Ayer 126/2022 (2): 107–130
Sección: Dosier
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2022
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/815
Gloria Román Ruiz
Miguel Ángel del Arco Blanco
Recibido: 04-06-2019 | Aceptado: 09-07-2020 | Publicado on-line: 21-04-2022
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

¿Resistir con hambre? Estrategias cotidianas contra la autarquía en la consolidación del Franquismo *

Gloria Román Ruiz

Universidad de Granada gloriaroman@ugr.es

Miguel Ángel del Arco Blanco

Universidad de Granada maarco@ugr.es

Resumen: La larga posguerra en España (1939-1952) estuvo marcada por las severas dificultades socioeconómicas que tuvo que afrontar buena parte de la población. Para lidiar con la carestía, los hombres y mujeres que vivieron los grises años cuarenta pusieron en marcha pequeñas estrategias cotidianas de subsistencia-resistencia entre las que destacaron los hurtos famélicos y el pequeño estraperlo. Con sus acciones de desobediencia buscaron mitigar su miseria, pero también expresar de algún modo su disconformidad con la gestión que estaba haciendo la dictadura franquista de la crisis de abastecimientos. Ahora bien, aquellas prácticas no lograron desestabilizar el recién nacido régimen franquista, sino que, paradójicamente incluso, contribuyeron a su consolidación.

Palabras clave: autarquía de posguerra, hambre, resistencia, hurto, ­estraperlo.

Abstract: The long post-war period in Spain (1939-1952) was characterized by severe socio-economic difficulties faced by an important part of the population. When confronted with scarcity, men, and women of the grey decade of the forties put into motion small everyday strategies of subsistence-resistance such as petty theft or the small estraperlo (black market). Through these actions of disobedience, many searched to alleviate their misery while also expressing, in one way or another, their disconformity with the management of supplies by Francoist authorities during a subsistence crisis. Paradoxically, these practices did not succeed in destabilizing the new-born Francoist regime but contributed to the consolidation of the dictatorship.

Keywords: post-war autarchy, hunger, resistance, robbery, black market.

En este artículo partimos de la hipótesis según la cual incluso aquellos individuos cuyas existencias transcurrieron bajo rígidas estructuras dictatoriales como la franquista fueron capaces de desafiar y desobedecer a las autoridades. Asumimos que, a pesar de su condición de subalternos, muchos hombres y mujeres de posguerra hallaron las condiciones necesarias para plantear pequeñas resistencias cotidianas, entendidas como «tácticas populares a las que recurre la gente en sus actividades diarias para revertir el actual estado de cosas para sus propios fines» 1. A esta definición de De Certeau añadiríamos que se trataba de acciones que de algún modo representaban un desafío al poder dictatorial 2. Estos episodios resistentes, puestos en marcha mediante al recurso a lo que James Scott denominó «armas de los débiles», eran, por lo general, espontáneos, individuales, anónimos y poco o nada articulados, dado que esta fórmula disminuía considerablemente el riesgo de ser descubierto y castigado 3. Si, pese a tomar estas precauciones, estas estrategias fallaban y se descubrían, era habitual que los infractores persistieran en su actitud esgrimiendo originales pretextos exculpatorios poco verosímiles, como el del desconocimiento de la legislación vigente 4.

Asimismo, en este texto defendemos que el hambre no actuó siempre ni únicamente como un factor de desactivación política, sino que a la vez pudo convertirse en el móvil de algunas acciones de subsistencia-resistencia. Se ha planteado que las autoridades franquistas instrumentalizaron la autarquía para controlar políticamente a la población, de la que se esperaba que, al quedar condenada a la más absoluta miseria, renunciase a cualquier conato de disidencia 5. Sin embargo, la dictadura habría fracasado en la consecución de este macabro objetivo, dado que el hambre no fue óbice para que los individuos que padecieron los estragos de posguerra contravinieran la autarquía franquista. Al contrario, las perentorias necesidades de sus estómagos fueron a menudo el móvil que los llevó a desobedecer las disposiciones dictatoriales en materia de abastos. Lejos de paralizarlos, la necesidad los impulsó a buscar creativamente la forma de alimentarse y, al mismo tiempo, a dejar constancia de su malestar con una política intervencionista que percibían como causante de la dramática escasez de comestibles.

Se trataba de estrategias de subsistencia y, a la vez, de resistencia. Estaban encaminadas, en primera instancia, a sobrevivir y a recobrar una cierta «normalidad» tras la guerra 6. Y es que entre las preocupaciones de las clases bajas ha estado históricamente la mejora de sus deterioradas condiciones materiales de vida, siguiendo la lógica de la «economía moral» de los pobres 7. Pero, con sus prácticas ilícitas, los pequeños infractores de posguerra buscaban también expresar su malestar con la impopular política autárquica, percibida como nociva y de cuyas inherentes corruptelas eran conscientes, y con la gestión de la crisis de abastecimientos por parte de las autoridades 8. Como planteara Scott, los asuntos de «pan y mantequilla» son la esencia de la política y de la resistencia de los humildes 9. Ahora bien, no en todas las acciones de este tipo se dieron ambas motivaciones ni lo hicieron en la misma medida, sino que en unas pesó más la necesidad de sobrevivir y en otras un cierto deseo de disentir, si bien resulta muy difícil para el historiador dilucidar en qué medida se dieron una y otra.

Entre los objetivos de este artículo está, en primer lugar, el poner en valor la capacidad de agencia de los sujetos subalternos, incluyendo a los habitantes del mundo rural, a los que tradicionalmente se ha identificado más con el régimen de Franco y a los que se han atribuido mayores cotas de aquiescencia y consentimiento 10. Pretendemos rehuir de la «victimización» de los sujetos y enfatizar la existencia de márgenes para la autonomía y la rebeldía de los individuos 11. Se trata de ahondar en una de las formas de hacer política (o infrapolítica) de las clases populares del periodo posbélico: las pequeñas acciones cotidianas contra el intervencionismo económico franquista al que responsabilizaban de la crisis alimenticia que padecían. A primera vista pueden parecer insignificantes al no revestir la espectacularidad de las grandes acciones de resistencia abierta, organizadas y bien articuladas. Sin embargo, tuvieron a menudo una connotación política, implicaron un considerable riesgo para sus protagonistas y en ocasiones lograron los objetivos que perseguían. En segundo lugar, se pretende analizar el potencial de estas estrategias cotidianas para condicionar el éxito de la política autárquica de posguerra y, por ende, para menoscabar el poder de la dictadura y desestabilizar al régimen. La tesis que se sostiene es que, al contrario de lo que podría pensarse, las resistencias relacionadas con el hambre o la miseria contribuyeron a la consolidación de la dictadura.

Para alcanzar estos objetivos el artículo se centra principalmente en Andalucía, una de las regiones más golpeadas por el hambre de posguerra (1939-1952). Respecto a las fuentes, el texto se apoya fundamentalmente en las multas impuestas por la infracción de las ordenanzas municipales y en los juicios de faltas instruidos por los Juzgados de Paz de diferentes localidades. Asimismo, se recurre a los partes mensuales remitidos por los jefes provinciales de FET de las JONS de distintas regiones españolas, una fuente interna que ofrece una buena radiografía de la picaresca económica de los años cuarenta, así como de las verdaderas necesidades de los más humildes. En la primera parte del artículo se aborda el descontento popular suscitado por los problemas de abastecimiento, así como las prácticas cotidianas puestas en marcha en consecuencia, caso de los hurtos famélicos y del pequeño estraperlo. En la segunda parte se explora la poca incidencia que aquel malestar y aquellas acciones desobedientes tuvieron en la desestabilización del régimen franquista.

Las estrategias cotidianas frente al hambre

«Se dice que el estraperlo terminará por ser los precios oficiales, que están casi a la altura del mercado clandestino» 12.

Desde los días de la Guerra Civil, las autoridades franquistas comenzaron a implementar la política económica autárquica mediante la aprobación de numerosas y complejas normativas por las que quedó intervenida una extensa lista de artículos de primera necesidad. Aunque, en teoría, aquellas disposiciones obedecían a la extraordinaria situación por la que atravesaba el país y, por tanto, tenían carácter provisional, su aplicación se prolongó a lo largo de más de una década 13. Lejos de los solidarios objetivos que, según la propaganda dictatorial, perseguía esta política intervencionista, sus consecuencias para la inmensa mayoría de la población fueron verdaderamente desastrosas. Los productos de consumo cotidiano pasaron a estar racionados y su acceso a ellos se tornó extremadamente complicado. A menudo, todo lo que se conseguía obtener tras interminables esperas en largas colas frente a los establecimientos de comestibles eran unos alimentos escasos y de mala calidad. La subida de precios y los «jornales de hambre» redujeron drásticamente el poder adquisitivo de la población. Todo ello condujo a muchos a abandonar sus pueblos para buscarse mejor la vida. Muchos vecinos de Alhama de Almería, por ejemplo, se vieron obligados a vender las techumbres de sus casas para conseguir unas pesetas con las que iniciar el periplo migratorio. La miseria, unida a la represión, abocaron a algunos a tomar la trágica resolución del suicidio, como apuntara Mir 14.

Las propias autoridades franquistas reconocían que las calorías proporcionadas por el racionamiento no bastaban para sostener el cuerpo en pie, lo que obligaba a buscarse la vida al margen de la legalidad. Así lo expresaba en abril de 1947 el jefe provincial de Falange de Cuenca al asegurar que «el suministro que se reparte tanto en la capital como en la provincia es insuficiente totalmente, lo que da lugar a que de día en día incremente el mercado negro» 15. En esta misma línea se expresaba en agosto de 1941 su homólogo de Granada:

«El principal problema que suscita es la imposibilidad de vivir con el racionamiento, que de los principales y más elementales artículos se da a la población, que por otro lado los encuentra a precios casi imposibles de adquirir, con lo que se plantea a la luz del día y ante la impasible mirada del Estado, un pavoroso dilema; o se vive descaradamente fuera de la Ley en materia de comidas u oficialmente se ve al español obligado a morirse» 16.

En consecuencia, la autarquía económica pasó a ser tremendamente impopular entre la población, sobre todo entre las clases medias y bajas, que percibían las normativas intervencionistas como un enorme escollo para su supervivencia material y la de los suyos 17. Aquel malestar se plasmó en comentarios críticos hacia las autoridades, a las que se hacía responsables de los problemas de desabastecimiento y encarecimiento de los precios. En 1946, uno de los más duros de la posguerra por la terrible escasez, los líderes de Falange de prácticamente toda la geografía española se hacían eco de las quejas, preocupados por que pudieran acarrear el descrédito de las instituciones.

Así lo hizo en el mes de marzo el gobernador civil de Málaga, que aseguró que las últimas disposiciones de la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes habían provocado un «aterrador efecto» sobre la opinión general. Las normativas hacían referencia a la Fiscalía de Tasas, el principal organismo encargado de perseguir el fraude económico que, según este cargo franquista, había «batido el máximo de impopularidad que se registra en la historia de las leyes españolas» 18. Por su parte, el jefe provincial de FET de Salamanca se mostró temeroso de que el descontento social acabase teniendo consecuencias desfavorables para el régimen en esa provincia, si bien lo atribuía a razones económicas, que no políticas 19. En el mes de julio, su homólogo de Valencia reconocía que la alarmante subida de precios en el mercado negro había repercutido desfavorablemente en la opinión pública 20. También el jefe provincial de Murcia se refirió, en su parte mensual de julio, al «enorme descontento» que había ocasionado la interrupción en el suministro de aceite y «los precios astronómicos» que había alcanzado el producto en el mercado negro. Aseguraba que en los últimos meses se había acentuado el malestar general por la cuestión alimenticia y que aquello constituía el perfecto caldo de cultivo para que «el enemigo» hiciese su «campaña derrotista». El falangista explicaba la situación política de la provincia con un ilustrativo ejemplo: «Si come la gente, no se observa nada anormal en el ambiente; si el abastecimiento es escaso o nulo por fuerza de las circunstancias, el descontento, la crítica, etc., se dan a conocer de un modo inmediato» 21. También el jefe provincial de A Coruña admitía en octubre de 1946 que la escasez de productos de primera necesidad como aceite o arroz suscitaba «constantes comentarios de desagrado, culpándose de todos estos males a las autoridades» 22. Por las mismas fechas, el jefe provincial de Cuenca aseguraba que el problema alimenticio centraba las conversaciones y preocupaciones de la gente, al tiempo que hablaba del carácter transversal del descontento y del escepticismo que generaban las disposiciones oficiales por su incapacidad para frenar la subida de los precios 23. Para contrarrestar aquel clima de opinión negativa, algunas autoridades locales resolvieron tomar medidas. Fue el caso de las de Lucena (Córdoba), donde existía una «impresión pesimista» en materia de abastos, que en marzo de 1940 decidieron disolver las colas frente a las panaderías con el objetivo de «evitar las críticas del vecindario» 24.

Ante aquella coyuntura de carestía extrema y descontento social, los hombres y mujeres de posguerra pusieron en marcha toda una serie de acciones de subsistencia-resistencia que buscaban hacer más liviana su miseria cotidiana. Entre las más recurrentes estuvieron las negativas a entregar el cupo forzoso de cereal al Servicio Nacional del Trigo (SNT), el acaparamiento fraudulento de las cartillas de racionamiento mediante las resistencias a entregar las de los familiares fallecidos, o el contrabando, practicado, por ejemplo, en los pueblos de Málaga y Cádiz próximos a la zona del Campo del Gibraltar, donde destacaron las matuteras 25. Sin embargo, en las siguientes líneas nos centramos en dos de las estrategias cotidianas más repetidas y paradigmáticas: los hurtos famélicos y el pequeño estraperlo 26.

El hambre y la sensación de estar padeciendo una situación injusta empujaron a muchos hombres y mujeres de condición humilde a violar la propiedad ajena para sustraer alimentos u otros artículos para consumo propio o para su venta. Existía una relación directamente proporcional entre la agudización de la crisis de suministros y el incremento del hurto, como apreciaba en 1941 el jefe de Falange de Baleares al explicar que «continúan en escala creciente los asaltos a huertas y tierras de labor de donde se llevan verdaderas caravanas de individuos las algarrobas, almendras y otros artícu­los alimenticios [...] se advierte que al empeorar las condiciones de vida aumentan los hurtos de comestibles» 27. En la mayoría de las ocasiones se trataba de pequeñas cantidades de alimentos, de frutos del campo devorados en el acto o de animales domésticos para el consumo. Este tipo de hurtos venían dándose en provincias como Salamanca, donde en mayo de 1941 se alertaba de las continuas sustracciones de «productos de cerdos (tocino, embutido, manteca, etc.) así como garbanzos, lentejas y otros productos propios de las matanzas familiares» 28.

Los ladronzuelos de posguerra actuaron movidos por una necesidad imperiosa, como muestra el hecho de que, al ser descubiertos por las fuerzas del orden, los artículos sustraídos hubieran sido ya consumidos o vendidos para comprar comida. Hacia esta misma dirección apuntan las manifestaciones hechas por los infractores descubiertos ante las autoridades, aunque muchos pudieran exagerarlas con la intención de aminorar el castigo. Encontramos un ejemplo de ello en el municipio almeriense de Serón, donde en 1951 una vecina acusada de hurtar siete gallinas en compañía de varios convecinos explicó que actuaron «impulsados por el hambre y no tener trabajo» y con la intención de venderlas en el mercado de Tíjola (Almería) 29.

También en la localidad granadina de Píñar, donde en los años cuarenta se sucedieron numerosos hurtos de leña, ganado y frutos del campo, hallamos a varios sujetos que esgrimieron pobreza, enfermedad, cargas familiares o su condición de parados para justificar su falta. Fue el caso del jornalero que, al ser sorprendido en 1943 cortando espigas de trigo de una finca, explicó que lo hacía «por tener hambre». O el del menor de quince años que se pronunció en idénticos términos tras ser descubierto en 1951 hurtando catorce panochas de maíz. También un vecino acusado de robar aceituna en 1943 dijo querer el fruto para comérselo con su pedazo de pan y haber actuado ilícitamente «por carecer de trabajo». Similares fueron los argumentos ofrecidos por el apodado «El Pájaro» al ser detenido en 1940 por robar una cabra: que lo hizo por tener seis hijos pequeños «que se encuentran en la miseria» porque «solamente gana 5 ptas. trabajando y no tiene bastante para darles de comer». O los esgrimidos en 1950 por un jornalero de veintiocho años al ser conducido al cuartel de la Guardia Civil por haber hurtado un kilo de habas: que las quería «para darle de comer a sus hijos por llevar tres días parado». Y en esta misma línea se expresó en 1951 un vecino de dieciocho años que, al ser sorprendido por un guarda cortando un haz de leña, explicó que lo hacía «porque en su casa no tenían para guisar» ni «con qué encender la lumbre» 30.

Ahora bien, algunas de aquellas transgresiones pudieron tener una connotación más política, aunque sus protagonistas no lo expresaran ni reconocieran así por razones obvias. Fue el caso de aquellos robos en que la víctima era percibida como parte del régimen o bien relacionada con él, como sucedió en 1951 cuando seis jornaleros de Alsodux (Almería) sustrajeron dos hazas de leña del cortijo que tenía arrendado el párroco del pueblo 31. O bien el de los perpetrados contra organismos franquistas, como el que tuvo lugar el 27 de enero de 1949 en La Carlota (Córdoba), donde se hurtaron 150 kilos de habas del almacén del SNT, la institución autárquica más paradigmática de la dictadura. Apenas un año después tenía lugar un episodio similar en esta misma localidad, al sustraerse dos sacos de arroz propiedad de la Sociedad Anónima Comercial de Córdoba. El significado político de este tipo de acciones se aprecia también en aquellas ocasiones en que el infractor se insolentaba con las fuerzas del orden. Encontramos un ejemplo de ello en agosto de 1944, cuando varios hombres y mujeres de la localidad granadina de Torre-Cardela se adentraron en una finca privada de la que sustrajeron unos 80 kilos de garbanzos. Cuando el guarda particular los instó a marcharse, el grupo lo acorraló y lo amenazó con piedras, manifestando «que ellos espigaban allí garbanzos por encima de todo, pues ni él ni la Guardia Civil podían impedírselo» 32. Similar fue lo ocurrido en el citado municipio cordobés de La Carlota, donde el 30 de enero de 1950 cinco hombres y tres mujeres robaron 150 kilos de aceituna de una finca. Al ser interrogados por sus señas de identidad, se negaron a facilitar sus datos e insultaron y agredieron al guarda de la Hermandad Sindical, que los amenazó con su carabina. El grupo acabó dándose a la fuga y abandonando los frutos 33.

Junto al hurto, la otra estrategia de subsistencia-resistencia más recurrente en la posguerra fue el pequeño estraperlo, esto es, la compraventa de productos a un precio superior al oficial fijado por tasa. Esta práctica fraudulenta supuso para los sectores de las clases medias y bajas una crucial válvula de escape a su miseria cotidiana. Pero también una forma de reparar el sentimiento de injusticia y agravio ante la incapacidad del régimen para garantizar el suministro en un contexto marcado por la corrupción generalizada, en gran medida representada por el gran estraperlo del que se beneficiaban las propias autoridades 34. Durante la década de los cuarenta el fenómeno del mercado negro llegó a alcanzar una magnitud sin precedentes. Así lo admitía el gobernador civil de Granada, quien, en febrero de 1945, lamentaba que se vendiese pan clandestinamente «por ­todas partes» 35.

En los años de posguerra la población avivó su ingenio y puso en marcha originales prácticas estraperlistas como la que se daba en 1946 en la provincia de Salamanca, donde quienes aguardaban en las colas del racionamiento «recogían la misma carne para venderla un rato después a domicilio con un sobreprecio notable» 36. Este tipo de operaciones eran frecuentes sobre todo en establecimientos de comestibles como las panaderías, las tiendas de abacería o los mercados de abastos. En el de Santa Fe (Granada), por ejemplo, era habitual la venta con sobreprecio de artículos como los boquerones, cuyo kilo se ofrecía a 0,15 pesetas más de lo permitido, o las gambas, a 1,50 pesetas por encima de lo autorizado 37.

En esta localidad granadina desarrolló su actividad estraperlista Antonio Maroto, que adquiría en Granada bollos a 0,15 pesetas y los revendía entre sus vecinas del pueblo a 0,25 pesetas. Otro que se dedicó a la venta a precios abusivos fue Miguel Martín, que acostumbraba a comprar harina y piezas de pan en la localidad vecina de Cijuela (Granada) y a cambiarlas o venderlas en Santa Fe a razón de 150 pesetas el kilo de harina y 1 peseta la hogaza 38. También en el pueblo granadino de Benalúa de las Villas se dieron pequeñas operaciones estraperlistas como la protagonizada por el vecino que, en septiembre de 1943, ocultó en su domicilio 4 kilos de judías y 19 kilos de maíz sin declarar 39.

Es cierto que muchos de los protagonistas de estas pequeñas estrategias cotidianas, de humilde condición socioeconómica, abrigaban actitudes próximas a la resignación, el disentimiento e incluso la oposición. No obstante, no todos procedían del entorno de quienes habían perdido la guerra, sino que tras la contienda la imperiosa necesidad de llenar el estómago trascendió a menudo la línea divisoria que separaba a vencedores de vencidos. Pese a ello, con frecuencia las autoridades atribuían a los infractores de posguerra mala conducta o antecedentes políticos izquierdistas. Así lo hizo en 1950 el alcalde de La Carlota al describir al vecino de treinta y cuatro años José Gálvez, encausado por hurtar ganado y frutos del campo, como «marxista de acción» 40. También su homólogo de Píñar informó en 1942 en términos similares sobre Marcelino Titos, un vecino de veinte años que había participado en el robo de dos chotos cuya carne había comido parcialmente, vendiendo el resto en Granada a 8 pesetas el kilo. El regidor se refirió a él como un individuo «de ideología marxista» que «no mereció nunca confianza alguna a las personas de derechas», que al iniciarse el Movimiento se enroló como voluntario en las milicias rojas e «intervino en robos de casas de campo y domicilios de elementos de orden» 41.

Entre los sujetos que practicaron el hurto o el estraperlo brillaron con luz propia las mujeres, que, como responsables de la economía doméstica, hubieron de procurar el sustento familiar en «los años del hambre». Muchas de ellas eran viudas de guerra o tenían al marido en una prisión franquista o «huido» en la sierra. Estas mujeres de luto adoptaron el rol de «ganapán» que hasta ese momento habían venido desempeñando sus esposos y pasaron a moverse en espacios y a incurrir en prácticas (ilícitas) tradicionalmente masculinas 42. Fue el caso de una joven vecina de Píñar (Granada) de diecinueve años que, en julio de 1940 y tras varios días sin encontrar espigas, se vio obligada a hurtar trigo «debido a la necesidad y para atender a la manutención de tres hijos pequeños que tiene y por las circunstancias de tener a su marido en la cárcel». También el de la almeriense Angustias Fernández, una recovera viuda, que fue sorprendida en 1950 trasladando un saco con 27 kilos de trigo que había adquirido para su reventa a 5 pesetas el kilo. O el de las dos sirvientas de Granada que, en agosto de 1951, se adentraron en un cortijo con la intención de encontrar «algo para comer» y se llevaron tres pedazos de tocino y cinco huevos 43.

En aquel contexto de extrema necesidad de posguerra, todos los grupos de edad participaron en las actividades económicas fraudulentas. De ahí que entre los infractores hubiera numerosos menores, alentados por una menor percepción del peligro propia de su corta edad e instigados por unos adultos que buscaban aprovechar sus ventajosas capacidades físicas. Uno de ellos fue un vecino de Carboneras (Almería) de dieciséis años, tachado de «ratero habitual», que, en diciembre de 1950, sustrajo del Parador azúcar, arroz, lentejas, café, tocino, chocolate y jabón por valor de 352 pesetas para venderlos. También aquel año un grupo de «conocidos maleantes» de entre diecisiete y veinte años hurtó un jamón de 4 kilos a un carnicero de Almargen (Málaga) con la intención de colocarlo en el mercado 44. Entre los ladronzuelos y estraperlistas tampoco faltaron los sujetos de avanzada edad, como la anciana de setenta años que, en septiembre de 1948, hurtó mieses de garbanzos en una finca de La Carlota (Córdoba); la viuda de ochenta años que se dedicaba a arrancar ilegalmente collejas, trigo y cebada en la cumbre del castillo de Píñar (Granada); o el vecino de Olula de Castro (Almería) de setenta y ocho años que molturaba clandestinamente aceite en su almazara 45.

Como muestran los casos expuestos, el hambre motivó un importante descontento popular que estuvo en la base de las numerosas estrategias cotidianas ilícitas que proliferaron en aquellos años de posguerra, como los hurtos y el pequeño estraperlo. Sin embargo, cómo se expondrá a continuación, aquel malestar que nacía de la escasez y que se plasmó en el auge de la delincuencia económica, no logró desestabilizar al régimen. Al contrario, pudo contribuir a su consolidación.

La incidencia de la desobediencia económica sobre la estabilidad del Franquismo

A la hora de definir las resistencias campesinas, Scott coincidía con Hobsbawm al valorar los objetivos perseguidos por los campesinos. La mayor parte de ellos no pretendía derribar o transformar el sistema de dominación, sino más bien sobrevivir 46. Sin embargo, ese razonamiento no es óbice para reflexionar sobre el impacto que las pequeñas acciones de desobediencia económica tuvieron sobre la implantación y la consolidación del régimen franquista durante la posguerra. Como se tratará de demostrar a continuación, el recurso generalizado de las clases más bajas al hurto y al pequeño estraperlo no solo no puso en peligro la supervivencia de la dictadura, sino que, paradójicamente, pudo incluso contribuir a su perpetuación. Al menos cinco razones respaldan esta idea. En primer lugar, el perfil subalterno de los protagonistas del pequeño estraperlo. En segundo lugar, el hecho de que a menudo no existieran motivaciones políticas para practicar el hurto o el estraperlo. Tercero, porque tras el pequeño estraperlo se escondían los beneficios de los verdaderos apoyos sociales de la dictadura. Cuarto, porque la represión del estraperlo de los pobres fue un arma clave en acallar cualquier posible disidencia contra el Franquismo; porque sirvió de excusa para la propaganda del Franquismo al evidenciar su, en teoría, incansable lucha contra el estraperlo y justificar la escasez de posguerra. Por último, porque Francisco Franco quedaba a menudo exonerado de las críticas y quejas populares.

Los protagonistas del hurto y del pequeño estraperlo fueron siempre, en sintonía con la tipificación de las resistencias individuales, sujetos subalternos. Estudios sobre la delincuencia evidencian el perfil modesto de la mayoría de los infractores 47. En Andalucía, todas las investigaciones realizadas para provincias como Almería, Málaga, Granada o Cádiz coinciden en señalar que el estraperlo fue desarrollado por las clases bajas. Nos encontramos ante un número considerable de mujeres, muchas de las cuales habían perdido a su marido, que se encontraba encarcelado o en el exilio; niños provenientes de familias desestructuradas; jornaleros u obreros en paro o que, por su mísero jornal, no conseguían alimentar a su familia; o ancianos con escasos recursos para la vida 48.

Los pequeños estraperlistas eran sujetos que se enfrentaban a la legalidad «desde los márgenes», alejados de las instituciones del Estado y de sus esferas de influencia 49. Su capacidad para sugerir cualquier cambio en las políticas intervencionistas de la autarquía que originaban la escasez era casi nula, por no hablar de su limitado potencial para enfrentarse a las instituciones de una dictadura de la que estaban excluidos. La otra cara de la moneda estaba representada por los medianos y grandes estraperlistas, cuya adhesión al régimen e incluso su participación en las instituciones les facilitaría la práctica de sus negocios en el mercado negro y su enriquecimiento. Su pertenencia al régimen les permitía promover la continuidad de la autarquía, consolidando a su vez los apoyos sociales de la dictadura 50.

Un segundo factor que explica por qué los hurtos y el pequeño estraperlo no supusieron ningún problema para el futuro del Franquismo: las aspiraciones de los infractores fueron fundamentalmente materiales, aunque también pudiesen tener algún sentido político. El objetivo principal de estas resistencias era garantizar la alimentación de sus protagonistas y de sus familiares, para lo que era esencial el anonimato o huir de cualquier publicidad. Pero, al mismo tiempo, estas constantes transgresiones de las normas establecidas evidenciaban la desafección hacia las políticas adoptadas, tratando de esta forma de manifestar su rechazo a las mismas. Por supuesto, los encausados sorprendidos desnudarán la justificación de sus acciones de cualquier tinte político. En Málaga, muchos de los pequeños estraperlistas detenidos aludieron a su difícil situación personal y familiar para justificar sus acciones, solicitando el perdón de sus transgresiones. Antonio Flores Godoy, por ejemplo, atribuía su falta al hecho de estar «en paro forzoso» y tener que «atender a la manutención de mi esposa y mis dos hijas, y de mi madre política anciana», por lo que solicitaba que se le condonase la multa impuesta. Josefa Álvarez Guerrero fue sorprendida transportando junto a otra mujer once kilos de pan en el término municipal de Coín (Málaga). Justificaba su acción en que sus «únicos medios de vida» eran «sus brazos» porque su marido estaba «en paro forzoso desde hace más de dos meses» y porque tenía «cinco hijos menores que mantener», por lo que de ese modo lograría dejar de pasar «hambre algunos días». Aunque estas acciones eran la única manera de ganarse la vida, para salvarse de la sanción apelaba incluso a la justicia del «Nuevo Estado»: «no es de justicia de Franco el que mi hogar quedara desecho por una infracción tan insignificante» 51.

Por su parte, las autoridades de la dictadura no percibieron el pequeño estraperlo como una práctica cargada de algún significado político. No es difícil encontrar testimonios de gobernadores civiles o de alcaldes que, en sus oficios, reconocen que la motivación de los más humildes para recurrir a él era sobrevivir. Por ejemplo, el gobernador civil de Cádiz admitía en septiembre de 1941 que «solo fuera de la ley, o sea, acudiendo al estraperlo, puede reunir una familia lo suficiente para no morirse hambre» 52. Por su parte, el alcalde Montefrío (Granada) razonaba así a sus superiores en un oficio relatando el deficiente racionamiento distribuido: «¿qué solución les queda [a los pobres]? O morirse de hambre, o lanzarse a cometer actos que tengan que ser perseguidos por la justicia» 53.

En tercer lugar, el pequeño estraperlo repercutió en la continuidad del régimen porque no puso en riesgo los intereses de los apoyos sociales del «Nuevo Estado». Su práctica por parte de las clases bajas era el último eslabón de la cadena que hacía posible el lucrativo negocio del mercado negro. Pero, además, la actividad de los pequeños estraperlistas, curiosamente los más perseguidos, garantizaba el abastecimiento de productos en una España donde la escasez era la norma. Reflexionemos, por ejemplo, sobre el caso del aceite 54. Se trataba de un producto esencial para la ingesta calórica de la población y, además, alcanzó en el mercado negro un precio cuatro veces superior al oficial durante la posguerra, lo que redundaría en los participantes del negocio 55. El agricultor podía lucrarse no declarando la aceituna cosechada; el industrial aceitero prensándola y distribuyendo el aceite por canales ilegales; el transportista también haciéndolo llegar a las ciudades o a los almacenes donde era comercializado; y los comerciantes podían también dispensar aceite de estraperlo en sus negocios. Pero el último eslabón de todo el proceso, y también el más débil, era el del pequeño estraperlista que, en pequeñas cantidades, trataba de transportar y vender pequeñas cantidades que le permitiesen ganarse el sustento. Los ejemplos son abundantes. Podemos recurrir al de Manuel Sánchez, quien en 1942 fue sorprendido en Puente Genil (Córdoba) con 11 kilos de aceite 56. O al vecino de Pechina (Almería) José López que en 1951 fue descubierto en la localidad almeriense de Nacimiento cuando conducía en bicicleta un pellejo de aceite sin la correspondiente guía de circulación 57. Paradójicamente, la búsqueda de la supervivencia de las clases más bajas hacía posible al mismo tiempo que buena parte de los apoyos sociales de la dictadura sacasen partido al mercado negro, lo que por supuesto apuntalaría la dictadura y garantizaría su continuidad.

En cuarto lugar, las prácticas estraperlistas de los pobres tampoco pusieron en peligro a la dictadura porque se reprimieron de manera implacable. En efecto, diversos estudios han puesto de manifiesto que, mientras que el gran estraperlo de las bases sociales del régimen fue en gran parte tolerado, la dictadura persiguió especialmente el pequeño estraperlo. Fueron las pequeñas transacciones, las de los vendedores ambulantes, las de las pequeñas cantidades, las más castigadas por las autoridades 58. La documentación que no ha sido destruida de la Fiscalía de Tasas demuestra que fueron los más pobres los que, una y otra vez, fueron detenidos por las fuerzas del orden. Un estudio realizado para Almería y Málaga evidencia que en la mayoría de los casos ello implicaba la incautación de la mercancía (que perderían y que adeudarían al proveedor). También la imposición de una multa económica a los infractores, que podía variar entre 5 y 50 pesetas, cantidad aparentemente pequeña pero difícil de afrontar dada su maltrecha situación 59. Pero también implicaba la detención de los encausados hasta que fuesen juzgados, lo que igualmente suponía la desarticulación de la economía familiar. No abonar la multa llevaba al encarcelamiento en la prisión provincial o en campos de trabajo, a razón de un día de internamiento por cada 10 pesetas de multa. Como demuestra el libro de conducción de presos de Almería de 1944 y 1945, muchos fueron trasladados a cárceles de mujeres y, si eran hombres, a los campos de trabajo de Nanclares de Oca (Álava) o Miranda de Ebro (Burgos). No fueron pocos: de los presos almerienses internados en esos centros, entre un 24 por 100 (1945) y un 31,8 por 100 (1946) eran condenados por delitos de pequeño estraperlo 60. De hecho, el régimen reconocería a la altura de octubre de 1941 que, en toda España, ingresaron en los batallones de trabajadores «más de cinco mil infractores» 61.

En quinto lugar, queremos subrayar los réditos políticos que el estraperlo pudo tener para la estabilidad del régimen franquista desde el punto de vista de la propaganda. La dictadura supo manejar la propaganda y la censura con habilidad durante los años del hambre, vigilando lo que se publicaba respecto a la alimentación y la escasez, especialmente en los primeros años cuarenta 62. Pero también fue muy hábil respecto al estraperlo y a la, en teoría constante, lucha que emprendió contra él. Los pequeños estraperlistas fueron la excusa perfecta para evidenciar los desvelos de la dictadura para acabar con el mercado negro, mientras que el gran estraperlo desarrollado por miembros del «Nuevo Estado» y sus apoyos sociales era en gran parte tolerado 63.

Pese a esa realidad, las autoridades del régimen publicaban periódicamente notas en la prensa en las que proclamaban a los cuatro vientos su lucha constante contra el estraperlo, a pesar de que el principal blanco eran los más desfavorecidos. Por ejemplo, el gobernador civil de Jaén en 1946 señalaba su firme voluntad de «cortar aquellos abusos y perseguir las especulaciones y tráficos ilícitos». Para ello requería a «los alcaldes y agentes de la autoridad a fin de que extremen su celo con el objeto de salir al paso de todo tráfico ilícito» 64. En los boletines oficiales de las provincias aparecían constantemente requerimientos o multas impuestas por transporte o comercialización fraudulenta de productos intervenidos 65. El endurecimiento de la legislación parecía evidenciar también la voluntad del «Nuevo Estado» para luchar contra el estraperlo: la Ley de Tasas de 1941 elevaba de forma brutal los castigos, previendo incluso la pena de muerte 66. Como se reconocía en un periódico de entonces, aquella ley «justa» caería «implacable sobre los logreros sin fe» 67. Y, por supuesto, a aquella campaña se sumaban las constantes noticias en los periódicos, informando sobre la detención de «especuladores» y «estraperlistas» y la imposición de altísimas penas 68.

Finalmente, si todas las resistencias apuntadas llevaban implícita una crítica hacia las políticas del régimen, lo cierto es que Franco no era considerado como responsable de las mismas. Algunos trabajos sobre la construcción del «mito del Caudillo» lo han demostrado sobradamente, evidenciando que, a pesar de la dureza de posguerra y la corrupción brutal de su Administración, el jefe del Estado gozó de un halo de impunidad. Así, quedó desvinculado de las políticas desplegadas y de sus nefastos efectos al considerarse que no estaba bien informado o desconocía la realidad 69. Las cartas que le dirigían muchos españoles en aquellos años lo informaban de las corruptelas de las autoridades locales, dando por descontado su desconocimiento y pidiendo su justa intercesión 70. Además, los informes provinciales de los gobernadores reflejaban una y otra vez la alta concepción que de él tenían algunos grupos sociales. El de Valencia señalaba en 1948 que «ningún recurso podría salvar al Gobierno de la crítica de la opinión pública si no estuviera respaldado por el prestigio personal que conserva el Caudillo» 71.

Aquellos años de posguerra eran un círculo vicioso y lleno de paradojas: los que recurrían al mercado negro para ganar la supervivencia eran reprimidos, mientras que los que lo hacían para lucrarse, estrechamente relacionados con el régimen, se enriquecían y amasaban fortunas. En medio de ese escenario, el régimen culpaba a los estraperlistas de la escasez, al tiempo que castigaba especialmente el pequeño estraperlo y la figura de Franco quedaba incólume. Mientras tanto, la rueda del estraperlo y de la estabilidad del régimen franquista siguió girando durante toda la posguerra.

Conclusiones

Como han puesto ya de manifiesto autores como Rodríguez Barreira, en el contexto del hundimiento de las condiciones de vida y del estancamiento económico de posguerra, las clases bajas desarrollaron estrategias para tratar de sobrevivir a la autarquía. Entre ellas destacaron los hurtos famélicos o el pequeño estraperlo. Buena parte de los pequeños infractores de posguerra, que no todos, lograron de esta manera salir adelante. Este artículo ha tratado de demostrar que estas acciones estuvieron guiadas especialmente por la voluntad inmediata de sobrevivir. Pero, al mismo tiempo y como planteara James Scott, esta afirmación no aleja de la política —o infrapolítica— las acciones de los sujetos subalternos del primer Franquismo. Sus recursos y estrategias pasaban por romper la legalidad, cuestionando de esta forma las políticas autárquicas adoptadas, origen del problema de la escasez de posguerra y de su propia miseria. Su voluntad de luchar contra los terribles efectos de la autarquía franquista e, incluso entre 1940 y 1942, de lo que ha venido a llamarse la «hambruna española» 72, no puede calificarse como una mera voluntad de sobrevivir desprovista de cualquier sentido político. En este contexto, los perfiles de los delincuentes, sus estrategias, sus fines o sus excusas al ser sorprendidos nos permiten encontrar un espacio difuso entre lo abiertamente político y lo que no lo era; un espacio en el que las necesidades materiales, el malestar y el rechazo a las políticas del régimen se encontraron en la vida de posguerra.

No obstante, este artículo defiende que las estrategias individuales puestas en marcha de manera desesperada y constante por los más débiles no lograron desestabilizar al régimen franquista ni mermar su capacidad para recabar nuevos apoyos y ampliar sus cotas de consenso. Al contrario, habrían resultado en cierto modo funcionales para la dictadura, contribuyendo a afianzarla en sus primeros años. Ello se explicaría porque estos sujetos, desde los márgenes de la sociedad, no lograron influir con sus acciones en el desgaste y derrumbe de la dictadura. Es más, fueron duramente reprimidos por sus actos ilícitos, pagando un alto precio por ellos. Y fueron utilizados por el régimen, cuya propaganda los enarboló como el origen del problema. Mientras tanto, la figura de Franco se elevó sobre los años de miseria, resistencia y corrupción. Sin embargo, pese a no haber logrado trastocar al régimen en lo político —motivación que tampoco movía a la mayor parte de los humildes infractores de posguerra—, aquellas estrategias cotidianas contra la autarquía hicieron posible que muchos alcanzasen la supervivencia. Este habría sido el principal logro de las pequeñas acciones estraperlistas frente a una política intervencionista que fue el mayor enemigo de las clases sociales que no formaban parte de las bases del Franquismo. Pero, paradójicamente, su lucha por la supervivencia hizo girar el engranaje de la autarquía, y lo que en muchos casos los salvó de las dificultades socioeconómicas, también contribuyó a dar estabilidad del «Nuevo Estado».