La Directiva de retención de datos ante el Tribunal Constitucional Federal alemán. La convergencia de jurisprudencias en la Europa de los Derechos: un fin no siempre deseable

Resumen

Las leyes de transposición de la Directiva de Retención de Datos han sido recurridas ante los Tribunales de diferentes Estados miembros. Sin duda una de las sentencias más importantes al respecto es la del Tribunal Constitucional Federal alemán (TCF). 

No en vano, en la sentencia de Lisboa el TCF afirmo que, en caso de que una norma o decisión de la UE, vulnerase la identidad constitucional alemana, podía declararla no aplicable en Alemania. Paralelamente, ha declarado inconstitucionales en los últimos años varias normas aprobadas de los Länder, por vulnerar el secreto de las comunicaciones o la protección de datos personales. Si esta jurisprudencia se aplicaba a la ley de transposición de la Directiva, podían ser declarados inconstitucionales incluso preceptos impuestos por la Directiva.

De hecho, el TCF afirma que la ley de transposición era inconstitucional, pero por no compensar suficientemente el almacenamiento de datos que impone la Directiva. Por tanto, la ley fue declarada nula y todos los datos almacenados fueron destruidos. La sentencia fija, además, de manera detallada las condiciones de seguridad, tutela judicial y el régimen de sanciones que la futura ley de transposición debe contener. Para ello se apoya en el principio de proporcionalidad. Por último, afirma que apenas queda espacio para normas similares sin vulnerar la identidad constitucional alemana. 

Sin embargo, es una sentencia pro-europea. Por una parte, el TCF renuncia a su jurisprudencia y acoge la sentencia del TJUE en el asunto Irlanda c. Parlamento Europeo y Consejo de la UE. Por la otra, exige que se compensen las medidas impuestas por la Directiva, como recomendaba el Supervisor Europeo de Datos Personales. Esta sensibilidad del TCF hacia la UE se ha reforzado en la recient sentencia Honeywell, que matiza la sentencia Lisboa. 

No obstante, aunque muestre una firme voluntad de cooperación con la UE y, especialmente, con el TJUE no parece la mejor decisión. Ya que la jurisprudencia del TCF era mucho más garante que la elaborada por el TJUE. En este caso la protección de los derechos aconsejaba plantear una cuestión prejudicial que intentase que el TJUE cambiara su jurisprudencia. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa, además, podría haber empujado dicho cambio. De este modo pone de relieve que la concurrencia de jurisprudencias facilita el proceso de integración, eliminando obstáculos y contradicciones, pero los Tribunales Constitucionales pueden cumplir un importante papel en el espacio europeo de los derechos defendiendo en ocasiones sus propios estándares.