menos, ocho partidas que se formaron a partir del 22 de septiembre, integradas por un número irregular de individuos y que ejecutaron acciones de sabotaje y propaganda en diversas poblaciones. Probablemente, una de las más activas anduvo en los alrededores de Bolaños, Miguelturra y Calzada de Calatrava, extendiendo sus consignas contra la reina y su dinastía. Inicialmente compuesta por nueve hombres, llegó a aglutinar sesenta infantes y casi veinte caballos27. También se localizó una partida pronunciada en Menasalbas (Toledo), que se desplegó por el sur de la provincia y se disolvió una vez hubo triunfado la revolución. Interesa porque la lideró un coronel ligado al Comité Demócrata de Toledo, quien no dudaba en advertir «que si por desgracia mañana peligrase la libertad, me tendréis á vuestro lado como compañero de armas, dispuesto á verter mi sangre una vez más en defensa de la libertad»28.

Este entramado insurreccional tuvo sus precedentes en otros movimientos similares detectados desde finales de los años cincuenta29; ahora bien, el peso de la revolución en la región no recayó sobre esos grupos —aunque hay que subrayar su existencia, singularmente por lo que implica de politización del mundo campesino y sus nexos urbanos—, sino sobre la elite local que ocupó progresivamente los resortes del poder municipal y provincial. ¿Cómo fue esa toma del poder? ¿Cómo fue, pues, la revolución?

Las noticias en torno a la creación de las juntas empezaron a producirse el 29 de septiembre tanto en los municipios (Socuéllamos) como en las capitales (Albacete o Guadalajara). Lo tardío de la constitución no es extraordinario en ninguna de las dos Castillas, incluso se retrasaron más en Asturias y Galicia30. El procedimiento que se siguió fue muy similar en los casos recopilados: un grupo de personas, concentrado en las casas consistoriales, plazas del pueblo o cualquier otro espacio público, procedía a lanzar vivas a la libertad y a sumarse verbalmente al movimiento de Cádiz para pasar, a continuación, a elegir por aclamación a la junta provisional31. Caben algunas variaciones, como la presencia de una comisión nominadora encargada de designar la junta (lo que haría más indirecto el sistema participativo) o que el acto hubiera sido precedido por una manifestación popular callejera32. Después vendrían los bandos de adhesión al «glorioso» movimiento, la condena de Isabel II y los vítores a la libertad, la Marina, Prim o Topete.

Del modo en cómo se constituyeron las juntas y pasaron de provisionales a definitivas surgen las dudas sobre su legitimidad. Algunos autores33 han visto ahí una respuesta emotiva de los asistentes a una acción dirigida por las elites locales o, incluso, el resultado de un plan organizado que simplemente era aplaudido, y aunque no dispongo de descripciones detalladas en la región que lo avalen, intuyo que el liderazgo de esos pequeños grupos fue más central en el proceso que la propia acción tumultuaria en sí. El déficit democrático se incrementaría al comprobar que muchas de las juntas se quedaron como provisionales hasta su disolución y otras, ya definitivas, no emergieron del sufragio. Pero la maraña de la acción colectiva, el horizonte del levantamiento militar y las amenazas más radicales no debieron ser contextos políticos idóneos para el despliegue de la pulcra maquinaria electoral. La apuesta por el sufragio universal masculino o la búsqueda de cauces de participación más abiertos y democráticos fueron, en otras ocasiones, objetivos irrenunciables y presentan el reverso de una negativa valoración historiográfica en la que pesa la noción de ilegitimidad democrática34.

Las juntas capitalinas se erigieron frecuentemente en provinciales y desplegaron una suerte de jerarquía territorial que pudo asumirse desde el propio medio rural o, por el contrario, ser cuestionada. Así, en Albacete muchos pueblos trataban a la junta como si fuera provincial al dar explicaciones de sus actividades, mientras que el órgano de los progresistas, El Farol, criticaba su «omnipotencia absoluta». En esta misma provincia su papel fue determinante a la hora de reconocer a una junta local en caso de duplicidad (Elche de la Sierra y Hellín). Es razonable preguntarse por la orientación liberal de estas dobles juntas, que, quizá, respondieron a iniciativas contrarrevolucionarias enmascaradas. Eso debió suceder en Montiel, donde la primera junta fue disuelta por otra, supuestamente integrada con moderados, aunque no contó con la aprobación de la junta de partido35. En todo caso, más allá de la pugna por el poder en la esfera municipal, la acción de las juntas provinciales (y, en menor medida, las de partido) como instancia arbitral e, incluso, como fuerza coactiva al enviar tropas, fortaleció su prestigio entre una determinada elite.

A la luz de las fuentes disponibles no es posible conocer con precisión la adscripción partidista de los junteros y, por tanto, resulta difícil contrastar la tesis del predominio de la coalición en los órganos revolucionarios, como tampoco es seguro afirmar una mayor ductilidad a las presiones moderadas en ámbitos rurales36. Solo se pueden aportar con certeza algunos casos que conforman una realidad poliédrica. Por ejemplo, la junta provincial de Toledo tuvo equilibrio entre monárquicos y republicanos con tres miembros del Comité Demócrata, aunque ese equilibrio disminuyó en la composición de la junta local (seis frente a catorce unionistas y progresistas). Al contrario, en la de Cuenca el dominio era de los progresistas, con un único miembro unionista y otro republicano. En pueblos como Socuéllamos también tuvieron un peso significativo los republicanos (al menos cinco de trece), mientras que en San Pedro la mayoría fue unionista37.

Unos y otros se lanzaron rápidamente a la fiesta revolucionaria38, a la ocupación del espacio simbólico como uno de los primeros terrenos que debían ganarse. Si bien pudo haber movimientos espontáneos, las juntas capitanearon la celebración al ordenar el engalanamiento de las fachadas, el repique de campanas, los actos religiosos en acción de gracias y, desde luego, el cambio en la denominación de las calles. Muestras por doquier de la victoria sobre la reina, cuyo retrato fue públicamente destruido y vilipendiado en Guadalajara en un ejemplo infrecuente de iconoclastia. También en todo ello fue una revolución tranquila. Aquí, en cada pueblo de la región hubo alguna manifestación externa de júbilo, incluidos los desfiles de bandas de música, pero no programas de festejos prolongados durante días con juegos, premios y demás dádivas, como sucedió en otras partes.

>La revolución en marcha

El episodio del retrato áulico transcurrió en el contexto del fallido asalto al convento concepcionista de la capital, donde se había acogido a sor Patrocinio39. En realidad, fue más fruto de la animadversión hacia el personaje que una canalización formal de anticlericalismo, del que las juntas castellano-manchegas no dieron muestras significativas. Acaso dos iniciativas merecen ser recogidas: la extinción de la comunidad filipense en Cuenca y la declaración como laborables de todos los días del año en Alcázar de San Juan, algo susceptible de interpretarse como un ataque al precepto del descanso dominical40. Nada que ver, desde luego, con el impulso secularizador constatable en Alicante, a pesar de las ambigüedades y carencias con las que se condujo, según lo ha estudiado Alicia Mira41.

Como órganos de gobierno local y provincial que eran, las juntas dictaron medidas de desigual impacto sobre la ciudadanía. Superada la fase de las adhesiones, fue la autoprotección una de sus prioridades. Entiendo que la organización de una fuerza como los Voluntarios de la Libertad, reedición a fin de cuentas de la Milicia Nacional, traduce la apuesta por la defensa de la revolución frente a amenazas reaccionarias, probables o percibidas. ¿También contra los desbordamientos sociales? ¿No sería, entonces, un cuerpo fácilmente instrumentalizable por las juntas para apoyar un determinado proyecto político más que un peligro extremista como creyó Sagasta? Cabe esa posibilidad en el medio rural y es, además, un argumento a favor de las visiones politológicas del Sexenio y de su consideración como resultado más de la rivalidad entre elites que de la movilización de las clases populares42.

Se articuló otra forma de autodefensa revolucionaria con el cese de empleados sospechosos de desafección y la subsiguiente avalancha de nombramientos que recaían en personas afines al nuevo ideario. Una estrategia de depuración generalizada en otras partes de España y que en Castilla-La Mancha también afectó a puestos de desempeño muy dispar, desde guardas a procuradores, desde empleados de correos a maestros..., «por ser sus ideas notoriamente opuestas a las proclamadas por la Revolución»43. Importa fijarse en el valor estratégico asignado a muchos de estos empleos, singularmente comunicaciones, orden público y justicia; igualmente es relevante apuntar que afloraron críticas a los nuevos nombramientos, bajo la sombra de pervivencias contrarrevolucionarias44.

La remoción de lo público zarandeó la administración, de suerte que la destitución de ayuntamientos y diputaciones era un escalón ineludible del asalto al poder por su obvia filiación a la etapa isabelina. Las juntas locales nombraron a los ayuntamientos (Toledo, 30 de septiembre; Almagro, 18 de octubre) y las provinciales hacían lo mismo con las diputaciones (Guadalajara, 8 de octubre; Albacete, 18 de octubre). Esta dinámica recupera el foco sobre la problemática del déficit democrático, ya que se trataba de instituciones designadas al margen de cualquier proceso electivo con participación ciudadana45. Eso es cierto, pero también lo es que en diciembre se celebraron elecciones municipales con sufragio universal masculino, a favor del cual se habían manifestado, incluso, algunos ayuntamientos designados46. Las diputaciones continuaron operando con esa «legitimidad revolucionaria» hasta los comicios de febrero de 1871, pero es de justicia subrayar que a partir de la aprobación de la ley provincial (1870) se sometieron al voto directo por primera vez; una reforma sin precedentes cuya centralidad en el proceso histórico de conquista democrática no puede soslayarse.

Para cerrar el análisis comparativo de la actividad juntera quisiera recoger una medida más radical: la liberación de presos en Alcázar de San Juan, Almagro y Villanueva de los Infantes. Se argumentó que estaban a punto de cumplir su condena y que eran delitos menores: robos de uva y leña, espigueo..., ataques de origen famélico contra la propiedad que habían ido creciendo. Medidas similares se adoptaron en otras ciudades como Valencia, en donde se ha explicado historiográficamente por el peso republicano en la junta revolucionaria. No es posible confirmarlo en las localidades manchegas, pero, de cualquier modo, la decisión no revela necesariamente el cese de la delincuencia de origen campesino. De hecho, ayuntamientos como el ciudadrealeño mostraban su inquietud al respecto, acrecentada por la desaparición de la Guardia Rural47.

El final de las juntas resultó tranquilo, sin resistencias, disolviéndose al tener noticia de lo que había hecho la de Madrid el 20 de octubre. A partir de entonces la revolución empezó a institucionalizarse y a concentrarse en la construcción del modelo de Estado. ¿Se produjo después una completa desconexión de la política nacional? El repliegue de ayuntamientos y diputaciones hacia la gestión de lo cotidiano es evidente, pero existieron canales de contacto. Aunque un relato de todo el Sexenio en Castilla-La Mancha excede mi intención, bastarán dos notas. En primer lugar, la posibilidad de comunicación que la incipiente democracia permitía con las exposiciones en el Congreso de los Diputados, expresión de una cierta movilización de la elite local en defensa de su propio discurso, ya fuera este el apoyo al general Espartero como candidato al trono o la reivindicación de la república como forma irrenunciable de Estado. Y, además, la secuencia de procesos electorales que se sucedieron en los tres ámbitos administrativos, escenario propicio para la gestación de cambios importantes.

Sobre rupturas y continuidades

En buena medida, la valoración historiográfica de la Gloriosa ha pivotado en torno al grado de ruptura que tuvo con el moderantismo isabelino. Solo así parecía encajar la lógica de la aceleración en la revolución burguesa o, por el contrario, de su fracaso. Lejos de visiones teleológicas o de esperanzas frustradas, creo que resulta coherente movernos en las dinámicas de los cambios y las permanencias para percibir la importancia de la revolución48. Con este fin pretendo transitar varias esferas, frecuentemente conectadas y que ocasionalmente excederán los límites cronológicos en los que se ha movido este texto, para saltar el periodo estrictamente revolucionario49.

En primer lugar, hay que identificar el perfil social de quienes protagonizaron la revolución en las provincias castellano-manchegas y preguntarnos si se trata o no de la misma elite que había acaparado el poder durante las últimas décadas del reinado de Isabel II. En esa dirección apuntaba la tesis de Gregorio de la Fuente, para quien la Gloriosa no provocó una ruptura en los procesos de selección y asignación de las elites, entendidas estas como «grupos sociales de acceso limitado, pero informales, no exactamente equivalentes a los partidos u organizaciones políticas, y cuya posición de superioridad se deriva, en parte, de su status socioeconómico, pero también, en buena medida, de su localización en la jerarquía política y cultural»50.

Asumo esa lectura en buena medida, pero es preciso incorporar variantes cuando se comparan diferentes planos del poder: juntas (provinciales y locales, provisionales y definitivas), ayuntamientos y diputaciones. La reflexión implica entender que se trata de extensiones casi naturales del proceso revolucionario, relevantes en la medida que gestionaban asuntos de tan directo impacto como el reclutamiento de tropas o los repartos contributivos, y que se vieron afectadas por procesos de renovación política entre la administración isabelina, el Sexenio y los inicios de la Restauración. Así, se puede afirmar que las juntas estuvieron integradas por miembros de las burguesías locales con presencia significativa de propietarios, medianos esencialmente, aunque también los hubo grandes. En Toledo, el 60 por 100 de los junteros superaba el umbral de los 400 reales de contribución; perfil extensible a los municipios estudiados de Albacete y, en cierta medida, a la capital, ya que algunos de sus miembros participaron en los procesos desamortizadores o eran dueños de grandes fincas. Decir «propietarios» en el siglo xix puede resultar poco clarificador porque la propiedad se compartía con otras dedicaciones o no era incompatible con tener estudios universitarios, mayormente de Derecho. Pero en los medios agrarios la ambigüedad del término era menor, ya que se estaba identificando claramente la fuente de ingresos fundamental (o única), así como se subrayaba a la vez el valor simbólico de la propiedad en su contexto social51. Frente a ello, en la junta de Guadalajara hubo una presencia significativa de la actividad comercial. Sin embargo, aunque el origen social de los dirigentes de la Gloriosa sea similar al de los miembros de la administración isabelina, se ensancharon los cauces de participación, como demuestra, volviendo a Toledo, que prácticamente la mitad de la junta estuviera excluida del voto antes del 6852. Este cambio relevante se refuerza, además, al comprobar que la junta provincial no fue calcada de la local por la cual fue nombrada.

Un segundo nivel de ruptura se inició cuando las juntas destituyeron las diputaciones y los ayuntamientos, según se ha visto. El caso mejor conocido, el de la Diputación de Ciudad Real, apunta claramente hacia la renovación del personal político, ya que los miembros de la primera corporación provincial no lo habían sido en las anteriores (desde 1864). Dicha discontinuidad se mantuvo en las elecciones de 1872 (solo cuatro diputados siguieron representando a sus respectivos distritos) y persistió con respecto a la Restauración (hasta 1880 solo ocho diputados volverían a aparecer del total de noventa cotejados en la investigación). En cuanto a su perfil profesional (sobre el 85 por 100 de casos conocidos), domina claramente la condición de propietario: treinta y cinco casos con dedicación exclusiva y nueve junto a la actividad de cosecheros. Sin embargo, no eran muchos los grandes propietarios (solo dos de nivel provincial, a los que podemos sumar ocho locales). De todos ellos, unos pocos fueron compradores importantes en las desamortizaciones (ocho con inversiones superiores a los 50.000 reales) y algunos otros en menor medida. La presencia de profesionales liberales disminuyó relativamente a raíz del sufragio universal masculino, si bien mantuvieron cierto equilibrio con los propietarios. Un total de veintinueve diputados pueden ser catalogados en esta categoría, en la que primaban los abogados. Finalmente, fueron escasos los industriales y comerciantes (uno y dos, respectivamente).

En el ámbito municipal disponemos de dos análisis, uno de ellos a partir de seis localidades de Ciudad Real, cabezas de partido judicial todas ellas, en las que se constata que casi el 65 por 100 de los ediles no figuraban más que exclusivamente en las corporaciones entre los años 1868 y 1874. Con un 75 por 100 de las profesiones conocidas, la vinculación con la tierra era claramente dominante, si bien variaba proporcionalmente entre unos municipios y otros (un tercio en Daimiel y el doble en Torralba de Calatrava), y, sobre todo, no se correspondía con grandes propietarios (solo tres provinciales de toda la muestra que supera el centenar), sino con pequeños y medianos. El segundo bloque más representado era el de los comerciantes, con algo más de la cuarta parte de los clasificados, mientras que las profesiones liberales alcanzaban el 12 por 100, entre los que abundaban médicos, boticarios y veterinarios, perfil sensiblemente alejado del medio urbano. Algo menos, un 10 por 100, eran artesanos: zapateros, carpinteros o herreros; la inmensa mayoría de los cuales solo accedieron a sus ayuntamientos durante el Sexenio y por un tiempo limitado, generalmente una legislatura53.

Por su parte, en Albacete, con un estudio menos exhaustivo sobre catorce municipios tras las elecciones democráticas, en ocho de ellos debe hablarse de continuidad, ya que sus alcaldes procedían de corporaciones isabelinas. Un caso extremo de esa continuidad pudo ser Liétor, cuyo presidente de la junta revolucionaria había sido alcalde con Isabel II y fue elegido en diciembre de 1868. No sucedía lo mismo en Bogarra, que eligió a un alcalde ausente anteriormente tanto del consistorio como de la junta.

En definitiva, dentro de la diversidad local hay que diferenciar distintos niveles en la elite (o pequeña elite) que accedió a las instituciones durante el Sexenio y que pudo abrir sus fronteras a nuevos individuos y a mundos profesionales antes menos, o nada, representados. No se trata de una gran ruptura sociológica, pero sí de una remoción interna incuestionable que se asemeja, por ejemplo, a la ocurrida en escenarios geográficos tan alejados como Navarra y Cataluña54.

La llegada del periodo democrático, con sus carencias y falta de rodaje como se ha visto, promovió el aprendizaje de nuevos hábitos políticos o perfeccionó otros preexistentes. Es razonable, por tanto, sugerir la creciente politización de las elites; proceso de cambio que en el medio rural me parece significativo y que pudo extenderse también entre las clases populares (mundo campesino y de los oficios en unas provincias sin tejido industrial) a partir de la Primera Internacional, aunque no me ocuparé aquí de la organización obrera. Una de esas prácticas fue la confluencia de fuerzas políticas diferentes en pactos para amarrar determinadas parcelas de poder. Carlos Chaparro estudió en Toledo dos de estos pactos de los que es posible extraer interesantes lecturas. El primero se gestó en octubre de 1868 entre demócratas y progresistas como estrategia para esquivar las elecciones a la junta definitiva. Ya se ha aludido al déficit democrático de partida que se derivó de estas inercias y que en el caso toledano se fraguó como acuerdo mediante el cual los progresistas creían evitar desbordamientos populares en la elección de representantes y los demócratas aseguraban su presencia sin la incertidumbre electoral55. La tesis es sugerente, aunque quepan dudas acerca de si el impulso del pacto se debió a la certeza de su debilidad en los comicios. Quizá sí, dada su frágil cohesión organizativa entonces, y, de hecho, en las municipales de diciembre —ya democráticas— obtuvieron cuatro concejales de los veintidós en liza. El pacto implicó también la exclusión, de manera que se quedaron al margen los miembros más radicales del partido.

El segundo pacto, pasado el periodo revolucionario, tiene que ver con la sistemática oposición de la corporación municipal a la implantación del impuesto personal. Desde noviembre de 1868 estuvieron reclamando al Gobierno la adopción de una fórmula fiscal alternativa, dado el carácter «injusto» de la tributación —según entendían— y la imposibilidad de recaudarlo en la ciudad. La maniobra de resistencia pasiva consistió en dificultar la cobranza y ese rechazo en bloque se fue dilatando hasta que en marzo de 1870 se aprobó el restablecimiento de los consumos —con la única oposición de un edil republicano— amparándose en la Ley de Arbitrios de febrero.

No se trata de un caso excepcional en la región ni en España. En Ciudad Real también se bloqueó el reparto del impuesto personal gracias a la alianza entre algunos ediles y los contribuyentes de la junta de asociados. La tensión institucional, en este caso, desembocó en un rifirrafe con el gobernador civil y la dimisión del Ayuntamiento. Fuera del ámbito capitalino es menos conocida la resistencia de la elite, pero existió, y así he podido localizarla en Alcázar de San Juan, Almadén, Daimiel, Manzanares y Villanueva de los Infantes56. Está claro que la reforma fiscal de los liberales capitaneados por Laureano Figuerola fracasó y condujo a la reposición de los consumos contra los que se habían alzado las juntas57. Detrás de esa quiebra estuvieron los pactos entre los distintos sectores de las elites locales cuyos intereses económicos se percibían amenazados.

Conclusión

Alejada de proclamas rotundas y medidas radicales de distinto signo, la Gloriosa en Castilla-La Mancha se desplegó de manera tranquila, prácticamente en ausencia de violencia; lo hizo a partir de las juntas que se constituyeron hasta en las localidades más pequeñas y, en menor medida, también con algunas partidas organizadas independientemente, aunque sin que tuvieran un impacto determinante sobre el curso de los acontecimientos. Su vertebración fue igual de tardía que en otras partes de España y vino precedida de una severa crisis económica que no se tradujo en motines, protestas callejeras u otras acciones de la agenda colectiva. Sin embargo, las elites isabelinas locales percibieron ese contexto como una potencial amenaza contra el orden social, incuestionable, por otra parte, para las autoridades revolucionarias salidas de la Gloriosa, y de ahí que se prolongaran durante un tiempo las medidas paliativas contra la crisis. En este sentido puede hablarse de continuidad entre un periodo y otro, si bien determinadas juntas de partido judicial arriesgaron en sus compromisos sociales más allá de velar únicamente por la seguridad pública.

Pasados los días de la celebración colectiva, siempre tutelada y contenida, las juntas se asentaron sobre un cierto déficit democrático, mas no siempre, y, de hecho, caben matices que apuntan hacia un afán democratizador, como se ha reflejado en el texto; del mismo modo que se ha aludido a las dificultades iniciales del proceso en ámbitos rurales más pequeños para enfrentar las resistencias contrarrevolucionarias encubiertas. Esa fragilidad democrática tiene como reverso el despliegue de nuevos hábitos de socialización política, posibles en el marco legal y de prácticas que generó el Sexenio Revolucionario. El posterior crecimiento del número de comités de partidos (radicales y republicanos), la constitución informal de pactos para asegurar cuotas de poder o para fortalecer resistencias antiestatales, así como la visibilidad social en otros ámbitos de las diversas culturas políticas vislumbran un proceso de maduración de las elites locales y de ruptura con respecto a escenarios anteriores.

En ese mismo contexto de novedad debemos comprender el perfil diverso de dichas elites que se encaramaron al poder político en juntas, ayuntamientos y diputaciones. Seguramente resultaría impropio hablar de una ruptura sociológica estructural, pero el Sexenio posibilitó el acceso a grupos sistemáticamente excluidos hasta entonces del voto y, por extensión, de la participación política directa en la nación doctrinaria de propietarios que se había ido construyendo en el periodo isabelino. Asimismo, es relevante la renovación nominal y generacional que se produjo en estos escenarios y que, por lo que se ha podido comprobar a través de diversas fuentes, se diluyó en los primeros años de la Restauración borbónica.