Ayer 118/2020 (2): 77-103
Sección: Dosier
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2020
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/118-2020-04
© María del Mar Solís Carnicer
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License
Recibido: 10-04-2018 Aceptado: 11-01-2019

Del acuerdo entre notables al acuerdo entre partidos. Prácticas e imaginarios sobre la vida política argentina en un periodo de transición: Corrientes (1909-1930) *

María del Mar Solís Carnicer

IIGHI/CONICET/UNNE
marimarsolis@yahoo.com.ar

Resumen: El acuerdo entre notables fue una forma tradicional de hacer política en la Argentina de fines del siglo xix que empezó a ser cuestionada por diferentes sectores que pretendían mayor transparencia en la competencia electoral y mayor protagonismo de los partidos políticos como mediadores en ese proceso. A pesar de dichas impugnaciones, en la provincia de Corrientes esta práctica se institucionalizó y se adaptó con éxito a las nuevas reglas planteadas por la política de masas; cuestiones que este artículo se propone analizar tanto desde las prácticas como del discurso que se construyó en torno a su instauración.

Palabras clave: historia argentina, partidos políticos, acuerdos, política de elites, política de masas.

Abstract: At the end of the nineteenth century, different sectors of the population began to question the traditional practice by which agreements among notables constituted the way of conducting political business in Argentina. They clamored for increased transparency in elections in order to ensure competition, and supported a greater role for political parties as mediators in this process. In the province of Corrientes, however, these critiques had little effect. Established practices became institutionalized and successfully adapted to the world of mass politics. This article proposes to analyze this process with respect to the practice and discourse.

Keywords: Argentine history, political parties, agreements, elite politics, mass politics.

En las primeras décadas del siglo xx la política argentina experimentó importantes transformaciones. Las instituciones configuradas por el liberalismo del siglo xix empezaron a ser cuestionadas desde diferentes sectores, incluso desde las mismas elites gobernantes. Un amplio debate atravesó las distintas propuestas reformistas que se discutieron durante esos años, que, más allá de sus diferencias, tenían en común la preocupación por el ya antiguo problema de la representación ciudadana 1. Frente a una sociedad que se masificaba y diversificaba con rapidez, el régimen político imperante se mostraba ineficaz para dar respuestas a las nuevas demandas, al tiempo que dejaba en evidencia normas y prácticas que proponían significativos niveles de exclusión.

Como parte de ese debate se aprobó en 1912 una nueva ley electoral, la núm. 8871 —más conocida como ley Sáenz Peña—, que, al imponer la obligatoriedad y el secreto del sufragio y establecer un sistema de lista incompleta, dejaba abierta la posibilidad a una mayor participación electoral y a la representación de la oposición. En efecto, la implementación de esa ley trajo importantes cambios a la política nacional y permitió la llegada al Gobierno de la Unión Cívica Radical. Este había sido hasta ese momento el principal partido de la oposición y había practicado la abstención electoral porque consideraba que con el sistema anterior no había garantías para el ejercicio libre del sufragio. Más adelante, le tocó a cada una de las provincias adaptar sus propias leyes electorales a la nueva ley nacional 2.

Corrientes, en el nordeste del país y con una economía predominantemente ganadera, fue una de las primeras catorce provincias que conformó el Estado argentino. Sin embargo, su historia —en particular la política— se caracterizó por ciertas peculiaridades. Algunas de ellas se refieren al protagonismo que adquirieron los partidos provinciales tradicionales (autonomista y liberal) a lo largo de todo el siglo xx 3. Consideramos que uno de los motivos que colaboró en esa permanencia exitosa se vincula con la práctica de la política del acuerdo que, con sus avances y retrocesos, se mantuvo hasta 1997. La permanencia por tanto tiempo de una práctica como esta —asociada a la política notabiliar de fines del siglo xix— plantea ciertos cuestionamientos a esa interpretación tradicional y requiere de un análisis histórico particular. Es decir, no podría atribuirse con facilidad la extensión temporal de esa práctica a una incomprensión del ideal moderno de democracia representativa por parte de sus ejecutores, tal como lo señala Elías Palti al analizar las diversas versiones en las que tomó forma la denominada «república verdadera» 4.

Nos proponemos, entonces, analizar la permanencia e institucionalización de la práctica de la política del acuerdo en la provincia de Corrientes durante las primeras décadas del siglo xx, en un contexto de impugnaciones y de desestructuración del orden notabiliar. El acuerdo entre notables era una forma tradicional de hacer política en la Argentina de fines del siglo xix que empezó a ser cuestionada por diferentes sectores que pretendían mayor transparencia en el proceso electoral y mayor protagonismo de los partidos políticos como mediadores en ese proceso. A pesar de dichas impugnaciones, en la provincia de Corrientes esta práctica se institucionalizó y adaptó a las nuevas reglas planteadas por la política de masas.

Estudios recientes demostraron que los regímenes políticos de fines del siglo xix no siguieron una trayectoria gradual y lineal hacia la democracia política, sino que más bien se plantearon relaciones complejas entre la construcción del Estado y la extensión de la ciudadanía 5. La provincia de Corrientes siguió en ese proceso un camino particular que derivó en resultados diferenciados. Por ejemplo, allí el radicalismo no consiguió llegar al Gobierno durante toda la etapa de predominio de ese partido a nivel nacional (1916-1930).

Para abordar esta problemática nos centramos en especial en dos cuestiones: por un lado, las modificaciones que se produjeron en la práctica de la política del acuerdo y, por otro, los discursos que se construyeron en torno a ella tanto entre quienes la defendieron como entre quienes la cuestionaron. En el primer caso, nos concentramos en particular en las formas de adecuación de esta práctica al nuevo marco legal, las adaptaciones que se dieron en el seno de los partidos provinciales y sus vínculos con la política nacional, y, en el segundo, indagamos en los discursos que se plasmaron a través de las interpretaciones que hicieron los propios actores políticos y la prensa como modo de acercarnos a los imaginarios y las representaciones sobre la vida política correntina en una época de transición.

En los últimos años, la historiografía cuestionó con fuerza algunos postulados o imaginarios sobre la vida política argentina de fines del siglo xix y principios del xx. En particular, discutió la interpretación que identificaba la sanción de la ley Sáenz Peña como punto de ruptura entre una política de tipo tradicional y otra moderna, resumida en la idea del paso de una «república posible» a una «república verdadera» 6. Estos cambios eran pensados a partir de un esquema teleológico según el cual la historia política se había desarrollado como una progresión —con avances y retrocesos— hacia el modelo de «república verdadera» que, por otra parte, estaba asociado a la llegada del Partido Radical al Gobierno nacional en 1916 7.

Estudios recientes, además de señalar las rupturas que se dieron durante esos años, se concentraron en estudiar las permanencias o continuidades. De este modo, buscaron abandonar esa mirada teleológica para indagar, desde la misma perspectiva de los actores, cuáles fueron sus propias interpretaciones de los procesos que protagonizaron o las justificaciones de sus prácticas. Ya desde el clásico y fundamental libro de Natalio Botana se había señalado la existencia de un grupo reformista entre los sectores gobernantes durante lo que él denominó el orden conservador (1880- 1916) 8. Otros autores ampliaron y profundizaron esas ideas seminales señalando la presencia de liberales reformistas que actuaron durante esos años y que formaron parte de la elite que detentaba el poder 9.

Consideramos que este proceso reformista debería ser entendido en el marco de un debate más amplio que recorrió el siglo xix y las primeras décadas del xx en el que participaron sectores de la elite política nacional, miembros de la burocracia estatal e intelectuales que compartían preocupaciones comunes en torno a la regeneración del Estado y la modernización de las prácticas políticas 10. Ese debate impactó con intensidad en el mundo notabiliar obligándolo a rediscutir sus miradas precedentes en torno a la ciudadanía, la representación y las estrategias de mediación entre la sociedad civil y el Estado. Por otra parte, condujo también a resignificar el sentido de determinadas prácticas 11.

Además, el denominado reformismo liberal se extendió por toda América Latina, aunque los procesos de reformas que se dieron en los diferentes países fueron disímiles, en especial en sus desenlaces. Así, en el caso argentino se introdujeron —a partir del control de espacios institucionales de decisión— garantías a la transparencia institucional, lo que impidió que se tratase de un proceso disruptivo (en ese sentido fue similar a los casos chileno y uruguayo); en Brasil, el cambio se dio por la vía del pronunciamiento, y en México, por medio de una revolución que dio lugar a un protagonismo de sectores subalternos sin paralelo en otros países del continente 12. Por otra parte, este reformismo liberal convivió en la Argentina con otras vertientes reformistas como la socialista o la católica y estuvo muy influido por las ideas de John Stuart Mill, el nuevo liberalismo británico basado en una concepción positiva de la libertad, el «solidarismo» de la Tercera República Francesa, las vertientes reformistas alemanas, los regeneracionistas españoles y los movimientos progresistas de Australia, Canadá y Estados Unidos, aunque intentaron adaptar esos rasgos a una realidad como la Argentina que planteaba sus propios desafíos 13.

Las instituciones configuradas bajo el liberalismo del siglo xix empezaron a ser cuestionadas, se recrudeció un clima de insatisfacción ante normas y prácticas que proponían significativos niveles de exclusión y que mostraban notorios desfasajes entre los intereses y demandas y la expresión política de los mismos. Más allá de las diferencias de diagnósticos o de propuestas que se plantearon, todas convenían en que la Argentina del Centenario padecía de un déficit de legitimidad que requería una reforma política dirigida a ampliar la base de sustentación del régimen 14. Es decir, el liberalismo se enfrentó al menos a dos grandes desafíos que consistieron en dar forma política a unas tramas societarias más complejas y construir mejores instancias de mediación entre la política y la sociedad. En ese debate se propusieron posiciones disímiles, desde aquellos que planteaban que los cambios de la sociedad irían creando naturalmente una conciencia ciudadana, a los que pensaban que los problemas se concentraban en los déficits de las instituciones, en especial en las leyes electorales.

Ahora bien, ¿cuáles eran los rasgos de ese régimen político que se buscaba reformar? Sobre todo, su carácter excluyente, las restricciones a la participación electoral y el control de los mecanismos de representación por parte de grupos dirigentes organizados en movimientos o partidos que operaban como maquinarias electorales. El carácter faccioso de la política partidaria era otro de los puntos en cuestión, pues se consideraba que con ella se buscaba neutralizar al adversario dejándolo fuera de juego y utilizando para ello todos los mecanismos que se tuvieran al alcance. En definitiva, en ese debate se pusieron en evidencia las dificultades que la cultura política argentina había tenido para arraigar la figura ciudadana, más allá del temprano establecimiento del voto universal masculino 15.

El Partido Autonomista Nacional (en adelante PAN), protagonista de la política del denominado régimen oligárquico, fue una laxa coalición que surgió hacia 1880 y que constituyó el sustento político de Julio A. Roca, referente de la elite gobernante a fines del siglo xix en Argentina. El régimen político establecido con posterioridad a 1880 giró alrededor del PAN, que por medio de acuerdos intraoligárquicos regulaba los conflictos existentes entre las elites provinciales, pero sin dar forma a un partido competitivo. En ese escenario, los acuerdos entre el PAN y otras facciones políticas se convirtieron en herramientas claves para alcanzar la estabilidad, aunque con el costo de reducir la competencia electoral abierta 16. A partir de 1890, con la crisis de legitimidad, los debates en torno al régimen se profundizaron 17. La denominada «política del acuerdo», iniciada con el pacto alcanzado entre Bartolomé Mitre y Roca el 20 de marzo de 1891, fue una de las respuestas a esa crisis que permitió de forma coyuntural neutralizar a la naciente oposición y consiguió —al menos de momento— disminuir los conflictos políticos al evitar la competencia electoral. A partir de ahí se convirtió en una de las herramientas fundamentales para el funcionamiento del régimen, asociado —en la concepción que estas elites tenían de la política— con la estabilidad, pues creían que prevenía la anarquía y creaba las condiciones para el progreso económico. En un contexto de partidos poco institucionalizados, la importancia de los acuerdos entre notables adquiría características centrales en el funcionamiento del ordenamiento político. Sin embargo, muy pronto, ­círculos intelectuales y políticos opositores dentro de esa misma elite comenzaron a cuestionar los efectos negativos de esta política sobre el sistema de partidos, al evaluar que con ella se había eliminado la competencia electoral, se había contribuido al fraude y se había fomentado el personalismo 18.

Asociado a esta práctica, el problema de la representación fue otro de los ejes del debate de algunos miembros de los sectores dirigentes a principios del siglo xx. Se plantearon entonces diferentes proyectos de reformas electorales: uno aprobado en 1902, que estableció un sistema de representación uninominal, pero que tuvo corta vida, y otro, en 1912, la denominada ley Sáez Peña 19. Según Romanelli, las leyes electorales actúan como instrumentos de construcción de ciudadanía política y no tienen por objeto ser un reflejo de la realidad social 20. La historia del sufragio no sigue un orden lineal, sino que tiene distintos ritmos y cronologías, avances y retrocesos. En este sentido se orientan los estudios más recientes sobre el proceso reformista argentino de principios del siglo xx, que aportan complejidad a aquellas interpretaciones que consideraban las reformas solo como estrategias de defensa de la elite gobernante atemorizada por las demandas que planteaban los nuevos grupos sociales o por la amenaza del Partido Radical. Algunos de estos nuevos trabajos que abordan el tema desde diferentes escalas de análisis ponen el foco en examinar la dinámica interna del régimen político y las estrategias adoptadas por los grupos reformistas que perseguían la trasformación de las reglas del juego político y la modernización de las fuerzas políticas conservadoras con el objetivo de legitimar su posición y mantener el control de las riendas del poder 21.

En las primeras décadas del siglo xx tres partidos actuaban en la arena política provincial: el Autonomista, el Liberal y el Radical 22. Sin embargo, el sistema se distinguió por un grado de institucionalización débil, con permanentes fragmentaciones y acuerdos, que generaron coaliciones dominantes poco cohesionadas 23. Además, si bien se trató de tres fuerzas políticas distintas, después de 1912, ante el avance del yrigoyenismo, se conformaron dos sectores claramente contrapuestos: por un lado, el radicalismo, y por otro, el conservadurismo, representado por autonomistas y liberales. En este trabajo nos concentraremos en estos dos partidos provinciales, pues fueron los protagonistas de la política del acuerdo que aquí nos interesa indagar.

Desde su configuración como partidos políticos ambas agrupaciones gobernaron la provincia de Corrientes, alternándose ciclos autonomistas (1880-1893) con ciclos liberales (1893-1907) y un periodo de fuerte inestabilidad con juicios políticos e intervenciones federales entre 1907 y 1909. Más allá de algunos esporádicos acercamientos que se dieron durante esos años entre sectores del liberalismo y del autonomismo, ambos partidos fueron fuertes opositores entre sí y en varias ocasiones protagonistas de revoluciones armadas contra el Gobierno (los liberales en 1893 y los autonomistas en 1895 y 1907). Las características originarias de ambos son coincidentes con las de los denominados partidos de notables propios de fines del siglo xix 24. En principio, surgieron como clubes electorales que se organizaban de forma precaria para las elecciones, pero hacia 1880 fueron adquiriendo rasgos cada vez más estables 25. La debilidad de sus organizaciones internas favoreció el faccionalismo y acentuó su carácter personalista. Este personalismo, al mismo tiempo, contribuyó a la fragilidad de las facciones, que se armaban y quebraban con facilidad en torno a diferentes líderes.

Si bien el faccionalismo fue un rasgo que caracterizó a ambos partidos, se planteó con mayor nitidez en el Partido Liberal, en el que a principios del siglo xx se distinguían dos sectores: mantillistas y martinistas. Con la primera designación se denominó a los seguidores de Manuel Florencio Mantilla, un destacado intelectual y político, y con la segunda, a los seguidores de Juan Esteban Martínez, que había sido dos veces gobernador de Corrientes (1897-1901 y 1905-1907), vicegobernador (1878-1880), ministro de gobierno, diputado nacional y senador nacional en varios periodos. Las dos tendencias perduraron hasta 1909, año en que mueren sus principales referentes.

Entre los dirigentes políticos del Partido Autonomista destacó la figura de Juan Ramón Vidal, perteneciente a una de las familias ganaderas más importantes de la provincia, dos veces gobernador (1886-1889 y 1909-1913), senador nacional por más de cuarenta años (1889-1895, 1914-1930 y 1932-1940) y presidente del autonomismo en forma ininterrumpida desde 1886 hasta 1940. Durante los años de predominio del yrigoyenismo (1916-1930), Vidal se convirtió en una figura central para el conservadurismo de Corrientes 26.

Hacia 1909 tanto autonomistas como liberales contaban con una carta orgánica en la que se establecían sus autoridades y la forma de elección de estas y de los candidatos que el partido proponía para las elecciones. En ambos casos la autoridad máxima era la Convención, compuesta por delegados de los comités departamentales. Estos comités para poder tener representación debían ser aprobados con anterioridad por las autoridades y al menos debía existir uno por cada departamento 27. En general, cada comité tenía un número fijo de delegados a los que se podían sumar otros en relación con los inscritos o el promedio de votantes que hubiera obtenido el partido en ese departamento en las últimas elecciones 28. A su vez, la dirección de los partidos a nivel provincial era ejercida por una junta de gobierno. Las convenciones liberales, por lo general, duraban varios días y se caracterizaban por las acaloradas discusiones; las autonomistas, en cambio, se parecían a una reunión social y, en general, más allá de los altercados que pudieran plantearse, Vidal siempre tenía la última palabra.

En cuanto a la cultura política 29, entre liberales y autonomistas había más semejanzas que diferencias no solo por la composición social de su dirigencia —todos ellos pertenecientes a familias de la elite vinculados mayoritariamente a las actividades ganaderas—, sino también por sus rasgos ideológicos, donde el liberalismo, y, más tarde, el denominado conservadurismo liberal, constituyó el sustento de sus discursos y de sus prácticas 30. A pesar de estas semejanzas, al autonomismo se le identificaba sobre todo con las masas populares y a los liberales se les reconocía el haber gobernado «con más respeto por las libertades cívicas» 31. Liberales y autonomistas se sentían orgullosos de su «tradición» y los verdaderos «representantes» de la provincia de Corrientes, mientras que al radicalismo lo veían como una ideología foránea que no respondía a la identidad provincial.

Para finalizar este apartado se debe hacer referencia a otro elemento fundamental que permite comprender la práctica de la política del acuerdo en la provincia de Corrientes a principios del siglo xx, su sistema electoral. Este se basaba en la representación proporcional por cociente y era considerado por los dirigentes políticos provinciales superior al impuesto por la ley Sáenz Peña:

«En Corrientes el sistema electoral establecido en la Constitución puede decirse que impone el acuerdo de las fracciones políticas para dar solución a los problemas de gobierno. Las virtudes del sistema de representación proporcional, que teóricamente es reconocido como el mejor de los sistemas, han sido comprobadas en la práctica de más de veinte años en aquella provincia, contribuyendo poderosamente a educar al pueblo, a darle conciencia de su derecho y a mantener vivo el espíritu cívico» 32.

Este sistema se incorporó en el texto de la Constitución sancionada en 1889 y regía para todas las elecciones provinciales, incluida la elección del gobernador, que se hacía en forma indirecta por medio de un Colegio Electoral. Este debía reunirse a los treinta días de aprobado el escrutinio y debía expedirse en el término de diez días sobre la validez de las actas y en los ocho siguientes nombrar al gobernador por mayoría absoluta y a votación nominal. El sistema se complementó en 1895 con una ley que estableció la división de la provincia en tres secciones electorales y se mantuvo tanto en la reforma constitucional de 1913 como en la ley electoral provincial de 1915 —posteriores a la sanción de la ley Sáenz Peña— 33. En esa oportunidad solo hubo una leve modificación en la distribución de las secciones electorales, se incorporó el carácter secreto del voto y el uso del padrón electoral nacional 34. Cabe aclarar que hasta 1912 no hubo intentos de modificar el sistema electoral provincial.

La práctica de la «política del acuerdo» fue una constante en la política argentina de fines del siglo xix. En un principio, como parte de la política de los notables, estos acuerdos tuvieron alcances limitados y se caracterizaron por ser respuestas coyunturales a situaciones políticas particulares, en especial celebrados para controlar la sucesión del poder. Eran parte de la política de consenso que se fue imponiendo sobre la violencia en los modos de resolver los conflictos intraelite al momento de legitimarse en el poder. Los diferentes espacios de sociabilidad, como los clubes, eran los lugares propicios para celebrar estos acuerdos, que también formaban parte de la denominada política de la amistad 35. Paulatinamente, la política del acuerdo empezó a ser cuestionada, en especial cuando comenzó a discutirse con mayor vigor la necesidad de ampliación de la representación política y a exigirse mayor transparencia en las actividades electorales.

Sin embargo, al mismo tiempo que esta práctica empezaba a ser deslegitimada, en la provincia de Corrientes se institucionalizó. Acuerdos de diferente tipo se habían dado entre autonomistas y liberales o facciones de cada uno de esos partidos antes de 1909 36. Todos ellos tuvieron características semejantes: en general, buscaban ampliar la sustentación del poder, limitar la competencia electoral y evitar los levantamientos armados. En 1909, por primera vez, el acuerdo implicó la firma de un documento y la aprobación del mismo por parte de las convenciones de ambos partidos. Además, debe señalarse que ese mismo año el radicalismo aprobó su carta orgánica en la provincia y empezó a organizarse para participar en las elecciones.

El pacto que se firmó el 24 de abril de 1909 entre el Partido Autonomista y el liberalismo martinista —por ese entonces el mayoritario dentro de ese partido— implicó muchas conversaciones previas. El documento estableció que cada uno de los partidos se alternaría en el Gobierno de la provincia y ambos coincidieron en que la base del acuerdo se encontraba en la distribución en forma igualitaria de los cargos públicos. Más difícil fue conciliar quién debía ocupar el primer lugar de la fórmula para gobernador y vicegobernador en las siguientes elecciones, ya que los autonomistas consideraban que después de tanto tiempo de haberse mantenido alejados del Gobierno, a ellos les correspondía ocupar ese lugar 37. Finalmente, la repentina muerte de Juan Esteban Martínez el 23 de mayo 1909 favoreció la posición autonomista.

El pacto constó de seis artículos, en los cuales se determinaba la manera en que se combinaría la fórmula gubernativa para ese próximo periodo y los siguientes, y la distribución de todos los funcionarios públicos en los tres poderes a nivel provincial y nacional. Asimismo, reconocía la existencia de ambos partidos en forma separada, y en el último artículo hacía referencia a que si para mantener el acuerdo hacía falta producir juicios políticos u otras acciones institucionales, los partidos que lo subscribían quedaban comprometidos a aportar sus elementos para esa acción.

Como resultado de ese pacto y luego de las elecciones gubernativas de 1909 —en las que no hubo competencia entre partidos, pues se presentó una única fórmula— asumió Juan Ramón Vidal la gobernación de la provincia por segunda vez, acompañado por José Rafael Gómez, representante del Partido Liberal. Para las siguientes elecciones gubernativas, en 1913, se aplicó el artículo que preveía la alternancia de los partidos coaligados en el primer lugar de la fórmula y así fue como el liberal Mariano Loza resultó electo gobernador de la provincia, acompañado por un autonomista. En esas elecciones tampoco hubo competencia entre partidos y la fórmula del pacto fue la única que se presentó en las elecciones. Durante el Gobierno de Loza, las diferencias entre los dos partidos gobernantes sobre la política nacional y provincial derivaron en la ruptura del acuerdo a fines de 1915 y provocaron una división en el seno del autonomismo. La mayoría del partido quedó fuera del pacto, mientras que la minoría, que se denominó «autonomistas de principios», permaneció en el Gobierno 38.

A mediados de agosto de 1917, con el radicalismo en el Gobierno nacional, los distintos partidos empezaron a organizarse para competir en las futuras elecciones de renovación de la gobernación. El radicalismo ya había participado con bastante éxito en las elecciones legislativas provinciales de 1914, 1915 y 1916, y por primera vez lo iba a hacer en unas elecciones ejecutivas. Los liberales, a pesar de haber proclamado pocos meses antes que cualquier acuerdo podría hacerse entre las fuerzas conservadoras, menos con el vidalismo, decidieron iniciar negociaciones con este. Sin embargo, fue imposible acordar una fórmula común, pues ninguno estaba dispuesto a resignar el Gobierno. Las elecciones se debían realizar el 16 de septiembre, por lo que —ante el fracaso del acuerdo con los vidalistas— liberales y autonomistas de principios proclamaron sus candidatos en una Convención reunida el 5 de septiembre de 1917, en la que también decidieron formar un nuevo partido denominado Concentración Cívica. Pero al final, ante la evidencia de la abstención de las otras fuerzas políticas, el mismo gobernador se dirigió al presidente de la república solicitándole la intervención federal. Ante estos acontecimientos, el presidente Hipólito Yrigoyen envió un proyecto de ley al Senado de la Nación de intervención amplia a la provincia de Corrientes. El proyecto no fue aprobado, pero una vez clausurado el periodo de sesiones del Congreso se decretó la intervención.

Las elecciones a gobernador y legislativas provinciales se realizaron a comienzos de 1919 bajo la intervención federal 39. Estas fueron las primeras en las que participaron los radicales (aunque lo hicieron divididos en dos agrupaciones, radicales blanquistas —del Comité Nacional— y radicales de principios). Los partidos conservadores, por su parte, también se presentaron separados en tres grupos (Autonomistas, Concentración Cívica y Liberales de Tradición), pero coincidieron —luego de intensas negociaciones— en la votación en el Colegio Electoral, lo que les permitió volver a ocupar el Gobierno provincial más allá de que el radicalismo había sido el que obtuvo mayor número de sufragios 40. El Gobierno nacional reconoció la validez de las elecciones y a las nuevas autoridades.

Existen algunos elementos a destacar en esta elección: el fraude no estuvo presente, la libertad de los electores estuvo garantizada, la participación de los ciudadanos fue importante y la competencia entre partidos, limpia. Los radicales lograron la mayoría de los votos; sin embargo, no pudieron traducirlos en la obtención del Gobierno. La defensa a ultranza de la intransigencia los dejó fuera de las negociaciones y de las posibilidades de elevar a un radical al poder ejecutivo de Corrientes. La «política del acuerdo» logró imponerse y demostró estar en plena vigencia. Ese acuerdo circunstancial de 1919 derivó dos años más tarde en el segundo acuerdo de gobernabilidad entre autonomistas y liberales 41.

El nuevo pacto se firmó en agosto de 1921 durante el Gobierno del liberal Adolfo Contte, tuvo un carácter más amplio que el anterior y se celebró entre los dos partidos unificados. Este nuevo pacto constó de cuatro artículos y tuvo como principales cláusulas las correspondientes a la equidad en las representaciones de los partidos en el Gobierno, ya fueran para cargos electivos nacionales o provinciales, y la rotación de los cargos en las distintas elecciones entre los dos partidos 42. En este caso, a diferencia del anterior, no se incluía la cláusula según la cual los partidos debían estar dispuestos a cualquier tipo de acción institucional para llevar a término el acuerdo.

El primer gobernador elegido como consecuencia de este pacto fue el liberal José A. Robert, acompañado en la fórmula por el autonomista Pedro Díaz Colodrero. En esas elecciones el radicalismo decretó la abstención, por lo que no hubo competencia entre partidos y la fórmula del pacto fue la única que se presentó, reduciéndose por ese motivo la participación electoral al 23 por 100. En 1925 los sucedieron el autonomista Benjamín González y el liberal Erasmo Martínez. En esas elecciones el radicalismo presentó candidatos, por lo que la competencia fue importante y la participación electoral aumentó de forma considerable; sin embargo, y aunque el radicalismo obtuvo de nuevo la mayoría relativa de los votos, no fue suficiente para conseguir la mayoría absoluta de los electores en el Colegio Electoral 43. En esta elección, en particular, el pacto entre autonomistas y liberales fue en especial beneficioso para que esos partidos pudieran ganar.

Más allá de estos resultados, durante el Gobierno de González se iniciaron algunos conflictos entre los aliados que derivaron en la ruptura del acuerdo en 1927. Las diferencias se plantearon como consecuencia de la remoción de un número considerable de empleados públicos y de nuevos nombramientos por parte del gobernador, y se ahondaron cuando se planteó el problema de la designación de las jefaturas departamentales 44. La junta ejecutiva del Partido Liberal le pidió la renuncia al ministro de Hacienda que pertenecía a ese partido y solicitó a sus legisladores que le iniciaran juico político. Los autonomistas entendieron la exigencia del Partido Liberal como una mala interpretación de la política de coalición, alegando que de esa manera se creaba un poder paralelo al legítimo emanado de la Constitución. Esta incidencia tuvo consecuencias políticas, pues en la misma Convención en la que se aprobó el pedido de renuncia del ministro, un grupo de liberales propuso la ruptura del pacto con los autonomistas, que fue rechazada por la mayoría de los cincuenta delegados presentes y que solo obtuvo diecisiete votos a favor 45.

No transcurrió mucho tiempo cuando se dio la segunda crisis ministerial planteada por el nuevo ministro de Hacienda, quien renunció en septiembre de 1927. A partir de ese momento se empezó a hablar cada vez con mayor firmeza entre los partidarios del liberalismo correntino de la ruptura del pacto. Con el propósito de analizar dicha situación se convocó una Convención para el día 15 de noviembre. En la misma se obtuvieron sesenta y dos votos por la ruptura y cinco por la continuidad del acuerdo 46. Así, y pese a los esfuerzos que se hicieron por mantener la coalición, esta se quebró definitivamente en noviembre de 1927 47. El liberalismo, en consecuencia, se dividió en dos: por un lado, la minoría, denominados «liberales pactistas», que optaron por continuar con la política del acuerdo, y, por otro, los «liberales rupturistas», que constituyeron la mayoría del partido 48. Este conflicto entre los partidos aliados se trasladó al Gobierno, al estar este constituido equitativamente por ambos sectores, lo que generó una profunda crisis institucional que derivó en una nueva intervención federal en noviembre de 1929.

Los dos acuerdos que firmaron autonomistas y liberales en el periodo estudiado trataron sobre la alternancia en el Gobierno de los dos partidos y la equidad en el reparto de los cargos provinciales y nacionales, y tuvieron la corta duración de seis años. Los motivos que llevaron a la ruptura en ambos casos estuvieron relacionados con los espacios de poder que cada uno de los partidos creía que le correspondía. Estos conflictos generaron, a su vez, divisiones internas dentro de las agrupaciones; situación que se repitió en las dos ocasiones. Sin embargo, y a pesar de ello, uno de los argumentos más utilizados tanto por liberales como autonomistas para defender la política del acuerdo fue que con ella se suprimían las diferencias externas de opinión y se facilitaba el juego normal y tranquilo de las instituciones 49.

En paralelo a la práctica de la política del acuerdo se entabló una fuerte discusión sobre su significado, su aplicación, sus alcances y su legitimidad. En ese intercambio participaron los diferentes actores involucrados, planteando sus posiciones contrarias o a favor y ofreciendo sus argumentos para ello 50. En este debate se desplegaron con claridad los rasgos de la cultura política de cada sector, las representaciones sobre la democracia, el Gobierno y el papel de los partidos políticos. El espacio privilegiado en el cual se llevó adelante este debate fue la prensa, donde cada uno de los partidos, a través de sus órganos de difusión, daba a conocer sus opiniones y puntos de vista 51.

El primer pacto que se firmó entre autonomistas y liberales (en este caso martinistas) fue el de 1909, año en el que la provincia estaba inmersa en una profunda crisis política y económica. El acuerdo, según la perspectiva de sus hacedores, venía entonces a «salvar la provincia [...] emprendiendo [... una] obra de reconstrucción política e institucional» 52. Es decir, en ese momento asociaron la firma del acuerdo con la institucionalidad y como una salida a la crisis. Aunque hicieran referencia a la importancia de la existencia de partidos orgánicos como los únicos capaces de superar la intriga y la discordia y, por ende, de llevar adelante esta política, observamos también entre los argumentos una desconfianza en la pluralidad y un deseo de unanimidad 53. En el mensaje a la legislatura de la provincia de 1913, último año de su mandato, el gobernador Vidal evaluó los alcances y los resultados que para él había tenido este acuerdo, señalando como sus principales cualidades el representar una superación de las pasiones partidistas y ser por ello ejemplo de cultura cívica y moralidad política: «Con esta política de coalición, esta provincia ha demostrado que tiene hombres y partidos que saben mantener el sentimiento del deber y la lealtad más alto que las pasiones partidistas, capaces de subordinar estas a los grandes intereses del patriotismo, dando así un alto ejemplo de cultura cívica y de moralidad política, que será de fecunda y saludables resultados para el porvenir de nuestra democracia» 54.

En ese contexto, el pacto de 1909 fue presentado también a la opinión pública como una forma más de celebración del centenario, representación del progreso político de Corrientes 55.

El sector liberal que quedó fuera del acuerdo se manifestó contrario a esta política, cuestionando a sus partidarios el hecho de que habían caído allí por mero interés económico para «prenderse del presupuesto, a costa de la dignidad y el decoro» 56. Pacto «vergonzante» o «clandestino» fueron algunos de los calificativos que usaron para cuestionarlo, señalando que los líderes que fueron sus mentores al avanzar en la firma de ese acuerdo hicieron primar sus propias personas y anhelos particulares sobre los principios del partido 57. Los liberales mantillistas identificaban el acuerdo con la política caudillesca del pasado. Según su interpretación, los martinistas habían sido engañados y por ello cayeron en el entramado de Vidal 58. «Civilización y barbarie» eran las denominaciones que para estos liberales caracterizaban al Partido Liberal, por un lado, y al Partido Autonomista, por otro. En realidad, a juzgar por los argumentos utilizados, lo que se desprende de estas críticas es que no era la política del acuerdo lo que estaba en cuestión, sino que ese acuerdo se hubiera alcanzado con los autonomistas, sus tradicionales adversarios.

En 1909 el radicalismo se organizó en Corrientes y hacia 1912, desde su órgano de difusión, también empezó a participar del debate acerca de la política del acuerdo, planteando que, a diferencia de lo que se decía desde las filas oficialistas, el pacto no era el motivo de la estabilidad que había conseguido el Gobierno y que el acuerdo no era la política de la tolerancia que declamaban, sino la de los acomodaticios «que esperan el momento oportuno para ubicarse» 59. Además señalaban que con esa práctica los liberales habían desaparecido, se habían «vidalizado» 60. Los radicales identificaban el acuerdo con el viejo régimen, reconociendo en Vidal al político más hábil para ello. Los autonomistas, y en particular Juan Ramón Vidal, eran para los radicales los verdaderos representantes en Corrientes del régimen oligárquico que habían conseguido cooptar al Partido Liberal 61. Directamente identificarían la política de la coalición con la mala política: «Afirmamos nosotros que la política de coalición, hecha por dos agrupaciones antitéticas, que antes y después de la coalición se empeñan en mantener sus diferencias, no es una política buena, porque divide la eficacia de la benéfica acción común y establece el antagonismo interno en la dirección de la cosa pública» 62.

Como ya hemos señalado, este pacto al final se rompió en 1915, pero con la llegada del radicalismo al Gobierno nacional en 1916 la necesidad de sellar un nuevo acuerdo entre las fuerzas conservadoras se convirtió una vez más en un tema central de la política provincial. Las negociaciones fueron arduas, pues los liberales preferían la creación de un partido nuevo que unificara a todos los conservadores, mientras que Vidal estaba a favor de la permanencia de los diferentes partidos y la realización de un acuerdo entre ambas agrupaciones. Autonomistas y liberales, a pesar de seguir existiendo como partidos independientes y hasta con diferencias y conflictos importantes, se sentían cercanos en la lucha frente al radicalismo. La política del acuerdo a partir de la incorporación del radicalismo a la competencia entre partidos se transformó, para los conservadores, en la forma más civilizada de hacer política y más acorde con la tradición:

«Esa es la forma de hacer política en todos los países civilizados: la concordia, el acuerdo, la armonía de voluntad, para servir los intereses públicos; esa es la forma de hacer política en todos los países más adelantados del mundo; esa es la verdadera política de la civilización [...].

La política del acuerdo es la política de la tradición argentina, que ha resuelto todos los problemas nacionales en el país; es la política que han seguido hombres como Mitre, Alsina, Avellaneda, Roca y Pellegrini, y todos los grandes estadistas que han dado los mejores días de prosperidad y de gloria al país» 63.

Por otra parte, los conservadores veían en la política del acuerdo la forma más natural de hacer política, pues consideraban que era reflejo de la vida cotidiana en la que a menudo se debían realizar acuerdos y concesiones para evitar conflictos. Además, creían que ante la presencia de un número significativo de partidos políticos, la solución para poder conseguir un gobierno de concordia era llegar a establecer acuerdos entre todos los sectores de manera que todos ellos estuvieran representados en el gabinete. La imposición de un Gobierno solo por una mayoría relativa era mal visto, más aún si las minorías sumadas hacían mayoría absoluta 64.

Como ya señalamos, las elecciones de 1917 finalmente no se realizaron porque todos los partidos declararon la abstención y el mismo Gobierno solicitó la intervención federal. Fue durante esta intervención radical, en 1919, cuando al fin se llevaron a cabo. En esa oportunidad, los conservadores se presentaron divididos en tres grupos y los radicales en dos. La situación se volvió compleja porque ningún partido contaba con la mayoría necesaria para consagrar al gobernador en el Colegio Electoral. Después de muchas e intensas negociaciones se llegó a un acuerdo entre los conservadores. El Partido Autonomista que estuvo al frente de ellas consideró en ese momento que un acuerdo era la única opción para poder construir un Gobierno:

«El propósito genérico es y debe ser organizar un gobierno estable, de iniciativa y honesto, y ello solo puede conseguirse coincidiendo dos o más partidos, que sumen prestigio en la opinión y mayoría en ambas cámaras [...].

Esta necesidad de coincidir, de acordar, es fácilmente llevable a la práctica. Las intransigencias [...] no caben cuando se hace necesario resolver el problema político de otro plano que el de los ideales de tal o cual partido» 65.

Los radicales cuestionaron el acuerdo alcanzado en el Colegio Electoral y elevaron una denuncia al Gobierno nacional, en ese momento bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Lo consideraron parte de una política oportunista, utilitaria y propia de la oligarquía basada solo en el odio a todo lo que «sea o parezca radical» 66. La permanencia de la política del acuerdo a fines de la década de 1910 era para los radicales correntinos un ejemplo de anacronismo político:

«El procedimiento de los pactos reaparece con sus peores características en un periodo de renovación democrática [...]. Sale a la luz con un chocante anacronismo, [...] como un reto al alma del civismo argentino en la hora de sus más luminosas conquistas; como la intentona más típicamente regresiva que haya abofeteado a la República desde que el gran espíritu de estadista y patriota de Sáenz Peña desobstruyó la vía largamente clausurada sobre el porvenir, complementando así el abnegado y tenaz esfuerzo del Partido Radical» 67.

Para los conservadores, en cambio, el acuerdo del Colegio Electoral significó, además de la posibilidad de unirse y llegar al Gobierno, el triunfo del conservadurismo frente al yrigoyenismo; victoria que consideraban no había sido casual ni imprevista, sino «la manifestación de una conciencia firme en el repudio al radicalismo, en todas sus formas» 68. Sin embargo, ese acuerdo de 1919 había sido circunstancial; para que tuviera verdadera vigencia y pudiera extenderse en el tiempo debía institucionalizarse. En 1921, el panorama político se presentaba bastante más complicado para los partidos conservadores del país y la política del acuerdo apareció como una salida exitosa a esa situación problemática. Los conservadores correntinos vieron en la política del pacto la única manera de enfrentarse al radicalismo con posibilidades de éxito. Estos vivieron como un verdadero triunfo la firma de este acuerdo, al que pusieron en consideración de todas las fuerzas conservadoras del país, como un ejemplo que estas debían imitar:

«Los partidos de más limpia tradición, los que supieron combatirse y amarse en su hora, los que llevaron a la provincia a un elevado progreso institucional [...] los que han sabido romper las líneas divisorias que separa para encontrar la convergencia, la similitud, el engarce [...], el liberalismo y el autonomismo, en suma, no solo han concluido una conciliación que tiende hacia la unidad de los factores conservadores, sino que han dado a la República la pauta más clara de cómo deben entenderse los deberes patrióticos» 69.

La ruptura del pacto por parte del Partido Liberal en 1927 fue muy cuestionada por sus aliados que vieron en esa decisión, por un lado, la presencia en el liberalismo de algunos dirigentes ambiciosos, pero, en especial, el papel que estaba empezando a jugar el ala juvenil del partido al que veían «entusiasmados por el espíritu enardecedor de las lecturas revolucionarias» 70. Los autonomistas defendieron de manera sistemática esta política —más allá de la ruptura— hasta que una nueva intervención federal llegó a Corrientes a fines de 1929.

A principios del siglo xx los debates sobre la transparencia electoral, la legitimidad de las elecciones, la representación y el papel del ciudadano en los sistemas democráticos y republicanos se generalizaron. Los cuestionamientos a las prácticas de la república oligárquica como el fraude, la política facciosa y los acuerdos fueron compartidos por los diferentes sectores de la elite dirigente tanto del oficialismo como de la oposición. En ese contexto deben entenderse las diferentes propuestas de reformas electorales que se plantearon en las primeras décadas del siglo xx en Argentina. La política del acuerdo quedó identificada como una de las prácticas más características de la política notabiliar. Sin embargo, como señalamos al inicio del artículo, es necesario dejar de lado la mirada teleológica de la historia política que interpreta este proceso como un pasaje lineal de una república posible a una república verdadera. En realidad, ese proceso tuvo diferentes caminos, modos, tiempos y medidas, tal como puede comprobarse en la historia política de Corrientes en las primeras décadas del siglo xx.

El acuerdo, una práctica identificada con la política oligárquica, consiguió adaptarse en esa provincia y adecuarse a los requerimientos de transparencia política. El pacto autonomista-liberal de 1909 —más allá de algunos rasgos que permanecen con respecto a las prácticas previas— presenta también algunas novedades. La primera diferencia que podemos señalar entre este pacto y los anteriores es que en este caso se trató de un documento escrito, firmado entre los principales referentes de cada uno de los partidos, y que más tarde —esto también constituye una novedad— se reunieron en sus respectivas convenciones partidarias para ratificar el documento.

Más allá de que acuerdos de este tipo formaban parte de una concepción de la política en la que sus protagonistas se concebían a sí mismos como los únicos capaces de gobernar, no se trató de un simple acuerdo de notables, sino de un acuerdo institucional que intentaba responder a las exigencias de transparencia política, propia del discurso reformista del centenario. Por otra parte, se esperaba que esta nueva coalición tuviera una estabilidad duradera y que no fuera un simple acercamiento coyuntural. Era necesario para ello que el acuerdo fuera aprobado por los partidos y que no resultara una mera decisión de sus líderes. Además, estaban convencidos de que con la política del acuerdo se garantizaba una situación más estable de gobierno que permitiría el desarrollo normal de las instituciones y, por tanto, el progreso provincial.

Si bien en las primeras elecciones en las que se puso en juego el pacto autonomista-liberal no hubo competencia entre partidos y, por tanto, con la firma del acuerdo se consiguió neutralizar a la oposición, avanzado el siglo xx el radicalismo empezó a participar en las elecciones provinciales, obteniendo buenos resultados. Allí, la política del acuerdo adquirió una nueva dimensión porque, combinada con el sistema de representación proporcional que regía en la provincia, se convirtió en una de las herramientas claves para la permanencia del conservadurismo en el Gobierno, sin que por ello se coartara la libertad del ciudadano en el ejercicio del sufragio ni se impidiera la participación de la oposición. Al mismo tiempo, permitió dar legitimidad y garantizar el poder al grupo social dominante, convirtiéndose en una fórmula política que permitió mantener el statu quo.

El acceso a la «república verdadera» —o a lo que se suponía que representaba— siguió caminos diversos en las diferentes provincias argentinas. En Corrientes, la práctica del acuerdo —propia de la política notabiliar— terminó fortaleciendo a los partidos conservadores que, sin perder sus propias identidades partidarias, se organizaron siguiendo los modelos de los partidos políticos modernos. A su vez, combinada con un sistema electoral proporcional que favorecía la fragmentación política de los adversarios y que permitía la representación de todas las fuerzas políticas, la práctica del acuerdo posibilitó a los conservadores correntinos permanecer en el poder durante todos los años de predominio del radicalismo a nivel nacional, constituyéndose en la única provincia argentina que no tuvo un gobierno radical durante todos esos años.