Ayer 138 (2) 2025:101-125
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2025
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/2060
© Pierre Salmon
Recibido: 20-06-2023 | Aceptado: 29-04-2024 | Publicado on-line: 07-04-2025
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License
El color del mercado. Una reevaluación de las adquisiciones de armas de la embajada parisina durante la guerra civil española (1936-1939)
Pierre Salmon
École normale supérieure-IHMC
pierre.salmon@ens.psl.eu
Resumen: Durante la guerra civil española (1936-1939), las distintas facciones del bando republicano se esforzaron por abastecerse de armas. En un contexto de embargo internacional, mientras algunas fuerzas políticas optaron por el mercado ilegal, también llamado «negro», el Gobierno se decantó por operar en los «grises», es decir, en los semilegales. De esta manera, el Gobierno pudo reforzar su papel frente al de los grupos políticos y las representaciones locales, que se habían lanzado a operaciones de la misma índole de manera paralela o autónoma. Así pues, la metáfora cromática permite pensar las formas en las que los diversos actores republicanos se aprovisionaron de armas durante el conflicto.
Palabras clave: guerra civil española, armas, contrabando, mercado negro, Segunda República.
Abstract: During the Spanish Civil War (1936-1939), the different parties of the Republican side strove to gather a much-needed supply of weapons. Due to the political embargo imposed on Spain, some political forces resorted to the so-called «black» or illegal market. The government opted, however, for semi-legal —or «grey»— commercial arrangements. In so doing, it was able to reinforce its role in the face of parallel or independent operations carried out by other political groups and local delegations loyal to the Republic. The color of the market is thus very telling when assessing the relationship between actors and the different arms supply channels.
Keywords: Spanish Civil War, arms, smuggling, black market, Spanish Republic.
La República española padeció grandes dificultades para defenderse del golpe de Estado militar de julio de 1936. Es bien conocido el aislamiento internacional del régimen durante la contienda: no recibió el apoyo esperado de democracias liberales como Francia o Reino Unido, cuyos Gobiernos rechazaron sostener militarmente el bando legítimo 1. Si bien Francia entregó aviones y material militar en las primeras semanas del conflicto, la ayuda fue escasa. Además, el Gobierno galo impulsó un plan a nivel internacional de «no intervención» para prohibir el suministro de armamento y la salida de soldados hacia la península ibérica. Poco a poco, la mayoría de los países europeos —incluyendo Alemania, Italia y la Unión Soviética— se incorporaron al proyecto. A partir de septiembre de 1936, los miembros del nuevo Comité de No Intervención establecido en Londres se reunieron para decidir cuáles eran las armas prohibidas para la exportación y cómo se podía vigilar e impedir cualquier apoyo a los dos bandos. A pesar de las numerosas evidencias de incumplimiento del acuerdo, especialmente debido al sabotaje de los representantes alemanes e italianos, este se mantuvo hasta el final de la guerra. Con todo, semejante decisión no impidió que hubiera ayudas disimuladas a lo largo del conflicto, incluso por parte de Francia. Sin embargo, teniendo en cuenta la importante ayuda italo-alemana a los golpistas, la España del Frente Popular tuvo que arreglárselas, por todas las vías posibles, para abastecerse de armamento 2. En este contexto, la alternativa decisiva fue la ayuda proveniente de la Unión Soviética y, en menor medida, de México. No obstante, dichos apoyos fueron insuficientes. México no pudo enviar mucho material a España 3. Por su parte, la Unión Soviética sí que envió una cantidad importante de material bélico moderno a partir de finales de septiembre de 1936, pero las entregas no fueron ni suficientes ni constantes a pesar del elevado coste económico 4.
Si bien el abastecimiento soviético fue el más importante, no fue el único canal de suministro. La historiografía ya ha revelado las acciones republicanas para encontrar y comprar material bélico allí donde fuera posible. Aparte de la obra de Gerald Howson, una síntesis global imprescindible sobre el tema, se dispone de varias investigaciones sobre las actividades de la embajada parisina para adquirir armas 5. Ricardo Miralles describió bien la organización global de las actividades de las comisiones de compras establecidas en la embajada española de París 6. Recientemente, Miguel Íñiguez Campos ha arrojado luz sobre las difíciles gestiones del Gobierno republicano en todo el mundo para comprar armas por vías ilegales durante los primeros meses del conflicto 7. Ambos trabajos dibujan una embajada impotente e ineficaz en su búsqueda de armamento moderno en grandes cantidades fuera de lo que podía proveer la Unión Soviética. Es cierto que los delegados de las comisiones de compras de la embajada parisina sufrieron numerosas dificultades; por esta razón, parece crucial contextualizar las críticas que recibieron.
Tanto el papel de la embajada como el de otras centrales de compra han tendido a sufrir una doble desvalorización. Por un lado, muchos coetáneos, a menudo por razones partidistas, desdeñaron o criticaron sus esfuerzos. Por otro lado, una parte de la historiografía ha basado parte de sus conclusiones en algunos informes coetáneos sin considerar el contexto de su escritura tan poco favorable a la defensa de las comisiones de compras. Además, la importancia atribuida al suministro soviético ha eclipsado historiográficamente cualquier otro canal de obtención de armamento. Esto ha llevado al abandono de cualquier reflexión sobre los métodos de los actores implicados en dichas comisiones de compras de armas, cuyo papel se ha considerado superfluo tras la intervención soviética 8.
Los procedimientos de compra de armamento deben vincularse con la historia de las divisiones internas sobre cómo afrontar la guerra. La historia de las comisiones de compras de material bélico en Francia, especialmente a través de la embajada republicana en París, pone de manifiesto las distintas estrategias de las fuerzas que componían el bando republicano, desde el Gobierno central hasta las fuerzas políticas, sindicales y locales que participaron en el esfuerzo. La manera de hacer nunca es neutral. La prohibición internacional dio pie a que las adquisiciones se realizaran de tres formas distintas: por medio del mercado legal, llamado «blanco», por una parte, que se mantuvo en gran medida inaccesible para el bando republicano; el mercado «negro», que se refiere a las compras totalmente ilegales, es decir de contrabando, y, entre los dos, un mercado «gris» o «semilegal» que combina los canales legales e ilegales 9. Esta pluralidad no debe contemplarse solamente desde un contexto jurídico, como a menudo se ha presentado, sino también como un indicio de las estrategias políticas en juego para abastecerse. A modo ilustrativo, situaremos en el centro de nuestro análisis las adquisiciones de armas que se hicieron a través de la embajada parisina; esto es: gracias a ella, mediante su intervención, a su pesar o en paralelo a su actividad.
A día de hoy, una amplia documentación archivística permite entender mejor las estrategias de compra al exterior de las fronteras. Las fuentes republicanas son variadas y abundantes: estas incluyen archivos institucionales republicanos incautados por el bando rebelde al final de la guerra civil —los llamados «documentos rojos»—, la documentación de antiguos ministros o embajadores conservada en las fundaciones políticas, depositada en el Archivo Histórico Nacional, en la Fundación Juan Negrín o en la Fundación Indalecio Prieto, así como en los fondos documentales de archivos internacionales como el International Institute of Social History de Ámsterdam. Por otra parte, existen los fondos vinculados a la inteligencia o la vigilancia, cuya utilidad no es menor. Estos comprenden la documentación del régimen golpista, que desarrolló una vigilancia a través de una red diplomática extraoficial (Archivo General de la Administración, Archivo de Burgos), o los fondos de los archivos de espionaje militar tales como el conocido «2.e Bureau» del Estado Mayor francés.
Cuando se analizan las compras hechas en toda Europa y América del Norte durante la guerra civil no pueden perderse de vista las aristas ideológicas. A menudo se han pasado por alto los sesgos partidistas de los coetáneos. En este aspecto, el trabajo de los delegados republicanos debe comprenderse como una acción de reconstrucción del Estado al exterior por parte de unos socialistas alejados de las concepciones revolucionarias. En consecuencia, la elección de procedimientos semilegales —más que ilegales—, la defensa de su actuación y el ataque de sus competidores políticos dentro del bando republicano no pueden desvincularse de los equilibrios políticos coyunturales. Además, estos delegados se enfrentaron a críticas muy duras y, por ende, su trabajo sufrió al equipararse con el canal de abastecimiento soviético. En consecuencia, este artículo tiene como propósito examinar los procedimientos de compra y evaluar la forma en la que fueron tratados dichos esfuerzos con el objetivo de repensar la centralización de los esfuerzos y la articulación entre guerra y revolución. Con este fin, después de una descripción de las fuerzas comprometidas y de los primeros pasos para la adquisición de material de guerra, nuestro análisis se centrará en detallar los medios de acción semilegales emprendidos por la embajada parisina.
El golpe de Estado militar de julio de 1936 provocó una quiebra generalizada del poder estatal. El Gobierno del Frente Popular, compuesto por diversas fuerzas de la izquierda, contó con el apoyo de partidos y sindicatos obreros ajenos a esta coalición. Aunque no dejó de existir, el poder estatal republicano se diluyó en una parte del país. Durante los primeros meses, en Cataluña, Aragón y el País Vasco se dibujaron alternativas revolucionarias o liberales a la reconstrucción del Estado 10. Al principio, el Gobierno central dudó sobre si debía distribuir armas a los partidos obreristas y sindicatos para defender la República, pero cedió finalmente 11. Una vez adoptada esta solución de emergencia, continuó el desmembramiento de un Estado republicano ya muy debilitado por la insurrección militar. En consecuencia, la pérdida del «monopolio de las armas» impidió contener un proceso revolucionario rápido y violento 12. En el contexto de la ruptura parcial de la legalidad republicana, la nueva importancia de los comités locales condujo a una «atomización» del poder 13.
La búsqueda de armas rápidamente se convirtió en un objetivo primordial. El bando republicano no disponía de mucho armamento moderno: una gran parte se encontraba en manos de los golpistas. Tampoco había gran disponibilidad de ellas dentro del país. Esta escasez obligaba a buscar fuentes de suministros. Esa falta de armas provocó una movilización de las distintas fuerzas de la izquierda española, las cuales optaron por el mercado negro. El historiador anarquista Francisco Olaya Morales ya señaló la creación de numerosas comisiones de compras por parte de los sindicatos y partidos de la izquierda españoles.
La mayoría de las veces se trató de pequeños grupos de militantes nombrados por comités sindicales o de partido, o bien iniciativas de corte más local (a veces surgidas en una ciudad, otras bajo la iniciativa de un Gobierno regional, como la Generalitat de Cataluña). Estos dispusieron de total autonomía para ir a Francia, Bélgica o Suiza a comprar armas de manera totalmente ilegal 14. Aunque la profusión de iniciativas fue criticada por los dirigentes republicanos, Francisco Olaya Morales ha considerado que estas delegaciones se crearon sobre todo para llenar el vacío que dejó el Gobierno central 15. Sin cuestionar el frente común ante la amenaza golpista, por lo menos a corto plazo, la situación dio lugar a luchas internas por el control del poder dentro del campo antifascista. En relación con la cuestión del abastecimiento de armas para el bando republicano, la tentación de rechazar la «legalidad burguesa» en favor de acciones ilegales agrietó la unidad de la cultura política antifascista 16.
La historiografía ha mostrado cómo el bando republicano multiplicó esfuerzos para mantener la hegemonía y controlar la situación, especialmente durante los primeros meses del conflicto. Así, desde los primeros días de la guerra civil, el Gobierno central utilizó la embajada española en París para hacer pedidos a Polonia, Grecia, Checoslovaquia o Norteamérica. No obstante, esta perdió peso paulatinamente al optarse cada vez más por la ayuda de la Unión Soviética. Según Ángel Viñas, el abandono de las democracias, la intervención creciente de Alemania e Italia y las dificultades con las que tuvo que lidiar la embajada parisina justificaron un «viraje hacia la Unión Soviética» 17. Este giro crucial se sustentaba en tres pilares: enviar reservas de oro a Moscú, encargar material militar a crédito a Rusia y utilizar el sistema financiero soviético en Europa para realizar otras compras 18. Se trataba más de una elección guiada por consideraciones pragmáticas que de una decisión política 19. En nuestra opinión, este viraje, no obstante fundamental, no debe ensombrecer las otras iniciativas del Gobierno republicano fuera del canal de abastecimiento soviético.
Las primeras iniciativas para centralizar la compra de armas surgieron en un contexto especialmente hostil. El golpe de Estado militar provocó la deserción masiva de diplomáticos españoles 20. La embajada parisina no fue una excepción, y el Gobierno se vio rápidamente obligado a solicitar personal de confianza política para asegurar la continuidad diplomática necesaria para la adquisición de material de guerra. Poco a poco, el personal de adquisiciones se convirtió en un grupo heteróclito que incluía «profesores, periodistas, políticos y militares», según Alejandro Otero —un socialista encargado de comprar armas desde París en aquella época— 21. Como él, casi todos los delegados compartían afinidades personales con los ministros socialistas entonces en el Gobierno o a punto de serlo, entre ellos el socialista Indalecio Prieto 22. La mayoría de los delegados, que se agregaron a la embajada parisina de manera bastante extraoficial, eran entonces miembros del Partido Socialista Obrero y Español (PSOE), compartían afinidades personales y eran cercanos a los círculos socialistas franceses en el poder 23. En la embajada parisina, una delegación informal de compras al servicio del Gobierno comenzó a estructurarse poco a poco hasta su creación oficial el 26 de agosto con el nombre de Servicio de Adquisiciones Especiales (SAE) 24. Funcionó bajo la responsabilidad del embajador, quien tenía bajo su mando a varios delegados enviados por socialistas influyentes 25. A partir de la formación del nuevo Gobierno republicano el 4 de septiembre de 1936, la supervisión de las compras fue compartida entre Francisco Largo Caballero (jefe del Gobierno y ministro de la Guerra), Juan Negrín (ministro de Hacienda) e Indalecio Prieto (ministro de la Marina y del Aire) 26. En diciembre de 1936, este último se encargó de la supervisión de las compras relacionadas con la embajada parisina, mientras Juan Negrín estaba a cargo del abastecimiento por el canal soviético 27.
Las luchas políticas y las dificultades de abastecimiento dieron lugar a varias disoluciones y refundaciones de las comisiones de compras gubernamentales. En Francia, donde la presión mediática era fuerte, los delegados confesaron su ignorancia supina en materia de armamento, razón por la cual se les unieron militares de los que se esperaba que aportasen conocimientos técnicos 28. Alejandro Otero menciona también las trampas tendidas por «ladrones y espías» que, guiados por «el lucro, el afán de comisión» dificultaron las tareas del organismo con ofertas poco serias o malintencionadas 29. Los historiadores coinciden en que el contrato de monopolio con la Société Européenne d’Études et d’Entreprises (SEEE) desempeñó un papel fatal para el SAE 30. Además, el trabajo de la comisión de compras de la embajada se vio entorpecido por el de las delegaciones sindicales y de los partidos políticos, e incluso por las gestiones de delegaciones particulares, como las regionales vascas o catalanas, que actuaban con total autonomía y que obstaculizaron la labor del Gobierno republicano. Diversos trabajos de investigación relatan experiencias de este tipo, que evidencian la dispersión efectiva de los esfuerzos durante las primeras semanas de la guerra civil 31. Estas dificultades, a pesar de ser verosímiles, pudieron ser exageradas por algunos delegados cuya precaria situación se vio acentuada por las voces críticas de otras fuerzas antifascistas. Por ejemplo, al salir de la embajada de París para obtener ayuda material, el socialista Luis Jiménez de Asúa no ocultó su crispación respecto de las fuerzas políticas autonómicas:
«No obstante según mis noticias, las cosas han llegado ya a términos intolerables. Los individuos que el Gobierno anterior mandó con poderes directos, los que han venido como delegados de la Generalidad, los que llegaron como representantes del Frente Popular o partidos, al irse de aquí fracasados, han querido empañar, no ya nuestro trabajo, sino incluso nuestra honra personal con calumnias de la especie más vil» 32.
En cualquier caso, estas dificultades provocaron la disolución del SAE por parte del socialista Luis Araquistáin tras su llegada a París como embajador, el 24 de septiembre de 1936. Según su criterio, además del ambiente «irrespirable» debido a las intrigas de los comerciantes de armas, la supresión también quedaba justificada por la necesidad de integrar a las comisiones competidoras —es decir, las no gubernamentales— establecidas en Francia, las mismas que los delegados acreditados por el poder central acusaban de dispersar los esfuerzos al comprar con toda autonomía 33. Luis Araquistáin instaló la nueva «Comisión de Compras» de la embajada en el número 55 de la avenida George V 34. La fundación se dio en un contexto de unión de los esfuerzos en el bando republicano. En un informe presentado tras la disolución de la comisión, el embajador insistió en la importancia de organizar la estructura «en forma democrática», por lo que decidió crear un «consejo o comité de control» que incluyera a las delegaciones regionales y sindicales no gubernamentales presentes en París 35. Se reunió bajo esta comisión a los representantes de poderes regionales vascos y catalanes y después a los de Asturias y Valencia. El embajador también acogió a la Confederación Nacional del Trabajo e hizo lo mismo con la Unión General del Trabajo (UGT), en aras de la equidad, pero no contó con miembros del Partido Comunista de España (PCE), ni siquiera con el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) 36.
Sin embargo, esta comisión no duró más que unos pocos meses. La lucha contra la dispersión de esfuerzos fue una de las principales razones de la disolución de la comisión de Luis Araquistáin. La decisión se tomó a finales de diciembre y dio lugar inmediatamente a la creación de una comisión para liquidar los asuntos en curso. El beneficio inmediato de esta disolución para los comunistas no fue tan grande como la literatura académica sobre el tema ha sugerido. De hecho, los soviéticos animaron a los republicanos a procurarse ellos mismos el material bélico 37. La nueva comisión, fundada por Indalecio Prieto —entonces ministro de Marina y Aire—, se delegó exclusivamente a militares no comunistas 38. El cierre pudo ser una concesión de las autoridades a los militantes de la Comintern, que pedían que cesara la actividad de una comisión que los excluía casi por completo. Cabe también la posibilidad de que fuera el fruto de unos intereses comunes entre estos y el ala derecha del PSOE. A finales de 1936, ambos compartían la convicción de que había que replantearse la política de compras a imagen de la recentralización del Estado que ya afectaba a varios ámbitos de la retaguardia republicana.
En enero de 1937 se creó en París una tercera agencia de compras para resolver los problemas estructurales de la adquisición de armamento que tomó el nombre de Comisión Técnica Española (CTE) —o simplemente «Oficina Técnica»—. Sorprendentemente, esta delegación no ha recibido mucha atención 39. Al margen de la antigua comisión, Indalecio Prieto incorporó personal militar que consideraba fiable y disciplinado. Se asignó esta misión, por ejemplo, al director Francisco Matz, un militar reputado cercano a los «elementos socialistas con fines revolucionarios» antes de la guerra civil 40. El nombramiento de funcionarios no solo pretendía evitar fricciones entre militantes de diferentes organizaciones agregados a la embajada, sino también que no se repitieran los escándalos relativos a la remuneración de los miembros en forma de comisiones 41. Al cabo de algún tiempo, la estructura se trasladó al número 61 de la avenida Victor Emmanuel III, donde los locales eran más espaciosos 42.
Con todo, la centralización de las compras se reveló imperfecta en los meses siguientes. En abril de 1937, se incorporó nuevamente a antiguos miembros de la Comisión de Compras precedente, como el socialista José Calviño, con la finalidad de arreglar el desorden que resultó del mantenimiento de la antigua comisión 43. Sin embargo, parece que el remedio no surtió efecto. En enero de 1938, Indalecio Prieto reprochó a Alejandro Otero que no se hubiera disuelto aún la vieja estructura 44. Durante el periodo comprendido entre 1937 y el final del conflicto, las disputas sobre la organización de las adquisiciones de material estratégico no cesaron. En varias ocasiones surgieron controversias sobre las adquisiciones que la delegación del País Vasco hizo desde París. Las divisiones entre el Gobierno central y los poderes regionales ponen de manifiesto la existencia de un enfrentamiento de competencias en la medida en que estas delegaciones autónomas —pero oficialmente bajo la dirección de la embajada— compraban armamento con una autonomía casi total. Las discrepancias sobre el uso de los recursos financieros fueron recurrentes durante la guerra 45. En septiembre de 1938, un miembro de la embajada se quejó de las maniobras independientes de la Delegación Vasca en París: dicha actividad fue considerada por la cancillería parisina como «realmente inadmisible para el propio prestigio de la Embajada, y, lo que es aún más importante, para sus naturales consecuencias [sic]» 46.
Una vez más, la denuncia del «desorden» en las compras pone de manifiesto las divisiones en cuanto a la aceptación o el rechazo de la centralización del Estado. Las divisiones partidistas en torno al funcionamiento de las comisiones de compras gubernamentales reflejan la posible —pero no sistemática— oposición entre guerra y revolución. Tras unas primeras semanas marcadas por el fracaso del aparato estatal republicano, los partidarios de la vuelta al orden promovieron un refuerzo del poder central. El objetivo era recuperar la autoridad que las organizaciones locales ejercían de facto. Tal empresa exigía luchar contra los particularismos políticos o regionales, a los que se los acusaba de dispersar el esfuerzo bélico 47. Ya sabemos que esto permeó todas las tendencias políticas: incluso los anarquistas reclamaron una centralización del Estado y participaron plenamente en el esfuerzo de guerra 48. La estrategia de adquisición de armas no fue una excepción. Se pretendía reconcentrar un poder que se había atomizado excesivamente y, de este modo, acabar con las iniciativas que sobrepasaban a la embajada parisina, principal representante del poder legal. Así pues, la reorganización de las compras también tuvo otra consecuencia: el mercado totalmente ilegal fue abandonado en favor de acuerdos semilegales bajo el auspicio de la embajada y el control de delegados socialistas. Las dificultades técnicas y políticas que los grupos revolucionarios encontraron en Francia condujeron a un agotamiento de los canales de contrabando 49. Se cambió el negro por el gris.
En situación de guerra, el bando republicano tuvo que lidiar con los impedimentos diplomáticos a la hora de comprar material bélico y, por lo tanto, pensar diferentes maneras de proveerse. Con tal fin, los delegados gubernamentales de la embajada acordaron la creación de un sistema que tuvo que ver con el mercado gris más que con el negro. Así pues, se trató de encontrar falsas licencias de exportación, sobornar agentes políticos o diplomáticos, usar plataformas financieras y firmar contratos en formas más o menos legales, pero confidencialmente. Sin duda, el control de estos resortes permitió al Estado republicano reforzarse a expensas de las fuerzas políticas autónomas, que habían cobrado importancia al inicio del conflicto.
Varios estudios se han centrado en la descripción de la praxis semilegal de las comisiones de compras. Según Miguel Íñiguez Campos, los miembros de la embajada tenían que localizar la mercancía, encontrar un país que cubriera la compra, fijar las condiciones financieras, encontrar un medio de transporte y luego protegerla 50. Previamente, comprobaban si las ofertas que se habían recibido eran serias 51. Era entonces necesario dar una fachada legal —siempre bajo disimulo— a las operaciones, utilizando en esos casos falsas licencias de exportación para acreditar que las armas habían sido enviadas a otros países. El aspecto financiero de la guerra civil es sobradamente conocido a raíz de varios trabajos 52. Sin embargo, para completar tales investigaciones es necesario comprender los mecanismos que permitieron la compra de material de guerra en un contexto semilegal a raíz de la «no intervención».
El negocio se basó en la apertura de una carta de crédito (o documento «acreditativo») para asegurar las operaciones. El delegado Alejandro Otero explica que los contratos daban lugar a la apertura de acreditativos por el 30 por 100 de la mercancía, precio FOB (Free On Board, es decir, sin impuestos ni gastos de transporte) 53. El resto de la carta de crédito se abonaba cuando se obtenía la licencia de exportación y se había inspeccionado la mercancía. El dinero no se podía depositar al vendedor hasta que no se entregaba el material 54. Los miembros de las comisiones de compras estudiaban minuciosamente los acuerdos legales. Por ejemplo, Francisco Matz informa al ministro Indalecio Prieto de todas las etapas seguidas antes de firmar el contrato:
«El asunto Straussler ha sido terminado con todos los sacramentos y le incluyo la copia del contrato para que vea lo conseguido. Se ha mirado en todas formas; el abogado lo ha visto varias veces como los Sres Rodrigo y Zabala [miembros de la Oficina Técnica], y la Banca que cada día aprieta más en estas cosas. Yo espero que esto resultará bien y sobre todo que no se puede hacer más; se ha hecho con personas de garantía y además a nuestro juicio, se han tomado precauciones» 55.
La vía semilegal no fue puesta en marcha de forma única o sistemática. Hasta finales del año 1936, parece que la embajada española apoyó muchas iniciativas más o menos espontáneas para sostener el esfuerzo de guerra. Cuando lo consideraban útil y poco arriesgado, recurrían a operaciones de estraperlo. En septiembre de 1936, Alejandro Otero describió las operaciones que había emprendido y se refirió varias veces al «contrabando» como una alternativa cuando no se podían hacer tratos 56. A menudo se trataba de pedidos de necesidad urgente, como los que los hermanos Lévy de la fábrica de Bourg-lès-Valence suministraban al bando republicano. En septiembre de 1937, Francisco Matz comentó:
«Yo creo que nos roban cuanto pueden, pero indudablemente han venido a ser algo así como nuestro paño de lágrimas, salvándonos en muchos casos con suministros urgentísimos, de aquellas cosas que nadie nos dá [sic]. [...] Además estos hombres no hacen contrato, se les dá [sic] las órdenes de palabra, llevan el material de contrabando a Marsella, o adonde les pedimos, y una vez en nuestro poder o embarcado pagamos» 57.
El uso casi constante de coberturas legales por parte de la Embajada republicana no solo tuvo un fin práctico, sino también político. En un contexto de centralización del poder republicano, tal proceso canalizaba los esfuerzos bajo el control del poder central. De esta manera, los actores que no quisieron colaborar con el poder estatal fueron arrinconados. Para los funcionarios republicanos encargados de las adquisiciones, había pocas dudas de que estas debían realizarse dentro de un marco semioficial, controlado y verificable. En una carta a Rafael Valero Caminero, intermediario de negocios en Polonia, Francisco Matz afirmaba:
«Yo no puedo recibir en estas oficinas a más españoles que a los que estén dentro de la legalidad y el caso de usted, para mí no ofrece duda que no lo está, por ser militar joven, retirado por la ley Azaña, que ha sido suspendido de sueldo, y está fuera de España, sin servir directamente al Gobierno» 58.
Tal procedimiento permitía efectivamente rechazar contratos dudosos con colaboradores poco fiables.
Este sistema extralegal resultó muy costoso para la Republica española, que debió lidiar con regímenes políticos enemigos, como la Polonia de Józef Beck o la Grecia de Ioannis Metaxás, que aceptaban venderle armas para conseguir divisas. En un contexto tan especial, la República española tuvo que tratar con actores para quienes lo único que contaba era el potencial económico de los negocios y no la ideología.
La relación obligada con los comerciantes del material de guerra es el aspecto en el que más ha incidido la historiografía. Entre las prácticas convencionales, Gerald Howson señala la existencia de repartos de territorios y de contratos entre los traficantes 59. A modo de ilustración, el investigador británico demostró que la adquisición de material bélico al Syndykat Eksportu Przemysłu Obrennego (SEPEWE) debía hacerse a través de un pequeño círculo de intermediarios, por orden del poderoso ministro de Asuntos Exteriores Józef Beck 60. Indalecio Prieto recordó al ministro de Justicia, Manuel de Irujo, que el uso de agentes de contratación era una obligación: «Desde hace mucho tiempo ando muy preocupado con la cuestión de los intermediarios. En armas y municiones es imposible evitarlos, hasta que uno de estos Gobiernos se decida a ayudarnos» 61. Los dudosos procedimientos comerciales también permitían a ciertos comerciantes imponer sus artimañas. Un informe de vigilancia francés describió al representante de la empresa holandesa Fokker como un virtuoso de la manipulación. Además de sobornar a periódicos y utilizar a su mujer para seducir a potenciales víctimas, parece que Michel Holtzmann tenía cómplices dentro del aparato del Estado. Según el Estado Mayor francés:
«En todos los países en los que ha operado, casi siempre ha logrado establecer relaciones más o menos regulares con altos responsables gubernamentales y policiales. Les puso al corriente de sus ambiguas actividades, con el fin de obligarles, llegado el caso, a protegerle, ya fuera de buen grado o por la fuerza, en este último caso recurriendo al chantaje» 62.
También fue necesaria la ayuda de diplomáticos para cubrir tales operaciones. Según Alejandro Otero, la base de cualquier contrato era la siguiente: el vendedor tenía que obtener el permiso de exportación y de tránsito, pero los delegados republicanos facilitaban esta etapa con sus medios políticos y económicos 63. De hecho, si México proveyó sin problemas este tipo de certificados por razones ideológicas en los primeros meses de la guerra, los consulados o agregados militares de países como Letonia, Lituania o Iraq realizaron un fructuoso negocio con la venta de falsas licencias de exportación 64. En el caso de las compras en Checoeslovaquia, Matilde Eiroa describió con mucha precisión las dificultades para comprar material de guerra en este país y, sobre todo, para encontrar una cobertura legal 65. Se trataba entonces de encontrar varias alternativas para hacer frente a los posibles fallos. En marzo de 1937, el delegado José Calviño se refirió a la compra de treinta aviones para la que convenía dar «visos de verosimilitud»:
«Para esta gestión podíamos utilizar varios países. Ya estoy en tratos con el Gobierno de Estonia por conducto de una casa belga. Estonia y la casa belga piden un millón setecientos cincuenta mil francos que se pagarían a prorrata cuando los aeroplanos hubiesen llegado. Claro es, que Estonia es un pequeño país para tantos aparatos y no sé si el Gobierno Americano aceptaría este pedido, si esto falla es posible servirnos de Grecia» 66.
A pesar de su utilidad, este método repelía a muchos representantes republicanos. Este fue el caso de Luis Jiménez de Asúa, por entonces embajador en Praga, quien criticó, no sin un deje antisemita, «la vileza de los diplomáticos que se venden por treinta dineros» 67.
En cuanto a los diplomáticos, las sumas que se manejaban para sobornarlos eran realmente asombrosas. En muchos casos se conocen las cantidades destinadas a estas maniobras. Por ejemplo, en el extracto de las transferencias diarias de la comisión de compras parisina, descubrimos una operación de 250.000 francos, en diciembre de 1936, en favor del representante iraquí en Francia por haber prestado «servicios especiales» 68. En algunos casos, disponemos de datos precisos, como el cuadro recapitulativo de las compras realizadas por la representación vasca en París. En él se muestra que, de los 68,2 millones de francos gastados por el delegado Francisco Basterrechea en la adquisición de material estratégico, 4,1 millones se destinaron a la intervención de Estados apoderados 69. A la hora de contabilizar los gastos de guerra, estos costes solían transformarse en «misiones especiales» o aparecer en concepto de «varios», lo que dificulta la estimación del coste global. En nuestra opinión, parece que la suma del soborno se acerca al 10 por 100 de cada lote.
Es difícil medir el grado de connivencia de ciertos diplomáticos y, por extensión, de sus respectivos Gobiernos. Los representantes iraquíes en París y Roma, por ejemplo, fueron despedidos tras firmar certificados de exportación falsos 70. Grecia, Irak, Yemen, Bolivia, Colombia, China y Turquía apoyaron al Frente Popular, pero lo hicieron a un precio prohibitivo. En el contexto del embargo, se vendían armas por encima de los precios de mercado; a veces estaban fuera de servicio, cuando no anticuadas. Por esta razón, Ángel Viñas considera que el trabajo de los comités de compras en el extranjero requería de mucha energía y era un derroche de dinero con unos resultados inciertos 71. En Checoslovaquia, las pérdidas debidas a sobornos infructuosos corroboran el parecer de Ángel Viñas 72. Sin embargo, sería excesivo considerar, como dicen algunos informes políticos, que el trabajo de la embajada fue totalmente ineficaz.
Las iniciativas de Franco para impedir las operaciones son bien conocidas, pero la mayoría de ellas se dieron en los primeros meses de la guerra. La historiadora Sarah Elizabeth Inglis pone de relieve las numerosas quejas contra el Gobierno griego —entonces conocido por su anticomunismo— por permitir las operaciones del Frente Popular 73. Así lo demuestra el jefe de la legación franquista que, en marzo de 1937, juzgaba que «desgraciadamente, cuando se trata de adquirir divisas, pocos Estados resisten la tentación. Según se dice, se han gastado grandes sumas para “suavizar dificultades”» 74. Ocurrió lo mismo en Polonia, con un Gobierno decididamente antimarxista, en noviembre de 1936: el delegado franquista en el país se lamentaba de no poder protestar contra las compras realizadas en nombre del Frente Popular. Según él, esto se debió a las disposiciones pseudolegales adoptadas por los republicanos, pero también a la falta de recursos de la llamada «España nacional»; así pues, los republicanos «siguen encontrando los rojos para adquirir y embarcar material de guerra [sic]» 75.
Tales problemas fueron recurrentes. En octubre de 1938, una nota del Ministerio de Asuntos Exteriores de Franco lamentaba que el buque Diana hubiera zarpado con armas a bordo. El Gobierno de Józef Beck se había comprometido solemnemente a impedir cualquier salida hacia la España republicana, infructuosamente 76. Tanto en Polonia como en Grecia, los envíos de esta naturaleza continuaron hasta el final del conflicto 77.
La dificultad para cerrar negocios con toda la discreción necesaria había sido un problema muy importante durante las primeras semanas de guerra. A principios de septiembre de 1936, Toribio Echevarría —uno de los delegados republicanos agregado a la embajada— consideraba que los escándalos y las denuncias de la prensa habían impedido cualquier operación 78. Luis Araquistáin describió «la atmósfera de desconfianza y desprestigio que pesaba sobre la organización de compras» cuando tomó el cargo de embajador, unas semanas después 79. Según un negociante de armas cuyo testimonio fue mencionado por los anarquistas españoles, el diseño de las instalaciones de las comisiones de compras no era adecuado para negociar con toda la discreción debida:
«Por el contrario se presta fácilmente al espionaje más elemental. Las muestras, los catálogos, la correspondencia, se extiende sobre los pupitres del personal en la misma habitación donde todo el mundo espera y como dicha espera se prolonga durante mucho tiempo todo el mundo puede observar, leer y tomar notas tranquilamente. [...] Se habla delante de todo el mundo de todo» 80.
Una solución inaplazable fue encontrar un lugar apropiado para dichos negocios. Con este fin, la Comisión Técnica se mudó al número 61 de la avenida Victor Emmanuel III poco después de su puesta en marcha, en abril de 1937. Su director consideró que el traslado apartaría a los negociantes que se habían vuelto indeseables 81. Los informes de los responsables de las compras en París mencionaban regularmente la depuración de las comisiones de compras. En su presentación sobre la disolución de la Comisión de Compras, Luis Araquistáin señalaba que «[l]a comisión había logrado desembarazarse de la plaga de locos bien intencionados y de bandoleros de toda especie que pululan en torno de este tráfico» 82. Pero para el propio Indalecio Prieto no era suficiente: «Como regla general debe ponerse en cuarentena todo lo que proponga la Embajada, y conviene que en esta —donde el secreto no es perfecto— se desconozca lo que esa Comisión haga» 83.
Para evitar las estafas, la embajada consideró la creación de una agencia de contraespionaje para garantizar las operaciones. En abril de 1937, el director de la comisión de compras subrayó la necesidad de crear un servicio de contraespionaje apoyado en las organizaciones de los partidos socialista y comunista franceses, que ya tenían militantes infiltrados en la policía judicial gala 84. Es difícil saber si el proyecto pudo llevarse a cabo. Parece que Indalecio Prieto era bastante reacio a confiar las tareas de espionaje a organizaciones políticas, las cuales no consideraba especialmente eficaces 85. Por otra parte, sorprende que Francisco Matz apenas mencionara los servicios de inteligencia republicanos ya existentes. En abril de 1937 se creó justamente un Servicio de Información Diplomático Especial (SIDE) para vigilar todas las actividades republicanas fuera de España 86. Es probable que Matz no quisiera colaborar con este servicio de nueva creación, que dependía del Ministerio de Asuntos Exteriores republicano, prefiriendo un sistema que permaneciera bajo el control de la Defensa Nacional. En cualquier caso, el SIDE sí realizó contraespionaje de operaciones de aprovisionamiento, pero seguramente de manera secundaria, ya que la información encontrada en los archivos al respecto parece ser muy limitada 87.
A pesar de no estar totalmente centralizadas, estas agencias de inteligencia tuvieron un cierto éxito. En noviembre de 1937, por ejemplo, un informe hace referencia a la revocación de dos cartas de crédito a raíz de la información desfavorable facilitada desde Praga por Luis Jiménez de Asúa. Entonces «sin vacilación alguna, se cortó desde aquel mismo instante toda relación con el Sr. Mortier; se anularon sin perjuicio los acreditativos abiertos y ni dicho Sr. ha reclamado nada, ni se ha hecho con él ninguna otra operación» 88. En abril de 1938, Alejandro Otero asegura que los negociantes menos escrupulosos habían sido definitivamente descartados de la comisión de compras: «Se ha roto con una serie de aventureros y desaprensivos traficantes de armas, y apenas se trabaja sino con unas cuantas firmas solventes, y que la experiencia de estos dieciocho meses nos ha mostrado, que son correctas y eficaces» 89.
En definitiva, parece claro que las autoridades republicanas redoblaron sus esfuerzos para que el enemigo no descubriera su compra de armas. A largo plazo, estos esfuerzos podrían haber surtido efecto, ya que las ventas fraudulentas y los desvíos de mercancías fueron menos frecuentes. También hay que recordar que el transporte de material bélico —un aspecto muy delicado— estaba, en parte, en manos de empresas más fiables a nivel político, como France Navigation 90. Además, hay que señalar que los encargados de las adquisiciones en París perfeccionaron sus métodos y aprendieron a distinguir los negocios fiables de los dudosos. Los acuerdos legales y financieros también ofrecían ciertas garantías. Sin embargo, a pesar de algunas decepciones, precios prohibitivos o entregas de mala calidad, los servicios de la embajada recurrieron nuevamente a ciertos intermediarios poco fiables. Aunque pueda sorprender, parece que los miembros del comité de adquisiciones se vieron atrapados en alianzas forzadas por culpa de un mercado muy especializado. Con todo, esas liaisons dangereuses no significan que la embajada no lograra resultados.
En el contexto de un embargo especialmente asfixiante, los diferentes actores del bando republicano tuvieron que sopesar rápidamente las estrategias oportunas para la adquisición de armamento. La quiebra casi general del poder dejó espacio a grupos que, para llenar el vacío, montaron comisiones de compras con total autonomía. El Gobierno republicano se esforzó, en medio de la guerra, por recuperar el poder que se había atomizado. Esto se tradujo en una centralización de las compras por parte de la embajada de París. En este contexto de restauración y refuerzo del poder central, todas las actividades exteriores se reorganizaron. Tal fue el caso de los servicios de espionaje republicano en Francia, y de la acogida de niños refugiados españoles, ambos sometidos a un mayor control en 1937 91.
El empleo de un tipo u otro de estrategia da pistas acerca del equilibrio de poder dentro del bando republicano. Se puede deducir que el recurso al mercado negro se debió a que los comités locales o políticos no disponían de los recursos económicos, técnicos y humanos para establecer montajes semilegales más refinados. Pero la elección de la ilegalidad también ocurrió por razones estratégicas. Optar por una acción inmediata, más que esperar una ayuda extranjera, era una decisión política: no solo permitía abastecerse de las armas que no podía adquirir el Gobierno central, sino conservar un espacio político en el seno del bando republicano. Las virulentas críticas de los delegados socialistas, que destacaron más su falta de eficacia que su razón de ser, impidieron en gran medida comprenderlo.
La concentración de las actividades de compras a través de la embajada parisina y el uso del mercado gris reforzaron el poder del Gobierno republicano. Estas prácticas semilegales, en detrimento del contrabando, aportaron cierta seguridad a las compras. En definitiva, la labor de la embajada española en París aparece como necesaria, o incluso imprescindible, para la supervivencia del régimen republicano en los primeros meses de la guerra civil. Para reconstruir el esfuerzo de guerra en el extranjero, los delegados republicanos supieron jugar con los frágiles equilibrios políticos. En consecuencia, cabe destacar que, a lo largo de unos meses, la dispersión de los esfuerzos no solo constituyó una debilidad, sino también una estrategia por parte del Gobierno central, quien pudo emplear diversos recursos. En efecto, la embajada parisina había encontrado muchas dificultades para adquirir material, pero el aliado soviético no dio ninguna garantía a finales de 1936, ni sobre la fiabilidad de las armas ni sobre su capacidad para suministrarlas en cantidad.
1 Juan Avilés Farré: Pasión y farsa. Franceses y británicos ante la guerra civil española, Madrid, Eudema, 1994; Jean-François Berdah: La démocratie assassinée : la République espagnole et les grandes puissances, 1931-1939, París, Berg, 2000, y Ángel Viñas: La soledad de la República. El abandono de las democracias y el viraje hacia la Unión Soviética, Barcelona, Crítica, 2006.
2 Para una evaluación global, véanse Ángel Viñas: «Armas y hombres para España. Los apoyos exteriores en la guerra civil», en Enrique Fuentes Quintana (dir.) y Francisco Comín Comín (coord.): Economía y economistas españoles en la guerra civil, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2008, pp. 339-424, y Lucas Molina Franco y Rafael Permuy López: Importación de armas en la guerra civil española, Valladolid, Galland Books, 2016.
3 Mario Ojeda Revah: México y la guerra civil española, Madrid, Turner, 2004.
4 Gerald Howson: Arms for Spain. The Untold Story of the Spanish Civil War, Londres, Murray, 1998, pp. 130 y ss., y Daniel Kowalsky: La Unión Soviética y la guerra civil española. Una revisión crítica, Barcelona, Crítica, 2004, pp. 195 y ss.
5 Gerald Howson: Arms for Spain...
6 Ricardo Miralles: «El duro forcejeo de la diplomacia republicana en París», en Ángel Viñas (ed.): Al servicio de la República. Diplomáticos y guerra civil, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación-Marcial Pons Ediciones de Historia, 2010, pp. 121-154.
7 Miguel Íñiguez Campos: Armas para la República. Contrabando y corrupción, julio de 1936-mayo de 1937, Barcelona, Crítica, 2022.
8 Ángel Viñas: El escudo de la República. El oro de España, la apuesta soviética y los hechos de mayo de 1937, Barcelona, Crítica, 2010, p. 116.
9 Jean-Christophe Antoine: Au cœur du trafic d’armes. Des Balkans aux banlieues, París, Vendémiaire, 2012, p. 14.
10 Helen Graham: The Spanish Republic at War, 1936-1939, Cambridge-Nueva York, Cambridge University Press, 2002, pp. 215-253.
11 Ibid., pp. 82-83.
12 Julián Casanova: De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España 1931-1939, Barcelona, Crítica, 1997, pp. 155-156; François Godicheau: La guerre d’Espagne. République et révolution en Catalogne, 1936-1939, París, Odile Jacob, 2004, pp. 96 y ss., y José Luis Ledesma: «Qué violencia para qué retaguardia o la República en guerra de 1936», Ayer, 76 (2009), pp. 83-114, esp. p. 98.
13 José Luis Ledesma: «Una retaguardia al rojo: las violencias en la zona republicana», en Francisco Espinosa Maestre (ed.): Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Barcelona, Crítica, 2010, pp. 152-250.
14 Véase, por ejemplo, Pierre Salmon: «La gauche révolutionnaire contre l’Internationale communiste: une relecture de la contrebande d’armes franco-espagnole de la guerre civile (1936-1939)», Le Mouvement Social, 275(2) (2021), pp. 113-135.
15 Francisco Olaya Morales: El oro de Negrín, Madrid, Nossa y Jara, 1998, p. 80.
16 Nicolas Lépine: Guerre d’Espagne et socialisme international: dernière chance pour l’ordre démocratique d’entre-deux-guerres, Laval, Presses de l’Université Laval, 2020, p. 47, y Pierre Salmon: «La gauche révolutionnaire...», p. 124.
17 Ángel Viñas: La soledad de la República..., pp. 387-397 y 447.
18 Ángel Viñas: El escudo de la República..., p. 114.
19 Existe una amplia literatura anticomunista sobre la intervención comunista en España. Sobre este tema, véanse Daniel Kowalsky: La Unión Soviética y la guerra civil española..., pp. 1-2; Fernando Hernández Sánchez: Guerra o revolución. El Partido Comunista de España en la guerra civil, Barcelona, Crítica, 2010, pp. 31-34, y Yuri Rybalkin: Stalin y España. La ayuda militar soviética a la República, Madrid, Marcial Pons Ediciones de Historia, 2008.
20 Ángel Viñas: «Una carrera diplomática y un ministerio de Estado desconocidos», en Ángel Viñas (ed.): Al servicio de la República. Diplomáticos y guerra civil, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación-Marcial Pons Historia, 2010, pp. 267-424, p. 268.
21 Alejandro Otero: «Sección de armas» (París, 22 de septiembre de 1936), Fundación Indalecio Prieto (en adelante AFIP), Fondo Víctor Salazar, 2205. Sobre su misión en París, véase José Fernández Castro: Alejandro Otero, el médico y el político, Barcelona, Noguer, 1981.
22 Octavio Cabezas Moro: Indalecio Prieto en la guerra civil, Madrid, Fundación Indalecio Prieto-Ministerio de Defensa, 2017, pp. 165-166, y Gerald Howson: Arms for Spain..., p. 79.
23 Gerald Howson: Arms for Spain..., p. 77.
24 Luis Jiménez de Asúa: «Sección política» (21 de septiembre de 1936), AFIP, Fondo Víctor Salazar, 2205, y Juan Aboal: «Informe destinado al ministro de la Marina y del Aire: aviación militar, informe detallado de la comisión realizada en París durante el periodo de 21 de julio a 15 de octubre», AFIP, Fondo Víctor Salazar, 2205.
25 Ricardo Miralles: «El duro forcejeo de la diplomacia republicana...», p. 127.
26 Enrique Moradiellos García: Negrín. Una biografía de la figura más difamada de la España del siglo xx, Barcelona, Península, 2015, pp. 238-239.
27 Octavio Cabezas Moro: Indalecio Prieto en la guerra civil..., pp. 171-172, y Ángel Viñas: El escudo de la República..., p. 152.
28 Juan Aboal: «Informe destinado al ministro de la Marina y del Aire...». Véanse también Gerald Howson: Arms for Spain..., pp. 76 y ss., y Ricardo Miralles: «El duro forcejeo de la diplomacia republicana...», pp. 127-128.
29 Alejandro Otero: «Sección de armas...», y Pablo de Azcárate: Mi embajada en Londres durante la guerra civil española, Barcelona, Ariel 1976, p. 30.
30 Gerald Howson: Arms for Spain..., pp. 76 y ss.
31 Ibid., pp. 108-109, y Miguel Íñiguez Campos: Armas para la República..., pp. 117-130 y 147-159.
32 Luis Jiménez de Asúa: «Sección política...».
33 Luis Araquistáin: «Informe sobre el origen, constitución, funcionamiento y disolución de la Comisión de Compras en París» (París, diciembre de 1936), AFIP, Fondo Víctor Salazar, caja 2205.
34 Gerald Howson: Arms for Spain..., pp. 101-102.
35 Luis Araquistáin: «Informe sobre el origen, constitución, funcionamiento...».
36 Ibid.
37 Ángel Viñas: El escudo de la República..., p. 114.
38 Gerald Howson: Arms for Spain..., p. 332, nota 18.
39 Ibid., pp. 205-207, y Ricardo Miralles: «El duro forcejeo de la diplomacia republicana...», p. 128.
40 Informe de la Dirección General de Seguridad (Madrid, 1 de febrero de 1934), Archivo General Militar de Ávila, caja 9.075, exp. 2.
41 Gerald Howson: Arms for Spain..., p. 205.
42 Ibid., p. 206.
43 Carta de Indalecio Prieto a Francisco Matz (30 de marzo de 1937), AFIP, Fondo Víctor Salazar, 2205, y carta de Indalecio Prieto a Francisco Largo Caballero (17 de abril de 1937), AFIP, Fondo Víctor Salazar, 2205.
44 Carta de Indalecio Prieto a Alejandro Otero (6 enero de 1938), AFIP, Fondo Víctor Salazar, 1505.
45 Enrique Moradiellos García: Negrín: una biografía..., pp. 237-238 y 283-289.
46 Informe de la embajada republicana en París destinado a Juan Negrín, presidente del Consejo de Ministros y ministro de la Defensa Nacional (27 de septiembre de 1938), Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Fondo Marcelino Pascua, caja 2, exp. 19.
47 Helen Graham: The Spanish Republic at War..., pp. 215 y ss., y Enrique Moradiellos García: Negrín. Una biografía..., pp. 235-235 y 259-263.
48 Julián Casanova: De la calle al frente..., pp. 177-197, y François Godicheau: La guerre d’Espagne..., pp. 340 y ss.
49 Pierre Salmon: «La gauche révolutionnaire...», pp. 131-135.
50 Miguel Íñiguez Campos: Armas para la República..., pp. 105-110.
51 Alejandro Otero: «Sección de armas...».
52 Ángel Viñas: El oro de Moscú. Alfa y omega de un mito franquista, Barcelona, 1979; Pablo Martín Aceña: El oro de Moscú y el oro de Berlín, Madrid, Taurus, 2001; Ángel Viñas: Las armas y el oro. Palancas de la guerra, mitos del franquismo, Barcelona, Pasado y Presente, 2013, y José Ángel Sánchez Asiaín: La financiación de la guerra civil española. Una aproximación histórica, Barcelona, Crítica, 2012.
53 Alejandro Otero: «Sección de armas...».
54 Ibid.
55 Carta de Francisco Matz a Indalecio Prieto (4 de mayo de 1937), AFIP, Fondo Víctor Salazar, 2205.
56 Alejandro Otero: «Sección de armas...».
57 Francisco Matz: «Informe destinado a Indalecio Prieto» (23 de septiembre de 1937), AFIP, Fondo Víctor Salazar, 2205.
58 Carta de Francisco Matz a Rafael Valero Caminero (22 de mayo de 1937), AFIP, Fondo Víctor Salazar, 2205.
59 Gerald Howson: Arms for Spain..., p. 111.
60 Ibid., pp. 110-112.
61 Carta de Indalecio Prieto al ministro de Justicia Manuel de Irujo (19 de noviembre de 1937), AFIP, Fondo Víctor Salazar, 2205.
62 Traducción del autor desde el francés. Section de Centralisation des Rensegnements de l’État-major des Armées françaises: «Renseignements sur le nommé Holzmann Miguel (Russe)» (hacia 1936), Service Historique de la Défense de Vincennes (en adelante SHD), Fonds de l’Armée de Terre, GR 7N² 3320, caja 15.
63 Alejandro Otero: «Sección de armas...».
64 Ami-Jacques Rapin: «Les réseaux clandestins de fourniture en armes de la République espagnole», en Stéfanie Prezioso, Jean Batou y Ami-Jacques Rapin (eds.): Tant pis si la lutte est cruelle. Volontaires internationaux contre Franco, París, Syllepse, 2008, pp. 101-126, esp. p. 108.
65 Matilde Eiroa: «La embajada en Praga y el servicio de información de Jiménez de Asúa», en Ángel Viñas (ed.): Al servicio de la República: diplomáticos y guerra civil, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación-Marcial Pons Ediciones de Historia, 2010, pp. 207-241, esp. pp. 219-228.
66 Carta de José Calviño a Rafael Méndez, del Ministerio de Hacienda (20 de marzo de 1937), AFIP, Fondo Víctor Salazar, 2205.
67 Según la religión católica, Judas recibió treinta piezas de plata por traicionar a Jesús. Luis Jiménez de Asúa: «Anexo del informe destinado a Indalecio Prieto» (27 de febrero de 1937), AFIP, Fondo Víctor Salazar, 2212.
68 Ministerio de Estado: «Servicio de Adquisiciones Especiales París: Operaciones realizadas el día 14 de diciembre de 1936», Fundación Juan Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, 1 MES Embajada de España en París, Servicio de Adquisiciones Especiales. Nota: el Ministerio solía llamar «Servicio de Adquisiciones Especiales» a cualquiera comisión de compras en París.
69 «Cantidades situadas en París a D. Francisco de Basterrechea [sic] y su inversión» (30 de septiembre de 1937), AFIP, Fondo Víctor Salazar, 2205.
70 El primero trató con la España republicana y el segundo con el bando franquista. Informe de vigilancia del «Deuxième Bureau» del Estado-mayor militar francés (19 de abril de 1937), SHD, Fonds de l’Armée de Terre, GR 7N² 2595, caja 2.
71 Ángel Viñas: El escudo de la República..., p. 100.
72 Matilde Eiroa: «La embajada en Praga...», pp. 220-226.
73 Sarah Elizabeth Inglis: Danza de la Muerte. Greek Arms Dealing in the Spanish Civil War, 1936-1939, tesis doctoral, Simon Frazer University, 2014, pp. 64 y ss. Véase también Morten Heiberg y Mogens Pelt: Los negocios de la guerra. Armas nazis para la República española, Barcelona, Crítica, 2005.
74 Informe de la legación franquista en Atenas para el secretario general de Asuntos Exteriores del llamado «Estado Español» (Atenas, 4 de marzo de 1937), Archivo General de la Administración (en adelante AGA), Archivo de Burgos, R. 1047, exp. 57.
75 Informe de la legación franquista en Varsovia (12 de noviembre de 1936), AGA, Archivo de Burgos, R. 1048, exp. 22.
76 Nota verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores del dicho «Estado Español» para la Agencia de Polonia (18 de octubre de 1938), AGA, Archivo de Burgos, R 1048, exp. 22.
77 Véase, por ejemplo, la venta de municiones al bando republicano que tuvo lugar a pesar de las quejas franquistas, Informe de la legación franquista en Atenas para el ministro de Asuntos exteriores del «Estado Nacional» (Varsovia, 30 de enero de 1939), AGA, Archivo de Burgos, R 1047, exp. 56.
78 Toribio Echevarría: «Informe armas y municiones» (París, 7 de septiembre de 1936), AGA, Archivo de Barcelona, RE 135, carp. 5 («Francia I»).
79 Luis Araquistáin: «Informe sobre el origen, constitución, funcionamiento...».
80 La información recogida por los anarquistas procede de un llamado «M. Bidouze». Comité Peninsular de la Federación Anarquista Ibérica: «Pleno de regionales del Movimiento libertario. Informe sobre las comisiones de compras, la subsecretaría de armamento y el despilfarro escandaloso de las finanzas de la República por la creación del Ministerio de Armamento» (septiembre de 1938), IIHS, Federación Anarquista Ibérica, caja 35C.
81 Carta de Francisco Matz a Indalecio Prieto (19 de abril de 1937), AFIP, Fondo Víctor Salazar, caja 2205.
82 Luis Araquistáin: «Informe sobre el origen, constitución, funcionamiento...».
83 Carta de Indalecio Prieto a Francisco Matz (7 de mayo de 1937), AFIP, Fondo Víctor Salazar, caja 2205.
84 No sabemos de quién se trata cuando se refiere al llamado «Mr. Léon». Carta de Francisco Matz a Indalecio Prieto (19 de abril de 1937), AFIP, Fondo Víctor Salazar, 2205.
85 Lo justifica con los numerosos casos de espías infiltrados en las Brigadas Internacionales. Carta de Indalecio Prieto a Francisco Matz (7 de mayo de 1937), AFIP, Fondo Víctor Salazar, 2205.
86 Félix Luengo Teixidor: Espías en la embajada. Los servicios de información secreta republicanos en Francia durante la guerra civil, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 1996, pp. 71-74.
87 Existen unos informes del SIDE sobre negocios de armamento: «Informe número 144» (Niza, 20 de octubre de 1938) e «Informe número 155» (Niza, 27 de octubre de 1938), Archivo de Barcelona, AGA, RE 52.
88 Comisión Técnica Española: «Informe Louis Mortier» (19 de noviembre de 1937), AFIP, Fondo Víctor Salazar, 2205.
89 Alejandro Otero (subsecretario de Armamento): «Informe para Indalecio Prieto, ministro de la Defensa Nacional» (10 de enero de 1938), AFIP, Fondo Víctor Salazar, 1505.
90 Dominique-Antoine Grisoni y Gilles Hertzog: Les brigades de la mer, París, Grasset, 1979.
91 Félix Luengo Teixidor: Espías en la embajada..., p. 69, y Célia Keren: L’évacuation et l’accueil des enfants espagnols en France. Cartographie d’une mobilisation transnationale (1936-1940), tesis doctoral, École des hautes études en sciences sociales (EHESS), 2014, p. 270.