Ayer 107/2017 (3): 73-98
Sección: Dosier
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2017
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/107-2017-04
© Daniel Lvovich
Recibido: 09-06-2016 | Aceptado: 13-01-2017
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

Sospechar, delatar, incriminar: las denuncias contra el enemigo político en la última dictadura militar argentina*

Daniel Lvovich

CONICET-Universidad Nacional
de General Sarmiento
dlvovich@ungs.edu.ar

Resumen: En este trabajo abordamos el análisis de un conjunto de denuncias formuladas por «gente corriente» o funcionarios de bajo rango contra personas a las que acusaban de ser subversivos, comunistas, izquierdistas o elementos contrarios a la nación durante la última dictadura militar en la Argentina. Se trata de un análisis cualitativo que intenta responder a algunos interrogantes acerca de la naturaleza de la relación entre el régimen militar y la sociedad argentina.

Palabras clave: denuncias, actitudes sociales, dictadura, Argentina, represión.

Abstract: In this paper we analyze a set of allegations made by «ordinary people» or low-level officials against people who they accused of being subversive, communist or leftist, and who acted in contrary to national interest during the last military dictatorship in Argentina. This is a qualitative analysis that attempts to answer some questions about the nature of the relationship between the military regime and Argentinian society.

Keywords: complaints, social attitudes, dictatorship, Argentina, repression.

En este trabajo abordamos el estudio y análisis de un conjunto de denuncias formuladas por personas que no ocupaban posiciones de responsabilidad política en ninguno de los niveles del aparato estatal o por funcionarios de bajo rango contra personas a las que acusaban de ser subversivos, comunistas, izquierdistas o elementos contrarios a la nación durante la última dictadura militar en la Argentina 1. Se trata de un análisis cualitativo —ya que resulta imposible dar cuenta de la profundidad y extensión del fenómeno— que intenta responder a algunos interrogantes acerca de la naturaleza de la relación entre el régimen militar y la sociedad argentina, considerando las dinámicas sociales que permiten aproximarse al problema de las actitudes sociales en dictadura.

Partimos para ello de la consideración de las principales líneas de análisis acerca de esta cuestión en la historiografía europea como un modo de presentar las tradiciones analíticas más transitadas en este campo, para pasar luego al repaso de los principales aportes desarrollados en la historiografía argentina. Se trata, como se verá, de un tema no demasiado considerado en los estudios de historia reciente argentina, aunque no por ello de un área carente por completo de reflexiones significativas.

Por último, analizamos los casos que entran en nuestra consideración a partir de las fuentes disponibles en el Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), gestionado por la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires. A través del análisis de ese corpus documental exploramos las características de las denuncias y formulamos algunas hipótesis clasificatorias y explicativas de este fenómeno.

Denuncias y dictaduras

La consideración de los modos en que funcionaron los mecanismos de la delación en sociedades gobernadas por dictaduras ha resultado en diversos casos una llave fundamental para la comprensión de las actitudes sociales de la población y de los vínculos entre los Estados y las sociedades. Se trata de investigaciones, posibles por la apertura a la consulta de amplios archivos policiales y de otros organismos represivos, que están gobernadas por la voluntad de conocer las motivaciones de los denunciantes y los modos en que las prácticas acusatorias se articularon con las actividades represivas de los Estados.

Definimos la noción de denuncia, siguiendo a Sheila Fitzpatrick y Robert Gellately, como la comunicación espontánea de ciudadanos individuales dirigida al Estado (u otra autoridad, como la Iglesia) conteniendo acusaciones contra otros ciudadanos o funcionarios y solicitando explícita o implícitamente que se les aplique un castigo. Por lo general, las denuncias son escritas y enviadas privadamente a un destinatario más que publicadas. Frecuentemente invocan los valores del Estado (o de la Iglesia) y señalan la falta de todo interés personal por parte del denunciante, que afirma actuar en nombre del deber hacia el Estado o el bien común. Las nociones de denunciantes e informantes se encuentran íntimamente vinculadas, pero son distintas, ya que el informante tiene una relación regular, frecuentemente remunerada, con la policía, mientras los denunciantes no sostienen ese tipo de vínculos en el tiempo 2.

No es adecuado considerar la denuncia como una práctica siempre idéntica a sí misma y restringida a las experiencias dictatoriales, debido a que existe una muy amplia variedad de acciones de denuncia cuyas funciones políticas y sociales pueden resultar muy distintas, encarnando de modo diverso las relaciones entre los ciudadanos individuales y el Estado, y expresando de distintas maneras las lealtades hacia la autoridad estatal, por un lado, y hacia los conciudadanos y la familia, por otro 3. Las práctica delatorias existen de diversos modos en todas las sociedades organizadas y no sólo en las regidas por dictaduras, pero en algunas sociedades resultan más extendidas que en otras, dependiendo de las respectivas tradiciones políticas y culturales, los estímulos estatales u otros factores 4. Normalmente las denuncias se dirigen contra personas consideradas enemigas del pueblo o la nación, o bien contra miembros de grupos estigmatizados. Las denuncias pueden formularse contra funcionarios o personas que ocupen posiciones de poder en busca de formas de justicia a las que los denunciantes no pueden acceder por otros medios, pero usualmente se dirigen contra personas corrientes a quienes el denunciante conoce y con quienes mantiene relaciones conflictivas, y a quienes no duda en estigmatizar agrupándolas en el conjunto de los considerados enemigos, debido a que supone que en efecto lo son o usando esta acusación de un modo instrumental.

En las última décadas se han multiplicado los estudios que enfatizan la importancia de la delación para la estructuración de diversos regímenes dictatoriales, demostrando el carácter extendido y cotidiano de dicha práctica y la compleja mezcla de elementos ideológicos y de conveniencia personal que subyacen a la denuncias de otros conciudadanos. Como resulta claro, se trata de un tipo de acción que facilitó en gran medida la represión de los Estados. Robert Gellately ha sostenido en distintos trabajos la fundamental importancia de las delaciones para el funcionamiento del sistema del terror de la Alemania nazi, afirmando que la Gestapo recibía la mayor parte de la información que empleaba como resultado de las prácticas de denuncia 5. Eric Johnson coincide con Gellately en la amplitud de las denuncias, pero les asigna importancia a los casos en que correspondían a categorías de víctimas ya definidas por el régimen nazi, mientras que las acusaciones dirigidas contra sujetos fuera de estos grupos tuvieron resultados menos graves. Ésta es una distinción crucial. En la interpretación de Gellately, la dependencia de las denuncias hizo de la Gestapo una organización principalmente «reactiva», basada en una sociedad alemana que se vigilaba a sí misma. Johnson señala que la Gestapo fue «reactiva» en casos de poca importancia y que en muchos casos se descartaban esas denuncias cuando no se dirigían contra miembros de los grupos estigmatizados. En la búsqueda de sus enemigos fundamentales, por el contrario, la Gestapo desarrolló su actividad de modo proactivo y sobre la base del despliegue del terror 6. De tal modo, Johnson repone el lugar del terror en la política nazi; factor que los trabajos de Gellately relativizan al considerar sobre todo la delación.

Peter Anderson ha postulado que la extensión de las denuncias contra personas del bando republicano en la España de la Guerra Civil y en la represión franquista de la inmediata posguerra superó a la de la Alemania nazi, y que fue esa amplitud de las delaciones la que explica la enorme cantidad de republicanos que fueron procesados por tribunales militares 7. Desde su óptica, la profunda división político-ideológica en España explica la amplitud del fenómeno, lo que lo lleva a considerar que en el caso español las motivaciones para las denuncias fueron más ideológicas y menos instrumentales que en los casos alemán o soviético. Por ello el autor concluye que el régimen de Franco se impuso sobre la sociedad en un proceso en el que, a través de la delación, sus partidarios desarrollaron un papel fundamental, desde abajo, indispensable para su consolidación. También para el caso italiano se ha destacado la amplia extensión del fenómeno de la denuncia, realizadas en general de manera anónima y mucho más difícil de cuantificar que en otros casos debido a la modalidades fragmentarias del procesamiento burocrático de estas delaciones 8. En el caso del régimen estalinista en la Unión Soviética, las denuncias resultaron de una extensión enorme en respuesta a una instigación estatal sumamente extendida y persistente 9.

En definitiva, la pregunta acerca de la extensión del fenómeno inculpatorio, de las motivaciones de los denunciantes y de las características de las denuncias se ha tornado sumamente relevante para orientar las investigaciones acerca de la extensión social del apoyo a los distintos regímenes dictatoriales en cuestión —más allá de la distancia que separa a cada uno de estos casos—y de la naturaleza del vínculo entre la población y el Estado, e incluso para comprender la naturaleza misma de los regímenes políticos considerados.

En todos los casos se sostiene la existencia de una denuncia ideológica, formulada por los afectos políticamente al régimen, frente a una denuncia instrumental, destinada a obtener beneficios para el delator a través de la manipulación de los instrumentos represivos del Estado para intentar orientarlos contra los adversarios personales denunciados.

Un breve recorrido argentino

La historiografía y las ciencias sociales argentinas apenas se han referido en las últimas décadas al papel de las denuncias y las delaciones en la historia reciente y, en particular, en la última dictadura. Los trabajos existentes, por otra parte, se han basado más en intuiciones o en el planteamiento de hipótesis que en el despliegue de investigaciones de archivo, posibilidad que únicamente se ha abierto en tiempos muy recientes. Como en tantos otros campos de la reflexión acerca de la relación entre dictadura y sociedad, los planteamientos iniciales formulados por Guillermo O’Donnell y Hugo Vezzetti abrieron fructíferos interrogantes para pensar las actitudes sociales y, entre ellas, las denuncias formuladas por los ciudadanos que no ocupaban puestos de responsabilidad política. El primero sostuvo que el control dictatorial sobre la población sólo se pudo desarrollar por la existencia de una sociedad que se patrullaba a sí misma, refiriéndose a un grupo amplio de personas que voluntariamente «se ocuparon activa y celosamente de ejercer su propio pathos autoritario. Fueron kapos a los que, asumiendo los valores de su (negado) agresor, muchas veces los vemos yendo más allá de lo que el régimen les demandaba», ejerciendo la vigilancia sobre el vecino y la autocensura 10. El segundo planteamiento es que «el papel y la responsabilidad de la “gente corriente” no pueden ser eludidos en un examen de las relaciones entre dictadura y sociedad [...] Se trata de considerar y a la vez juzgar el papel cumplido, en muchos casos voluntariamente, por los niveles más bajos de perpetradores y colaboradores, algunos forzados por la pertenencia a las instituciones involucradas en la represión, otros más libremente dispuestos a brindar su apoyo mediante la delación o la proclamada adhesión y la difusión del discurso del régimen [...] todos ellos formaron parte necesariamente de las condiciones que hicieron posible el despliegue del terrorismo dictatorial» 11.

Sin embargo, los caminos más frecuentemente transitados en relación con las denuncias se refieren a las delaciones de miembros de organizaciones revolucionarias por sus compañeros debido a la imposibilidad de soportar la tortura en los centros de detención o a haberse convertido, por ese u otro motivo, en traidores. En este sentido, la delación ha sido considerada por Pilar Calveiro una consecuencia sumamente frecuente de la tecnología de la desaparición que a su vez reforzaba la humillación de los detenidos 12. Un tema muy tratado es el de las sospechas de delación que pesan como un estigma sobre los supervivientes de los campos de detención, tanto en los estudios académicos 13 como en los textos de características testimoniales 14. También se ha señalado el papel de jerarcas eclesiásticos como delatores y el rol de la delación en la desestructuración del movimiento obrero 15.

Resultan escasos los estudios acerca de la historia argentina reciente en los que la consideración de las denuncias o delaciones sea el objetivo principal de la indagación o siquiera un elemento central en la construcción argumental. Sin duda destaca entre ellos el trabajo de Marina Franco en Un enemigo para la Nación, libro en el que investiga el desarrollo de las acciones represivas estatales, legales o ilegales, desplegadas bajo el tercer gobierno peronista, previo al golpe de Estado de marzo de 1976. En octubre de 1973, el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista inició la «depuración ideológica» en un documento que contó con la firma de Juan Perón, que convocaba a la «guerra contra los grupos marxistas» y a la participación popular a través de todos los medios eficientes para concretar la «depuración». La difusión de estas directivas contribuyó a desatar una verdadera caza de brujas en el seno del peronismo, que culminó con la expulsión de los sectores cercanos a la Tendencia Revolucionaria de todos los espacios de poder partidario y gubernamental. La autora recurre a un cúmulo de denuncias contra la infiltración marxista dirigida a las autoridades desde ámbitos muy diversos —sindicatos, unidades básicas, gobernaciones, municipios, universidades— para mostrar los modos en que la convocatoria a la persecución de ese enemigo permeó amplios espacios sociales, proponiendo un enfoque que aborda la recepción «desde abajo» del documento partidario en cuestión y de su uso como instrumento de denuncia del enemigo, avanzando sobre esa base documentada en el tratamiento difícil de los mecanismos de conformación del consenso represivo. Sin embargo, y como la propia Marina Franco no deja de advertir, no hay modo de medir el grado de generalidad de estas prácticas, que se deben considerar de maneras como indiciarias 16.

En diversos trabajos sobre el «Operativo Independencia», la operación militar desplegada a partir de un decreto del gobierno de Isabel Perón en 1975 con el propósito declarado de combatir las operaciones del Ejército Revolucionario del Pueblo en Tucumán, pero que implicó la puesta en marcha de un vasto plan represivo que excedió en mucho ese objetivo, se han analizado las fórmulas de incitar a la delación a la población rural de esa provincia. Tal incitación en ocasiones era rechazada, pero en otras era aceptada por diversos motivos: terror, identificación con el perpetrador, afán de poder, venganza hacia el denunciado u obtención de algún rédito personal 17.

El único artículo dedicado por completo a analizar un caso de denuncias en la dictadura de 1976 fue escrito por Mora González Canosa 18. Se trata de un análisis sobre un legajo conservado en el Archivo de la DIPBA referido a un conflicto en una escuela técnica en la localidad de Lincoln de esa provincia. El expediente considerado remite a un conflicto de larga data, ya que había comenzado a principios de la década de 1970 delineando dos grupos enfrentados en el colegio: por un lado, un conjunto de profesores que acusaban al director de irregularidades administrativas y de maltratar a docentes y estudiantes, y, por otro, el propio director junto a personal administrativo y miembros de la cooperadora escolar. Desde 1973 se habían presentado denuncias ante el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) y en 1976 ante la justicia, aunque, dado que de ese modo no se resolvía el conflicto, el sector opuesto a la dirección elevó a fines de ese año una denuncia ante la Jefatura de Policía de la provincia en la que acusaba al director y su entorno de formar parte del comunismo y de la «subversión» y de no respetar los símbolos nacionales, solicitando a la autoridad policial «que arranque de raíz a los que olvidan los más elementales preceptos de nuestra esencia nacional» 19. Sin embargo, el director de la escuela también había calificado a los estudiantes que lo habían denunciado ante el CONET como «subversivos» y los había amenazado con llevarlos ante la Junta Militar. De tal modo, ambos sectores apelaron en el seno de un conflicto escolar y laboral al lenguaje propio de la dictadura y a la amenaza o la acusación efectiva ante las autoridades del régimen militar para lograr sus objetivos. Esta dinámica remite —según la autora— a la manipulación del sistema desde abajo, concepto de Gellately que remite a las formas en que los individuos consiguen aprovecharse de la maquinaria estatal del terror, sin que ello indique necesariamente la adhesión de los actores involucrados a los principios enunciados por la dictadura militar 20.

Las convocatorias y sus respuestas

Absolutamente toda la información disponible, proveniente tanto del conocimiento construido en los tribunales cuanto del saber académico, deja claro que la dictadura militar argentina no requirió para ejercer los modos más crudos de la represión —detenciones, desapariciones y asesinatos— de las denuncias espontáneas y voluntarias de la población. El régimen militar se basó, en cambio, para obtener la información necesaria para esas tenebrosas tareas, en el conocimiento acumulado por los distintos servicios de inteligencia —militares, policiales y civiles—, en las confesiones obtenidas bajo tortura y en la colaboración y denuncias de grupos que abiertamente respaldaban la represión, tales como el sector del empresariado 21. Sin embargo, distintas agencias estatales convocaron de distinto modos a la población a denunciar a los que fueran considerados sospechosos. En ocasiones las Fuerzas Armadas publicaron directamente en los diarios avisos solicitando la colaboración de la población para brindar información en la «guerra contra la subversión» 22. En otras, y en particular en el ámbito de la educación, se publicaron y difundieron documentos oficiales considerados por los especialistas como verdaderos manuales de delación, como Subversión en el ámbito educativo: conozcamos a nuestro enemigo y Directiva sobre infiltración subversiva en la enseñanza, ambos publicados por el Ministerio de Educación argentino en 1977 23. Ese mismo año, y durante la gestión de Ricardo Bruera como ministro de Educación, se lanzó la «Operación Claridad», destinada a la identificación, espionaje e información por parte de los grupos de inteligencia militares respecto a las personas del ámbito educativo y cultural. El objetivo de este operativo era conseguir la inhabilitación y despido del personal jerárquico, docente y funcionarios «enrolados o simpatizantes de la ideología marxista». Merced a este operativo se confeccionaban «listas negras» que derivaron en desapariciones, asesinatos, encarcelamientos y en prohibiciones de libros y otros productos culturales. El responsable directo de la «Operación Claridad» fue el coronel retirado Agustín Camilo Valladares, quien, de acuerdo con testimonios de la época, instaba en reuniones a los directores y docentes a denunciar a los «subversivos», asegurando que, de encontrarlos culpables, las Fuerzas Armadas castigarían severamente a los «terroristas» 24. La respuesta social a estas incitaciones es —naturalmente— imposible de medir de manera completa y ajustada a las modalidades de la configuración social argentina, pero distintos trabajos han puesto de manifiesto diversos episodios de denuncia contra docentes a los que se acusaba de subversivos o de emplear bibliografía prohibida por el régimen. En su mayoría, las denuncias fueron formuladas por compañeros de trabajo y fundamentalmente por padres, y se dirigieron a las autoridades educativas 25.

El archivo y las fuentes

Los casos que consideramos surgen de un conjunto acotado de fuentes. Todos tuvieron lugar en la provincia de Buenos Aires, en localidades de dimensiones muy diversas —desde grandes ciudades como Mar del Plata hasta pequeñas poblaciones como Carlos Casares— y tanto en aquellas ubicadas en el área metropolitana de Buenos Aires como en otras situadas en el interior provincial. El arco temporal también es amplio, ya que encontramos denuncias formuladas entre 1976 y 1981. Sólo en el caso que consideramos en último lugar conocemos las consecuencias que sufrieron las personas denunciadas, mientras en los otros casos nos resulta imposible conocer el desenlace de los procedimientos considerados 26. Las fuentes que presentamos en este trabajo provienen del Archivo de la DIPBA 27. La acción de la DIPBA (y los registros en su Archivo) se extendió entre los años 1956 y 1998, pero la institución heredó documentos de otros organismos precedentes como la Dirección de Orden Público o la Sección de Orden Social —sobre todo legajos referidos a aquellos considerados agitadores «maximalistas» o comunistas— que fueron incorporados a este nuevo archivo, los más antiguos de ellos fechados en 1934. El espionaje, el seguimiento, el registro y el análisis de la información para la persecución política e ideológica fueron las principales funciones de la DIPBA desde su creación en el año 1956 hasta su disolución en el año 1998. El Archivo de la DIPBA consta de alrededor de 4.000.000 de folios (además de cientos de casetes y videocasetes) organizados en 90 cuerpos de estanterías con 600 estantes que ocupan cerca de 336 metros lineales. El Archivo de la DIPBA es un fondo orgánico y cerrado que, como la mayoría de los archivos de los servicios de inteligencia, está organizado en torno a un gran fichero, cuyas fichas remiten a los expedientes o legajos que contienen la información sobre personas y acontecimientos. Su unidad documental son los legajos, que se distribuyen en «Factores» (gremial, político, estudiantil, religioso) y «Mesas» («comunismo», «delincuentes subversivos», etc.). La información provenía de las investigaciones realizadas por los agentes en los distritos bonaerenses a través de una extensa red de espías e informantes. El organismo funcionó hasta 1998, cuando fue disuelto en el contexto de una reforma de la policía provincial. A fines de 2000, por Ley 12.642 de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, el archivo y el edificio donde funcionaba la ­DIPBA fueron transferidos a la CPM, y en 2003 se dictó una ley que permitió la desclasificación de sus documentos y su apertura al público. Desde octubre de 2003, el Archivo está abierto para la averiguación de datos sobre los ciudadanos que fueron «fichados» por el organismo de inteligencia policial, para la provisión de documentación solicitada para las causas penales contra los perpetradores de delitos de lesa humanidad en los años dictatoriales y para la investigación histórica y periodística 28.

Debido al modo de organización y catalogación del archivo —y tal como ha señalado Mora González Canosa— resulta extremadamente dificultoso acceder a la documentación de las denuncias realizadas por la población al organismo de inteligencia policial. No se han encontrado libros ni índices en que las mismas se hayan registrado de modo específico, ni se tiene constancia de que hayan sido ordenadas en ninguna sección especial del Archivo, ni es posible recuperar investigaciones en virtud del procedimiento que le dio origen. Por ello, carecemos de la posibilidad de ponderar variables como la cantidad de denuncias realizadas, sus temas habituales o recurrentes, las características de los denunciantes o las motivaciones alegadas 29.

Por ese motivo, las fuentes a las que hemos accedido no pueden considerarse una muestra representativa de un conjunto mayor desde un punto de vista cuantitativo, sino el producto de una combinación del azar con la buena voluntad y la buena memoria de las funcionarias del archivo que nos facilitaron ese material. Sabemos que el caso bonaerense no resulta excepcional, ya que en otros distritos se han encontrado, en archivos de naturaleza similar, denuncias espontáneas de la población, aunque tampoco en esos casos podemos dimensionar la magnitud del fenómeno 30.

Debido a estas causas, los casos que presentaremos serán analizados cualitativamente, a la manera de expresiones de determinadas tipologías de acción que sin duda no resultan únicas, aunque no podamos conocer la extensión numérica de sus probables manifestaciones. Se trata, insistimos, de denuncias realizadas por personas que no ocupaban posiciones de responsabilidad política en ninguno de los niveles del aparato estatal o por funcionarios de bajo rango contra otras «personas corrientes» —en el sentido de que no se trataba de personas que ocuparan posiciones de liderazgo político o social— a las que muchas veces conocían desde hace años. En este sentido, estas denuncias dan cuenta entonces de los posibles modos de recepción de las incitaciones dictatoriales a la delación, que a su vez reconocían antecedentes en el periodo democrático anterior, o bien de un cambio de escenario que permitía aprovechar las condiciones provistas por la dictadura para la resolución de conflictos de antigua data. En todos los casos nos enfrentamos a complejos entrelazamientos entre acciones ideológicamente orientadas con el uso instrumental de la delación, fenómeno que renueva la necesidad de evitar las simplificaciones a la hora de considerar los modos de manifestación del consenso social.

En buena parte de los expedientes el miedo aparece de manera explícita o implícita. Ello nos lleva a pensar que el miedo no resulta un factor que obligue sólo a la aceptación pasiva, sino que puede resultar también una de las causas que provoque una acción contra otros ciudadanos, con los que el denunciante quiere evitar ser confundido o cuya influencia teme. En este sentido, el miedo no es necesariamente lo contrario de la adhesión despreocupada, ya que puede pensarse también como un continuum que lleva desde el terror al tipo de conductas fomentadas y aprobadas por el régimen. Como ha señalado Juan Corradi, en las condiciones impuestas por el régimen militar, una parte de la población se tornó «no sólo obediente, sino potencialmente punitivo para sí mismo y los otros», de modo tal que se usó a la población «como cómplice de los mismos actos perpetrados contra ella» 31.

El «llamado del deber»

Un memorándum elaborado por el jefe de policía de Mar del Plata fechado el 16 de septiembre de 1976 informa que las cesantías de algunos docentes en Miramar dispuestas por el gobierno de Buenos Aires tienen su origen en un informe enviado por el intendente municipal de General Alvarado, escribano Jose Arioli, a las autoridades navales de Mar del Plata, y que fueron ratificadas por el Servicio de Inteligencia Naval. El informe señala que, a su vez, el exrector del Instituto de General Alvarado le había comunicado al intendente que en ese colegio existían profesores de tendencia izquierdista y le suministró siete nombres. Según el memorándum, el exdirector, aunque tiene conciencia de la anormalidad que implica la presencia de profesores izquierdistas, señaló que «no firmaría una denuncia individual ni muerto» 32. El exdirector señaló también que existía una gran preocupación entre los padres debido a la presencia de profesores izquierdistas en ese establecimiento. Ante la denuncia, ratificada por la Inteligencia Naval y elevada al ministro de Educación de Bueno Aires, una pareja de docentes fue declarada cesante en instituciones estatales, pero no en el instituto, de gestión privada. El intendente señaló que era urgente la intervención del instituto «para que el mismo sea depurado de todo riesgo extremista», mientras un inspector de enseñanza privada manifestó igualmente que el alumnado «se encuentra totalmente integrado con las ideologías izquierdistas».

Al mes siguiente, en octubre de 1976 se inició una investigación sobre una profesora de castellano de la escuela Nicolás Avellaneda de Villa Martelli, partido de San Martín. El director del establecimiento informó que hacía mucho tiempo que sospechaba de ella por observaciones que le hacían otros profesores e incluso alumnos de confianza, que le advirtieron sobre su orientación maoísta 33. Mientras en el caso del intendente municipal nos encontramos con el caso de un funcionario con una responsabilidad política que no podía sino implicar su adhesión ideológica al régimen militar, en los otros casos nos encontramos con funcionarios de bajo rango (directores de escuela, supervisores) que parecen haber internalizado los postulados del régimen. Aunque no podremos conocer las motivaciones últimas de sus acciones, no podemos verificar que en la práctica asumieran la conducta que el régimen les solicitaba o que decidieran espontáneamente incriminar a otros ciudadanos. Resultaron, además, como observamos en la documentación, mediadores entre las preocupaciones o incluso las denuncias recibidas de otros profesores, padres o estudiantes y las instancias específicamente represivas 34.

Estos casos representan perfectas ilustraciones de las posiciones de Vezzetti y O’Donnell que hemos señalado antes en tanto en cuanto brindaron su apoyo mediante la delación o la adhesión y la difusión del discurso del régimen, formando así parte, a través de unas conductas que diseminaban el autoritarismo y el miedo, si no necesariamente de la maquinaria criminal de la dictadura, de las condiciones que hicieron posible el despliegue del terrorismo dictatorial.

El miedo en la escuela

El 19 de junio de 1981 un joven de dieciséis años, estudiante en un colegio secundario en la capital federal, se presentó junto con su madre en la comisaría de Lanús. El joven denunció que el profesor de matemáticas y química, cuando se refería a temas ajenos a los de su materia, hablaba «en desmedro de nuestra patria», afirmando, por ejemplo, que en caso de producirse una guerra con Chile «la vamos a perder dado que nuestros militares son inútiles», agregando que «la organización militar y tipo de vida de nuestro país es pésima» 35. A eso se sumaba el proceder de otros alumnos, como, por ejemplo, una compañera de entre dieciséis y dieciocho años que era «adepta a propugnar las ideas socialistas» y hablaba con frecuencia de la revolución. Esta estudiante no iba con frecuencia a clase, ya que no le interesaba el estudio, «sino la propaganda política». Además, en una de las paredes del establecimiento se había pintado una hoz y un martillo. El expediente continuaba con un favorable informe sobre el denunciante y su familia, calificada como educada y armónica, aunque no se pudo verificar la denuncia por problemas jurisdiccionales.

En diciembre de ese mismo año, una joven docente de Lomas del Mirador, La Matanza, recibió una invitación de una colega, profesora de filosofía, para asistir a un centro de perfeccionamiento docente en psicopedagogía en el barrio de Palermo. La denunciante concurrió alguna veces, mientras lo consideró normal, hasta que la profesora se personó en su domicilio para tener una charla sobre temas políticos en la que, según señaló, le exigió que se definiera. La profesora le dio a entender a la denunciante que su marido era «un subversivo muerto», aunque no lo dijo abiertamente. La charla terminó cuando la denunciante le manifestó que no estaba interesada. Pasados unos días se presentaron en su domicilio dos jóvenes. Ante lo ocurrido, la joven «tiene temor de haber quedado registrada en alguna lista que no sabe adónde puede estar o quién la puede tener», ya que las personas conocían su dirección y teléfono. Preocupada por ello y estando emparentada con un oficial subalterno de la policía de Buenos Aires puso en conocimiento lo ocurrido 36.

Dos factores parecen explicar este caso. Por un lado, estar emparentada con un miembro de la policía implicaba que la denunciante pertenecía a uno de los círculos que más estrechamente compartía las perspectivas dictatoriales. Por otro, el omnipresente factor del miedo, lejos de paralizarla, la llevo a denunciar a otros en una maniobra defensiva. Nada sabemos, en cambio, del adolescente de Lanús más allá de su decidida aceptación del lenguaje emitido desde hacía ya un lustro por los voceros dictatoriales. Este tipo de denuncias nos permiten pensar en la fuerza de la propaganda dictatorial y de un discurso antimarxista que, aunque central para el régimen militar, resultaba muy anterior en el tiempo y era portador de un sistema de creencias que se expandía mucho más allá de los límites de los círculos estrechamente ligados al gobierno dictatorial.

En la universidad

En marzo de 1977 se inició un expediente originado por la recepción de dos notas, originalmente enviadas a la Secretaría de Informaciones del Estado, escritas por una graduada de la Universidad Nacional de Luján que denunciaba a la cátedra de química orgánica de la Facultad de Ciencias Exactas como un «ente de alto marxismo» 37. La denuncia reúne todas las características de la delación instrumental, ya que su autora explicaba que se ha visto relegada en esa cátedra por la improbable causa de que los profesores que la encabezaban, de orientación izquierdista, sólo favorecían a aquellos asistentes con los que tenían afinidad ideológica o bien a los que pertenecían a la clase alta.

El siguiente expediente no es en sentido estricto una denuncia, sino una larga carta en la que una profesora de la Universidad Nacional de La Plata, separada de su cargo en agosto de 1977, se defiende de una denuncia buscando disipar ante el rector «cualquier imputación de cualquier índole» 38. Para ello repasa su actuación docente —incluyendo los cargos de responsabilidad institucional en el periodo dictatorial anterior y los maltratos a los que fue sometida en el periodo democrático abierto en 1973— y sus convicciones católicas, reforzando su defensa con una nota del rector de la Universidad Católica Argentina, monseñor Octavio Derisi, que garantiza el total apartamiento de la profesora de «toda ideología extraña a nuestro ser nacional y cristiano». Se trata, evidentemente, de una clara manifestación de adhesión ideológica a un régimen al que le reclama justicia ante un agravio, empleando en su defensa unas armas que resultaban el reflejo invertido de la delación.

Un conflicto de larga data

El 22 de julio de 1976 se inició un expediente de investigación sobre profesores del Colegio Nacional de Carlos Casares. El procedimiento había comenzado el 29 de junio con la presentación de una nota dirigida al ministro del Interior, general Eduardo Albano Harguindeguy, firmada por «un grupo de padres». La misiva comenzaba manifestando la identidad de convicciones entre los firmantes y el ministro: «Nos dirigimos a Ud. luego de haber escuchado su alocución instándonos a proteger a nuestros hijos de los tentáculos de la guerrilla, que, como bien usted lo expresara, no ha vacilado en causar la destrucción en el seno de la familia usando almas puras y corazones generozos [sic] como las víctimas de esta desgraciada tragedia» 39. El motivo de la comunicación residía en «rogarle que aleje de nuestros hijos a un grupo de profesores del Colegio Nacional de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, quienes con ideas marxistas no vacilan en tratar de adoctrinarlos en todo momento, ya sea por el diálogo que le permiten las materias que ejercen o por literatura que usan y exigen sea leída por el alumnado. Tal es el caso del libro Las venas abiertas de América Latina, impuesto por una de las profesoras» que ya había motivado el año anterior la queja de un grupo de padres. Sin embargo, dicha solicitud no había prosperado debido a que —afirmaban— el Ministerio de Educación estaba en aquel momento en manos de «hombres con ideas marxistas». La nota lamentaba que, aunque una de esas profesoras había sido dejada cesante de un colegio particular, seguía, sin embargo, ejerciendo en el Colegio Nacional y se reunía «en distintos domicilios con elementos también comunistas, algunos de ellos también profesores, todos activistas comunistas con antecedentes policiales». Debido a eso sostenían que separando a estos profesores del Colegio Nacional se lograría «erradicar un peligro que acecha a nuestros hijos» y que les preocupaba hace mucho tiempo. Los padres —afirmaban— recurrimos «a usted no con el afán de hacer una denuncia y generar persecución, sino con la convicción de que sus palabras fueron también las palabras de un padre». La nota fue remitida por el Ministerio del Interior al ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires generando el expediente que nos permite reconstruir esta historia. Los informes policiales del 3 y 5 de agosto de 1976 señalaban que el conflicto en realidad se remontaba a varios años atrás, ya que en 1971 en el periódico local El Oeste se había sindicado a una de las docentes como comunista y se pedía su expulsión. En 1973, según informa el legajo, una de ellas y otro profesor en la escuela nocturna habían formado parte de la Junta Promotora del Encuentro Nacional de los Argentinos (en el que, en efecto, participaba el Partido Comunista) en Carlos Casares 40.

En junio de 1974 un grupo de padres había cuestionado el uso de Las venas abiertas de América Latina, el célebre libro de Eduardo Galeano, como material de consulta de las materias de Historia y Estudio de la realidad social argentina, empleado y defendido por las docentes ahora nuevamente acusadas, que eran además, según el informe, el alma mater de la biblioteca José Ingenieros, de orientación izquierdista. El incidente de junio de 1974 trascendió los límites del Colegio Nacional, ya que en El Oeste se publicó, bajo el título de «Adoctrinamiento comunista en el Nacional», la noticia de que cincuenta o sesenta padres habían protestado por el uso del libro de Galeano y se exigió a las autoridades escolares que prohibieran el uso del libro como texto de estudio y que se sancionara a las profesoras que lo empleaban 41. En esa ocasión, el rector del Colegio Nacional había sancionado a la profesora y elevado un informe al Ministerio de Educación para que se pronunciara sobre la conveniencia o no de emplear el libro como bibliografía. Las autoridades ministeriales consideraron que la elección de la bibliografía era atribución del departamento al que pertenecía la profesora y no consideró la sanción del rector.

En 1976 un informe secreto contenido en el expediente de la inteligencia policial señalaba que en el mes de noviembre la rectoría sancionó a una profesora por recomendar un solo texto considerado tendencioso e inconveniente para el polémico tema de «La revolución». Se trataba de El mundo en que vivimos, de Ezequiel Ander Egg, considerado inconveniente y tendencioso 42. En esa misma época un padre manifestó su disconformidad porque otra docente empleaba bibliografía que en su opinión «incita[ba] a la violencia». Ese mismo año se recibió la inquietud de varios padres «que no desearon realizar una declaración formal de queja» debido al disgusto que sienten por el «adoctrinamiento izquierdista» por parte de una profesora de historia, pero que se acentúa más en la biblioteca pública José Ingenieros a donde se ven compelidos a asistir sus hijos para realizar trabajos de investigación. Dicha institución, según la opinión de los padres que consigna el informe, se convirtió en «un verdadero centro de adoctrinamiento marxista-subversivo» 43.

Conocemos el desenlace de esta historia. En un recorte de El Oeste de 13 de abril de 1978 incluido en el legajo se informa que el Ministerio de Educación dio de baja por razones de servicio a la profesora cuestionada en la última queja, a quien le fue aplicada la ley de prescindibilidad en relación con los trámites sumariales iniciados dos años atrás debido al apercibimiento que le hiciera la rectoría por el uso indebido de El mundo en que vivimos. Con anterioridad habían sido dejados cesantes los otros dos profesores cuestionados 44.

También conocemos la reflexión del anónimo agente de inteligencia policial que redactó este informe: «Esta circunstancia obedece al hecho de que la gente asocia las muertes de las guerrilleras ... y ... oriundas de Carlos Casares, y que pasaron por las aulas del colegio nacional del lugar, las cuales fueron alumnas o tuvieron contacto con la mencionada ... viéndose acrecentada la asociación al salir a la luz las actividades del guerrillero prófugo ... también de la mencionada ciudad» 45.

En efecto, sabemos hoy que la pequeña localidad bonaerense cuenta con seis desaparecidos o asesinados durante la dictadura iniciada en 1976: Graciela López, Mirta Aguilar, Alejandro Gutiérrez, Alicia del Fabro, Horacio Campioni y Ernesto Silver 46. En tal sentido no se puede ignorar el efecto del miedo como motor de las denuncias, dado su carácter productor de sujetos políticos que obedecen «absoluta pero voluntariamente» 47. Pero a ese factor se deben sumar al menos dos. Resulta evidente que nos encontramos frente a una disputa ideológica, dado el lenguaje empleado durante años en las imputaciones a las profesoras y el carácter público que adquirió el conflicto en la localidad. En otras palabras, el sentido estrictamente político de la denuncia, que expresaba la adhesión a los postulados del régimen, no puede ser ignorado. Al igual que en el caso tratado por Mora González Canosa, podemos sostener que la dictadura militar permitió la resolución de conflictos políticos de larga data a favor de los sectores solidarios con sus posiciones, a los que les posibilitó evitar las vías institucionales en las que habían fracasado con anterioridad al dirigirse directamente a las autoridades militares o policiales. Así pues, como en tantos otros campos, se delegó en los cuerpos represivos la resolución de esos conflictos con el fin de garantizar que los sectores más conservadores se asegurasen el control de las instituciones en que trabajaban.

A modo de cierre

Como señalamos en este artículo, la dictadura argentina durante la fase más sanguinaria de sus tareas represivas no se basó —o al menos no en lo fundamental— en las denuncias anónimas formuladas por ciudadanos comunes. Sin embargo, estas denuncias existieron en una dimensión que al menos por ahora no podemos medir. No debe esto sorprendernos, dado que la denuncia es una práctica que existe en distintas sociedades y regímenes políticos, y que puede potenciarse cuando, como en el caso que analizamos, el régimen dictatorial incitaba abiertamente a la delación. Una prolongada tradición antiizquierdista que asumió en los años previos a la implantación de la dictadura militar los rasgos propios del imaginario anticomunista y antisubversivo, sin duda permeó a sectores amplios de la sociedad, generando las condiciones para que algunos ciudadanos decidieran delatar a otros de manera espontánea o respondiendo a las convocatorias formuladas desde las distintas instancias estatales.

Los motivos de las delaciones fueron múltiples, en una gama que va desde la identificación ideológica con el régimen al uso instrumental de las mismas con la esperanza de que los denunciados resultaran castigados. Naturalmente estos elementos pudieron mezclarse en las denuncias, al igual que la presencia del terror se articulaba con la aceptación o hasta la complicidad, llevando a denunciar para no ser confundidos con los denunciados o a denunciar para proteger a los propios de las malas influencias o de las sospechas. En tal sentido, sostenemos la existencia de un continuum entre el miedo y el tipo de actitudes fomentadas por el régimen dictatorial, dejando de considerar el terror como un elemento que induce sólo al silencio y la pasividad para pensarlo en su dimensión de productor de subjetividades obedientes y potencialmente punitivas. El cumplimiento de los roles de supervisión y vigilancia de los funcionarios públicos también fue una motivación, como hemos visto, para denunciar a los calificados de izquierdistas.

Es altamente probable que no todos los denunciantes tuvieran plena conciencia de las consecuencias últimas de esa práctica, sobre todo teniendo en cuenta que la modalidad de la represión, a la vez visible e invisible, oficial y clandestina, determinó que las personas pudieran dar cuenta de la situación con un «amplio margen para construir su interpretación y para “decidir” ver o no ver, saber o no saber, entender o no entender» 48. Sin embargo, en los casos que analizamos lo que se le solicitaba generalmente a la autoridad era que, al menos, se separara a los denunciados de sus puestos de trabajo en la docencia, lo que no resulta en absoluto una sanción menor. La recurrencia de afirmaciones en el mismo acto de la denuncia sosteniendo que no se estaba realizando una práctica de delación da cuenta de la naturaleza ambigua del fenómeno y quizás de los problemas de conciencia de quienes lo ejercían. Probablemente esas protestas de no ser delator expresasen la imposibilidad de responder fielmente a las incitaciones estatales y de mantenerse a la vez leal a las normas no escritas que regulan la vida ciudadana y que consideran la delación un acto denigratorio para quien la lleva a cabo, sobre todo si esa práctica pone en peligro la vida o la libertad del denunciado y más aún si el denunciado y el denunciante se conocen.

En este sentido, consideramos las denuncias como un indicador de cercanía al régimen militar, sea por la aceptación lisa y llana de sus postulados o por la confianza en que el marco dictatorial permitía el éxito de ciertas demandas instrumentales. Aunque —con la elusividad que caracteriza las actitudes sociales— hasta en estos casos resulta más productivo pensar en términos muy matizados más que en clasificaciones de tipo binario, las experiencias que recogimos en este trabajo no dejan dudas acerca de la diseminación social del discurso «antisubversivo» usado hasta el hartazgo por los voceros del régimen. Para conocer la magnitud de su extensión y profundidad se requerirá, en la medida en que el acceso a nuevas fuentes lo permita, la multiplicación de análisis de casos que hagan a su vez posible captar la profundidad del impacto del terrorismo de Estado en este campo, así como el peso en las prácticas de delación de los alineamientos políticos y pertenencias sociales de los sujetos considerados.