Ayer 107/2017 (3): 47-71
Sección: Dosier
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2017
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/107-2017-03
© Gabriela Águila
Recibido: 09-06-2016 | Aceptado: 13-01-2017
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

Represión y terror de Estado en la Argentina reciente: nuevos abordajes y perspectivas de análisis

Gabriela Águila

ISHIR (Investigaciones Socio-
Históricas Regionales)-CONICET
Universidad Nacional de Rosario
gbaguila@gmail.com

Resumen: En los últimos años, los estudios sobre la represión en la historia reciente argentina vienen mostrando una vitalidad notable, así como una agenda de perspectivas, temas y problemas novedosos. A los análisis más difundidos sobre la represión y la violencia política se han sumado un conjunto de investigaciones sobre temas y casos que inducen al debate sobre periodizaciones, perspectivas, conceptualizaciones e interpretaciones fuertemente instaladas. El artículo explora los principales nudos problemáticos a las que se enfrenta esta línea de estudios, poniendo el foco en el Estado y sus organismos, con el objetivo de examinar dichos problemas a la luz de algunos recorridos analíticos.

Palabras clave: represión, terror de Estado, violencia política, Estado, Argentina.

Abstract: In recent years, studies on repression in Argentina’s recent past have been flourishing. Scholars have produced an agenda of future research consisting of new perspectives, themes and problems. In addition to some well-publicised studies and interpretations of repression and political violence, other studies have addressed a number of themes and cases, which have provoked debates over periodisation, scales and approaches. This article explores some of the most important themes and problems that characterise the field. It places the focus on the question of the state and its agencies in order to examine these issues from different analytical perspectives.

Keywords: repression, state terror, political violence, state, Argentina.

En septiembre de 1984, a pocos meses de finalizada la última dictadura militar, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) daba a conocer el informe Nunca más. Creada por el presidente Alfonsín en los primeros días de su mandato, la CONADEP fundó su investigación en las denuncias realizadas por las víctimas de la represión y en la información recopilada desde los años de la dictadura por los organismos de derechos humanos que actuaban en el país y en el exterior. El informe documentó la dimensión clandestina de la represión, los crímenes perpetrados, identificó lugares de detención, el destino de las personas desaparecidas y el perfil de las víctimas, sistematizando las principales características y el alcance de la represión ejercida entre 1976 y 1983. Describió y fundamentó lo que se denominó terrorismo de Estado 1.

Sobre la base del Nunca más y su estrategia narrativa se construyó la acusación a los jefes militares durante el Juicio a las Juntas de 1985 2. Asimismo, en las causas que se tramitaron en las décadas siguientes en la búsqueda de verdad y castigo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, la justicia probó los delitos aberrantes cometidos por las fuerzas represivas y los padecimientos infligidos a cientos (o miles) de hombres y mujeres sobre la base de las declaraciones de las víctimas y documentación de diversa índole.

En sintonía con lo sostenido durante años por los organismos de derechos humanos, el relato judicial se organizó en torno a demostrar la realización de un plan sistemático de represión estatal, organizado y dirigido centralizadamente por las Fuerzas Armadas, con unas características estructurales comunes (la actuación clandestina, los secuestros, el uso de torturas contra los prisioneros, la desaparición de personas) que se aplicaron a escala nacional a través de todos los aparatos y recursos del Estado, tanto en su faz clandestina como en la normativa jurídico-legal. De igual modo y a lo largo de las últimas décadas, las acciones judiciales han mostrado la participación de actores diversos (miembros de las tres armas, de la policía, pero también de sectores de la sociedad civil) en el plan de exterminio, la realización de delitos que no prescriben (como la apropiación de menores nacidos en cautiverio) y, eventualmente, su carácter genocida 3.

En este panorama no podemos omitir la significación que adquirieron los testimonios de las víctimas. Presentes desde los años de la dictadura, nutrieron las denuncias que realizaron los organismos de derechos humanos en el país y el exterior, fueron la base fundamental de la investigación de la CONADEP y de las pruebas judiciales contra los comandantes en el Juicio a las Juntas y en las causas por delitos de lesa humanidad que se sustanciaron en los años posteriores. Por otra parte, y en particular a partir de los años noventa, la producción testimonial de supervivientes de los centros clandestinos, ex presos políticos, exiliados y exmilitantes tuvo una notable expansión, que se amplió en la década siguiente con el desarrollo de los estudios sobre las memorias y representaciones de la violencia política y el terror de Estado.

Desde una perspectiva general, la reconstrucción realizada por los organismos de derechos humanos y lo contenido en el informe Nunca más, los recorridos judiciales de las últimas décadas y los testimonios y memorias de las víctimas condensan en sus trazos más significativos el núcleo fundamental del relato sobre la actuación represiva llevada a cabo por la última dictadura militar. Las nociones de terrorismo de Estado y plan sistemático de represión, junto con la más polémica definición de genocidio, constituyen las matrices interpretativas más difundidas para caracterizar su actuación 4. No es errado plantear que éste ha sido el paradigma sobre el que se han asentado los análisis e interpretaciones disponibles en distintos ámbitos académicos y extraacadémicos.

Paralelamente, investigadores de diversas disciplinas se han dedicado desde los años ochenta y noventa a elaborar estudios sobre la dictadura e interpretar la violencia política, planteando perspectivas «macro» o estructurales sobre el periodo 5 o, en otros casos, iluminando aspectos de la tecnología represiva utilizada (sobre todo en su vertiente clandestina) 6. No hay prácticamente ningún análisis sobre la historia reciente y la memoria en la Argentina que no aluda al problema de la violencia política y represiva ni reflexione sobre él. Sin embargo, hasta fechas recientes no ha tenido lugar el desarrollo de una línea de investigación sobre el ejercicio de la represión ni sobre sus modalidades, dispositivos y alcances en diversos ámbitos y escalas.

En estos últimos años los estudios sobre la represión como línea de investigación han adquirido carta de ciudadanía en el campo de la historia reciente argentina, consolidándose y mostrando una vitalidad notable, así como una agenda de perspectivas, temas y problemas renovados 7. A los análisis e interpretaciones más difundidas sobre la represión y la violencia política, a lo que el informe Nunca más, la justicia y las memorias de las víctimas han aportado para desentrañar las características fundamentales de la represión en los años de la dictadura, se han sumado un conjunto de investigaciones sobre temas y casos que debaten periodizaciones, abordajes y conceptualizaciones establecidas, y revisan las imágenes cristalizadas e interpretaciones fuertemente instaladas.

De explorar estas líneas de renovación trata este artículo. Con esta pretensión se despliegan algunos de los principales nudos problemáticos que atraviesan los más recientes trabajos sobre la represión para plantear, a continuación, una reflexión sobre la cuestión de las fuentes. Sin perder de vista tales desarrollos, la última parte del texto se centra en un tópico clave: la cuestión del Estado y sus agencias, con el objetivo de examinar los problemas escogidos a la luz de algunos recorridos analíticos.

Problemas y perspectivas de análisis: sobre las periodizaciones y las escalas

La dictadura que se inició el 24 de marzo de 1976 ha sido reiteradamente caracterizada como un momento de ruptura profunda en la historia argentina. No faltan razones para ello: fue la última de las dictaduras militares del siglo xx y el fin de un largo ciclo de intervención de las Fuerzas Armadas en la vida política; constituyó el intento más acabado por la vía autoritaria de refundar el orden político, social y económico existente, y, sobre todo, fue escenario de un proceso represivo de una amplitud y escala desconocida hasta entonces, que no sólo clausuró un intenso proceso de movilización social y política, sino que tuvo unos efectos individuales y sociales aún visibles.

Dejando de lado el problema más general de interpretar o caracterizar la dictadura (debate que aún no está lo suficientemente abonado), la última cuestión explica los énfasis en los trabajos sobre la represión: el foco ha estado puesto en lo acaecido a partir del golpe de Estado de 1976, cuando se puso en marcha un vasto accionar represivo que se valió de la tortura, el asesinato y la desaparición de miles de personas, encarceló durante años a otras tantas y generó el mayor exilio político de la historia argentina. Es, sin embargo, un hecho cierto que la vigilancia, la persecución y la represión sobre quienes eran señalados como izquierdistas, «subversivos» o potenciales opositores comenzó bastante antes de marzo de 1976.

La distinción entre el terror de Estado desplegado durante la dictadura y la violencia política y represiva registrada en los años previos ha sido un tema recurrente en la bibliografía sobre el pasado reciente argentino. Y si bien se contaba con algunos estudios sobre la represión pregolpe, sólo recientemente el tema ha adquirido una mayor visibilidad en el ámbito de la investigación académica, reflejada en un conjunto de trabajos que han mostrado que la represión que tuvo su clímax durante la dictadura de 1976-1983 debe ser inscrita en un continuum de prácticas, normativas y discursos preexistentes, y situada en el contexto de una época que desborda el periodo dictatorial.

A propósito de ello, si nos centramos en la etapa de mayor intensidad represiva no debe perderse de vista que se desenvolvió en coyunturas diferenciadas: los últimos años de la dictadura militar (1966-1973), el breve interregno constitucional peronista (1973-1976) y una nueva dictadura entre 1976 y 1983. El registro de la escalada represiva desplegada a lo largo de diversos regímenes no sólo da cuenta de las continuidades, sino que adicionalmente cuestiona visiones dicotómicas sobre la dictadura y la democracia, y abre el debate sobre la excepcionalidad de la última dictadura también en términos del ejercicio represivo 8.

Desde esta perspectiva, la periodización se ha constituido en uno de los nudos problemáticos en los trabajos sobre la represión. Las preguntas iniciales sobre las condiciones de posibilidad de tal andamiaje represivo se han ido haciendo más complejas conforme han visto la luz nuevas indagaciones que sitúan continuidades y rupturas en las formas y dispositivos empleados, desentrañando el contexto en el que se diseñó y se puso en marcha la tecnología represiva utilizada en los años de la dictadura.

Los estudios que privilegian las continuidades en general se ubican en una temporalidad fluida que recorre gran parte de la segunda mitad del siglo xx y que va más allá de los cortes político-institucionales 9, aunque todavía no exista unanimidad respecto al punto de inicio. Mientras algunos lo han extendido hasta la segunda mitad de los años cincuenta, con el derrocamiento del peronismo y la puesta en marcha del plan CONINTES (que permitió la participación de las Fuerzas Armadas en la represión de la conflictividad social y laboral), la mayoría de la bibliografía sostiene que fue en el curso de la dictadura militar instalada en junio de 1966 cuando tuvieron lugar transformaciones radicales en la acción de las Fuerzas Armadas, la normativa de seguridad, la legislación estatal y las prácticas represivas.

Conviene mencionar en este punto que los trabajos a los que hacemos referencia no sólo han puesto el foco en el largo y mediano plazo, sino que se han producido una serie de investigaciones cuyo objetivo es reconstruir y analizar en su singularidad la violencia política y la represión en determinadas coyunturas. Además de los estudios sobre la represión durante la última dictadura, uno de los problemas que está siendo sistemáticamente explorado se refiere a la violencia estatal y paraestatal en los años predictatoriales y, en particular, en el interregno constitucional entre 1973 y 1976. En esta dirección están mostrando un panorama novedoso que, además de contribuir a la problematización de las continuidades entre la dictadura y los años previos, da cuenta de las especificidades del proceso de violencia política y represiva que la antecedió.

La otra dimensión central en los nuevos trabajos sobre la represión tiene que ver con la atención hacia el problema de las escalas de análisis. En los estudios sobre el pasado reciente argentino la preocupación no es nueva, ya que al tiempo que se multiplicaban las investigaciones resultó cada vez más evidente que uno de los sesgos reiterados en la bibliografía disponible era el predominio de una mirada «nacional», o, más bien, de abordajes centrados en la realidad capitalina o bonaerense, y que, generalizados en forma muchas veces simplificadora, soslayaban lo acaecido en otros espacios regionales o locales 10. Eso es también en parte atribuible a la preeminencia de las interpretaciones de tipo macroanalítico —sean éstas las perspectivas provistas por la sociología o la politología, o sean las ofrecidas por los estudios sobre la memoria— que han contribuido a soslayar el problema de las escalas de análisis.

En este panorama general de la historia reciente como campo de estudio, los análisis sobre la represión no han sido una excepción. Sin embargo, resulta importante subrayar que la cuestión de las escalas ha adquirido significación en las investigaciones no sólo por la realización de estudios en diferentes espacios geográficos y sociales, sino también por el cuestionamiento directo de los propios niveles de análisis.

En particular, el dispar conocimiento de los mapas locales y regionales de la represión 11 ha alentado el desarrollo de un conjunto de investigaciones a escala local-regional sobre el ejercicio y las dinámicas de la represión. Estos trabajos han reducido el foco del análisis sin perder de vista la necesidad de establecer diálogos con lo producido para otros espacios o con la «historia nacional», permitiendo hacer más complejo y denso el conocimiento disponible y las explicaciones sobre las actuaciones represivas 12.

Contamos, además, con una serie de estudios que apelan a otros juegos o variaciones de la escala, concibiendo la región en un plano no estrictamente ajustado a lo estatal-nacional y atendiendo a la escala trasnacional mediante perspectivas de análisis comparado que desbordan el espacio nacional y permiten iluminar procesos de violencia política y terror estatal como los acaecidos en el pasado reciente argentino 13.

Investigar la represión: de las memorias a los archivos

La desaparición de personas y la clandestinidad de las prácticas le otorgaron a la represión implementada por la última dictadura argentina su originalidad y los rasgos por los que es universalmente conocida: si bien el recurso a la desaparición de personas fue utilizado en las otras dictaduras conosureñas contemporáneas, en ningún caso tuvo tal centralidad como dispositivo represivo. Las desa­pariciones han permitido equiparar la represión ejecutada en esos años con experiencias como el Holocausto, por la presencia de los centros clandestinos de detención a los que se homologó con los campos de concentración nazis, en una identificación que debió mucho a la difusión de testimonios de las víctimas que tenían notables coincidencias con los de los supervivientes del nazismo.

En esta dirección es necesario consignar que, en los últimos quince años, una de las líneas más transitadas por los estudiosos del pasado reciente argentino han sido la/s memoria/s y las representaciones del terror de Estado 14. En este ámbito han confluido cuestiones de orden diverso, de las que señalaremos dos, articuladas en el tiempo. Una de ellas fue el impacto de los estudios sobre la memoria en el ámbito académico, medido en la amplia acogida que esta línea tuvo en las ciencias sociales 15, y, en estrecha relación, el auge memorialístico que se inauguró en la década del 2000 (aunque anunciado ya en la de los noventa), cuando comenzaron a difundirse testimonios y memorias de quienes habían sido represaliados en los años de la dictadura y de quienes habían militado en los años que precedieron al golpe de Estado.

En un contexto en el que quienes habían vivido el periodo se mostraban dispuestos a contar sus historias, investigadores de disciplinas diversas se dedicaron a indagar en las memorias de la dictadura y las violaciones a los derechos humanos, en sus efectos individuales y sociales, en sus representaciones, y en las conexiones entre aquel pasado traumático y el presente, recurriendo fundamentalmente a los testimonios orales 16.

Una cuestión conexa a considerar, pero particularmente importante en el caso de los recorridos de la producción académica, es que durante mucho tiempo imperó la idea de que los registros escritos o documentales sobre la represión ejecutada durante la dictadura, bien habían sido destruidos, bien —debido a su carácter fundamentalmente clandestino— nunca habían existido. Esa hipótesis influyó de modo diverso en el curso de las investigaciones sobre el periodo dictatorial y la represión en particular, pero consolidó una tendencia muy acusada: el privilegio otorgado a los testimonios de las víctimas de la represión y sus allegados, que dieron forma y contenido a la reconstrucción de las violaciones a los derechos humanos y a su interpretación.

Ahora bien, aunque la historia oral no ha perdido significación y los testimonios orales siguen constituyendo una de las fuentes más utilizadas por los investigadores del pasado reciente argentino y, asimismo, sin dejar de considerar que se han venido realizando investigaciones fundadas en documentos escritos de diversa índole, es menester señalar que gran parte de la renovación en los estudios sobre la represión tiene que ver con el uso de fondos documentales novedosos y hasta no hace mucho tiempo inaccesibles. Nos referimos en particular al acceso a la consulta de algunos archivos castrenses, policiales y/o de organismos de inteligencia; situación que ha impactado en forma determinante en este campo de estudios.

En primer lugar, los denominados genéricamente «archivos de la represión», esto es, depósitos que contienen documentos de diversa índole provenientes de las fuerzas de seguridad vinculados con la vigilancia, control y/o persecución de personas a lo largo de las últimas décadas o, más en general, que incluyen datos sobre la actuación de las fuerzas represivas o sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en aquellos años 17. A ello hay que agregarle el impulso a las políticas de memoria por parte del Estado en los últimos años, que ha incluido la conformación de equipos de investigación en algunas dependencias estatales con el objetivo de aportar datos y documentación a las causas judiciales por delitos de lesa humanidad y ha contribuido a la apertura de archivos militares y a la recuperación y puesta a disposición de material documental que les pertenecía 18. Finalmente, si sumamos a estos fondos la documentación recopilada sobre las Fuerzas Armadas y policiales en las distintas causas judiciales que se han sustanciado en casi todas las provincias del país 19, nos encontramos frente a un caudal nada desdeñable de documentación procedente o producida por las fuerzas represivas.

Además de la función muy importante que ha cumplido esta documentación en términos de políticas reparadoras para las víctimas de violaciones de los derechos humanos, así como el significativo aporte de pruebas documentales en las causas judiciales, interesa señalar algunas cuestiones respecto de la investigación académica.

La disponibilidad de estos archivos (así como de fondos de diversas agencias estatales) muestra una cuestión planteada insistentemente: que el Estado registra sus acciones, incluso aquellas que se encuentran fuera de la legalidad 20. Esta documentación no sólo ha permitido en muchos casos reconstruir lo sucedido con algunas de las víctimas, sino que ha abierto una vía de indagación muy novedosa sobre las agencias e instituciones estatales en los momentos de mayor intensidad represiva y su relación con las acciones «legales» de las fuerzas de seguridad y de otras burocracias estatales atravesadas por las prácticas represivas (por ejemplo, archivos ministeriales o de dependencias nacionales, provinciales, municipales, archivos universitarios), permitiendo también atisbar las facetas clandestinas hasta no hace mucho sólo reconstruidas por la vía de los recuerdos de los represaliados. Examinemos algunos de sus «usos» más recientes.

El acceso amplio a fondos documentales de las Fuerzas Armadas (en particular del ejército) ha impulsado la investigación sobre la institución militar, los marcos normativos y reglamentarios, los procedimientos represivos, etc. Algo semejante ha pasado con el Servicio Penitenciario Federal y algunos establecimientos carcelarios de alta seguridad, aunque todavía faltan indagaciones consistentes sobre la actuación de las policías en el periodo de mayor intensidad represiva.

En el caso de los acervos de los servicios de inteligencia, no sólo han permitido reconstruir el funcionamiento de algunas de estas agencias, su articulación en tramas represivas y las dinámicas de la vigilancia y la persecución de individuos, grupos y organizaciones a lo largo de diversos regímenes, sino que han mostrado su valor para el estudio de organizaciones políticas, sociales, sindicales o culturales sobre las que los servicios de inteligencia recopilaban información y, por ende, enormemente útiles para reconstruir sus historias.

Por su parte, y sin que esto signifique cerrar las posibilidades que presentan para la investigación, estos fondos documentales dan cuenta no sólo de la represión física, sino de estrategias disciplinares y de control puestas en práctica por el Estado respecto de individuos, sectores y organizaciones, y del registro de actitudes sociales, contribuyendo a la indagación sobre los comportamientos sociales en contextos represivos.

Un último elemento a considerar se refiere a la relación entre los archivos y la escala de análisis, puesto que la elección de la escala muchas veces se vincula con la disponibilidad y/o el acceso a determinadas fuentes o corpus documentales. Pese a las limitaciones derivadas de la ausencia de una política nacional de archivos, de las restricciones al acceso y de las enormes diferencias existentes en las distintas provincias y ciudades, es un dato cierto que en los últimos años se han acrecentado los archivos y fondos disponibles para la investigación sobre el pasado reciente, muchos de los cuales proceden de los distintos niveles del Estado y/o de sus agencias, archivos provinciales o locales y/o fondos documentales de organismos que actuaban en el exterior o a nivel internacional 21, favoreciendo la realización de investigaciones que contemplen tales perspectivas y escalas de análisis.

El Estado y sus instituciones como objeto de investigación: a propósito de la represión en la historia reciente argentina

Los estudios sobre el Estado en el periodo de la última dictadura han puesto el foco en algunas cuestiones: en el carácter del régimen militar y el papel de las Fuerzas Armadas 22; en los elencos gubernamentales, los funcionarios y la relación entre militares y civiles 23; en la política económica 24; en la configuración ideológica del régimen y en el papel de los intelectuales 25, o en algunas dinámicas locales y provinciales de la política durante la dictadura 26, por no citar más que algunas de las dimensiones estudiadas. Estos análisis, que han mirado al Estado en su forma y contenido en el contexto dictatorial, han puesto de manifiesto que el régimen no era monolítico y que exhibió sus fracturas en distintos momentos sobre cuestiones como la organización del poder, la política económica, la relación con los partidos políticos, los tiempos de la transición, etc. A la vez, aunque la mayoría de esos trabajos se ocupan del Estado, sus agencias, sus políticas y relaciones en sus dimensiones públicas y visibles, en general no han omitido la significación de la represión como una faceta clave en la estructuración y dinámica del régimen militar.

En lo que refiere a los estudios sobre el ejercicio de la represión en los años de la última dictadura, las reconstrucciones e interpretaciones más difundidas también han insistido en el papel central desempeñado por el Estado. Se han basado en la perspectiva, ampliamente compartida, de que el ejercicio de una represión inédita por sus características y su magnitud sólo pudo tener lugar por la participación amplia del Estado y sus instituciones: en primer lugar, de las Fuerzas Armadas, que gestionaron el aparato del Estado a partir de marzo de 1976, pero también de otras agencias y ámbitos de acción estatal. Sin embargo, estos estudios han estado marcados por dos sesgos muy fuertes y muchas veces articulados entre sí: la atención otorgada a los dispositivos y modalidades clandestinas de la represión y una perspectiva monolítica del Estado 27.

Como se ha señalado, las dimensiones clandestinas de la represión han sido las más analizadas: las actuaciones de los grupos de tareas, los secuestros, la desaparición de personas, el circuito de centros clandestinos de detención, los NN y la desaparición de los cadáveres. Es decir, aquello que configuró la faz ilegal de la represión, sus notas ocultas, invisibles, secretas; en términos generales, las modalidades y dinámicas originales y cualitativamente diferentes que exhibió la represión durante la última dictadura argentina.

Este énfasis explica en gran parte por qué el estudio de las dimensiones legales de la represión no se ha equiparado en importancia al análisis de las prácticas clandestinas hasta hace poco. Por eso, y pese a la significación de este tipo de estudios, lo cierto es que han velado algunas dimensiones constitutivas de la represión: los modos en los que se vieron involucradas diversas agencias e instituciones estatales; el hecho de que la represión fue llevada a cabo por agencias que actuaban según normativas, leyes y decretos emanados del poder estatal, o de que las esferas de la represión clandestina y legal se articularon e integraron ampliamente.

En primer término, y para dar cuenta de la renovación en los trabajos sobre la represión, es necesario plantear que han sido los estudios centrados en las instituciones estatales y en las dimensiones legales de la represión los que han situado el problema de las rupturas y las continuidades como uno de los más relevantes, con aportaciones iluminadoras.

Al respecto, una línea de investigación muy productiva ha puesto el foco en el principal actor represivo en los años de la dictadura: las Fuerzas Armadas y, en particular, en el ejército. Aunque su participación en la represión del conflicto social y político se remonta a periodos muy anteriores en el siglo xx, estos estudios han explorado el marco ideológico-normativo que se instaló hacia los años cincuenta y sesenta dentro de la institución militar (asociado a las nuevas doctrinas de guerra contrainsurgente, la llamada «doctrina francesa», y a la Doctrina de Seguridad Nacional) y los cambios significativos que se registraron en la definición del «enemigo» y las estrategias y tácticas militares en la década de los sesenta 28.

En esta dirección, el estudio del ejército y los cambios ideológicos y normativos que se verificaron entre las décadas de los cincuenta y sesenta han estado en el centro del análisis. La recurrente intervención del ejército en la vida política argentina, así como su amplia participación en la represión, explican este énfasis. Sin embargo, no se han producido aún indagaciones similares para las otras armas (marina, aeronáutica) y las investigaciones sobre el resto de las fuerzas represivas y de seguridad (policías provinciales y policía federal, gendarmería, prefectura naval) son hasta ahora casi inexistentes.

Por su parte, y como ha analizado Marina Franco, la ideología de la «seguridad nacional» atravesó los discursos públicos y el entramado político e ideológico de los gobiernos previos al golpe de 1976, convirtiéndose en argumento legitimador y organizador del esquema represivo y articulándose con un conjunto de estrategias y acciones llevadas adelante por el Estado, que incluyeron centralmente el endurecimiento de la legislación represiva 29.

Pero si contamos con un conjunto de trabajos que han analizado la normativa militar y los cambios ideológicos, los discursos públicos y la legislación estatal en el contexto de la intensificación de la escalada represiva que tuvo lugar entre finales de los años sesenta y los primeros años setenta, los estudios que daban cuenta de cómo estas dimensiones se tradujeron en las prácticas represivas están acotados a algunos ámbitos y espacios específicos. Examinemos algunas de estas líneas de investigación.

El registro de las continuidades y, con ello, el establecimiento de genealogías respecto de la vigilancia, el control y la dinámica de la persecución política realizada por el Estado o sus agencias a lo largo de varias décadas y regímenes políticos ha sido reivindicado certeramente como clave para el análisis del funcionamiento de algunas agencias estatales, como es el caso de los servicios de inteligencia. Dichas agencias habían comenzado a actuar bastante antes del periodo de mayor intensidad represiva, si bien iniciaron la recopilación y producción de información sobre «delincuentes subversivos» a partir de la segunda mitad de los años sesenta, intensificándose tales tareas durante la década siguiente. Hacia 1975-1976 los servicios de inteligencia se integraron en «comunidades informativas» —el ámbito donde circuló la información producida sobre el «enemigo interno»— y, asimismo, formaron parte de tramas represivas constituidas por las Fuerzas Armadas y de seguridad que actuaban en diversos ámbitos territoriales y que utilizaron dicha información para la persecución de individuos, grupos y organizaciones que fueron víctimas de la represión 30.

Similares perspectivas se han planteado respecto de otras instituciones o ámbitos estatales implicados en las actuaciones represivas, sobre todo en los estudios sobre la prisión política. Las cárceles constituyeron un dispositivo represivo clave desde mucho antes de la última dictadura y durante el periodo de mayor intensidad represiva alojaron miles de presos políticos (en particular en los primeros años de la década de los setenta y, más tarde, con el establecimiento del estado de sitio desde 1974 y hasta 1983).

El sistema penitenciario configuró la faz legal de la represión; estuvo regulado por diversas leyes, decretos, reglamentos carcelarios y directivas militares; se adecuó a la nueva normativa antisubversiva, y, en los años de la dictadura, coexistió y se articuló con el sistema de desaparición forzada de personas en los centros clandestinos de detención 31.

Por su parte, contamos con una serie de etnografías que reconstruyen el funcionamiento de otras instituciones estatales con el foco en la última dictadura (el poder judicial, los circuitos de adopción de menores). Estos trabajos han indagado sobre las rupturas y continuidades entre regímenes dictatoriales y democráticos, evidenciando que ciertas prácticas y dinámicas del Estado y sus agencias deben anclarse en periodos precedentes a la última dictadura y extenderse a los años de la posdictadura, poniendo en el centro del debate el problema de la excepcionalidad de los dispositivos represivos que son constitutivos del terrorismo de Estado (la apropiación de menores, la desaparición de personas) frente a la regularidad de ciertos procedimientos burocráticos 32.

En una línea solidaria con estas indagaciones se ubican los estudios que plantean el reconocimiento del exilio como práctica represiva, dando cuenta de los mecanismos legales y extralegales utilizados por el Estado argentino durante los años setenta y ochenta para la producción de exilios, para la persecución de exiliados argentinos en el exterior y extranjeros en la Argentina, y para la proscripción de los retornos 33.

El otro sesgo que se advierte en las interpretaciones más difundidas sobre la represión estatal en el periodo de la última dictadura consiste en el predominio de visiones monolíticas que deben ser necesariamente revisadas. Del mismo modo que se ha planteado para otras dinámicas de acción estatal en el periodo 34, también en lo que refiere al ejercicio de la represión el Estado se presentó como un escenario de disputas, como un ámbito fragmentado con lógicas diferenciadas, tensiones, articulaciones complejas, continuidades que desbordan los cortes político-institucionales y temporalidades específicas que deben ser exploradas.

Una cuestión a considerar se refiere a la difícil distinción, cuando se analiza el ejercicio de la represión antes y durante la última dictadura, entre lo legal-reglamentario y lo ilegal-clandestino. Las visiones dicotómicas se han mostrado poco efectivas para dar cuenta de las diversas dinámicas y formas de la represión en la historia reciente argentina, ya que las prácticas clandestinas, ilegales y/o paralegales se articularon con una represión «normativizada», constituida por una batería de leyes, decretos y normas que otorgaron el marco jurídico-legal a la represión y las tareas de aniquilamiento de la subversión 35.

Los estudios sobre la violencia política y represiva en los primeros años setenta, y, en particular, sobre la represión paraestatal en el breve interregno peronista, son ilustrativos de tales énfasis. A lo que ya se conocía sobre el periodo (la actuación de bandas armadas como la Triple A o los inicios de la acción antisubversiva en la provincia de Tucumán) se han agregado investigaciones sobre el proceso de «depuración interna» del peronismo, sobre la actuación de comandos parapoliciales en algunos espacios locales y provinciales, sobre las articulaciones entre las fuerzas represivas y los grupos y organizaciones de la derecha, sobre la actuación del ejército en la denominada lucha antisubversiva en los primeros años setenta, y, en fin, sobre las variadas formas de la violencia estatal, paraestatal, legal y clandestina, acrecentado el conocimiento disponible sobre las formas y características de la violencia política y represiva en el periodo anterior al golpe 36.

Sin embargo, no necesariamente sucede lo mismo en el caso de los análisis sobre la represión en el contexto de la última dictadura, por cuanto el énfasis en las prácticas clandestinas y en la dinámica de los campos de concentración ha velado otros aspectos constitutivos del ejercicio de la represión, entre los que se cuentan sus dimensiones legales, visibles y públicas.

En tal sentido, y aunque todavía resta mucho por investigar, la reconstrucción de las tramas represivas que asociaron a las Fuerzas Armadas con otras agencias represivas, las investigaciones sobre el ejercicio de la violencia estatal en algunos espacios locales o regionales 37, los estudios sobre los dispositivos represivos legales y sobre otros sujetos represaliados (los presos políticos, los exiliados), pero también las investigaciones sobre la represión hacia ciertos colectivos (los trabajadores, los judíos, los militantes de la izquierda no armada) 38, así como las indagaciones centradas en las estrategias estatales vinculadas con la disciplina y el control social 39, están haciendo más complejas las miradas, hasta hace poco centradas en los desaparecidos y en ciertos dispositivos y espacios, contribuyendo a repensar la estrategia represiva implementada en distintas escalas y contextos y mostrando que aquellas perspectivas monolíticas resultan inadecuadas para analizar e interpretar el ejercicio de la represión, incluso en el periodo de mayor centralización y coordinación.

A modo de cierre

Mientras todavía sigue siendo muy visible la dilatada influencia del relato cristalizado del Nunca más (en la narrativa de los organismos de derechos humanos, en las políticas de memoria de la última década, en los recorridos judiciales e incluso en algunos trabajos académicos), en estos últimos años se han desarrollado un conjunto de investigaciones sobre la represión que han otorgado una nueva densidad a las miradas macro sobre el periodo y han revisado imágenes, periodizaciones y conceptualizaciones establecidas.

Estas tendencias nos permiten plantear que estamos en un momento bisagra, tanto en lo que refiere a preocupaciones de orden teórico-metodológico (encontrar conceptos y categorías cada vez más precisas, rediscutir las periodizaciones y las escalas de análisis), como en la selección de los objetos de investigación, las fuentes documentales utilizadas y los abordajes.

Sin dejar de lado a las víctimas, sus historias y sus memorias, estos estudios se vienen ocupando de cuestiones poco analizadas: del funcionamiento de las agencias estatales y de la violencia paraestatal; de los diversos dispositivos represivos; de la vinculación entre normativa, prácticas represivas y contextos de aplicación; de las continuidades y discontinuidades; de las regularidades y la singularidad de la represión antes y durante la dictadura; de las tramas que vincularon entre sí a las fuerzas represivas y a éstas con sectores de la sociedad civil; de los perpetradores; de los mecanismos de imposición de disciplina social y de las dimensiones sociales ampliadas de la represión, por citar sólo algunas de ellas. En suma, de construir un panorama cada vez más completo y complejo de la historia de la represión en el pasado reciente argentino.

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