Ayer 118/2020 (2): 17-47
Sección: Dosier
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2020
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/118-2020-02
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License
Recibido: 10-04-2018 | Aceptado: 11-01-2019

El partido de notables en el juego cruzado de «influencias legítimas» e «intercambios calculados» (1853-1900) *

Marta Bonaudo

ISHIR-CONICET/UNR
martabonaudo@gmail.com

Resumen: El objetivo de este artículo es analizar cómo se fueron transformando a lo largo del tiempo los vínculos entre elegibles y electores dentro del partido de notables. El caso santafesino de las últimas décadas del siglo xix nos parece útil para introducirnos en el análisis de la tensión entre las lógicas de las denominadas «influencias legítimas» y la de los intercambios «calculados», explorando el juego de los vínculos horizontales y/o verticales que les dieron vida. Al mismo tiempo, nos servirá para analizar cómo incidieron en tal dinámica los nuevos códigos que el liberalismo pretendía introducir a través de la imposición de una moral cívica y, por último, para observar de qué modo los conflictos entre valores y prácticas antiguas y nuevas —en particular las generadas en el campo de la administración y en el electoral— impactaron en el espacio público y en el interior del Parlamento.

Palabras clave: partido de notables, influencias legítimas, intercambios calculados, moral cívica, corrupción política, Argentina.

Abstract: This article analyses the transformation of links between eligibles and electors in political parties of notables over time. The case of the Argentine province of Santa Fe at the end of the nineteenth century serves as a case study. The goal is to analyse the tension between the logic of the so-called «legitimate influences» and that of «calculated exchanges» by exploring the horizontal and vertical bonds that sustained them. At the same time, the article analyses how liberals attempted to introduce new codes through the imposition of a civic moral, and, by so doing, influenced this dynamic. Finally, the article explores conflicts between old and new values and practices, particularly those that took place within the realms of administration and electoral politics. It discusses how such conflicts impacted public spaces and reverberated within the walls of the parliament.

Keywords: party of notables, legitimate influences, calculated exchanges, civic moral, political corruption, Argentina.

«Pero la absorción del poder no solo viene de la fuerza que oprime y domina por el miedo; viene también de la corrupción que emplean los poco escrupulosos como un medio seguro de dominación» 1.

El partido de notables nos enfrenta al desafío de analizar cómo se articuló el derecho electoral, impuesto por los modelos representativos liberales, con tramas de sociabilidad que homogeneizaran y tradujeran políticamente las percepciones culturales y las prácticas sociales de sus portadores. Aunque la idea del partido/parte resultó en un principio cuestionada por temor a la ruptura de las unidades republicanas latinoamericanas tan difícilmente conseguidas, la necesidad de los mismos se impuso y estos se constituyeron específicamente para la política, configurando tramas complejas, extensas, que se alimentaron de un conjunto de formas asociativas y de vehícu­los culturales.

En las luchas políticas argentinas, las distintas administraciones asumieron el desafío de concretar adhesiones, apelando a las herramientas institucionales que se configuraban y poniéndolas al servicio de los denominados «partidos de gobierno». A ellas se sumaron ciertas formaciones gestadas dentro de la sociedad civil, como resignificaciones de experiencias asociativas previas o bien como clubes o partidos orientados a aglutinar sujetos con «afinidades políticas», uniformando opiniones y compitiendo por el poder.

Tales tramas enfrentaron la dificultad de conciliar intereses disímiles, dando lugar a alianzas y rivalidades que las atravesaron vertical y horizontalmente. La construcción de consensos solo derivó en parte de valores o de presupuestos ideológicos compartidos. Operaron en su interior tanto las aspiraciones a satisfacer intereses particulares como las identificaciones cargadas de afectividad. Hicieron su entrada en la arena política utilizando diferentes vías e interlocutores, ya que casi ningún espacio permaneció ajeno a su dinámica.

A lo largo del periodo los notables no solo vieron incrementar los «costos» de la política, sino que experimentaron la transformación de sus vínculos. La dinámica tradicional de intercambios de protección y asistencia fue adquiriendo de forma paulatina un valor instrumental que le restó informalidad y condujo a una objetivación directa en la instancia electoral. La emergencia de una «economía del cálculo» no solo afectó al lazo que en un principio unía a electores y elegibles, sino que reconfiguró el vínculo de los actores con el poder y las condiciones de construcción del consenso. Mientras las «influencias legítimas» perdían peso, los intereses «calculados» alimentaban los debates en torno al fraude y la corrupción política.

El objetivo de este artículo es reflexionar sobre dicha cuestión a partir de la experiencia santafesina e introducirnos en el análisis de la tensión entre ambas lógicas, explorando el juego de los vínculos horizontales y/o verticales, frecuentemente colectivos, que les dieron vida. Al mismo tiempo, se analizará cómo incidieron en tal dinámica los nuevos códigos que el liberalismo pretendía generar a través de la imposición de una moral cívica. Por último, se observará de qué modo los conflictos entre valores y prácticas antiguos/nuevos impactaron en el espacio público y en el interior del Parlamento.

La amistad política como herramienta de alianza y consenso

Cuando hablamos de los partidos de notables, partimos del presupuesto de que tales configuraciones estuvieron signadas por la confrontación recurrente entre unos modelos sociales, culturales y políticos liberales y republicanos, y aquellos que pervivían o se conformaron al calor de otras experiencias materiales y simbólicas. Al mismo tiempo, sus participantes estuvieron involucrados en múltiples tramas que se solapaban, desdibujando con frecuencia aquella disociación que el liberalismo decimonónico planteaba entre «lo público» y «lo privado», entre un universo de valores ligados a la primacía del «interés general» y aquel en el que operaban intereses y posiciones particulares 2. Los notables desplegaron sus acciones en contextos dinámicos, plurales, donde racionalidades y afectividades se conjugaron en la definición de sus tomas de decisiones. Por ende, tanto sus imaginarios, valores, lenguajes y rituales como sus acciones concretas influyeron «sobre su comportamiento político y sobre su actitud frente a las instituciones, regulando, en suma, su manera de vivir la política» 3.

Para tales actores resultaron relevantes no solo sus concepciones de la igualdad o la libertad, sino también de las relativas a la amistad. Las relaciones de amistad política, resignificadas por el liberalismo, desempeñaron un papel relevante en el origen y pervivencia de las nuevas comunidades políticas. Estimularon la consolidación de vínculos en función de afinidades electivas que fungirían como base para alcanzar acuerdos y aunar intereses. Tal concordancia, sostenida en la complementariedad y reciprocidad de sus miembros, los conduciría a la institucionalización de un régimen político a través del pacto 4.

Las elites notabiliares que impulsaron la creación de dichas comunidades y sus estados, tanto provinciales como centrales, percibieron la importancia y utilidad de esas tramas amicales. Sin embargo, no resultaría tarea fácil para quienes habían actuado persiguiendo casi exclusivamente intereses privados —operando como grupos con escasos niveles de agregación— transferir con rapidez su confianza y sus lealtades hacia la nueva institucionalidad 5.

Los pactos firmados entre 1853 y 1860 en Argentina no implicaron un punto de acuerdo definitivo. No solo persistieron los disensos en torno a una concepción compartida sobre el «bien común», sino que, para muchos, las lógicas del acuerdo resultaron demasiado abstractas o de difícil concreción.

El conjunto de actores involucrados viviría, en el despliegue de una conflictividad recurrente, experiencias que los condujeron a redefinir sus relaciones con el poder e incluso sus propias identidades. Por ello, las décadas posteriores estuvieron signadas por una tensión constante entre la necesidad de consolidar las bases orgánicas de la comunidad política y del Estado en sus esferas nacional y provincial, y la recurrencia de unas relaciones de reciprocidad, de amistad, ancladas en la cotidianeidad de la vida privada que aun resultaban funcionales. No pocos intentarían proyectar estas últimas en la escena pública, desdibujando las lógicas institucionales de nuevo cuño 6.

¿Cómo afectaron dichas prácticas a la dinámica política? La amistad entre notables —alimentada con fuerza por el principio de distinción— implicaba a quienes poseían una natural afinidad, participaban de un idéntico sentimiento y eran influyentes por prestigio y poder en sus propios distritos. Esto les permitió no solo imponer agendas de debate, sino consolidar lazos. El intercambio de argumentos y puntos de vista orientados a superar divergencias no fue tarea fácil y no pocas veces, al alcanzar cierto grado de concordancia, se eliminaron los disensos en su totalidad. Resulta evidente que las amistades políticas, paulatinamente estructuradas en formaciones partidarias, favorecieron la articulación de los poderes locales, ya que gran parte de tales vínculos estuvo en la base de acuerdos y negociaciones, en la concreción de consensos, en la superación del conflicto y la violencia.

En esa vida política caracterizada por la interacción y la confrontación de diversos grupos de amigos, no todos se encontraban en condiciones equivalentes y surgían, con frecuencia, primus inter pares locales, provinciales o nacionales. Diversos factores alteraban las lógicas de igualación y homogeneización entre aquellos: las diferencias económicas, el capital social acumulado, la capacidad de construcción de alianzas, la pervivencia y peso de las diversas redes de parentesco y/o de amistades que integraban. En la búsqueda de consensos y reconocimientos cada red familiar o amical gestaba figuras patricias a la cabeza y una estructura jerárquica, fuertemente móvil, en cuyo interior los lazos de amistad o compañerismo tejidos en ámbitos militares, educativos o sociales continuaron potenciando reciprocidades. Los liderazgos emergentes —más allá de los condicionamientos y limitaciones impuestos por los pares y los subalternos— daban cuenta de sus capacidades para orientar principios y sentidos en el nuevo orden, su ductilidad o dificultad para negociar, consensuar y resignificar intereses y posiciones:

«El Dr. Iriondo por sus numerosas relaciones en todas ellas [se refiere a las provincias] y con especialidad en Buenos Aires donde ha sabido captarse generales simpatías, ofrece como ningún otro ventajas indisputables a las convinaciones [sic] ulteriores de la política general, tanto en virtud de esas mismas relaciones, como en mérito de su tino político y carácter personal, tolerante y conciliador, que es una de sus primeras cualidades y una de las primeras condiciones que deben procurarse en nuestros hombres públicos» 7.

En el plano institucional, los Parlamentos operaron como escenarios paradigmáticos del juego de pactos y de las búsquedas de reconocimiento y consenso para legitimar la autoridad. Aunque quienes negociaban cómo se convertían en potenciales representantes surgían de espacios sociales fuertemente enraizados en el territorio, reconocidos por su comunidad de origen, hubo injerencias continuas de unos poderes sobre otros, produciendo movimientos desde lo local a lo nacional y viceversa. La respuesta al gobernador Iriondo de su amigo político Yáñez resulta ejemplificadora:

«He reflexionado mejor respecto al asunto Diputación y veo claro que después de haberse dignado Ud. hablar al Señor Presidente de la República con referencia a este asunto, no es posible que yo haga el papel de retroceder en sentido contrario» 8.

Se fue gestando así una clase dominante de dimensiones nacionales que cooptó y/o subordinó a las elites provinciales, al tiempo que estimulaba un verdadero proceso de circulación de sus miembros cual ratificación de su capacidad de dominio 9.

En Santa Fe, los acuerdos fueron el resultado de negociaciones e interacciones en las que desempeñaron un papel relevante dos espacios institucionales: las Jefaturas Políticas y la Justicia de Paz. La revolución de 1868 marcó un momento de inflexión con el desplazamiento del Partido Liberal (en adelante PL) del control del poder ejecutivo por los referentes del Partido del Pueblo (en adelante PP). Si bien el recambio de alianzas a nivel gubernamental no implicó la consolidación de un grupo nuevo y homogéneo, dio lugar al afianzamiento de lazos amicales diferenciados que modificaron los anteriores vínculos de confianza y lealtad dentro de las estructuras jurisdiccionales departamentales. En ellas, cada jefe político configuró una compleja y jerarquizada trama administrativa, política y militar, en cuyo interior cumplieron un papel privilegiado jueces de paz y comisarios. En el marco de afinidades y alianzas, la opinión de cada jefe fue fundamental a la hora de determinar quiénes ocuparían los puestos clave, favoreciendo la cohesión del grupo. No obstante, la consolidación institucional no estuvo exenta de enfrentamientos y rupturas, obligando con frecuencia a rearticular los acuerdos iniciales:

«Que el coronel Córdoba, jefe político de San Lorenzo, será también separado de su empleo ¿quién tampoco lo duda? Se da como corriente que el Dr. Pizarro apresura la destitución por creerla necesaria e indispensable, tanto para moralizar y depurar al partido oficial de resistencias improvisadas, cuanto para impedir que Córdoba se esté sirviendo de la autoridad que inviste para traicionar al gobierno» 10.

Por otra parte, esta centralización gestada desde los Ejecutivos, esta «ocupación» vertical de los espacios locales a través del jefe político, sufrió importantes modificaciones con la sanción de la Ley de Municipios (1872). Esta redefinió la lógica de representación institucional de los gobiernos locales, acordándoles atribuciones en el plano electoral y en el de la justicia legal. Las instancias municipales —aunque minoritarias— expresaron las voces de una ciudadanía territorial de nuevo cuño con fuerte presencia extranjera y pusieron en jaque las estrategias centralistas, abogando por medidas orientadas a acrecentar el autogobierno 11.

La lucha política se dibujó como un verdadero juego de ataque y contraataque que tuvo su escenario privilegiado tanto en las instancias de convalidación de candidaturas como en las del reclutamiento de electores y/o en la propia elección 12. Tales estrategias, en las que la violencia simbólica dejaba paso a presiones concretas, operaron ya con el objetivo de favorecer la formación de la conciencia del propio grupo, como «efecto demostración» ante el otro. En la competencia por el poder cada colectivo intentó minar la cohesión y combatividad del grupo opositor. A su vez, los diferentes partidos —a través de unas prácticas en las que la amistad pervivía— resultaron funcionales tanto en las dinámicas de consolidación territorial del poder local como en aquellas que, en paralelo, conducían a su progresiva desterritorialización. De manera paulatina se modificaba una concepción exclusivamente local de la política para transformarse en una cuestión provincial o nacional. En este último plano, los enemigos por vencer fueron los localismos y las formas violentas. En relación con Carlos Tejedor, gobernador de Buenos Aires que protagonizó la fallida revolución de 1880, señalaba un artículo de 1886:

«Era el último mohicano que quedaba del viejo y estrecho localismo, y su bandera, la bandera de los días retrospectivos, de los antagonismos de provincia, de las divisiones de barrio, sin adeptos ni simpatías en ningún pueblo, que vencida, fue arrollada, para no ser levantada jamás por nadie en la República» 13.

Para concretar la unidad, los notables negociaron sus influencias, movilizando y transfiriendo lealtades desde sus territorios a formas partidarias que podían proyectarlos hacia el poder central:

«Producida la candidatura de Tejedor, Iriondo, que solo buscaba dónde podría sacar la tajada más grande, se dirigió (según las cartas de Sarmiento) diciendo que no estaba lejos de apoyar la candidatura de Tejedor; autorizaba al cura Zavalla, actual gobernador nominal de Santa Fe, para que se la mostrara.

¿Qué buscaba Iriondo con esa carta? [...] Mandaba negociar su influencia; y como entonces era gobernador de Santa-Fe, ponía en un platillo de la balanza a la provincia, esperando que en la otra pusiera Tejedor su precio» 14.

Las injerencias no implicaron la desaparición de disidencias o de acciones de imposición de poder. Estas últimas fueron resultado de aquel proceso de circulación de los miembros de las elites, hombres que bajaban desde el poder central al provincial —interactuaban alternativamente en dos o más espacios provinciales— o de la ciudad capital migraban hacia los departamentos:

«De la provincia de Santa Fe se dice lo siguiente: no presentando el Dr. Iriondo garantías seguras de su apoyo al candidato Juárez Celman, el gobierno nacional está preparando el terreno al Dr. Pizarro, enemigo acérrimo de Rocha [candidato adversario para la presidencia] para que le suceda al Dr. Zavalla en el gobierno de Santa Fe» 15.

Imágenes disímiles pero congruentes que mostraban, al mismo tiempo, las reciprocidades que alimentaban los vínculos, así como la capacidad de presión que podía ejercerse al discutir candidaturas pensadas como garantías de una sucesión. Si estas escenas del poder comenzaron a recrearse desde la etapa de la Confederación (1853-1860), terminaron de consolidarse con el ascenso de Julio A. Roca a la presidencia (1880).

Amigos en tensión entre la moral cívica y los intereses particulares

Más allá de las reciprocidades y los intercambios entre amigos políticos, iba emergiendo un orden estatal y un sistema representativo asentado en la soberanía del pueblo que enfrentó al liberalismo decimonónico al problema de cómo dotar a la moralidad pública de un modelo cívico 16. Este debía configurarse garantizando el respeto del orden jurídico, la responsabilidad de los funcionarios, la participación ciudadana y la protección de los derechos individuales. Por ende, su introducción operaría como un verdadero revulsivo dentro de una sociedad muy desigual y construida alrededor de una multiplicidad de sujetos sociales articulados por vínculos parentales, corporativos y/o comunitarios. Los hábitos y morales antiguos no solo confrontarían con las nuevas demandas sociales o con una política pergeñada sobre valores diferentes, sino también con la perspectiva de un Estado orientado a la institucionalización del bien común y una concepción del ciudadano leal a sus instituciones y solidario con sus pares.

La configuración del sistema representativo y de sus instancias de mediación entre la sociedad civil y el Estado sufrió el impacto de tales dilemas. La correspondencia y las disputas de papel —encarnadas en la prensa— dieron cuenta del desfase entre la visión modélica de la amistad orientada a plasmar un orden asentado en el bien común y las prácticas sustantivas de amigos preocupados por sus intereses particulares:

«Oligarquía [...] porque no hay otro nombre que darle al gobierno de Santa Fe que hace cuarenta años reside en la familia Cullen [...]. Son realmente indefinidos los colores políticos de la casta Cullen. Siempre han estado amarrados al poder a dos anclas. Unitarios unos, federales otros [...]. Solo queremos decir que esta familia, fatal para Santa Fe, ha hecho del gobierno de la provincia su patrimonio» 17.

El juego de los vínculos, atravesados por la satisfacción de intereses propios, tampoco fue ajeno al PP. El gobernador Simón de Iriondo —dirigiéndose al hermano del presidente, Ataliva Roca— le comentaba cómo había manipulado la norma legal para garantizarse un rédito privado y lo tranquilizaba por sus adquisiciones de tierras en Santiago del Estero:

«En el centro de Monigotes, que va a ser la primera colonia de Murrieta, hay 20 leguas de campo, la flor de aquel lugar que yo antes de derogar la ley que daba privilegio hice denunciar a dos hombres que me habían servido mucho [...]. Aunque no le quedaran [a Ataliva Roca] más de 20 leguas de las 200, siempre sería un gran negocio la operación que usted ha hecho, pues usted puede quedar con sus 200 bien saneadas; y después de la pasión con que ha acogido su hermano en mi conferencia de ayer la prolongación del ferrocarril de Santa Fe hasta la frontera de Santiago con su prolongación hasta Tucumán por el Chaco, le digo, descanse basta solo el negocio de la tierra de Santiago» 18.

La capacidad operativa de estas redes no se limitó a este tipo de operaciones. En la concreción de sus objetivos, estas elites no dudaron en producir reformas constitucionales que favorecieran sus planes; entre otras, la eliminación de la inamovilidad de los jueces letrados (1883) —avanzando en una verdadera subordinación del poder judicial—, a la que sumarían el control de la estructura policial 19. Diversos episodios evidenciaban las dificultades para consolidar criterios de legalidad que respondieran al interés común, pero también daban cuenta de la percepción de los abusos o las distorsiones en el campo de la opinión.

Durante mucho tiempo las denuncias o libelos tuvieron un carácter ritual, ya que, gobernara quien gobernara, sus prácticas no diferían demasiado. Esto resultaba coherente con el hecho de que las instancias de mediación política se gestaban dentro de unas tramas culturales compartidas y sus respectivas redes vinculaban a actores que confluían en escenarios comunes, en lo privado y en lo público.

La presunción de corrupción y el escándalo aparecían cuando las redes clientelares entraban en conflicto entre sí y operaban connotando a las prácticas de la o las otras como ilegítimas o delictuosas. A su vez, las denuncias dejaban al descubierto el papel desempeñado, en diferentes niveles, por el poder económico detentado por los grupos gobernantes a fin de garantizar ciertos equilibrios políticos y sociales, que, sin embargo, no resultaban eficaces en todo momento:

«Hemos sido sinceros con el Gobierno y lo hemos de ser siempre aunque le desagraden nuestras verdades.

Lo hemos ayudado franca y lealmente en la cuestión Bancaria, hasta que hemos visto realizarse cuanto ha deseado en el interés de garantir la institución. Pero, permítanos que le observemos, que no ha cumplido [...] en la cuestión reformas suprimiendo créditos a los miembros de la Junta Directiva, prohibiendo así hacer parte de ella al comercio, y acordándoles sueldos que la Asamblea rechazó cuando se discutieron las reformas, porque ese fue el espíritu de los que se adhirieron al Gobierno» 20.

Si la tensión entre un «deber ser» y las prácticas fue recurrente desde el momento mismo del pacto de 1856, el clima político de las dos últimas décadas del siglo pareció evidenciar un incremento de las distorsiones:

«Estamos asistiendo a un espectáculo digno de Bizancio.

La corrupción política entronizada; el reinado de la mentira y de la farsa; el interés privado especulando sobre los intereses públicos; la ­vergüenza dada al olvido; los respetos a la ley desechándose por ­inútiles [...].

Ellos [los que mandan] tienen derecho hasta para el abuso y la arbitrariedad, desde que tienen en sus manos todo privilegio y todo monopolio, y desde que además consideran a la patria como un patrimonio, al pueblo, como siervos del patrimonio, y al Gobierno, como administración del patrimonio» 21.

El debate y la opinión se ampliaban a medida que diferentes actores se involucraban en la cosa pública e incorporaban sus propias agendas. Estas últimas fueron el resultado de tomas de conciencia y puestas en cuestión del universo de valores y normas que los regían. Desde distintos lugares se marcaba el espectáculo que brindaban notables y subalternos en la política, lo que denotaba la ajenidad que la misma tenía con nociones como neutralidad o de­sin­terés, mostrando en cambio una sostenida tendencia a satisfacer intereses particulares 22. Esta dinámica permeaba las amistades existentes tanto entre los pares como entre estos y los subalternos, alimentando diversas tramas clientelares a través de las «influencias legítimas» o de los «intereses calculados». No solo se veían afectados los comportamientos electorales, sino la vida de la comunidad política en su conjunto y el funcionamiento global del Estado.

Lealtad y confianza surgían como factores que en el intercambio debían recibir respuestas equivalentes. Algunos autores vieron en esta utilización por parte de los notables de un conjunto de medios puestos a su disposición la incapacidad del propio Estado para alcanzar sus fines 23. Eran evidentes las dificultades del Estado central y de los provinciales para asumir los desafíos impuestos por una agenda amplia que garantizara el orden, el desarrollo y la distribución de bienes y servicios a un conjunto poblacional muy heterogéneo y disperso. Si bien esta fue una dimensión del problema, la otra estuvo —desde nuestra perspectiva— fuertemente vinculada a un modo de concebir las relaciones de poder por parte de los notables, al peso de las tradiciones culturales precedentes.

Los notables operaron en los espacios de toma de decisiones locales o provinciales y actuaron como intermediarios entre el poder central y sus propias comunidades, sin concebir que el acceso al cargo implicaba asumir una responsabilidad pública. Por el contrario, en la mayoría de los casos, estos notables consideraban que se les otorgaba el derecho de administrarlo en su propio provecho 24. De este modo, ellos no solo transgredían la moral cívica, sino que desoían las interpelaciones crecientes de voces emergentes del campo de la opinión:

«Pedir únicamente que los directores de la sociedad [...] cierren los ojos y los oídos a toda afección personal cuando se trate de intereses públicos; que elijan empleados íntegros, celosos e ilustrados; que adopten un plan rígido y sostenido con vigor de economías, huyendo del escollo del favoritismo y parcialidad en que incurren la mayor parte de los que mandan; que reduzcan el número de empleos, dejando solo los precisos e indispensables, destruyendo ese furor de vivir del presupuesto y que es causa perenne de tantas calumnias, detracciones, intrigas y escándalos» 25.

En su imaginario, otras lealtades resultaban más significativas para continuar conservando poder y prestigio. Una y otra vez las relaciones personales —su capital social— alimentaban sus capacidades políticas sin lograr eliminar del todo las confrontaciones internas. La Revolución —adepta al gobernador José Gálvez— atacaba políticamente al presidente Roca, su aliado, por considerarlo alejado de toda moral cívica:

«Esa política que rebaja a un mercantilismo afrentoso la gran misión de gobernar la sociedad; que adoba la cosa pública puramente a gusto y paladar del que manda; que acapara votos para componer mayoría en los Congresos; que fabrica desde la Casa Rosada Diputados telegráficos, manuales, cómodos y caseros; que convierte la empleofobia nacional en bandera de enganche, recompensa amigos, gajes del oficio, conveniencia de favoritos y lustre y esplendor de la casa» 26.

El acceso a instancias de representación o de gestión —desde lo local a lo nacional— proporcionaba a este universo notabiliar no solo herramientas de peso para disputar el poder, sino también espacios para continuar llevando a cabo significativos negocios privados. Estos actores nunca perdieron de vista las posibilidades de acumulación y consolidación de riqueza que se abrían en el nuevo orden: adquisición de tierras públicas, inversiones ferroviarias, préstamos al Estado, abastecimientos estatales, obra pública, creación de bancos provinciales, etc. 27 Por ende, cada grupo aspiraba a controlar las diferentes instancias del Estado, ya que esto posibilitaba la obtención de informaciones privilegiadas sobre los negocios y el mercado; permitía manipular la esfera legal; favorecía la ubicación en tiempo y espacio de un determinado funcionario; tornaba factible prever dificultades o sortear obstáculos en la concreción de objetivos colectivos o individuales 28.

En la confrontación pública desatada entre grupos con intereses diferentes no solo aparecía con más frecuencia el concepto de corrupción, sino que se acrecentaban las condenas hacia tales prácticas. Las denuncias dejaban al descubierto la cantidad de intereses en juego en cada disputa política tanto en las esferas municipales como provinciales o nacionales. En cada dimensión existían competencias apetecibles para quienes pugnaban electoralmente por su control. En el municipio, por ejemplo, diversos actores disputaban desde la confección de los registros impositivos con sus respectivas exenciones, pasando por el otorgamiento de permisos para la recaudación, la provisión de servicios, el abasto, los contratos por actividades comerciales y productivas, o bien el acceso a diferentes funciones policiales, administrativas, educativas o sanitarias:

«El oficialismo [...] no respeta los derechos electorales [...] en los comicios municipales porque para él la posesión del poder se ha trocado en el medio de distribuir favores y fortuna a sus adeptos, proporcionalmente a la categoría en que cada uno revista.

No satisfechos con las oficinas de carácter provincial, han invadido las municipales, convirtiéndolas en meras agencias subalternas para pagar servicios políticos [...] hoy más que nunca la municipalidad se ha convertido en una agencia donde se saldan deudas políticas por orden de la jefatura del partido dominante y a cargo y costa exclusivas de los contribuyentes desalojados de las urnas electorales» 29.

Algunos pensaban que estos incentivos «selectivos» eran los que animaban a ciertos actores a involucrarse políticamente:

«Simple y netamente, tenemos hoy a D. Bernardo Iturraspe como candidato de oposición porque este señor, encontrándose con muchos doblones en la bolsa, quiere conocer como sabe á un comerciante rico las dulzuras del poder [...]. Como es muy natural semejante bandera solo puede cobijar a despreocupados o á amigos personales del candidato, que van con él como el moro Musa si resucitase» 30.

La campaña electoral de 1888-1890 por la gobernación —que oponía a Juan Manuel Cafferata (PP) contra José Bernardo Iturraspe (PL)— ejemplificaba el interés de sujetos que, habiendo estado colateralmente en la escena, pugnaban entonces por lugares centrales de poder. Pero, a su vez, dejaba al descubierto la complejidad del juego de «influencias legítimas» e «intereses calculados» en cada contienda electoral:

«Quiero previamente hacer constar que hace como dos meses D. Benito M. Ramayon hizo firmar en esta un documento, que según él importaba la apertura de una Agencia del Banco Nacional y de la cual sería Gerente, prometiendo en consecuencia créditos ilimitados a todo el mundo. Creo que se habló algo también de la candidatura de D. José Bernardo Iturraspe, quien apoyado por el Presidente de la República ofrecía a sus adictos la tal Agencia.

En ese tiempo aun no se hablaba de candidaturas, a lo menos los vecinos de este Pueblo ignoraban tal cosa por completo, y así fue que, ya por amistad al promotor, ya por obtener un crédito en el futuro Banco, un número de vecinos se comprometió bajo su firma para trabajar por la candidatura de Iturraspe» 31.

La incorporación a la vida política de nuevas generaciones —tanto de actores previamente secundarios como de aquellos cuyo capital social estaba preferentemente vinculado al mundo de los negocios— evidenciaba las dificultades para que los recién llegados construyeran con rapidez sus propias influencias. Muchos, careciendo de prestigio propio en lo político, apelaron a la transferencia de las influencias de otros o, cuando su patrimonio lo permitía, a reciprocidades traducidas en dinero, beneficios económicos o cargo público. La intención de generar nuevos liderazgos políticos por parte de ciertos empresarios podía resultar atractiva para algunos, pero operaba de manera negativa entre otros:

«¿Cómo hemos de aceptar a J. B. Iturraspe entendido tal vez en comprar tierras baratas y venderlas caras, o en lanzar las harinas acumuladas en meses de molienda en los momentos de suba para el artículo, pero absolutamente incompetente en cuanto á la ciencia de gobierno se refiere? [...] lo de mandar es asunto muy complejo y el que haya de hacerlo ha menester estudios detenidos de los mecanismo del gobierno y de las fórmulas del desenvolvimiento social, político y administrativo, cualidades que no se adquieren por revelación sino en virtud de largos y bien meditados estudios» 32.

Evidentemente, los opositores denostaban desde un «deber ser» de la ciencia del gobierno que tampoco ejemplificaban muchos de sus propios líderes.

Las campañas fueron también un excelente escenario para detectar que, con frecuencia, el reclutamiento no derivaba de la valoración de méritos o de las capacidades potenciales del candidato, sino de las necesidades que imponía la «soberanía del número», alimentada en gran medida por una rueda de «favores» entre amigos. Al mismo tiempo, solían dejar al descubierto la pérdida de consenso de candidatos con procederes erráticos 33. Poco a poco las agendas partidarias comenzaban a introducir el problema de los «costos» de la política. Al perder peso las reciprocidades tradicionales y acrecentarse los niveles de competencia, se necesitaban mayores recursos para publicidad, campañas, sustento de intermediarios o compra de electores:

«Un miembro del Club del Pueblo envió ayer a la Tesorería la suma de cinco mil pesos moneda nacional, suma con que quería contribuir por ahora a la formación del fondo electoral. Conviene advertir que no se le había dicho nada aún, porque el Club tiene cerca de doscientos mil nacionales para empezar no más!» 34.

Los dirigentes políticos estaban de acuerdo con que en la dinámica electoral el cálculo no operaba solo en los intercambios entre notables, sino que se hacía extensivo a los subalternos, modificando los vínculos y las condiciones de construcción del consenso. En el mundo de los subalternos, ya en la temprana década del sesenta, se hablaba del «voto a peso» o, hacia fines de los setenta, de cómo el cálculo se sobreimprimía a las lealtades y reconocimientos tradicionales. Tales fenómenos parecieron ganar en intensidad en la coyuntura finisecular:

«[Diálogo entre un partidario de Cafferata y un pueblero ligado a ­Iturraspe]

—Ché, le dice, y porque te has hecho iturraspista?

El muchacho comienza a dar vueltas el sombrero y concluye por decir:

—Señor, yo andaba muy pobre y como estaban dando á veinticinco pesos...

—Entonces, los compran como quesos?

—Yo no sé lo que verá, pero al que daba su nombre para ponerlo en un papel le daban veinticinco pesos y le decían que cuando necesitase más que volviese porque tenían plata a rodo [...] y ya ve Ud, señor, tan fuerte como están los calores ahora para trabajar y tan fácil que se gana la plata dando la firma. Pero ya sabe, Ud cuando me necesite [...]

—Ya lo creo, cuando se acaben los mónis se acaban los partidarios» 35.

Modificaciones en la percepción de los liderazgos, en la configuración de consensos, en la relación entre pares y entre estos y los subalternos, pero también reconsideración del concepto de vocación política y del modo de ejercicio de dicha actividad.

En los Parlamentos se retomó una y otra vez la discusión en torno a la gratuidad de las funciones y, por ende, sobre el «desinterés» de los agentes para cumplirlas. Honor y necesidad se tensionaban ante la aparición de representantes que, ajenos a las filas notabiliares, carecían de la fortuna y/o prestigio de sus antecesores. Esto dio lugar a apasionados debates en torno a la igualdad ante la ley y a la importancia de considerar la función parlamentaria como servicio público que debía retribuirse.

Pese a la resistencia de algunos actores que confrontaban con el despliegue del denominado «mercantilismo político» en el Estado, y en particular en las legislaturas, en la última década del siglo tanto la provincia de Santa Fe como las de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Córdoba remuneraban a sus legisladores 36. La demanda por «vivir para y de la política», de la «profesionalización», había comenzado e impondría no solo una reconsideración de los recursos del Estado y su distribución entre los poderes, sino también una reflexión sobre el papel parlamentario. En esta dirección de nuevo adquiría importancia el hecho de que, para dar continuidad a sus representaciones, los diputados debían gestionar intereses individuales, locales y provinciales si querían estabilizar sus respectivas influencias políticas. Las mismas iban de la mano una y otra vez de las reciprocidades y de las respuestas a las reivindicaciones colectivas que estuvieron en la base de sus triunfos electorales; por ende, de los recursos materiales o simbólicos que orientaran desde el Estado y, en particular, de su habilidad y capacidad para controlar y manipular los aparatos administrativos en beneficio de esas «amistades desequilibradas». Más que como representantes de «intereses generales», estos parlamentarios operarían como «portavoces de intereses particulares», dejando una vez más en evidencia el juego de las relaciones entre dinero y política, entre administración y política, en la búsqueda de reducir al mínimo la competencia en el «mercado político» a fin de favorecer sus éxitos electorales 37.

1890-1902, ¿inflexión de un modo de representación y mediación política?

Las tensiones acumuladas estallaron en la coyuntura de la década de los noventa condensando una multiplicidad de demandas provenientes del mundo notabiliar y de los actores subalternos. En el plano político se produjo una verdadera crisis de representación que puso en cuestión los cursos de acción decididos por los líderes notabiliares, en particular durante la gestión de Miguel Ángel Juárez Celman, marcada por el deterioro de la situación económica y social, los altos niveles de corrupción y la especulación. La percepción de la «ineficacia» para resolver los problemas condujo al régimen a una pérdida de reconocimiento y a la reclamación de responsabilidad por las políticas implementadas que afectaron directamente al presidente y a su partido. Las prácticas que otrora enriquecieron y acrecentaron el poder de gobernantes y burócratas evidenciaban su desgaste y disfuncionalidad tanto en el plano de la legalidad/legitimidad de las representaciones como de las condiciones de desarrollo. Surgían claros indicios de quiebra producidos en el peculiar vínculo que articulaba la relación entre representantes y representados. Los altos niveles de abstención y los conflictos dentro de la fracción dominante mostraban la creciente licuación de los consensos, sumado a las recurrentes interpelaciones de actores o grupos en las calles, en la prensa o en el Parlamento.

El discurso de Leandro Alem en un mitin en Buenos Aires —abriendo camino a la emergencia de la Unión Cívica (en adelante UC)— encerraba un diagnóstico descarnado:

«El gobierno no hace más que echarle la culpa a la oposición de lo malo que sucede en el país.

¿Y qué hacen estos sabios economistas? Muy sabios en la economía privada, para enriquecerse ellos; en cuanto a las finanzas públicas, ya veis la desastrosa situación a que las han traído [...].

No hay, no puede haber buenas finanzas, donde no hay buena política. Buena política quiere decir: respeto a los derechos; buena política quiere decir: aplicación recta y correcta de las rentas públicas; buena política quiere decir: protección a las industrias útiles y no especulación aventurera para que ganen los parásitos del poder; buena política quiere decir: exclusión de favoritos y de emisiones clandestinas» 38.

El análisis marcaba con claridad los estrechos lazos entre política y economía, mostrando cómo la distorsión e ilegalidad de las prácticas gubernamentales habían provocado fuertes tensiones y desajustes en los mercados —en particular el financiero y el laboral—, así como en las finanzas públicas. La revolución no tardó en estallar, el 26 de julio de 1890. Aunque el Gobierno la controló, el presidente debió renunciar, dejando en el imaginario social la sensación de que, frente a la «irresponsabilidad» y corrupción de los gobernantes, se iniciaba un proceso de regeneración moral de la política 39.

En Santa Fe, sus repercusiones se observaron en aquellos núcleos urbanos y de las colonias agrícolas del centro-oeste cuyos actores —nativos y extranjeros— habían confrontado de forma reiterativa con los desmanes del poder en el plano local o provincial, en lo administrativo, lo judicial o lo electoral. Ellos eran conscientes de los negociados que involucraban a miembros de diferentes instancias gubernamentales, algunos de los cuales comenzaban a temer por su futuro. El fiscal nacional Desiderio Rosas —ante denuncias en el Parlamento Nacional por irregularidades observadas en el Banco de la Provincia— escribía a Roca: «Necesito, pues, que me defiendas como amigo y como un funcionario digno» 40. Diferentes voces reclamaban que la política y la administración fueran profesiones honorables, que se cumplieran los programas electorales, que los funcionarios se alejaran del favoritismo y avanzaran en las cuestiones de interés general 41.

El clima de contestación no podía dejar incólume a las instancias de mediación. Si en la década de los ochenta el Partido Constitucional santafesino fracasó en su intento de renovación de la política, entre 1891 y 1893 dos experiencias originadas en Buenos Aires se proyectarían en la provincia buscando neutralizar las expresiones partidarias tradicionales: el Centro Político de Extranjeros (en adelante CPE) y la Unión Cívica (en adelante UC). El CPE, organizado por diversos grupos inmigrantes con miras a participar para enfrentar la debacle política y económica, tuvo una alta proyección en el mundo de las colonias santafesinas. La UC, orientada a convertirse en un partido político de dimensiones nacionales, inició un lento proceso de construcción de consensos de abajo hacia arriba, asentado en la afiliación individual y en una dinámica que se desplegaba desde los clubes parroquiales o departamentales —a partir del voto secreto—, transitando sucesivas instancias de delegación y representación. Para Barroetaveña, uno de sus promotores, la UC se convertiría en «una organización permanente, principista y esencialmente impersonal» 42. Después de la primera Convención Electoral en Rosario (1891), la UC, tensionada por confrontaciones internas, se escindió en Unión Cívica Radical (en adelante UCR), bajo el liderazgo de Alem, y Unión Cívica Nacional (en adelante UCN), bajo el de Mitre. Dicha fractura mostró un diseño espacial par­ticular en Santa Fe, ya que, mientras la UCN se nutrió básicamente con la dirigencia de la ciudad capital, la UCR aglutinó a miembros de las colonias y de Rosario 43. Al no modificarse la situación, en 1893 la UCR convirtió la provincia en uno de los epicentros de sus levantamientos. El Manifiesto de julio hizo hincapié en la crítica situación santafesina:

«La supresión del voto libre ha constituido a sus poderes Ejecutivo y Legislativo en meras usurpaciones de hecho. El poder Judicial surgido de ambos participa de igual carácter [...].

Los funcionarios de la administración se elijen [sic] sin considerar su capacidad para desempeñar los puestos a que se les destina; las rentas se malgastan y se invierten sin control; el Banco de la Provincia, fundado a costa de grandes sacrificios, ha sido teatro de las mayores inmoralidades en el manejo de sus dineros y hoy se encuentra irreparablemente arruinado; la deuda pública, elevada a cifras enormes, permanece impaga en sus servicios exigibles, y los impuestos aumentados sin cesar han concluido por hacerse intolerables, provocando resistencias algunos de ellos, como el que grava a los cereales, que han traído con justicia la atención de toda la República» 44.

La «mala» política electoral, que apeló a su capacidad de exclusión para neutralizar actores y espacios contestatarios donde predominaban los extranjeros, terminó profundizando la corrupción en todos los niveles 45. A ello se sumó otro factor conflictivo: la implementación de un proyecto fiscal nacional y provincial que, dentro de la crisis económica, sustentaba las finanzas del Estado más sobre tributos al consumo que sobre impuestos al comercio exterior, imponiendo nuevas contribuciones a producciones regionales relevantes (cereal, harinas, quebracho).

Tales condiciones contribuyeron a alimentar un clima de protesta social que poco a poco adquirió significación política, creando complejas articulaciones entre ciudadanía y contribución, entre las demandas sociales y las políticas. Los colonos del centro-oeste y los miembros de la burguesía urbana rosarina, predominantemente extranjeros, comenzaron a cuestionar la concepción administrativista del municipio planteada desde la dominación. Excluidos del voto y, por ende, sin capacidades para orientar o controlar las rentas que se «hipnotizaban» o «evaporaban», replantearon sus perspectivas precedentes, pasando a definir al gobierno local como «la principal entidad política [...] donde nace el derecho y el deber cívico» 46. Las tensiones y conflictos no solo habían conducido a estos ciudadanos territoriales a reafirmar sus vínculos con el espacio municipal, sino a redefinir su propia identidad, reclamando por sus derechos.

Los equilibrios políticos vigentes comenzaban a alterarse, situación que las fracciones dominantes no solo percibían con claridad, sino que pretendían revertir ratificando la exclusión de aquellos actores de las esferas de toma de decisión. Tras la derrota revolucionaria de 1893, la UCR se enfrentó a la represión y la ­desorganización de sus cuadros. Sus seguidores santafesinos comenzaron a discutir sobre la estrategia política más funcional en la coyuntura. Mientras los colonos elegían la vía de la participación, los dirigentes rosarinos —luego de sucesivos fracasos— optaban por la abstención.

La disparidad de miras resultaba en gran medida de la desigual composición de sus dirigencias. Un grupo importante del radicalismo rosarino provenía de las filas tradicionales de la elite y había sido responsable tanto del vaciamiento de las formas de representación como de su crisis. En cambio, la mayoría de los dirigentes de las áreas de colonización, muy involucrados con sus representados y fuertemente afectados por las políticas gubernamentales, consideraban que no podían dejar de participar en los procesos electorales, aunque debieran hacerlo fuera de la UCR. Fruto del afianzamiento de sus espacios municipales, los colonos lograron proyectar su representación, introduciendo en 1894 dos referentes, uno en la diputación y otro en la senaduría provincial.

Los conflictos y la desarticulación de la UCR se profundizaron en lo sucesivo. Recrudecieron las confrontaciones entre dirigentes, así como entre estos y sus bases, produciéndose realineamientos y trasvases, en particular en Rosario. En 1897, una nueva candidatura de Roca a nivel nacional operó como un fuerte revulsivo tanto en la UCR como en la UCN. La reiteración de las demandas de gobiernos sustentados en la opinión pública, expresada en instancias electorales libres, garantizadas por reformas acordes, pareció caer en saco roto, acrecentando la percepción de unas prácticas partidarias diluidas entre los acuerdos de cúpula o la primacía de intereses personales o de fracciones.

En la provincia, donde el PP se debatía ante el dilema de garantizar la sucesión —fracturado entre seguidores de Luciano Leiva, José Gálvez o Nestor de Iriondo— y la oposición no terminaba de definir su participación, la emergencia de la candidatura de José Bernardo Iturraspe a gobernador por el PAN no solo aglutinó, sino que rompió distancias entre oficialismo y oposición. En la UCR activó la vida partidaria tanto para analizar el tema de la coalición de partidos populares como para reorganizarse institucionalmente. Se produjo una intensa movilización que avaló a Iturraspe por su compromiso con la lucha por los municipios y por el voto de los extranjeros. La paradoja fue que, para no romper con la UCR nacional que se oponía, los electores santafesinos actuaron como independientes. El triunfo del candidato fue el resultado de la acción de diferentes actores sociales que rebasaron las frágiles estructuras partidarias. El desgaste generado por las tensiones existentes entre dirigencia y bases a nivel nacional y provincial condujo a una suerte de diáspora que desarticuló de nuevo la organización de la UCR.

Los conflictos que atravesaban tanto las formaciones partidarias gubernamentales como las de la oposición a lo largo de la década tornaban más evidente la crisis de «dilución de la legitimidad». No obstante, resultaban menos claros los mecanismos que conducirían a la superación de la misma. Mientras algunos opinaban que la salida se encontraba en reformas electorales o constitucionales que otorgaran garantías a la producción del sufragio y nuevos cauces a la participación, regenerando la política, otros focalizaban su atención en lo que consideraban un déficit creciente en la articulación entre política y sociedad, situación que había impactado de manera notoria sobre las estructuras de representación. Tanto en la nación como en las provincias primó la perspectiva de dar prioridad al reformismo electoral, gestando propuestas con un complejo devenir 47.

Epílogo

En Santa Fe, los reformadores constitucionales de 1900, si bien percibían la insuficiencia de la norma para modificar «un estado de la sociedad», la consideraban un primer paso con miras a recuperar el equilibrio y la estabilidad. Urgidos por producir un «cambio cualitativo en el modo de comprender y hacer la política», pretendieron generar condiciones a fin de neutralizar las amenazas al orden.

El debate abierto sobre otros modos de hacer política mostraba a cada paso las promesas incumplidas sobre honradez administrativa ante la opacidad en la selección de candidatos o el manejo de lo público en beneficio privado; en suma, la corrupción:

«Santa Fe no podía eludir la ley natural de las circunstancias y ha tenido también sus hábiles, los cuales aprovechando todo un cúmulo de coyunturas favorables hanse apoderado del gobierno del Estado para lucrar exclusivamente a costa de la colectividad santafesina.

[...] los hábiles santafesinos incapaces de actuar en la esfera de la labor, chupan la savia del robusto árbol, enriqueciendo su empobrecida sangre con los recursos del país, que han extinguido completamente, dejándolo a dos dedos de la bancarrota y enfangado en el descrédito» 48.

Nuevos escándalos veían la luz revelando incluso las duras pugnas internas que atravesaba el oficialismo de turno, como el que se produjo alrededor de un crédito suplementario solicitado por el gobernador Cafferata, el cual fue rechazado en el Senado por un miembro de su propio partido:

«Es un colmo eso de conceder tal suma a un gobierno que no rinde cuentas; que pide nuevos créditos sin expresar en qué serán empleados; que no paga a los servidores del Estado; que mira impasible que los jueces roben para poder vivir» 49.

Era evidente que la provincia no había logrado eludir ni la corrupción política ni la administrativa. En lo político, los reformadores santafesinos buscaron garantizar el derecho al sufragio libre, tratando de controlar los principales factores de distorsión, sin producir mejoras sustantivas. Sus sectores más progresistas —interesados en integrar a la oposición en las tramas institucionales formales a través de la representación de las minorías— fracasaron una vez más en su intento de traducir en clave política la compleja heterogeneidad social provincial, así como en modificar en profundidad las estructuras partidarias tradicionales. Tampoco pudieron ampliar la comunidad política con la inclusión de los extranjeros ni imponer la autonomía municipal. Tales planteamientos se vieron neutralizados por la mayoría de la convención, inmersa en un clima social de grandes tensiones y fuertes cuestionamientos a la extranjeridad. El único logro sustantivo fue la recuperación, por parte del extranjero, de su derecho a ser elector y/o elegible en lo local 50.

En el plano de lo administrativo, luego de un arduo debate, los convencionales decidieron otorgar rango constitucional a los delitos cometidos en la administración, recuperando el estrecho vínculo existente entre legitimidad y responsabilidad:

«El día que el concepto de responsabilidad, como la sangre, circule en todo el cuerpo del Estado, nuestro orden institucional habrá adelantado a pasos gigantescos, asombrando al mundo por su poderío y dignidad» 51.

Con anterioridad nos interrogábamos sobre si la coyuntura de 1890-1902 podía considerarse un momento de inflexión en el campo de la representación y de las mediaciones políticas. En ese «hilo rojo» de discusión sobre las transgresiones recurrentes a lo largo de la segunda mitad del siglo xix se tenía la sensación de un cambio en las sensibilidades colectivas, una variación en los niveles de tolerancia con respecto a las relaciones de poder. Era indudable que los comportamientos corruptos habían alcanzado mayor visibilidad en el campo de la opinión, pero también resultaba significativa la aparición de nuevos actores en la escena pública y de voces alternativas en el debate. En una dinámica de alta volatilidad y fuertes conflictos, los hechos revolucionarios de 1890-1893 instrumentalizaron, en cierta medida, los cuestionamientos contra la corrupción y el fraude en los que estaba involucrado el régimen político. A diferencia de etapas anteriores signadas por la permisibilidad o la naturalización de las transgresiones electorales o administrativas, en dicha coyuntura se puso en evidencia cómo diversos actores colectivos e individuales relacionaron y establecieron pautas de causalidad entre el deterioro de las condiciones de desarrollo y las malas prácticas políticas. E incluso dieron encarnadura a los responsables máximos de la crisis.

Por primera vez y luego de una revolución fallida como la de 1890, un presidente debió renunciar. En su figura se condensaba la contestación a un modo de hacer política que había conducido a una situación límite. No escaparon tampoco a la crítica y a la denostación pública aquellos referentes empresariales ligados al poder, con clara injerencia en la implementación de políticas que impactaron de forma negativa en las dinámicas económicas y sociales. Sin embargo, estas reacciones morales y éticas no lograron modificar de manera sustantiva en lo normativo —a través de proyectos reformistas— las lógicas vigentes, motivo por el cual toda la década de 1900 se vería conmocionada por tensiones y conflictos, incluso por nuevos conatos revolucionarios. El impacto sobre la instancia de las mediaciones no fue desdeñable pese a sus limitaciones. Por una parte, porque la revolución había puesto en cuestión no solo el rol del PAN como expresión de la alianza intraelites, sino la propia concepción que la sustentaba, la unanimidad:

«Renunciamos al ensueño imposible de formar un gobierno que satisfaga a todos. Esa era, señor presidente, la preocupación de otra época. Ese prurito de unanimidad fue el que produjo la catástrofe y nosotros, señor presidente, renunciamos a la unanimidad!, nosotros sabemos que la oposición es necesaria, que no solo se la debe tolerar, sino que es imperioso darle participación» 52.

La necesidad del pluralismo se había acrecentado dando vida a dos partidos (UCR y PS). Estos pretendían modificar las formas de configuración de las prácticas y técnicas políticas a fin de proyectarse como alternativas «de principios e impersonales». Unos y otros deberían enfrentar verdaderos desafíos para legitimarse, teniendo que resolver, entre otras, su relación con aquellas instancias de mediación que se consolidaban en la sociedad civil —en concreto, las gremiales— y que operaban con sus propias agendas, sin una verdadera articulación con las formaciones partidarias. En una coyuntura fluida, propia de los tiempos de crisis política y económica, si dentro de esa sociedad aun en 1902 se validaba institucionalmente la pervivencia de las «influencias legítimas», distinguiéndolas de las tácticas delictivas, poco restaba de aquella tradicional «economía del don» 53.

Las formaciones partidarias tradicionales no solo experimentaban la ampliación de sus bases, sino también la renovación de sus dirigentes. Frente a tales modificaciones, el peso del sostenimiento de las campañas y de los agentes electorales recayó cada vez más sobre diferentes recursos materiales privados y públicos, impulsando a las elites a introducir formas nuevas de gestión de intereses y de competencia por el poder. Si las estrategias reformistas y las fuertes reacciones éticas no lograron imponerse frente a la corrupción sistémica en la ­disputa por el poder o ante la venalidad administrativa, el clientelismo y el patronazgo se vieron impelidos a mostrar rostros nuevos 54.

Era evidente que algo estaba cambiando en el despliegue de esa compleja crisis de representación. Se había abierto una brecha en los sólidos criterios de unanimidad precedentes. La conflictividad intraelites y el despliegue de una «cultura de la presión», implementada por diversos actores a partir de otras prácticas y estrategias, había conmocionado el espacio público. Paralelamente, y más allá de la volatilidad de la percepción dentro de los conflictos revolucionarios, comenzaba a enfatizarse la necesidad de una imprescindible articulación entre responsabilidad/legitimidad en la condición del representante. Las tramas profundas del universo notabiliar resistían el cambio; no obstante, otros valores comenzaban a abrirse paso en las concepciones del gobierno legítimo.

---