Ayer 116/2019 (4): 277-303
Sección: Estudios
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2019
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/116-2019-11
© Carlos Ángel Ordás García
Recibido: 26-05-2017 | Aceptado: 10-11-2017
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

El Movimiento de Objeción de Conciencia en la década de 1980

Carlos Ángel Ordás García

Universitat Autònoma de Barcelona
CarlosAngel.Ordas@uab.cat

Resumen: La campaña de insumisión iniciada en febrero de 1989 supuso la continuación de una línea de desobediencia al Estado que duraba casi dos décadas. A diferencia del contexto político precedente, a partir de las elecciones de 1982 el Gobierno de la democracia gozaba de un importante grado de legitimidad política y social para hacer cumplir la ley. No obstante, los jóvenes antimilitaristas consiguieron poner en marcha la insumisión y cuestionar la legitimidad del Gobierno. Todo esto fue fruto de la evolución del contexto político y social, así como de la evolución interna de los grupos antimilitaristas, en especial el Movimiento de Objeción de Conciencia, que acabó configurándose como un importante espacio de encuentro, movilización y activismo político de la juventud española.

Palabras clave: insumisión, antimilitarismo, Movimiento de Objeción de Conciencia, movimiento juvenil, década de 1980.

Abstract: In February 1989, the campaign of insumisión to compulsory military service began. It followed a tradition of civil disobedience against the state that had commenced two decades previously. The context of the 1980s was very different from to that of the 1970s. The PSOE Government enjoyed a high degree of political and social legitimacy to enforce the law. However, antimilitarist youth succeeded in launching the movement and questioning the legitimacy of the government. This was the result of developments in politics and society, as well as of the internal evolution of anti-militarist groups. In particular, the Conscientious Objectors’ Movement became an important meeting place, and opened up a space for political activism and mobilization for Spanish youth.

Keywords: insumisión, antimilitarism, Conscientious Objection Movement, youth movement, Eighties.

La campaña de insumisión iniciada en febrero de 1989 supuso la continuación de una línea de desobediencia al Estado que duraba casi dos décadas. La insumisión tuvo sus antecedentes en la objeción de conciencia que comenzó Pepe Beunza en 1971 y que se desarrolló en especial a partir de 1975 con los objetores de Can Serra en L’Hospitalet del Llobregat (Barcelona) 1. Los objetores de la década de los setenta habían conseguido hacer de la cuestión de la objeción de conciencia un asunto incómodo para el Gobierno de turno, en especial por la imagen al exterior que proyectaba este asunto, que, siendo menor en comparación con otros temas del momento, tenía la capacidad de incidir de forma negativa en la imagen externa de la dictadura y del proceso de transición. En este sentido fue fundamental el apoyo que consiguieron los objetores por parte de determinados círculos del mundo católico y, sobre todo, de los colectivos antimilitaristas y pacifistas internacionales, cuyas acciones resultaron fundamentales para incidir en las autoridades españolas 2.

Durante el franquismo, los objetores de conciencia desarrollaron su resistencia al servicio militar oponiéndose a un régimen dictatorial y yendo a prisión por la reclamación de un derecho extendido y reconocido en gran parte de los países europeos de su entorno. Por tanto, la legitimidad social y política de estos entraba dentro de unos parámetros cuanto menos justificados. No obstante, el contexto durante la década de los ochenta fue radicalmente diferente. El proceso de transición concluyó definitivamente con la victoria del PSOE en 1982. Con la llegada al Gobierno de una de las fuerzas de la oposición antifranquista, se consolidaba el establecimiento de un sistema democrático que, per se, cargaba de legitimidad el cuerpo legislativo operante, así como la acción del Gobierno a la hora de hacer cumplir la ley.

Durante la década de los ochenta, la cuestión de la objeción de conciencia continuó creciendo y desarrollándose. En 1977 se creó el Movimiento de Objetores de Conciencia (en adelante MOC) 3, que comenzó como un espacio de encuentro y coordinación para los jóvenes que se negaban a realizar el servicio militar obligatorio y acabó siendo fundamental para la vertebración del movimiento antimilitarista a lo largo de la década de los ochenta. Los grupos del MOC experimentaron una evolución interna que supuso un mayor grado de activismo político y social, de manera que formar parte de estos grupos significaba algo más que resistirse al servicio militar. En esta evolución, los activistas de los diversos grupos del MOC acabaron decantándose por la estrategia de desobediencia total al Estado, lo que fue conocido como insumisión. Esta estrategia fue el resultado de muchos debates internos, de la propia evolución interna de los grupos, del peso que adquirió el antimilitarismo dentro de la juventud española y del contexto político y social donde se desarrolló.

Fundación, expansión y evolución interna del MOC

En paralelo al desarrollo del proceso de transición política en España, la cuestión de la objeción de conciencia comenzó a atraer a muchos jóvenes, lo cual supuso que muchos de ellos acabasen vincu­lados en diverso grado a grupos de objetores. Entre 1976 y 1981, a lo largo y ancho del territorio español, se crearon multitud de grupos en torno a la objeción de conciencia; grupos que acabaron formando el MOC. Este colectivo fue fundado en enero de 1977 en una reunión en Madrid a la que acudieron alrededor de setenta y cinco personas procedentes de Alcoy, Alicante, Bilbao, Córdoba, Hospitalet del Llobregat, Madrid, Málaga, Oviedo, Palma, San Sebastián, Tarragona, Valencia, Valladolid, Vic, Vitoria y Zaragoza 4. La creación del MOC atendía a la voluntad de constituir un espacio de coordinación para todos los colectivos e individuos que tenían en común la resistencia al Servicio Militar Obligatorio (en adelante SMO), sin que fueran exclusivamente grupos de objetores. Formar parte del MOC implicaba inicialmente tres compromisos básicos: participar de las tareas comunes de incidencia política, contribuir a través de cada grupo a la economía común y, por último, no actuar en contra de los acuerdos tomados en las asambleas del MOC, cuya periodicidad mínima era de dos al año. Por otra parte, el MOC no obligaba a ningún grupo o persona a asumir ninguna de las decisiones consensuadas en asamblea, como tampoco ningún grupo o activista podía hablar en nombre del colectivo a nivel general 5. El MOC se convirtió en el espacio común para diversos círculos que partían de enfoques diferentes, pero con la resistencia al SMO como punto de encuentro. De hecho, al principio también formaban parte del MOC grupos ecologistas, antinucleares e incluso alguno de la CNT. Con el tiempo esto fue cambiando y del MOC solo formaron parte grupos exclusivamente de objetores que solían denominarse con el nombre del MOC seguido del territorio al que pertenecían (provincia, comarca, ciudad o barrio), mientras que el colectivo en su conjunto pasó a denominarse «MOC Estado español» a partir de 1985 6.

Desde el principio del movimiento hubo tres focos fundamentales: Barcelona, Bilbao y Madrid. Las agrupaciones de estas ciudades, además, se convirtieron en los coordinadores de los grupos de determinadas áreas geográficas. Así, por ejemplo, el grupo del Casal de la Pau de Barcelona coordinaba la «zona este», que integraba a Cataluña, Canarias, Islas Balears y País Valenciano. Desde la Bakearen Etxea de Bilbao se hacía lo propio con la «zona norte», que abarcaba Asturias, Euskadi, Galicia, Navarra, La Rioja y Santander. Por último, desde la agrupación de Madrid de la calle Cenicientos se coordinaban Andalucía, Aragón, las dos Castillas, Extremadura, Madrid y Murcia. Estas zonas de coordinación sufrieron modificaciones con el tiempo, no obstante, las tres ciudades mantuvieron su rol como principales referentes 7.

La organización del MOC atendía a tres niveles que incluso podían llegar a ser cuatro. El más amplio de todos era el MOC a nivel estatal —así se autodenominó hasta 1985—, que representaba a la asamblea general de los grupos de objeción que decidían formar parte del MOC; después estaban las asambleas por áreas geográficas, y, por último, los grupos locales en pueblos o ciudades donde hubiera suficientes objetores para formarlo. Además, en lugares como Barcelona también se formaron agrupaciones por barrios. En algunas grandes ciudades, la dimensión de los grupos hizo que el trabajo interno de estos se dividiese en comisiones, como, por ejemplo, en el caso del grupo del Casal de la Pau de Barcelona 8. Por regla general, todos los niveles trabajaban de manera asamblearia, con una continuidad de activistas dependiente del grupo y el momento, pero en todos los casos las asambleas servían para el intercambio de información entre grupos y activistas, así como para el contacto y conocimiento mutuo, el debate interno, la adopción de compromisos mínimos, la organización de acciones coordinadas y la gestión de situaciones excepcionales. Normalmente todos los grupos gozaban de una importante autonomía, de manera que cada colectivo decidía dónde centraba sus esfuerzos y cómo hacerlo.

Dado su papel coordinador, el MOC se consolidó como el espacio vertebrador de la resistencia al servicio militar e incluso del movimiento antimilitarista desde su fundación y durante toda la década siguiente, aunque no fue el único espacio de activismo, como veremos más adelante. La expansión del MOC responde a una cuestión simple: la obligatoriedad del servicio militar, lo que hacía que cada año apareciera un número importante de jóvenes que tenían que responder a la llamada a filas. Si optaban por declararse objetores era probable que acudiesen a los grupos de objeción para recabar información y, en algunos casos, esto los conducía al activismo en dichos colectivos.

Entre finales de los setenta y principios de los ochenta la objeción continuó su tendencia de expansión, incidiendo en el aumento del número de grupos que formaron parte del MOC. En 1979, dos años después de su fundación, el MOC estaba integrado por entre veinticinco y treinta colectivos, que englobaban a unos doscientos objetores 9. A la altura de 1981, el número de grupos se situaba por encima de sesenta 10. No obstante, la mayor parte de ellos tenían pocos activistas (menos de diez personas) y solían ser efímeros, con una dinámica extendida de fundación-disolución-refundación. Pero también existieron grupos importantes que superaban la treintena de personas, como los citados de Barcelona, Bilbao o Madrid, y otros también muy activos, como los de San Sebastián, Tarrasa y Valencia.

La estructura de los grupos, en especial de los pequeños, no se agotaba con su nómina fija de activistas. Si así hubiera sido, su incidencia social habría resultado irrelevante. Los grupos de objetores del MOC solían contar con una red de apoyo más o menos amplia en función del grupo concreto. Dicha red de apoyo se había mostrado como una cuestión básica en las acciones de los primeros objetores, ya que, cuando estos eran encarcelados por negarse a realizar el servicio militar, eran los integrantes de la red los que se encargaban de llevar a cabo acciones de denuncia para potenciar la repercusión de la acción del objetor. Las redes de apoyo estaban formadas por regla general por personas que se vinculaban con la objeción, pero que no se veían obligadas a realizar el servicio militar debido a que ya lo habían realizado o estaban exentas, como ocurría con las mujeres, las cuales representaron un porcentaje siempre importante tanto de activistas como de integrantes en las redes de apoyo. Por otra parte, de la estructura de los grupos también formaba parte un número fluctuante de jóvenes a los cuales les afectaba la cuestión del servicio militar, pero no por ello se enganchaban a los grupos locales; simplemente aparecían de manera periódica. De manera que, sin llegar a dar el salto a la política de masas, el MOC consiguió una capacidad de convocatoria notable y, a través de movilizaciones concretas, logró hacerse conocer y, hasta cierto punto, respetar por los medios de comunicación y sus interlocutores gubernamentales.

El crecimiento de la cuestión de la objeción de conciencia y el ensanchamiento de sus bases conllevaron un aumento considerable de la heterogeneidad de sus activistas, hasta el punto que se produjo toda una crisis de crecimiento 11. Como ya se ha dicho, la resistencia al SMO era el único punto de unión entre estos jóvenes, pero las diferencias a la hora de concebir esta eran notables. En un extremo se situaban aquellos jóvenes que entendían la objeción como un fin en sí mismo, cuyo objetivo era lograr el reconocimiento de este derecho mediante una ley de objeción de conciencia y el establecimiento de un servicio civil que se adecuara a sus demandas. En otro extremo se encontraban aquellos jóvenes que entendían la cuestión de la objeción de conciencia como un medio de activismo político y social que aspiraba a conseguir una transformación profunda de la sociedad, la cual se había de conseguir desde parámetros «anticapitalistas», «antiautoritarios», «antipatriarcales» y, por supuesto, «antimilitaristas». Estas diferencias se daban entre agrupaciones de distintos territorios y dentro de los propios grupos 12.

Esta heterogeneidad implicaba diferencias a la hora de definir estrategias conjuntas de acción, de manera que hasta casi 1984 gran parte de los esfuerzos de los grupos del MOC, tanto a nivel global como en cada grupo específico, se dedicaron a debates ideológicos y de identidad. Al principio se buscaron soluciones de consenso que agruparan a todas las tendencias, como demostró la primera declaración ideológica del MOC, redactada durante su primer congreso celebrado en 1979 en Landa (Vitoria) 13. No obstante, muchos grupos ni siquiera asumieron la «declaración de Landa». Las divisiones continuaron existiendo y las escisiones fueron inevitables dentro de los grupos más numerosos. Como resultado de estas tensiones, gran parte de los grupos de referencia entraron en un estado latente entre 1980 y 1981, mientras que muchos de los menos numerosos llegaron incluso a desaparecer 14.

Cabría señalar aquí que de todo este proceso de división y definición también se derivó una división conceptual. Por una parte, reivindicaron el término «antimilitaristas» aquellas personas que entendían la resistencia al SMO como un medio de activismo político y social amplio que aspiraba a la transformación profunda de la sociedad. Mientras que aquellos activistas que veían la objeción como algo más concreto y específico comenzaron a usar el término «pacifista» para definir su objeción. Esta diferencia entre pacifista y antimilitarista no estaba tan clara durante la década de los setenta: Pepe Beunza o los objetores de Can Serra, por ejemplo, siempre consideraron su objeción como una manifestación «pacifista», entendiendo este concepto como «pacifismo activo», activista y crítico, situándolo en unas coordenadas muy similares a la que podían tener los «antimilitaristas» de la década siguiente. La diferencia en el uso de conceptos durante los ochenta hay que entenderla dentro de este proceso de escisión dentro de los grupos de objeción.

El periodo de crisis dentro del MOC comenzó a ser superado a finales de 1981, coincidiendo con la primera campaña contra la Alianza Atlántica (en adelante OTAN), que sirvió para la reorientación de la actividad de muchos grupos. En especial a partir de 1982, comenzaron a refundarse grupos del MOC en muchas ciudades. Durante este nuevo periodo de expansión se afianzó la línea que reivindicaba la identidad «antimilitarista» de los grupos que formaban parte del MOC 15. El resultado final de todo este proceso de redefinición teórica puede verse reflejado en la segunda declaración ideológica del MOC, elaborada durante su segundo congreso celebrado en Madrid en mayo de 1986:

«El MOC es un movimiento político, radical y alternativo, dedicado específicamente al trabajo antimilitarista, y que participa solidariamente del desarrollo de otras luchas revolucionarias [...].

El antimilitarismo es un planteamiento de lucha revolucionaria que se enfrenta a la estructura y funciones militares y sus implicaciones sociales, contra el sistema de dominación política, económica e ideológica; sistema que encuentra su último baluarte y una de sus principales vías de expansión en la movilización de personas y recursos para la preparación de la guerra [...]. A largo plazo, el antimilitarismo lucha por un modelo de organización social basado: a) en la propiedad y utilización colectiva de los medios de producción, comunicación e información; b) en la sustitución de todas las estructuras y relaciones de dominación por la descentralización y la autogestión en la toma de decisiones; c) en un modo de vida y producción en armonía con el medio ecológico; d) en el replanteamiento de los roles sexuales que supere el patriarcalismo; e) en el desarrollo propio de la cultura de cada pueblo dentro de un internacionalismo solidario que supere la opresión estatalista [sic] actual» 16.

Por otra parte, un mayor grado de politización de la objeción vino acompañado de la incorporación de partidos de la izquierda radical a la resistencia SMO. Esta afiliación fue buscada de forma mutua. Desde finales de los setenta, el sector más «antimilitarista» de los objetores se sentía afín a las culturas políticas de estos partidos. Además, consideraban, no sin razón, que la cuestión de la resistencia al SMO continuaba siendo demasiado minoritaria en el conjunto de la sociedad española, por lo que había que sumar a estos sectores políticamente afines que representaban los partidos de la izquierda revolucionaria. Por su parte, estos partidos nunca habían prestado atención alguna a la objeción de conciencia; en el mejor de los casos, simplemente respetaban esta opción y consideraban que podía ser reconocida como derecho 17. Una nueva mirada a la resistencia al SMO, en especial por parte del Movimiento Comunista (en adelante MC) y la Liga Comunista Revolucionaria (en adelante LCR), se fue imponiendo como consecuencia de la importancia social que adquirió la protesta y de las tendencias políticas que se extendieron en los grupos de objetores 18. El punto clave de encuentro fue la campaña anti-OTAN a inicios de los ochenta. El inicio definitivo de la acción conjunta llegó con la «campaña antimili» que el Grup Antimilitarista de Barcelona (en adelante GAMBA) había tratado de impulsar en 1982 y que retomó en 1984. Esta campaña conjunta pretendía unir todas las formas posibles de impulsar el antimilitarismo: desde la resistencia al reclutamiento hasta las campañas contra los abusos en el Ejército y la defensa de los derechos de los soldados. La «campaña antimili» significó el inicio de los grupos denominados «Mili KK», que pretendían ser grupos heterogéneos de acción antimilitarista y desde los cuales participasen también los grupos de partidos de la izquierda revolucionaria, en especial el MC y la LCR 19.

Los Mili KK tuvieron una importante implantación en zonas donde estos partidos contaban con una presencia significativa, debido a que, con el tiempo, los Mili KK se convirtieron en los grupos específicos de activismo antimilitarista de estos partidos. Esta segregación se debió a que las relaciones con el MOC nunca fueron del todo fluidas, habiendo un especial recelo de un sector importante de los «moqueros» hacia la participación de miembros de partidos políticos dentro de sus propios grupos. Mientras, los activistas del Mili KK criticaban a los del MOC por querer monopolizar la lucha contra el SMO 20. Esta desconfianza fue común y estuvo presente durante toda la década. Pese a esto, ambos grupos mantuvieron las relaciones y trabajaron de manera conjunta en la mayoría de las campañas haciendo frente común. Además, hubo lugares donde las relaciones fueron fluidas, como, por ejemplo, en Barcelona, con el importante papel bisagra de determinados activistas.

Sin duda la incorporación definitiva de grupos de la izquierda radical en la resistencia al SMO, como fueron la LCR y el MC, significó un impulso importante para la cuestión. Si bien los Mili KK no lograron la expansión ni el nivel de coordinación del MOC, sí que aportaron una considerable capacidad organizativa, la expansión de la cuestión entre un número mayor de jóvenes y, sobre todo, sumaron una importante capacidad de convocatoria.

Por tanto, desde la aparición de Pepe Beunza y hasta mediados de los ochenta la resistencia al servicio militar obligatorio pasó de ser una práctica aislada a estructurar todo un movimiento social. En este proceso de gestación y expansión fue determinante la formación del MOC, grupo a partir del cual se fueron agrupando y coordinando los primeros objetores desde finales de la década de los setenta. El éxito de este proceso determinó la relevancia del MOC durante la década de los ochenta, debido a la densidad de la red de grupos locales y en especial al grado de coordinación conseguido entre todos ellos.

También fue determinante durante este proceso de gestación y expansión, la definición ideológica de los grupos del MOC. La objeción de conciencia desde la acción de Pepe Beunza estuvo cargada de contenido político y vinculada con la doctrina de la no-violencia. Entre finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, el ensanchamiento de las bases de la objeción supuso la llegada de jóvenes con diversas motivaciones para resistirse al servicio militar. Tras intentos de perfilar unos criterios de consenso que pudieran unir a todos los activistas, se acabó imponiendo como mayoritaria la definición del MOC como un movimiento social fuertemente politizado con voluntad de cambio social profundo vehiculado concretamente a partir de la resistencia al SMO.

El camino hacia la insumisión

El PSOE, tras ganar las elecciones de 1982, no tardó en buscar una solución para la cuestión de la objeción de conciencia, pendiente de regulación legislativa. En 1984 se codificó tanto esta como la Prestación Social Sustitutoria (en adelante PSS) mediante la Ley Orgánica 8/1984 y la Ley 48/1984 21. Como bien explica Víctor Sampedro en su obra sobre la objeción de conciencia, estas leyes fueron textos restrictivos en comparación con otros que previamente había elaborado el entorno del PSOE 22. No se reconocía la objeción sobrevenida, aumentaba la duración de la PSS con respecto al SMO entre un 50 y un 100 por 100, y además se creaba un organismo, el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia (en adelante CNOC), que evaluaba las motivaciones personales de los objetores para reconocerlos como tales 23.

La ley levantó un fuerte rechazo por parte de los objetores, ya que no se cumplían los «doce puntos mínimos» que los grupos del MOC habían consensuado en 1978 para poder hablar de una regulación satisfactoria 24. Además, un importante número de activistas dentro de los grupos del MOC mostraban abiertamente su rechazo contra cualquier tipo de servicio civil o prestación sustitutoria y aspiraban a la insumisión total. Comenzaron a producirse dentro del movimiento los debates sobre las formas de resistirse a la nueva ley, se analizaron las diversas posibilidades y en 1989 comenzó la campaña de insumisión colectiva. El camino a la insumisión no fue sencillo, sino el resultado del convencimiento de que era posible realizar con éxito la campaña. Las principales incertidumbres estribaban, por un lado, en saber si se contaba con el suficiente número de insumisos para poder realizar la campaña con expectativa de éxito y, por otro, en calibrar si se contaba con el respaldo social suficiente para poder legitimarla. No hay que olvidar que el Gobierno del PSOE contaba con la legitimidad institucional del nuevo sistema democrático y con la legitimidad social de la amplia mayoría absoluta obtenida en 1982 25.

Hasta inicios de la década de los ochenta la estrategia de resistencia al servicio militar se había realizado mediante la creación de «servicios civiles autogestionados», similares a los que habían desarrollados los objetores de Can Serra. Para el sector antimilitarista del MOC, los servicios civiles simplemente habían tenido un fin utilitario, como herramienta de resistencia a la conscripción al Estado 26. La apuesta por la insumisión no se realizó antes debido a que no había un grado suficiente de unidad estratégica al respecto y, sobre todo, porque los antimilitaristas consideraban que no tenían fuerza para desarrollar una campaña de desobediencia masiva al Estado: se sabían pocos y con escaso respaldo social para ello. El giro y la apuesta fuerte por la insumisión se produjo cuando comenzaron a considerar que ambas circunstancias habían mutado. Este cambio en la percepción vino determinado por el amplio seguimiento a dos campañas específicas: por un lado, la de objeción colectiva a la Ley de Objeción de Conciencia (en adelante LOC) que puso en marcha el MOC a partir de 1984; por otro, la fuerte movilización y el debate público que se generó alrededor del referéndum sobre la permanencia en la OTAN, de los que el movimiento antimilitarista formó parte activa.

La campaña de objeción colectiva fue la respuesta de los grupos del MOC ante la ley de objeción de conciencia del PSOE. Tras numerosos debates dentro del MOC se consensuaron dos ámbitos diferentes de resistencia a la ley. Por una parte, se presentó ante el Tribunal Constitucional, mediante el Defensor del Pueblo, un recurso de inconstitucionalidad de la ley, ya que los objetores entendían que esta no se ajustaba a la consideración que la objeción presentaba en la Constitución de 1978 27. Paralelamente, se llevó a cabo una estrategia de desobediencia a la ley, denominada «objeción colectiva» 28. Esta táctica surgió desde el GAMBA y consistía en contravenir de manera colectiva la ley siguiendo un mismo procedimiento: la LOC establecía que aquel joven que aspirase a ser reconocido como objetor tenía que presentar un escrito al CNOC expresando sus motivaciones para ser considerado objetor. La declaración debía ser personal y circunscribirse a las motivaciones que la LOC había definido como válidas. La estrategia de la objeción colectiva consistía en presentar todos los objetores un mismo escrito donde, además de criticar la LOC y la CNOC, se apelaba a motivaciones no reconocidas por la ley, como, por ejemplo, aquellas de carácter político. Al ser una declaración colectiva, el CNOC no podía jugar con ambigüedades: o reconocía a todos o a ninguno.

La objeción colectiva, sin haberlo pretendido, acabó significando una forma de medir las fuerzas con las que contaba el movimiento. Hasta entonces, se podía saber el número aproximado de los activistas más comprometidos, pero a ninguna persona se le obligaba a asumir las estrategias o campañas que se definían, sino que cada integrante del MOC era libre de realizar su objeción como quisiera. La respuesta superó las previsiones más optimistas: el primer año se contabilizaron alrededor de 3.000 declaraciones de objeción colectiva. El número de estas representó entre el 35 y el 40 por 100 del total de solicitudes para ser considerado objetor de conciencia hasta 1986, que fueron alrededor de unas 10.000 29. Además, la estrategia de la objeción colectiva fue también un éxito por cuanto que el CNOC aceptó todas las declaraciones de objeción colectiva hasta 1988. Ese año, el Gobierno socialista comenzó a preparar el reglamento efectivo de la PSS (Real Decreto 20/1988) 30; los antimilitaristas, por su parte, comenzaron a preparar la insumisión.

Por otra parte, el respaldo social también indispensable se comenzó a apreciar a partir del amplio debate público que se generó con el referéndum sobre la permanencia en la OTAN. La cuestión de la adhesión de España a la OTAN estuvo presente en el debate electoral de 1982 y generó oposición por parte de toda la izquierda política 31. El tema adquirió una relevancia considerable, hasta el punto que el PSOE acabó comprometiéndose a celebrar un referéndum sobre la permanencia en la Alianza Atlántica si ganaba las elecciones. El partido liderado por Felipe González ganó las elecciones y continuó con su promesa. Sin embargo, acabó modificando paulatinamente su posición sobre la Alianza Atlántica cuando llegó al Gobierno, de manera que finalmente se acabó convirtiendo en el principal defensor de la permanencia 32. La agrupación socialista tuvo que realizar una importante inversión de medios y energía para que en el referéndum venciera la opción de la permanencia en la OTAN 33. Esta fuerte inversión se debió a que, con motivo del referéndum, se generó un amplio debate público articulado por multitud de colectivos pacifistas y antimilitaristas creados especialmente para la cuestión, a los que se unieron otros grupos integrantes de los movimientos sociales: asociaciones de vecinos, feministas, estudiantes, secciones sindicales y partidos políticos que apostaban inequívocamente por la salida de la OTAN. Estas agrupaciones acabaron creando coordinadoras y plataformas territoriales de acción unitaria, desde las cuales se desarrolló una intensa labor de movilización con acciones orientadas a conseguir la salida de la Alianza 34. La cantidad y heterogeneidad de los grupos ha hecho que se hable de «movimiento por la paz» a la hora de denominar todo el activismo social y político que se generó contra la permanencia en la OTAN. Este movimiento fue sin duda alguna el movimiento social con mayor trascendencia e impacto social y político de la primera mitad de los ochenta. Los grupos antimilitaristas, tanto del MOC como de los Mili KK, formaron parte activa de estas plataformas anti-OTAN, lo cual les sirvió para ampliar enormemente su red de relaciones con otros movimientos sociales y, a su vez, poder difundir sus planteamientos desde una plataforma que contaba con un notorio seguimiento social y llegar, por tanto, a gran parte de la sociedad española 35.

Como es sabido, la postura del movimiento por la paz para salir de la OTAN resultó derrotada en el referéndum efectuado en marzo de 1986. No obstante, la victoria del «sí» a la permanencia fue muy ajustada. Incluso en algunas Comunidades Autónomas la opción del «no» fue mayoritaria, como en los casos de Canarias, Cataluña, el País Vasco y La Rioja 36. Los grupos antimilitaristas entendieron que la cuestión de la resistencia al servicio militar podía, entonces sí, contar con un amplio respaldo social por un mayor grado de conocimiento y sensibilización de la sociedad española hacia el rechazo a la guerra. Incluso, las coordinadoras del movimiento por la paz continuaron reuniéndose y el movimiento antimilitarista concibió la campaña de insumisión como una de las formas de continuar la acción de aquellas en el escenario posreferéndum.

Es probable que, debido al contexto de movilización generado alrededor del debate sobre la permanencia en la OTAN, el CNOC decidiera aceptar las objeciones colectivas. Como también resulta plausible que el Gobierno del PSOE esperase a regular de manera efectiva la PSS y no forzar así el reclutamiento de los objetores hasta que la cuestión estuviera más calmada. Como ya se ha explicado, el tema del referéndum supuso un fuerte desgaste para el Ejecutivo socialista, de manera que obligar a presentarse a los llamamientos a filas podía volver a situar al Gobierno en la tesitura de ordenar encarcelar a objetores; hacerlo significaba un riesgo de mayor movilización y, por tanto, de echar más leña al fuego. Por todo ello, no es descabellado pensar que el Ejecutivo socialista esperara el momento oportuno para reanudar la puesta en marcha plena de la objeción de conciencia y la PSS. Ese momento llegó a partir del año 1987, cuando el referéndum ya había sido realizado, el PSOE había revalidado su mayoría absoluta en 1986 —aunque disminuida— y contaba con el fallo favorable del Tribunal Constitucional sobre el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Objeción de Conciencia que los objetores habían presentado 37. Por tanto, el Gobierno del PSOE contaba con un grado de legitimidad importante y renovado.

Además, el Gobierno, antes de poner en marcha la PSS, decidió realizar dos acciones que restaban fuerzas a los futuros insumisos. Por una parte, se encargó de proveer de legitimidad a aquellos grupos de objetores que estaban dispuestos a asumir la PSS, fomentando foros de debate, apoyando a grupos como la Associació d’Objectors de Consciència, etc. 38 Por otra parte, en 1987 «liberó» de la obligatoriedad de realizar el servicio militar a todos aquellos objetores reconocidos como tales que estaban en incorporación aplazada desde 1977 39. De los 22.040 objetores reconocidos, 9.368 lo habían sido mediante la objeción colectiva 40. De manera que el movimiento antimilitarista se quedó sin poder contar para la insumisión con sus activistas «históricos». En este sentido también hay que decir que el Gobierno del PSOE tampoco contaba con plazas suficientes de PSS como para atender a todo el contingente de objetores 41. La decisión de liberar al enorme número de objetores acumulado con los años se mostraba oportuna en ambos sentidos.

Mientras tanto, los grupos antimilitaristas continuaron su labor de preparar la insumisión. El camino no fue sencillo ya que volvió a generar muchos debates internos en los que afloraron de nuevo miedos, tensiones e incluso nuevas escisiones 42. La creación de grupos de objetores escindidos del MOC restó legitimidad a los insumisos. Como se ha mencionado, el Gobierno del Estado y numerosos Gobiernos autonómicos, como el de Cataluña por ejemplo, aceptaron de buen grado a los objetores que asumían la PSS, potenciando discursos que diferenciaban claramente a estos de los «insolidarios» insumisos 43. El objetivo no era otro que restar legitimidad a los insumisos y fomentar la objeción.

El movimiento antimilitarista trató de recuperar terreno, para lo cual dedicó un gran esfuerzo en conseguir un traspaso generacional que involucrara a nuevos jóvenes en la inminente puesta en marcha de la insumisión. Se les animaba a realizar la insumisión garantizándoles que el movimiento antimilitarista en su conjunto se comprometía a apoyarlos y acompañarlos en el periplo judicial que se desencadenaría. Paralelamente también se recurrió a la misma estrategia que habían desarrollado los primeros objetores: crear una red de apoyo que respondiera ante las detenciones de los futuros insumisos. La táctica pasaba por que cada insumiso preparase y construyese dicha red, involucrando a familiares y amigos 44. Esto se realizó incluso mediante autoinculpaciones, en virtud de las cuales muchos de esos familiares y amigos se declaraban culpables de haberles incitado a la desobediencia e incluso de haberles ayudado a llevarla a cabo.

Durante el año 1988 también se desarrolló una enorme labor de difusión con charlas a jóvenes, reuniones conjuntas entre grupos e incluso la creación de plataformas unitarias, todo ello para conseguir un mayor grado de unidad de acción 45. Pese a que el escenario era bastante incierto para los insumisos, estos lograron un notable éxito desde el comienzo. De hecho, los antimilitaristas estimaron que eran necesarios al menos un centenar de insumisos el primer año para que la campaña tuviera cierta perspectiva de éxito; a finales de 1989 eran casi 400 los jóvenes que se habían declarado insumisos 46. La cifra sobrepasaba las expectativas más optimistas y no supuso un caso aislado. La insumisión continuó proyectándose durante la década siguiente, hasta el punto de que Rafael Ajangiz contabiliza un total de 20.000 insumisos hasta 2001, año en que fue suprimido definitivamente el SMO 47. El volumen de insumisos dispuestos a ir a prisión fue fundamental para el desarrollo de esta estrategia. También lo fue el respaldo social que encontraron, ya fuera entre los grupos del amplio y heterogéneo movimiento por la paz, entre las redes personales de apoyo de los insumisos o entre un considerable sector de la sociedad que se mostró contrario a los encarcelamientos de insumisos. Por último hay que señalar que, un año después de la puesta en marcha de la insumisión, comenzó la primera guerra del Golfo, hecho que volvió a reactivar las redes del movimiento por la paz y que significó a su vez que los temas pacifistas, antimilitaristas y de rechazo a la guerra resurgieran en el debate público 48.

Un espacio de activismo político y socialización

Pese a que los insumisos contaban con un escenario a priori poco propicio para llevar a cabo la campaña de insumisión, esta logró un notable éxito tanto por el número de jóvenes que se declararon insumisos como por el importante respaldo social con el que contaron. Un indicio de este respaldo es que a comienzos de los noventa un 74 por 100 de los españoles se manifestaba contrario al encarcelamiento de los insumisos 49. Para entender esto habría que tener presente diferentes factores: primero, el contexto de amplia movilización pacifista en torno al referéndum de la OTAN, en el que se desarrolló el movimiento antimilitarista; segundo, el calado que lograron las motivaciones de los antimilitaristas entre una buena parte de la población española 50; por último, y en especial, el peso que tuvo el movimiento antimilitarista en la juventud española, para la que representó uno de los principales espacios de socialización y politización a lo largo de la década de los ochenta.

Por lo que respecta al contexto, ya se ha profundizado de forma suficiente en el apartado anterior. El referéndum por la permanencia en la OTAN favoreció el desarrollo de los colectivos antimilitarista, que pudieron hacer llegar sus ideas y motivaciones más allá de los círculos de objetores, entretejiendo, además, relaciones con otros movimientos sociales. A su vez, como ya se ha apuntado, el Gobierno socialista no forzó la incorporación a filas o al servicio civil sustitutorio hasta finales de la década de los ochenta, de manera que los grupos de objetores contaron con cierta tregua para su desarrollo, lo que no impidió casos de detenciones y encarcelamientos 51. De manera que el incipiente movimiento de resistencia al servicio militar obligatorio de los setenta gozó de una década favorable para evolucionar hacia un movimiento antimilitarista ampliamente conocido y con importante presencia entre la juventud española.

Durante los años que duró la controversia pública en torno a la permanencia en la OTAN se sucedieron los debates sobre cuestiones como el pacifismo, la guerra fría, el desarme, gastos militares, etc. 52 Además de estos temas, los diversos grupos del movimiento antimilitarista incidieron en la crítica explícita a la institución castrense. Para un sector considerable de la sociedad, el Ejército arrastraba una imagen negativa que se proyectaba, como mínimo, desde los años de la Guerra Civil. El Ejército —una parte de este— era la institución que se había sublevado contra la República y la había derrotado, convirtiéndose en uno de los pilares de la dictadura posterior, y había desempeñado un papel activo en la represión franquista, llegando a ser considerado una «fuerza de ocupación extranjera» 53. El Ejército era percibido también por los antimilitaristas como una amenaza constante durante todo el proceso de transición, como evidenció significativamente el intento de golpe de Estado de febrero de 1981. El 23F fue interpretado por los colectivos del movimiento antimilitarista como una advertencia para el proceso de transición y una muestra de que el Ejército continuaba representando una amenaza «contrarrevolucionaria» real. Por otra parte, los jóvenes antimilitaristas entendían que desde la institución castrense se transmitían valores «machistas», «españolistas», «autoritarios» y «fascistas», que chocaban frontalmente con la ideología de los grupos del MOC 54. También cabe mencionar que, en especial en los casos del País Vasco y Cataluña, muchos jóvenes añadían a su antimilitarismo, motivaciones nacionalistas contra el servicio militar en el Ejército español. A todo esto se sumaba el significativo riesgo personal que continuaba suponiendo la práctica del servicio militar, como ilustraban las cifras oficiales de suicidios y de muertes por accidente durante su realización en la década de los ochenta, que contribuyeron a desprestigiar a la institución y a justificar la resistencia al servicio militar 55. Todos estos factores resonaban en un contexto más amplio de crisis del ejército de leva en toda Europa 56.

El contexto y las motivaciones descritas favorecieron que los grupos del movimiento antimilitarista se consolidasen y expandiesen durante la década de los ochenta, convirtiéndose en uno de los principales espacios de socialización y activismo político de la juventud española. Este hecho es fundamental para entender el desarrollo de la insumisión en España. El movimiento antimilitarista tuvo una considerable acogida dentro de buena parte de la juventud, lo cual queda de manifiesto en la expansión de grupos por todo el territorio español y el seguimiento de las campañas de desobe­diencia que estos llevaron a cabo. Los grupos del movimiento antimilitarista no solo fueron colectivos desde los cuales coordinar la resistencia al servicio militar, sino que también eran espacios de activismo y socialización, ya fuera dentro de los propios grupos antimilitaristas o con otros movimientos sociales del momento. El impacto del movimiento antimilitarista en la juventud también tuvo una importante dimensión simbólica, ya que tanto el antimilitarismo como la insumisión acabaron formando parte de la identidad de buena parte de la juventud de la época.

Como ya se ha mencionado, a los grupos antimilitaristas llegaron muchos jóvenes españoles como consecuencia del carácter obligatorio del servicio militar, que los obligaba a plantearse qué hacer ante la llamada a filas; negarse a la incorporación podía conllevar el acercamiento y la implicación en alguno de los grupos del MOC o de otros colectivos como los Mili KK. Estos grupos antimilitaristas entendían la resistencia al servicio militar inserta dentro de un movimiento social cuya definición política ya ha sido descrita previamente. Por tanto, los grupos del movimiento antimilitarista eran espacios marcadamente politizados, lo cual también tuvo consecuencias en el perfil de jóvenes que acabaron configurando este movimiento social.

Incentivar la expansión del antimilitarismo entre la juventud española fue un aspecto fundamental en la labor de incidencia social de los grupos antimilitaristas que trataron de atraer al mayor número de jóvenes a la causa 57. Los antimilitaristas consiguieron conectar con un significativo sector de la juventud española, más allá de la predisposición o no al discurso antimilitarista o de la cultura política previa de estos jóvenes. No obstante, según los propios antimilitaristas, el enganche se produjo especialmente entre los jóvenes más «politizados» y «rebeldes» 58, los cuales presentaban unas inquietudes políticas que confluían con aquellas que presentaban los grupos antimilitaristas.

El antimilitarismo y la insumisión se fueron insertando dentro de la cultura juvenil, en especial en los ambientes de contracultura y contestación juvenil 59. Era frecuente encontrar canciones alentando la insumisión y atacando al Ejército en grupos musicales del ambiente punk, rock radical y heavy metal, como Eskorbuto, Guerrilla Urbana, La Polla Record y Reincidentes, por citar algunos ejemplos significativos 60. Los grupos antimilitaristas reivindicaban el movimiento antimilitarista como «radical», «revolucionario», «alternativo», «anticapitalista» y «antiautoritario», por lo que encajaban a la perfección con las señas de identidad de esos ambientes. La insumisión al servicio militar simbolizaba mejor que cualquier otro acto la rebeldía, la desobediencia y el cuestionamiento de la autoridad por parte de la juventud. Además, la sátira antimilitarista también ocupó espacios de mayor difusión: por ejemplo, la revista El Jueves incorporó desde 1986 una sección llamada Historias de la Puta Mili, que se convertiría en revista propia a partir de 1990. Estos ejemplos sirven para mostrar cómo el antimilitarismo y la insumisión acabaron teniendo relevancia entre la juventud española, hasta el punto de convertirse en una opción normalizada y común.

Por otra parte, formar parte de un colectivo antimilitarista implicaba la interacción más allá del propio colectivo. Como ya se ha argumentado, dentro del MOC existieron varios grados de coordinación que llegaron a incluir a los grupos de toda la geografía española, por lo que era un movimiento que representaba un extendido espacio de socialización a nivel interno. El activismo en el MOC también implicaba el contacto con otros grupos antimilitaristas igualmente politizados: por ejemplo, los Mili KK, desde la izquierda radical, u otros grupos como el Col·lectiu Antimilitarista i Pro-Insubmissió, específicamente libertario 61.

Además, el movimiento antimilitarista desarrolló un importante grado de interacción con otros movimientos sociales «alternativos» de la década, como el ya mencionado caso de la relación con la izquierda revolucionaria, sostenida en el tiempo ya fuera de forma colaborativa o conflictiva 62. También con el movimiento feminista hubo una importante interacción, ya que este asumía el antimilitarismo como algo inherente, mientras que el MOC, por su parte, se identificaba con el feminismo 63. Sin embargo, tampoco fue sencilla la relación entre ambos, debido a que las diversas esferas que abordaba el feminismo cuestionaban también las propias dinámicas personales y de grupo de los colectivos 64. También existió una estrecha, aunque compleja, relación con el movimiento por la paz, si bien el hecho de compartir un objetivo común muy marcado y determinado (el referéndum de la OTAN) facilitó la convergencia de acción. Estas relaciones también incidieron en el activismo de los integrantes del movimiento antimilitarista, de manera que en ocasiones se dieron dobles e incluso triples militancias 65.

Por otra parte, con otros movimientos sociales el MOC mantuvo una relación de constante colaboración. Se trataba de causas en las que la participación conjunta implicaba simplemente un apoyo mutuo, que no requerían estructuras conjuntas y, por tanto, no existía la posibilidad de competencia entre grupos. Así ocurrió sobre todo con el movimiento ecologista y antinuclear, con el apoyo a colectivos pro derechos humanos o con otras luchas como las radios libres o el incipiente movimiento okupa. La colaboración con otros movimientos sociales y la confluencia en la búsqueda de espacios autónomos y autogestionados fueron algo determinante para estos jóvenes. En las comunicaciones entre los grupos antimilitaristas y en especial desde las páginas de sus publicaciones se incidía constantemente en fomentar la relación con otros movimientos sociales «alternativos» —al margen de los partidos políticos—, valorándolos como espacios donde expresar y canalizar las necesidades y rebeldía de los jóvenes:

«Des de sectors socials i polítics diversos s’està coincidint, des de fa un temps, en la importància dels moviments socials alternatius com a impulsors i emergents motors que qüestionen, s’oposen i s’enfronten a les diverses formes i aspectes d’opressió i repressió del sistema, poders establerts i l’ordre instituït.

Dia a dia, davant la necessitat d’un alliberament personal i d’espais relacionals diferenciats, expressius i creatius, i davant la necessitat de nous plantejaments alternatius i de discursos radicals i rupturistes, aquests moviments socials han anat creixent i han tingut, més o menys, repercussió en la vida quotidiana del barri, la ciutat, el poble [...]. Sigui com sigui, la realitat actual és aquesta: hi ha la voluntat d’una major relació entre els diversos moviments socials alternatius, radicals» 66.

En muchos casos se produjo la confluencia entre jóvenes que compartían posiciones como el antimilitarismo, el feminismo, el anticapitalismo, etc., y que, vinculados o no a diferentes movimientos sociales, se juntaron para desarrollar proyectos comunes. En no pocas ocasiones el detonante de esta unión o colaboración fue la propia resistencia al servicio militar obligatorio, que afectaba a los jóvenes y los obligaba, en cierta forma, a activarse. Un ejemplo que ilustra perfectamente esta dinámica fue la fundación del Ateneu Llibertari de Granollers:

«La concepció d’aquest Ateneu no creieu que ha estat espontània sinó fruit d’un treball potser inconscient o involuntari, que es va iniciar fa quatre anys davant la necessitat d’organitzar el MOC i el treball antimilitarista a la nostra comarca [...] gent de diversos pobles del Vallès decideixen organitzar-se i fer un ampli treball d’informació i de difusió del que és l’objecció de consciència. A partir d’aquest treball és quan al Vallès, al voltant del MOC, es va creant un col·lectiu més ampli i heterogeni amb ganes de treballar contra el militarisme l’autoritarisme, el masclisme i en definitiva tots els -ismes que vulgueu; però amb la intenció de donar una empenta a aquest Vallès Oriental mort i mancat d’iniciatives populars per fer-lo més crític, marxós i facilitar tots el mitjans possibles per canalitzar unes inquietuds que les podrien resumir en una sola paraula que ha de començar a ser punta de lluita, la insubmissió. I quan diem insubmissió no la cenyint tant sols a la PPS sinó insubmissió també en el treball, en l’oci, a tot arreu a on se’ns intenta marcar unes pautes no precisament llibertaries» 67.

El caso del Ateneu Llibertari de Granollers no fue un caso aislado, sino que se reprodujo en muchos otros lugares del territorio español. Otro ejemplo fue el colectivo Katakrak, creado en 1985 en Pamplona, que englobaba a diferentes grupos de movimientos sociales, diversos pero afines, que decidieron «okupar» un local donde desarrollar sus actividades: entre ellos se encontraban el Komité Ekologista, el Grupo Antimilitarista, Objetores de Konciencia, Koordinadora de AAVV, Koordinadora Feminista, Eguzki Irratia, Apurtu Irratia, Kolektivo de Konjuntos de Rock, la Asamblea de Jóvenes del Kasko Viejo y el Komité de parados, entre otros 68.

La confluencia del movimiento antimilitarista con otros movimientos sociales supuso la expansión del conocimiento de luchas, ideas y valores entre los activistas de cada uno de ellos, lo que contribuyó a la configuración de marcos de activismo multiformes, con lazos importantes de solidaridad y, en muchas ocasiones, formas de acción conjunta. Esta estrecha relación se tradujo en ocasiones en la búsqueda de espacios físicos comunes, como ocurrió con el ya mencionado Ateneu Llibertari de Granollers.

En conclusión, el movimiento antimilitarista, vertebrado en su mayor parte por el MOC, se afianzó como uno de los movimientos sociales juveniles más importantes de los ochenta, que se proyectaría también durante la década siguiente. Desde los grupos del movimiento antimilitarista se crearon espacios de activismo político y de amplia socialización, al margen de los partidos políticos parlamentarios. Se creó una densa red de apoyo y coordinación que atendía a diferentes esferas y niveles, que abarcaba desde el propio barrio o municipio a todo el territorio español. La práctica de la insumisión sirvió como canalizador para la rebeldía y el antiautoritarismo que manifestaba buena parte de la juventud de la época, llegando de esta manera a formar parte de la identidad de este sector de la juventud.

Solo entendiendo la dimensión y transversalidad que adquirió el movimiento antimilitarista entre de la juventud española puede comprenderse el éxito del trasvase generacional producido durante el año 1988, que supuso que un número considerable de jóvenes que acababan de llegar a los grupos antimilitaristas estuvieran dispuestos a realizar la insumisión y a ir a la cárcel por ello. El movimiento antimilitarista vertebrado a partir del MOC logró una incidencia tal que fue determinante para forzar el final del servicio militar obligatorio durante la década siguiente.