Ayer 115/2019 (3): 51-75
Sección: Dosier
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2019
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/115-2019-03
© Frédéric Monier
Recibido: 20-01-2017 Aceptado: 04-05-2018
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

¿Un «régimen honesto»? Soberanía y virtud en la República francesa (1870-1940)

Frédéric Monier

Université d’Avignon/Centre Norbert Elias
frederic.monier@univ-avignon.fr

Resumen: Francia, entre los años 1880 y 1930, tuvo la reputación de ser el país europeo más castigado por la corrupción, con numerosos escándalos mediáticos. Promotor de una moral pública procedente de la Revolución francesa que vincula la soberanía a la virtud, el régimen de la Tercera República debería probar su honestidad para demostrar su legitimidad para gobernar. Como se demostrará en el artículo, la frecuencia de escándalos tiene que ver con conflictos ideológicos muy duros —entre republicanos y nuevos actores críticos de derecha y de izquierda—, pero también con consensos sobre valores compartidos —el temor de la degeneración nacional y el derecho a la indignación cívica—.

Palabras clave: elecciones, valores cívicos, escándalos mediáticos, republicanismo, corrupción.

Abstract: From 1880 to 1930, France had the reputation for being the European country that suffered most from the plague of corruption, an impression driven by the abundance of media-driven scandals. The Third Republic embraced the public moral of the French Revolution which linked sovereignty and virtue, and, for this reason, honesty had to be proven in order to gain legitimacy to govern. The article demons­trates that the abundance of scandals was not only a result of intense ideological conflicts between republicans and new critical actors from the left and the right. Scandals were also a result of the forging of a new consensus and system of public values based upon the fear of national decay and the right to civic indignation.

Keywords: elections, civic values, media scandals, republicanism, corruption.

Para sus adversarios, la Tercera República francesa, establecida por las leyes constitucionales de 1875, era un régimen que se caracterizaba por la corrupción. Entre la primera década y los años treinta del siglo xx, sus detractores abundaron en la impresión de una lamentable acumulación de escándalos político-financieros; idea muy extendida no solo entre sus rivales políticos, sino también entre algunos artistas y hombres de letras. En 1926, Paul Valéry se burlaba de los «intelectuales» al referirse a París como una «especie de comedia de lo que pasa en la Historia»: «no había otro ruido en esta República más que de escándalos, de fortunas fulminantes o fulminadas, de conspiraciones y de atentados» 1. Para muchos, semejante sucesión de casos tenía un claro significado: se trataba de un signo de inmoralidad. En 1938, al volver la vista atrás sobre la «serie de escándalos» que habían estallado en el país desde los inicios del régimen republicano, el novelista Marcel Aymé consideraba que el primero de ellos —el conocido como escándalo de las condecoraciones de 1887— había sido «algo excelente». «No es bueno, en efecto», añade Aymé, «que un pueblo albergue demasiadas ilusiones en el régimen, puesto que de este modo queda expuesto a grandes decepciones, cuyas consecuencias pueden resultar peligrosas» 2. A la par que cínica, la sentencia pretendía ser ingeniosa.

Dos años después, en 1940, el régimen republicano se derrumbaba fruto del impacto de la derrota frente a Alemania. Al mariscal Pétain y a los fundadores del Estado francés de Vichy no les resultó complicado denunciar en este contexto el fracaso moral de la República. El socialista Léon Blum, jefe del primer gobierno del Frente Popular en 1936, fue encarcelado por orden de Pétain. Ante las acusaciones de haber llevado al país a la derrota, escribió un ensayo en prisión en el año 1941 en el que defendía los ideales democráticos. «En general, la Tercera República, al igual que la segunda y la primera, ha sido un régimen honesto [...]. Los parlamentarios republicanos eran, en su gran mayoría, personas íntegras, o al menos formaban un colectivo con costumbres íntegras» 3.

¿Cómo entender la importancia que le otorgaron en su momento gobernantes, intelectuales, así como un buen número de ciudadanos de a pie, a aquellos juicios por inmoralidad instruidos contra el personal político de la República, cuando no contra el propio régimen? ¿Por qué la corrupción resultó un factor decisivo en la comprensión de la Tercera República y de su legitimidad? El propósito del presente estudio es aportar algunos elementos de respuesta a estas preguntas a la luz de las más recientes investigaciones.

En efecto, a partir de los años sesenta la historiografía se ha venido ocupando ampliamente de los escándalos relacionados con este periodo 4. La inmensa mayoría de los casos que estallaron entre 1880 y 1935 ha dado pie a diferentes trabajos que aportan puntos de vista esclarecedores tanto sobre las prácticas vinculadas con la colusión y los intereses de diversas elites como sobre el mundo de los negocios, el alto funcionariado o el ámbito de la política 5. No obstante, salvo contadas excepciones, dichas investigaciones han mostrado escaso interés por las distintas percepciones de la corrupción y los debates en torno a ella. Por lo general, se ha considerado el concepto de corrupción como una categoría explicativa establecida de antemano, en lugar de tratarla como un fenómeno histórico con un contenido plural, ambivalente y variable 6.

La corrupción merece, sin embargo, ser estudiada históricamente como concepto político, es decir, como un conjunto de representaciones construidas en respuesta a lo que los contemporáneos perciben «de forma más o menos confusa como un problema» 7. Esta perspectiva científica, distinta de las expuestas anteriormente, fundamenta un importante número de estudios en torno a estas cuestiones llevados a cabo en varios países europeos desde la primera década del nuevo milenio. En Francia, estas nuevas aportaciones han reavivado el interés por el estudio de los fenómenos de mediatización y de movilizaciones políticas relacionados con estos escándalos 8. Una de las ideas que se desprende de dichas investigaciones, en concreto de los trabajos de Jens Ivo Engels, es la consideración de la corrupción como un concepto clave de la modernidad política —al mismo nivel que la libertad o la igualdad de derechos— 9. Su contenido, o su carácter, «no se revela sino en el transcurso del desarrollo histórico», retomando la formulación de Pierre Rosanvallon, en este caso a partir de finales del siglo xviii 10.

Esta interpretación general nos invita a dejar de lado la visión franco-céntrica de un régimen republicano profundamente corroído por la corrupción. Visión que no solamente corresponde a las posiciones acusadoras o críticas de un cierto número de contemporáneos, sino, asimismo, a una constatación muy frecuente por parte de la historiografía, que ha llegado a ver en la República francesa un lugar privilegiado para la indignación, a juicio de Paul Jankowski, o para la venalidad política, en el caso de otros autores 11. La adopción de otras perspectivas de análisis y la comparación con otros países europeos o norteamericanos nos encaminan hacia una hipótesis distinta. Incluso antes del estallido de los primeros escándalos, la República francesa ya había convertido la moralidad pública en la condición por excelencia de su legitimidad.

Según la hipótesis que presentamos aquí, el régimen, tal como lo concibieron los republicanos en la década de 1870, se veía a sí mismo como una empresa política de moralización colectiva. Dicho de otro modo, los discursos éticos e ideológicos sobre la corrupción fueron interpretados a la vez como juicios críticos sobre la modernidad. Ello se debe al hecho de que, en Francia, la modernidad estaba ligada de forma inextricable a un régimen republicano que pretendía, según su cuenta y riesgo, ser el único proyecto político capaz de llevarla sobre sus hombros, de asumirla. Con todo, cada affaire político-financiero volvía a poner en juego la cuestión de la honestidad del régimen. Lo que en el fondo se debatía era la capacidad de la República para modernizar al país respetando la moral del bien público o, mejor dicho, del interés general.

«¡A los más sabios! ¡A los más dignos!»

En un discurso pronunciado en Burdeos el 26 de junio de 1871, Gambetta presentaba a modo de exhortación la consigna de los republicanos, a quienes lideraba por aquel entonces: «¡A los más sabios! ¡A los más dignos!». El poder no tiene que recaer sobre herederos de dinastías, sino sobre aquellos que han sido designados por la democracia mediante sufragio universal. La cuestión es, de hecho, recordar un principio ideológico en presencia de los adversarios monárquicos y bonapartistas que disponen de la mayoría en la Cámara elegida en febrero de 1871: «No es una fórmula nueva para los republicanos, sino su dogma: atribuirle funciones públicas únicamente al mérito y a la virtud. A ese respeto al mérito y a la moralidad es a lo que en vano hemos invitado al Imperio; precisamente nuestra oposición era entonces irreconciliable y revolucionaria porque la moral se opone a toda transacción con un poder que se basa en el crimen y se mantiene por medio de la corrupción» 12. El término «dogma», que Gambetta toma del lenguaje eclesiástico, arroja luz sobre esas morales políticas, principalmente revolucionarias, cuya repercusión en la Francia del siglo xix ha sido puesta de manifiesto por algunas investigaciones recientes 13.

¿De dónde proviene dicho dogma? Gambetta no hace ninguna referencia explícita a los discursos que fueron pronunciados sobre el tema durante la Revolución francesa, concretamente a los de Maximilien Robespierre, como el «Informe sobre los principios de moral política», del 27 de pluvioso del año II (febrero de 1794). Esos discursos habían sido reeditados a finales de la década de 1860 y, de hecho, en las palabras de Gambetta resuena el eco amortiguado de las fórmulas acuñadas por Robespierre, «el Incorruptible» 14. Es posible observar entre esta generación de republicanos de los años 1860-1870 una forma de herencia intelectual de la Revolución francesa en lo referente a la concepción de la virtud. Numerosos trabajos, como los de Marisa Linton, han mostrado el papel determinante de la virtud en la formación de los republicanismos de finales del siglo xviii 15. Así, se concebía la virtud, inspiradora del «sincero amor de las leyes y de la patria», según una expresión de Montesquieu que Robespierre retomó palabra por palabra, como el fundamento de un nuevo orden político. La virtud implicaba, siempre según Montesquieu, «que se prefiera de continuo el interés público al propio» 16. Aparecía, por tanto, para los jacobinos, como un remedio a la degeneración ineludible de las sociedades corrompidas por la monarquía 17.

La ruptura voluntaria con la sociedad del Antiguo Régimen llevada a cabo por los revolucionarios franceses dejó profundas huellas entre los republicanos y los liberales de los años 1860-1870. Entre ellas, la imagen de la corrupción como síntoma de arcaísmo o de un estado de cosas antiguo. El Gran diccionario universal del siglo xix, publicado bajo la dirección del republicano Pierre Larousse a partir de finales de la década de 1860, da buena fe de tal convicción. El artículo dedicado a la «corrupción» señala que, tanto en Gran Bretaña como en Francia, la venalidad de los funcionarios y de los representantes parecía haber disminuido. En resumen, para el autor de dicho artículo, «la verdadera corrupción ya no existe, habría que ir a buscarla a aquellos países de los que todavía no ha sido expulsada por la civilización, por ejemplo Rusia» 18. La fe, muy extendida por aquel entonces, en el progreso moral, indisociable del proceso civilizador, llevaba a identificar la corrupción con el atraso 19.

El contexto de los primeros años de la década de 1870 contribuyó a reavivar estas creencias y convicciones políticas, que gozaron en este periodo de una suerte de segunda juventud. Buena parte de culpa debe atribuirse a la derrota del país frente a Alemania, consumada en 1871 con la proclamación del imperio alemán en Versalles. El impacto provocado por el desastre nacional sitúa en primer plano una cuestión relacionada no tanto con las responsabilidades de la debacle, generalmente imputada al Segundo Imperio, como con los medios de sobreponerse a ella. En una conocida obra publicada en 1871, Ernest Renan hizo hincapié en La reforma intelectual y moral de Francia 20. Por su parte, Edgar Quinet, republicano de extrema izquierda, se sumó al debate en 1872 con La República. Condiciones para la regeneración de Francia 21. El término regeneración, del que por cierto Quinet no ofrecía una definición de fondo, seguía estando fuertemente connotado y aparecía vinculado tanto a la Revolución francesa como al republicanismo. No cabe duda de que sería inexacto, por no decir excesivo, hablar de un regeneracionismo francés liderado por los republicanos. En este sentido, la heterogeneidad de las filiaciones intelectuales de los fundadores de la República, muy bien documentada en los trabajos de Sudhir Hazareesingh, debería invitarnos a la prudencia 22.

Esta reflexión sobre la reforma o la regeneración nacional facilitó a los propagandistas republicanos la tarea de equiparar a sus adversarios políticos con hombres venales que se dedicaban a corromper, que estaban dispuestos a devolver al país a un estado anterior y, por tanto, a obstaculizar el progreso. En el que acaso sea su discurso más célebre, el pronunciado en Lille el 15 de agosto de 1877, Gambetta estigmatizó a aquellos que deseaban «traer de nuevo la monarquía a este país». En su opinión, algunos de ellos —los orleanistas— querían restablecer «la monarquía contractual con ese lado oligárquico, ávido y corrupto que constituía la seña de identidad de la monarquía de Julio» entre 1830 y 1848 23. Los otros, entiéndase los bonapartistas, se encontraban «siempre al acecho de los puestos por recuperar, de los apetitos por satisfacer». Los primeros encarnaban a un tiempo la degradación moral y la deshonra nacional. El de los bonapartistas, afirmaba Gambetta recordando tanto las guerras del primer Imperio como las del segundo, «es el partido que no conoce otra cosa salvo su propia avidez y sus apetitos; es el partido que al extranjero le gustaría ver de regreso, porque dicho partido solo tiene un nombre en nuestra historia: ¡es el partido de la invasión!» 24.

La lucha política que emprendieron los republicanos en nombre de la moral y de la virtud se desarrolló, entre 1871 y 1877-1879, en dos terrenos fundamentales: por un lado, el control de la prensa y, por otro, el de las elecciones. Se denunciaron vehementemente durante cada campaña electoral tanto la censura como las presiones administrativas ejercidas sobre los periódicos de la oposición. Se estigmatizaron los periódicos monárquicos, bonapartistas o simplemente conservadores, al tratarse, como señalaba Gambetta en 1877, de «plumas venales y corruptas» que se dedicaban a expandir una «corriente cargada de baba y basura». El punto álgido de esas luchas tuvo lugar con motivo de las elecciones, que tras el aplastamiento sangriento de la Comuna de París en la primavera de 1871 se habían convertido en el único medio legítimo y socialmente aceptable de tomar decisiones sobre las futuras instituciones del país. Recientes investigaciones han demostrado que la década de 1870, en concreto los años 1877-1878, es la que presenta el mayor número de elecciones invalidadas dentro del periodo transcurrido entre 1848 y 1932 25. Invalidaciones relacionadas con denuncias por fraude electoral, que en varios casos aparece tipificado directamente como corrupción 26. Por su parte, las estadísticas penales del periodo 1825-1936 confirman que la cifra anual de condenas a funcionarios por corrupción alcanza sus máximos en 1876-1878 27.

Estos indicadores dan buena cuenta de la dureza de las luchas políticas y electorales que se produjeron durante este periodo. Se trataba de enfrentamientos en los cuales estaba en juego la definición de nuevos umbrales de legitimidad y tolerancia social con respecto a las prácticas de poder e interés. Fue precisamente a través de dichas pugnas como la República logró adjudicarse mayorías electorales y conquistar los distintos poderes a escala local y nacional antes de proceder a remodelar las normas legales. La lucha contra el fraude y la corrupción acompañó a la voluntad de inculcar un ideal de virtud cívica a todos y cada uno de los ciudadanos 28. Por tanto, cabe señalar que la gestación de la civilización electoral y la concepción de la República liberal y parlamentaria no pueden disociarse de los conflictos políticos y las fricciones ideológicas que acabamos de señalar. Conflictos que convirtieron la corrupción en un mal que debía ser rechazado y proscrito con el fin de llevar a cabo una regeneración o una reforma moral de la nación. En otras palabras, al conquistar el poder y ocuparlo a partir de 1879, los republicanos se encargaron de proclamar que la historia tenía un sentido ético y que la soberanía nacional estaba irremisiblemente ligada a la virtud pública.

«La publicidad independiente»

Los primeros escándalos político-financieros surgieron a partir de la década de 1880 y salpicaron de forma notable a los políticos republicanos. Cabe señalar, no obstante, que entre 1870 y 1890 los escándalos de corrupción se multiplicaron en varios países. En Francia, al igual que en otros lugares, la mediatización de los acontecimientos extendió el debate a todo el ámbito público: los enfrentamientos tuvieron lugar simultáneamente en la prensa, en el Parlamento y en las salas de audiencia, cuando no directamente en los tribunales. Sin embargo, a diferencia de otros países, dichos conflictos políticos vinieron rápidamente marcados en Francia, y particularmente en París, por las manifestaciones en las calles. A finales de 1887, la Cámara Baja y el Senado solicitaron al presidente de la República, Jules Grévy, que abandonara el cargo al estar directamente implicado en lo que se dio en llamar el escándalo de las condecoraciones, cuyo principal protagonista era su yerno, Daniel Wilson 29. El 1 y el 2 de diciembre se produjeron en París sendas manifestaciones: parte de la prensa, preocupada por el «inquietante giro» de los acontecimientos, le atribuyó la responsabilidad de los mismos a la «testarudez» y a la «presunción» del jefe del Estado, que acabó por dimitir al cabo de la segunda jornada de protestas 30.

En definitiva, desde la «mediatización» del primer escándalo de gran importancia, el propio régimen fue el que, de alguna forma, puso en entredicho su funcionamiento ordinario —eran los miembros del Parlamento quienes debían forzar la dimisión del jefe del Estado—, exponiendo así su propia legitimidad a las críticas. El 1 de diciembre de 1897, algunos manifestantes entonaron el «ça ira» en contra de los diputados 31 —la canción, de origen revolucionario, da buena cuenta del cambio que estaba teniendo lugar en ese momento—. Las propias normas republicanas se utilizaron para establecer un juicio crítico contra algunos políticos republicanos, como es el caso de Jules Grévy, que había formado parte de la resistencia al golpe de Estado de Luis Napoleón Bonaparte en 1851. Dichas normas culturales se emplearon en contra del conjunto de la clase política. Algunas investigaciones recientes han mostrado la estrecha relación que existe entre la «mediatización» de los casos de corrupción y diversas formas populares de expresión política, tal como la canción, de marcado carácter antiparlamentario 32. El ejemplo más conocido es la canción «Ah, qué desgracia tener un yerno», compuesta a finales de 1897 a modo de burla del presidente Grévy. El antiparlamentarismo de la canción se nutría de los escándalos, que modificaron profundamente la percepción que se tenía de la corrupción. En otras palabras, la comprensión del concepto político de corrupción, que desde la Re­volución francesa y Robespierre ocupaba un lugar importante en el proyecto republicano, estaba cambiando, sobre todo tras el escándalo de Panamá, cuyo estallido se produjo a finales de 1892. Un determinado número de observadores y de comentaristas empezó a sostener, como apunta Maurice Block, que «la virtud (en la acepción que le atribuye Montesquieu) no impide que una democracia se corrompa» 33. Todo parecía indicar, por el contrario, que «lo que ejerce la función moralizadora en los gobiernos libres es la publicidad», entendida aquí en el sentido primero de notoriedad pública. «La corrupción», añade Block, «no puede resistir durante demasiado tiempo los ataques en la Cámara, en la prensa, en los panfletos» 34. Para muchos republicanos de los años 1860-1880, la publicidad era una consecuencia benéfica de la Revolución francesa: «Al igual que Minerva del cerebro de Júpiter, [la publicidad] salió armada de la cabeza a los pies, completamente organizada, de la tormenta que estaba creando el nuevo régimen al mismo tiempo que destruía el Antiguo; era lógico, inevitable», puede leerse en el Gran diccionario universal del siglo xix, de Pierre Larousse 35.

Así entendida, la publicidad tiene dos características que nos conviene señalar para ilustrar nuestro razonamiento. La primera es su estrecha relación con la soberanía. Se considera que la publicidad «salvaguarda la soberanía nacional, la libertad, la igualdad» 36. La segunda característica importante es su dimensión pluralista. La publicidad no atañe únicamente a las acciones del poder, es la sociedad civil quien debe disponer del derecho a la expresión pública. Dicho de otra forma, sin el «libre ejercicio de la publicidad independiente» no habría República 37. Esto último se aplicaba igualmente a la «publicidad de los negocios», y en este sentido los republicanos de los años 1860-1880 habían aprendido la lección del segundo Imperio: sin publicidad comercial alejada de las manos del poder no podría existir una verdadera libertad de prensa.

La creencia en la publicidad como salvaguarda de la soberanía desdibuja la frontera entre la vida pública y la vida privada. En efecto, los mecanismos de revelación periodística se tradujeron, en varios países europeos, en la publicitación de secretos o informaciones que pertenecían a la esfera de lo íntimo: se trataba de «secretos públicos», según la formulación de Frank Bösch en su estudio dedicado a los escándalos de corrupción en Gran Bretaña y Alemania antes de la Primera Guerra Mundial 38. En Francia, un buen número de panfletistas argumentaron a favor de la desaparición de la frontera entre lo privado y lo público en nombre de la lucha por la moralización del poder: «La distinción entre la vida pública y la vida privada pertenece a la casuística de Tartufo. Un hombre público pertenece al público. En su totalidad [...]. En el momento en que se separa la vida privada, para hacerla inviolable, de la vida pública, sometida a discusión, es cuando se llenan las Asambleas de estafadores, de corruptos, de maquinadores dispuestos a todo [...]. ¡Vida privada! ¡Silencio forzado! ¡Procesos por difamación!» 39.

Dicho de otro modo, la Tercera República, tal como se organizó a partir de los años 1880-1890, facilitó la expresión pública gracias a la ley de libertad de prensa de julio de 1881 y a una aplicación relativamente liberal de los textos represivos correspondientes 40. Para algunos comentaristas, esta publicidad «independiente» no era únicamente una condición que permitía revelar la corrupción, es decir, los escándalos, sino también un fin o un bien en sí misma. Eran, por tanto, los debates públicos los que debían actuar como elementos moralizadores del poder, tomando en cierto modo el relevo de una virtud incapaz por sí misma de garantizar el bien común. Esto explica que en Francia, al igual que en muchos otros países europeos, los affaires de corrupción dieran lugar a una multitud de investigaciones sujetas a controversia. Los debates políticos desembocaron sistemáticamente en la creación de comisiones de investigación parlamentarias, pero también en la puesta en marcha de investigaciones periodísticas.

En este sentido, las encuestas mediáticas y políticas primaron sobre las investigaciones judiciales. La mayoría de los textos de los años 1880-1890 no le atribuyeron un lugar determinante a la sanción penal en la lucha contra la corrupción política. Esto se explica por varios factores. El primero es la reiterada sospecha —no siempre infundada— que pesaba sobre una magistratura judicial a la que se consideraba demasiado sensible a las demandas de los políticos. Una magistratura que perdonaría a los poderosos a petición de estos últimos o de sus aliados políticos. De hecho, parte del largo escándalo de corrupción conocido como «caso Rochette» gira, entre 1912 y 1914, en torno a la intervención de un político de primera fila, el ministro de Finanzas Joseph Caillaux, que obligó a un magistrado a actuar en favor del financiero estafador Rochette 41. Algunos estudios históricos han corroborado la existencia de tales presiones en otros escándalos, como, por ejemplo, el que protagonizó el ministro Jean Hennessy a finales de la década de 1920, según François Dubasque 42.

El segundo factor determinante en esta recesión de la justicia tiene que ver con la dificultad estructural para adaptar un concepto penal heredado —la corrupción de los funcionarios tal como la define el Código Penal de 1810— a las nuevas infracciones que tanto indignaban a los franceses. Esto se tradujo concretamente en el escaso número de condenas penales. Así, el escándalo de Panamá se cerró con la condena de un único político —el ministro Charles Baïhaut, convertido en chivo expiatorio—, a pesar de que las investigaciones evidenciaron que la mayoría de parlamentarios franceses recibió dinero 43. Este fenómeno se convierte en algo recurrente desde el escándalo de 1887 hasta las consecuencias del caso Stavisky a partir de enero de 1934 44. La clemencia de la justicia despertaba la incomprensión y avivaba la indignación.

El tercer factor que permite explicar el lugar secundario que ocupaba la justicia penal es el escepticismo de algunos magistrados con respecto a este tipo de diligencias penales. Georges Vibert, asesor jurídico en el tribunal de Douai, señala así en 1890 que «los culpables de los que la justicia acepta ocuparse pertenecen únicamente a la clase de los agentes subalternos» 45.

Dicho de otro modo, la corrupción era una cuestión fundamentalmente política, más que judicial. Cuestión que se solía achacar principalmente a los gobernantes antes que a los individuos culpables y sobre la que se debatía en el Parlamento, en los periódicos e incluso en las canciones. Esto se debía, por una parte, a la confianza en el carácter saludable de la publicidad —como salvaguarda de la soberanía nacional— y, por otra, al repliegue de la administración judicial, que en opinión de muchos franceses sancionaba demasiado poco y demasiado tarde. O lo que es lo mismo: la cuestión de la corrupción actuaba como un reactivo. Se trataba, por un lado, de un ácido que corroía la legitimidad moral de la Tercera República y ponía en entredicho las convenciones políticas y sociales que separaban lo público de lo privado, pero, al mismo tiempo, funcionaba como un fijador: los escándalos cumplían de forma oficiosa una suerte de función reguladora, en ocasiones con catastróficos resultados, de las relaciones de interés y de poder entre las elites.

Partidos, moral y crítica del dinero

La situación sufre, por tanto, un giro de ciento ochenta grados entre 1880 y 1914: las denuncias de la corrupción por parte de los republicanos dieron paso a las acusaciones contra la corrupción republicana. La aparición de nuevos actores críticos coincidió con un momento de reorganización de la esfera pública en toda Europa: en Francia se reconocieron los sindicatos profesionales en 1884 y se legalizaron los partidos políticos en 1901; los intelectuales, por su parte, ocuparon un papel central, que se manifestó durante el caso Dreyfus en 1898-1899. Algunos actores colectivos con ideologías novedosas utilizaron los escándalos de corrupción como arma arrojadiza en su lucha contra el régimen establecido y sus defensores.

Dos familias ideológicas juegan un papel fundamental en este proceso. En primer lugar, los nacionalistas: el diputado católico y conservador Jules Delahaye logró en 1892 que se creara una comisión de investigación parlamentaria del escándalo de Panamá gracias a las revelaciones que Édouard Drumont, promotor del antisemitismo francés, realizó en su periódico La libre parole 46. Estas relaciones entre diputados y representantes de la prensa nacionalista, así como su repercusión en la «mediatización» de los casos de corrupción, desempeñarán un papel vertebrador durante todo el periodo de la Tercera República 47. En 1914, Maurice Barrès, autor de Escenas y doctrinas del nacionalismo 48, causará sensación con la publicación de una serie de artículos titulada En la cloaca 49, que relata su experiencia como miembro de la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Rochette. Veinte años más tarde, mientras en las páginas de L’Action française se denunciaba con virulencia el escándalo Stavisky, volverá a ser un diputado «nacional», Jean Ybarnégaray, quien solicite a la Cámara, el 12 de enero de 1934, la creación de una comisión de investigación parlamentaria. Denuncia de la corrupción y antisemitismo se daban la mano en unas construcciones discursivas que insistían en la supuesta implicación de los judíos en los casos investigados, desde el barón Jacques Reinach en 1892 hasta el «meteco estafador» 50 Stavisky en 1934. Para la propaganda nacionalista, estos escándalos no hacían sino legitimar su propio antisemitismo y demostrar el carácter nocivo de un régimen al que se acusaba de precipitar la decadencia de la nación.

La otra familia ideológica con un papel activo en la denuncia de estos escándalos surgió del movimiento obrero organizado. Los socialistas, y posteriormente los comunistas a partir de 1920, se erigieron en detractores de los casos de corrupción, aunque por supuesto su perspectiva ideológica era diametralmente opuesta a la que hemos comentado más arriba. Varios dirigentes socialistas ya se posicionaron desde 1893: «Panamá no es sino un ejemplo algo más impactante, un incidente más terrible, de los escándalos y los robos que os demuestran claramente lo que es en realidad el gobierno de esta burguesía enriquecida gracias a vuestro trabajo y vuestros despojos. El oportunismo que ocupa actualmente el poder es, tras la monarquía y el Imperio, su representante criminal y corrupto» 51. Una vez más podría decirse que cada nuevo caso venía a fortalecer una ideología preestablecida: al margen de las peripecias de turno, lo importante era el «escándalo permanente de la explotación capitalista» 52, según la fórmula empleada por Louis Dubreuilh en 1910 a propósito del caso Rochette. Las fórmulas apenas variaron: en febrero de 1934, Paul Faure recuerda con respecto al caso Stavisky que «el escándalo es el régimen capitalista en sí» 53.

Frente a la corrupción burguesa, pero también frente al catolicismo con el que se identificaban muchos nacionalistas, el mo­vimiento obrero francés pretendió postularse, más allá de sus divisiones internas, en el adalid de una verdadera ética. No cabe duda de que parte del éxito cosechado por el Partido Comunista francés en 1935-1936 puede explicarse, al menos de forma marginal, por esa capacidad para erigirse en heredero de una virtud cívica de origen revolucionario y jacobino. El testimonio más conocido de esa concepción comunista del Frente Popular como expresión de la voluntad de moralizar la vida pública es el discurso pronunciado por Maurice Thorez a través de las ondas de Radio París el 17 de abril de 1936, en plena campaña electoral: «Somos el gran partido comunista, con nuestros militantes devotos y pobres que jamás han visto sus nombres manchados por un escándalo y que están fuera del alcance de la corrupción. Somos partidarios del ideal más puro y más noble que los hombres puedan proponerse».

Resulta comprensible, por tanto, que, sometido a un doble discurso crítico proveniente tanto de la izquierda socialista (y comunista) como de la derecha nacionalista (y antisemita), el régimen de la Tercera República fuera particularmente sensible a un determinado tipo de escándalos, que sus contemporáneos solían denominar «asuntos político-financieros». En lo que respecta al escándalo de Panamá (1892-1898), al caso Rochette (1908-1914), al de la Gazette du Franc con Marthe Hanau (1928-1934) o incluso al caso Stavisky (1933-1935), la cuestión gravitaba claramente en torno a las condiciones de modernización de la economía —más concretamente del sector financiero, incluso del bursátil— y al llamamiento a fomentar el ahorro público. Más allá de las fuertes oposiciones políticas entre el movimiento obrero y el nacionalismo, buena parte de la indignación pública que nutría estos escándalos estaba vinculada, según estudios recientes, con el rechazo de lo que la corrupción representaba: el reino del dinero, que muchos asociaban con un régimen que se había hecho cargo del desarrollo de la economía y de la modernización del país 54.

Entre el favoritismo y el «funcionarismo»

No cabe duda de que, en la Francia del periodo que se extiende entre 1870 y 1940, la corrupción política fue fruto del efecto bumerán provocado por la «mediatización» de los escándalos. Sin embargo, no se redujo únicamente a eso. Las recientes investigaciones llevadas a cabo en varios países europeos desde la primera década de nuestro siglo han demostrado que no todos los debates sobre la cuestión derivan de las revelaciones escandalosas que ponen en entredicho a determinados miembros de las elites políticas. En cierto sentido, los escándalos político-financieros contribuyeron a alimentar la profunda sospecha que recaía sobre los gobernantes elegidos democráticamente y sobre los poderes públicos, para quienes no existía otro camino hacia la modernidad política que el régimen republicano. Apoyándose en la «mediatización» de los escándalos, los actores críticos y los adversarios políticos buscaron consolidar, por su parte, la idea de que el régimen no solo estaba corrupto, sino que a su vez corrompía. Es decir, que las elites republicanas estarían degradando o pervirtiendo el sentido moral de los franceses. ¿De qué manera? En primer lugar, a través de lo que los franceses denominan favores, esto es, ventajas diversas —a menudo empleos públicos o ayudas financieras con fondos públicos— obtenidas gracias a un representante político al que uno se dirige personalmente.

El término, que tiene una connotación muy peyorativa, remite directamente a la brecha que supuso la Revolución francesa y a la ideología crítica elaborada por los primeros republicanos a partir de los debates de la Ilustración. Según esta perspectiva, los favores constituían un modo de gobierno intrínsecamente monárquico, es decir, una práctica de poder considerada como un instrumento al servicio del despotismo, puesto que el rey atribuía las funciones públicas —e incluso el gobierno— a sus favoritos, en lugar de a aquellos que lo merecían. Al mismo tiempo, aunque de manera más difusa, el término remite a la denuncia del sistema de súplicas, indultos y favores implantado en los patronatos aristocráticos. Para sus críticos, estas formas de dominación social y política eran equiparables a la corrupción y dan buena cuenta de la degeneración moral de la sociedad del Antiguo Régimen. Dicha evolución de la percepción social del poder tiene su reflejo en la propia lengua francesa, como demuestra la acuñación, en torno a 1800, del término favoritismo. Término empleado, sin ir más lejos, por el general Dumouriez para condenar al gobierno español a finales de 1790 55. Se trataba más de un cultismo peyorativo y crítico que de una categoría normativa.

Entre la década de 1820 y los años 1860-1870, los republicanos tachaban de favoritismo el juego de influencias que existía ente representantes políticos y electores, condenándolo así como la pervivencia retrógrada de algunos sistemas de patronato social y político heredados del Antiguo Régimen. En 1849, durante la Segunda República, el reglamento de la Asamblea Nacional prohibía a los diputados realizar cualquier tipo de intervención o recomendación dirigida a un funcionario o ministro en favor de un particular 56. Esta prohibición legal, que desapareció bajo el Segundo Imperio, no volvió a entrar en vigor después de 1879. No obstante, en la década de 1870 algunos políticos republicanos seguían siendo partidarios de la proscripción moral de dicha práctica de poder. Así, Pierre Waldeck-Rousseau, ministro del Interior del gobierno de Léon Gambetta, afirmaba ante los diputados a finales de 1881 que las recomendaciones y trámites de los parlamentarios a favor de particulares «empezarían a ser considerados papel mojado» por el ministerio 57. Semejante declaración de guerra contra los hábitos clientelistas de las elites políticas contribuyó sin duda a la caída del gobierno de Gambetta semanas más tarde, en enero de 1882. Veinte años después, tras la victoria del «Bloque de Izquierdas» en las elecciones legislativas de 1902, una circular del nuevo jefe del gobierno, el radical Émile Combes, provocó un escándalo. En efecto, era la primera vez que se reconocía en unas consignas dirigidas a los prefectos la existencia de prácticas de poder en teoría incompatibles con el régimen.

«Si bien en su administración ustedes deben impartir justicia para todos sin distinción de opinión o de partido, su deber», escribe Émile Combes, «les obliga a reservar los favores de los que dispongan únicamente para aquellos de sus administrados que hayan dado muestras inequívocas de fidelidad a las instituciones republicanas» 58. La circular desencadenó un intenso debate, así como numerosas críticas por parte de los republicanos, pero al mismo tiempo fue acogida por parte de ciertos adversarios políticos como una prueba del carácter intrínsecamente inmoral del régimen dirigido por las izquierdas. «La República vive del parasitismo», subrayó en 1906 el historiador de Acción Francesa Jacques Bainville. Y continúa: «La clave de su popularidad reside en la inmensa cantidad de puestos que reparte. Su seguridad reposa en el consentimiento de la clientela electoral recompensada con puestos y favores» 59. La misma acusación se repitió en múltiples ocasiones entre la primera década y los años treinta del siglo xx, con una intensidad especial durante los periodos que coincidían con la «mediatización» de algún escándalo.

Se observa, pues, hasta qué punto, a partir de la década de 1890, los adversarios políticos de los republicanos se apropiaron de las palabras acuñadas por estos últimos a lo largo del siglo xix con el fin de denunciar los males que se imputaban a un régimen tildado de inmoral: una República que estaría parasitando el cuerpo de la nación. Los favores públicos constituyen un elemento esencial de la leyenda negra que rodea a la Tercera República, quizá a la altura de los escándalos destapados por la prensa. Ello se explica probablemente por varios motivos. Uno de ellos, como hemos señalado, es que el régimen apareciese como culpable según los propios criterios éticos de sus fundadores. Otro, quizá menos evidente, es que el hecho de poner el foco sobre los favores y las prácticas clientelares de los políticos daba alas a las críticas al empleo público o más bien al cada vez más importante papel del Estado.

A principios de la década de 1870, los republicanos —de nuevo liderados por Léon Gambetta— abogaron por lo que ellos mismos denominaban un «Estado barato», o sea, por unos poderes públicos con pocas competencias y efectivos limitados. Resulta sorprendente una vez más la filiación —eso sí, señaladamente implícita— de esta propuesta, heredera de algunos discursos jacobinos de la época de la Revolución francesa. Pensemos, por ejemplo, en aquel discurso de 1793 en el que Saint-Just criticaba a los «agentes» públicos, cuyo número consideraba excesivo: «La República está en manos de 20.000 bobos que la están corrompiendo, que están combatiendo contra ella, que la están sangrando. Ustedes deben reducir en todas partes el número de agentes» 60. Los republicanos hicieron suya la denuncia de la burocracia, concepto que fue inventado a mediados del siglo xviii y que, sin embargo, no gozó de verdadera difusión hasta la época de la Revolución francesa y principios del siglo xix 61. Durante las décadas de 1860 y 1870, la burocracia, a la que ya entonces se relacionaba con un exceso de agentes del Estado, se presentaba como uno de los principales problemas del Esta­do contemporáneo, concretamente en el Gran diccionario universal del siglo xix, de Pierre Larousse 62. A largo plazo, la repercusión social y cultural del término fue mayor que la de otro neologismo semejante: empleomanía (fonctionnarisme), acuñado hacia 1850. Este último ponía de manifiesto la obsesión por el coste económico y fiscal, que se consideraba prohibitivo, de un cuerpo de agentes del Estado cada vez más numeroso con el paso del tiempo.

Desde la década de 1890, un buen número de adversarios políticos acusaba al régimen republicano de haber fomentado la empleomanía y la burocracia, concretamente para favorecer a la clientela electoral de los parlamentarios, en lugar de haber cumplido su promesa inicial de un Estado «barato». Dicho aumento del número de funcionarios se percibía como un fenómeno que generaba corrupción. Desde el bando de la derecha liberal, Paul Leroy-Beaulieu se preguntaba en el año 1890 «cómo podría un pueblo ser libre con respecto al poder cuando buena parte de dicho pueblo está formada por funcionarios, rodeados por una notable cantidad de ciudadanos que espera dones, apoyos y favores del Estado» 63. Algunos trabajos recientes, en particular los de Émilien Ruiz, han demostrado la existencia en el mismo periodo de críticas similares lanzadas desde el bando socialista. Los reproches se repitieron y, de hecho, resultaron determinantes en la puesta en marcha de varias reformas, como las que, tras la Primera Guerra Mundial, buscaron evitar cualquier «intromisión» de los funcionarios públicos en el sector de la economía.

Entendida en el sentido amplio que le atribuyeron sus contemporáneos, la corrupción es, sin lugar a dudas, un concepto esencial para comprender los procesos de modernización en Francia, en especial durante la Tercera República. Dicha consideración puede hacerse extensiva al conjunto de los países europeos, incluso a otros territorios. En Francia, la posición central que ocupa la corrupción está relacionada con la ruptura radical establecida por la Revolución francesa: una vez proclamada y más tarde deseada por sus adversarios, la República quiso ser el régimen político que avanzaba al unísono con el progreso, es decir, con la civilización de las buenas costumbres. Desde esta óptica, la virtud cívica republicana constituyó el único antídoto a la corrupción de las monarquías, que arruinaban la nación al pisotear su soberanía. La prueba definitiva de esto último la encontramos en cierto modo en la invasión extranjera, preludio de la derrota militar de 1870, puesto que las circunstancias despertaron la necesidad de una reforma o una regeneración moral que la República, mayoritaria desde 1875, pretendía ser la única en garantizar.

Es necesario tomar conciencia de la amplitud de tal ambición cultural y política, en la actualidad olvidada o más bien eclipsada por los debates que han tenido lugar entre 1980 y 2010, para comprender lo que la palabra corrupción empieza a significar a partir de los años 1880-1900. A ojos de muchos contemporáneos, los escándalos representaron un fracaso del proyecto republicano a la hora de encomendar a la sociedad francesa la tarea de su propia moralización. En la construcción de dicha percepción negativa desem­peñaron un papel determinante el origen y posterior desarrollo de los escándalos modernos «mediatizados», que obligaron en cierto sentido a fomentar la publicidad como salvaguarda de la soberanía y de la moralidad del poder parlamentario. El hecho de que este último se regulara a sí mismo a través de los debates y las investigaciones (las comisiones) relegó a un segundo plano a una administración judicial a la que muchos franceses consideraban sometida a la política, o bien demasiado timorata.

Tal como indicábamos a modo de hipótesis al principio de este artículo, el combate contra la corrupción se encuentra de forma inextricable vinculado tanto a la modernización —al triunfo de la soberanía nacional y de la democracia liberal representativa— como a sus aporías. La lucha por la virtud pública, que hasta la década de 1870 había sido un instrumento de legitimación para los republicanos, dio voz en la escena pública a una serie de nuevos actores políticos a partir de los años 1880-1914. Nacionalistas, antisemitas, socialistas y comunistas convirtieron los choques entre las elites y los conflictos político-financieros en otras tantas demostraciones de la legitimidad de sus correspondientes ideologías, tan novedosas y críticas con el régimen como irreconciliables entre sí. En este sentido, la corrupción también está vinculada a la crítica de la modernización y de sus excesos tanto en el plano ideológico como en el económico —mediante los alegatos contra el mundo de las finanzas y contra «Don Dinero»— y en el sociopolítico, como demuestra el recelo que despertaba la expansión del Estado contemporáneo y el aumento del número de funcionarios. Dichos fenómenos no son, sin embargo, exclusivos de los franceses. Para poner un ejemplo a escala europea, los socialistas y los nacionalistas fueron los actores más activos en la denuncia de las elites establecidas en el poder tanto en Reino Unido 64 antes de 1914 como en Alemania en los años anteriores a 1933 65.

Queriendo destacar una particularidad francesa con respecto al resto de Europa, habría que mencionar, sin lugar a dudas, la precocidad y el radicalismo con la que se produjeron estos fenómenos. El escándalo de Panamá tuvo rápidamente repercusión internacional, pasando a convertirse en el escándalo por excelencia, el símbolo de unas elites advenedizas y faltadas de probidad. Por su parte, el radicalismo de los conflictos ideológicos en torno a la corrupción se debe a lo que a fin de cuentas constituye el mayor y más paradójico éxito de los republicanos: el hecho de que sus adversarios considerasen, al igual que ellos, que la virtud era la condición indispensable para la soberanía.

A pesar de todo, no se puede afirmar que los republicanos renunciaran a la virtud, como tampoco a otros valores esenciales de su corpus ideológico. Lo que sí es cierto es que el concepto de corrupción, inserto en el debate en torno al favoritismo, el clientelismo electoral, la burocracia o el «funcionarismo», permitió desca­lificar a partir de los años 1890-1900 determinados fenómenos políticos a los que se habían adaptado por conveniencia muchos republicanos en el gobierno (según apuntaban las numerosas acusaciones lanzadas contra ellos). Fenómenos que incluyen, entre otros, la ampliación de las competencias del Estado o, si se prefiere, el origen del Estado social contemporáneo. Politización y constitución de las ideologías, pero al mismo tiempo el control del poder y el papel del Estado: el concepto de corrupción, tan ambivalente y discutido, arroja luz sobre la formación de los sistemas de pensamiento contemporáneos.

[Traducción: Borja Mozo Martín]