Ayer133 (1) 2024: 229-257
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2023
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/2079
© Jesús Martín Muñoz Millanes
© Jesús Rafael Chávez Rodríguez
Recibido: 12-03-2020 | Aceptado: 13-11-2022 | Publicado on-line: 08-01-2024
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

Reparto agrario, ejido y mecanismos para su evasión: alcances de la reforma agraria en la región del Évora, Sinaloa, México (1920-1940)

Jesús Martín Muñoz Millanes

Universidad Autónoma de Sinaloa
mumm2008@hotmail.com

Jesús Rafael Chávez Rodríguez

Universidad Autónoma de Sinaloa
rafaelchavez@uas.edu.mx

Resumen: La Revolución mexicana fue un movimiento político y social que trastocó el andamiaje del régimen porfirista, y uno de sus grandes logros se fincó en la modificación de la tenencia de la tierra, pues la reforma agraria, sobre todo a finales de la década de los cuarenta, significó un punto de inflexión para redistribuir la propiedad desde una perspectiva social mediante el ejido. Para el caso de la región del Évora, sostenemos que los grandes propietarios pudieron evadir o sobrellevar las demandas agrarias, por lo que recurrieron a varios mecanismos, entre ellos la declaración de inafectabilidad y el traspaso de las propiedades a par­ticulares, familiares o amigos, con tal de disminuir las afectaciones. Tal fenómeno, permitió el acceso a nuevos propietarios, lo que impactó también, en una ma­yor movilidad de la tierra en el caso propuesto.

Palabras clave: reforma agraria, región, instituciones, propiedad de la tierra, Sinaloa.

Abstract: The Mexican Revolution was a political and social movement that disrupted the structure of the Porfirian regime, and one of its great achievements was the modification of land tenure. By the end of the 1940s, agrarian reform had reached a point of inflection in the goal to redistribute property from a social perspective through what was called the ejido. In the case of the Evora region, we maintain that large landowners managed to evade or withstand the threats posed by agrarian reform. They resorted to various mechanisms, including the declaration of non-affectability and the transfer of properties to individuals, relatives or friends to reduce the impact of the reform. This phenomenon allowed access to new owners, which also led to greater land mobility.

Keywords: agrarian reform; region; institutions; land tenure; Sinaloa.

Introducción

El problema respecto de la distribución desigual de la tierra en México hunde sus raíces en la época de la conquista y la colonia, extendiéndose y afianzándose durante la era porfiriana (1877-1910). Los cambios institucionales más perceptibles que fisuran esas estructuras serían los emanados de la Revolución, pues son estos los que marcan el verdadero inicio de la reforma agraria. Si bien durante la Revolución mexicana muchas tierras fueron entregadas como ejidos, fue en la época posterior, durante el periodo cardenista (1934-1940), cuando las grandes haciendas y ranchos fueron expropiados y privatizados con nuevos mecanismos de propiedad: privado, ejidal, comunal 1 y colonos 2.

Con base en lo anterior, en Sinaloa podemos ubicar dos puntos referenciales de la reforma agraria: el primero va de 1920 hasta mediados de los años treinta, cuando fue lenta e irregular; y el segundo, de 1934 a 1940, en el que la reforma agraria fue menos lenta y más regular. En un marco nacional bajo los auspicios del general Lázaro Cárdenas el reparto agrario se hizo más expedito y perseverante y, a diferencia del periodo anterior, los campesinos dispusieron de más y mejores tierras.

Entre los referentes básicos que han contribuido a entender el fenómeno de la propiedad de tierra en el contexto estatal sinaloense encontramos Los empresarios agrícolas y el Estado: Sinaloa 1893-1984 de Cartón de Grammont, editado en 1990, junto con estudios actuales sobre espacios regionales delimitados como los propuestos por María Eugenia Romero Ibarra sobre el valle del Fuerte el norte de Sinaloa; el de César Aguilar Soto que estudia la política agraria en Sinaloa y los empresarios agrícolas; o los aportes que realizan Ana Isabel Grijalva y Juan José Gracida sobre los cambios en la propiedad del Valle del Yaqui.

La presente investigación se fundamenta en tres ejes de análisis: en primer lugar, se analizan las leyes y políticas agrarias que propiciaron los cambios en los derechos de propiedad de la tierra, en las que el ejido ostentó un papel primordial; en segundo lugar, el caso particular de la región de estudio, representada en una zona agrícola reducida de Sinaloa, entre medio de dos valles agrícolas de importancia, como son Culiacán y Los Mochis; y, en tercer lugar, la apropiación de tierras de los hacendados y su afectación por medio de la reforma agraria, que los llevó a recurrir a mecanismos para evadirla, así como el surgimiento de los nuevos propietarios en el escenario agrícola: los ejidatarios y pequeños propietarios.

A partir del análisis de información extraída de la prensa oficial como el Diario Oficial de la Federación o el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, encontramos las evidencias de los cambios institucionales que propiciaron modificación en los derechos de propiedad de la tierra y el acceso a esta. Asimismo, en los archivos notariales, el Archivo Nacional Agrario, el Archivo Histórico del Agua y el Registro Público de la Propiedad Angostura y Mocorito (municipios que conforman este espacio regional durante el periodo de estudio) se encuentran datos importantes para explicar los mecanismos utilizados por parte de los grandes propietarios para revertir los efectos de la reforma agraria.

La reforma agraria en México

La modernización agrícola capitalista de inicios del siglo xx fue un elemento que posibilitó la explotación de recursos fundamentales para la actividad agrícola como el agua y la tierra, lo cual contribuyó a que algunos empresarios de este ramo obtuvieran grandes ganancias. Este fue el marco que condujo a un debate nacional: resolver qué tipo de propiedad era la más viable para el desarrollo de la agricultura. Se enfrentaron dos posiciones centrales: por un lado, los que pretendían que la base del proyecto se sustentara, como en el pasado, en la gran propiedad; y, por otro, los que aspiraban a que se basara en los nuevos actores surgidos de la revolución, los agraristas.

Estas diferencias se allanaron mediante la organización de una estrategia estatal basada en el fraccionamiento de la tierra, conservando los latifundios con sustento empresarial y cercenando el latifundio improductivo, buscando que ambas evolucionaran en pequeñas propiedades para repartir la tierra solo como solución transitoria al problema social 3. Hay que considerar que liberar la tierra de esa forma era un proceso importante en el proyecto del país, dejando a las fuerzas económicas agrarias libres para aquellos con más posibilidad y espíritu emprendedor, pues el propósito era lograr generar una producción indispensable no solo para el consumo nacional —alimento para la población e insumos para la industria—, sino también para el intercambio comercial con otros países, sobre todo con Estados Unidos, con quien entonces se tenía una relación muy intensa.

En ese contexto, los primeros gobiernos del México posrevolucionario consideraron que tanto la gran propiedad como la pequeña eran las formas más viables para el desarrollo de México, mientras que el ejido no fue valorado como alternativa. Empero, la presión de los campesinos era relevante, particularmente cuando en 1934 surgió en el país un movimiento agrario nacional con representación gubernamental en la figura del presidente Lázaro Cárdenas, que dio pauta a un cambio agrario, por lo que el Estado tuvo que consentir y desarrollar esta vía, circunstancias prácticamente imposibles de evadir en un país donde la mayoría de la población vivía en zona rural 4.

Este fue un nuevo momento en la historia de los derechos de la propiedad de la tierra en México, pues significó la ruptura del viejo orden basado en las haciendas, acorde a la convicción del presidente de que el ejido debía ser una pieza fundamental de la economía de la nación 5. Bajo esta lógica, durante el cardenismo se expropiaron y redistribuyeron tierras de las zonas agrícolas desarrolladas del espacio mexicano, como La Laguna, en Durango y Coahuila, las regiones azucareras de Los Mochis y el Mante, las zonas trigueras y arroceras del Valle del Yaqui 6, en Sonora; las plantaciones de café del Soconusco, en Chiapas; la zona algodonera y triguera del valle de Mexicali, Baja California; la región henequenera de Yucatán y las plantaciones de arroz, cítricos y ganado de Lombardía y Nueva Italia, en Michoacán 7.

Bases legales de la Constitución mexicana de 1917

Fue hacia finales de la primera década del siglo pasado, cuando la situación descrita devino explosiva. Se levantó un movimiento con reivindicaciones heterogéneas: democratización del país, restitución y derecho a la tierra de las comunidades, libertad, mejores salarios y, en general, justicia social. Pero el aspecto de la tierra fue sin duda el que motivó e incorporó grandes contingentes a la lucha.

Esta mentalidad revolucionaria forjó diferentes concepciones de la cuestión agraria en el país 8. Entre los representantes más genuinos en la lucha por la tierra estaba Emiliano Zapata, pues no cejó desde 1911 por que se diera una revolución agraria para instaurar un cambio en las estructuras legales, en la construcción de nuevos derechos, acciones y tribunales para los campesinos 9. Ante el gran contenido agrario y lo atrayente que era la bandera zapatista, Venustiano Carranza decidió introducir modificaciones en su programa «Plan de Guadalupe» 10, para luego formular la ley del 6 de enero de 1915, que fue una respuesta obligada al contexto y las demandas que tenían los grupos armados y actores 11. Pretendía así quitar la bandera de la tierra a los zapatistas y conducir su distribución, dentro del cauce constitucional, siempre y cuando se comprobara que esta había sido despojada, a diferencia de Zapata, que creía que la usurpación de la tierra no dimanaba del carácter constitucional de la ley, sino del régimen social imperante. De esto se deduce que Carranza tenía mayor interés en el control de las masas campesinas, mientras que Zapata creía necesario cambiar de fondo las estructuras agrarias 12.

La ley del 6 de enero de 1915 fue sumamente trascendente y revolucionaria porque reconocía el derecho de los pueblos y comunidades a disponer de tierras para satisfacer sus necesidades. Igualmente declaraba la nulidad de las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a comunidades y pueblos, hechas por jefes políticos, gobernadores, la Secretaría de Fomento o de Hacienda u otra autoridad; y agregaba una estructura en los estados del país para el reparto y seguimiento de los problemas agrarios, como las Comisiones locales, que opinarían ante gobernadores y comandantes militares sobre la conveniencia de dotaciones y restituciones; en general, serían las encargadas de verificar todo lo referente a las demandas agrarias 13.

Con esos antecedentes, a partir de la Constitución de 1917, particularmente su artículo 27, el Estado se convirtió en el único dueño de tierras y aguas de la Nación 14, ya que por ley estaba en sus manos el derecho de transmitir el dominio de esas propiedades, imponer a la propiedad privada las modalidades que dictara el interés público 15 y, en función de ello, enajenar dicha propiedad con indemnización. Asimismo, los núcleos de población carentes de ejidos o que no pudieran lograr su restitución por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos, o porque legalmente hubieren sido enajenados, serían dotados con tierra y agua suficiente 16.

Basado en este referente y considerando las circunstancias del país, se elaboraron una serie de reglamentos y leyes agrarias (1920, 1922, 1923,1925, 1929 y 1934, entre otros) y se emitieron un gran número de circulares en las que se ordenaban los mecanismos, estructuras, condiciones y plazos, entre otros, de los sujetos agrarios 17. Entre estos, la pequeña propiedad fue la forma más sugerida por Álvaro Obregón y quienes ocuparon el poder entre 1920-1934, adjudicándole distintas modalidades para su conservación y mantenimiento.

En 1922 se decretó que la propiedad no podía verse afectada si era menor a 150 hectáreas de riego o de humedad; a 250 hectáreas, cuando fuera de temporal y hasta 500 hectáreas en caso de que estas tuvieran una baja calidad 18. En 1929, las extensiones de tierra de la pequeña propiedad inafectable se ampliaron algo, pero se mantuvieron los predios de riego o humedad con superficies de 150 hectáreas; las de temporal de primera se redujeron a 180; las de segunda de temporal quedaron en 300; las de agostadero, monte susceptible de labrarse, en 360; de agostadero para cría de ganado, en 720; de monte alto, en 300; y en terrenos no comprendidos en los mandamientos anteriores se establecieron 1.440 hectáreas 19.

Sin embargo, estos límites referentes a la pequeña propiedad no fueron el marco definitivo de la misma, ya que las normas solo ordenaban que se exceptuara de dotación a las propiedades que tuvieran esas características. Debido a ese vacío, se estableció que los gobiernos estatales definieran cuál debía ser la medida que tendría dicha propiedad. La carencia de estudios sobre la calidad de la tierra y el poco interés de los gobiernos locales, como el de ­Sinaloa, provocarían una aplicación irregular y lenta de la nueva institucionalidad 20.

Antecedentes sobre la liberación de la tierra en Sinaloa

Durante el porfiriato en México, Francisco Cañedo inició una transición en las actividades económicas de la minería a la agricultura cuando gobernaba Sinaloa. Con este cambio, se dio una nueva valorización de la tierra debido a que su demanda aumentó, lo que provocó un cambio en las formas de tenencia, posesión y propiedad 21. Aquellas tierras abandonadas y enmontadas de inicios del cañedismo, en su mayor parte propiedad de comunidades indígenas, con poco interés económico 22, comenzaron a ser codiciadas y a formar parte de la nueva exigencia de los productores agrícolas.

Las razones iniciales para desmontar y roturar estas tierras eran elevar la renta pública y estimular la economía a través del deslinde de terrenos ociosos o baldíos para luego transferirlos a propietarios privados 23, acción práctica ante un erario con problemas financieros y escasez de capital nacional, con un campo inmenso de grandes extensiones de tierras no deslindadas entre sí, algunas de ellas poco claras en su posesión legal (pública, privada o comunal); mucha de ella era fértil y solo faltaba la intervención del hombre para ser transformada 24.

Este entorno agrario, desde luego, no resultaba favorable para las inversiones, sobre todo las extranjeras, que para ese tiempo eran las preferidas por la elite gobernante, ya que, según ellos, traer emigrantes de otros países suponía contar con mejores técnicas y métodos más avanzados en la agricultura que las de los mexicanos, ya que la mayoría de estos, por andar en sus luchas intestinas y haber sufrido agresiones de dos potencias extranjeras, no habían tenido tiempo de estudiar y conocer la realidad geográfica 25.

Fue el conjunto de estos elementos lo que llevó a los gobernantes a cambiar el marco institucional de posesión de la tierra, afectando sobre todo a la propiedad comunal porque en esta «nadie se hacía dueño de nada». Liberar y producir con nueva orientación mercantil, ya no un productor en su carácter de indio, «sino de ciudadano, no como un comunero, sino como pequeño propietario» 26, sería el enfoque principal de este cambio. Aunque tal propósito no era nuevo, pues este proceso ya venía de años atrás, lo que diferenció a la época porfirista fue su irreversible paso a estatuirse en premisa básica para el impulso agrícola de carácter capitalista; es decir, que el grueso de los productores se dedicara a producir, no para a cubrir sus necesidades, sino para la venta con el fin de obtener ganancia.

De ese modo las sociedades agrarias previas al porfiriato 27, formadas a través de leyes desamortizadoras de la tierra de las Corporaciones Civiles y Eclesiástica, de 1856, y de las de Ocupación de Terrenos Baldíos de 1863 y 1875, que habían logrado mantener o constituir grandes, medianas o pequeñas propiedades de tierra privada, individual o colectiva, como en el caso de los condueñazgos, sufrieron nuevas transformaciones. El condueñazgo, que era una forma de propiedad conjunta, pero lotificada con propietarios particulares que a través de la venta de derechos o herencia se dividía (hasta llegar a ser poseída por varias personas), fue empleada por haciendas, ranchos y sociedades comuneras, para poseer la tierra. Fue muy común en la región del Évora, específicamente en la hacienda de los Peiro, donde sus integrantes, por medio de este mecanismo legal, se hicieron de propiedades en varias sociedades, como en Vitaruto, Pericos, Comanito, Zapotillo, Las Bocas y la Isla de Tachichilte, entre otras 28.

Entre 1877 y 1910, cuando se detuvieron las concesiones y se iniciaba la Revolución, según Moisés González Navarro, estas compañías se distribuyeron 1.912.646 hectáreas, a un precio de 419.697 pesos, lo que nos da un valor por hectárea de 4,55 pesos 29, precio promedio, pero no definitivo, pues ya en manos del comprador, con ciertas mejoras en infraestructura hidráulica (canales) y comunicación (caminos), podían ser tierras más productivas e incrementar su valor. Este nuevo entorno supo ser aprovechado por empresarios agrícolas y compañías deslindadoras en Sinaloa, que ofrecieron fracciones de tierra para ese propósito. Por ejemplo, los hermanos Almada, a inicios del siglo xx, después de lotificar e introducir agua en algunos terrenos que poseían en las márgenes del río Culiacán, vendieron tierra con acceso al agua, a 100 pesos la hectárea, y terrenos sin agua, a 30 pesos la hectárea 30. De manera parecida, Benjamín F. Johnston a finales del siglo xix, luego de apoderarse de la tierra y del canal Los Tastes, que habían construido colonos norteamericanos patrocinados por Albert Kimsey Owen, les vendió el agua a precio de costo, pero las «tierras que quisieran —¡sus tierras!— a razón de 25 pesos/acre», cuando esta misma tierra la habían adquirido, por intermedio de Owen en 37 centavos/acre 31.

Otro fenómeno que contribuyó a aumentar el valor de la tierra fue la introducción del ferrocarril. El historiador norteamericano David Pletcher da cuenta de esto: después de haber llegado la línea Sud Pacífico de Guaymas a Mazatlán, las compañías americanas de irrigación procedieron a incrementar el rendimiento y diversificación de cultivos en los Valles del Fuerte y Culiacán. Las tierras a lo largo de la ruta incrementaron su valor de 1,50 pesos oro, a 10 y hasta 15 pesos oro por acre. También influyó en el precio de compra de tierra la devaluación del peso frente al dólar en 1905, pues la paridad hizo más barato el peso mexicano frente a la moneda verde (2 pesos por dólar) 32; es decir, el dólar podía comprar más tierra con menos moneda americana.

Lo mencionado era parte de la transición que se experimentaba en Sinaloa, como parte de este giro hacia la actividad agrícola. John Reginald Southworth nos dice que Mocorito era en aquellos tiempos uno de los pocos distritos de Sinaloa en que se cultivaba el trigo con éxito, además de la «caña de azúcar, algodón, tabaco, naranja, maíz y mezcal», productos naturales de los cuales se tenía una ventaja considerable 33. Los centros productivos más importantes de la época dentro de la región eran la hacienda Tres Hermanos y la de Nuestra Señora de las Angustias.

Estos centros productivos pudieron hacerse con buen caudal de tierra a través de la compra y denuncia de terrenos baldíos. Tal fue el caso, por ejemplo, de los Hermanos Inzunza, de Mocorito, integrados por Manuel, Pedro y Ramón, que a mediados de la década de 1880 compraron a la Compañía Deslindadora José María Becerra cientos de hectáreas que poseía en Agua Caliente de Arriba 34. Con la misma compañía, Inés Peiro, de la hacienda de Pericos, en mayo de 1887 legalizó 2.807 hectáreas como demasías en el rancho denominado Zapotillo 35; y en 1888 hizo la misma operación en la localidad de Calomato, obteniendo para su provecho cerca de 9.000 hectáreas 36.

De manera parecida, Buenaventura Casal logró tener más de 20.000 hectáreas por medio de diversos procesos de compra 37: en 1904 adquirió a Martínez de Castro la mitad del predio de 11.720 hectáreas llamado Los Chinos o Santísima Trinidad, ubicado en El Évora, al precio de 1,20 pesos por hectárea 38. Buenaventura Casal realizó varias compras de tierras a comuneros de la región, como a Lázaro Castro, de quien adquirió en 1904 los derechos que tenía en la Ciénega por 50 pesos 39.

Para este periodo, eran escasos los agricultores que tenían más de mil hectáreas en la región: Antonio Echavarría, quien llegó a poseer 2.440 hectáreas en la hacienda Tres hermanos, además de varias fincas 40; la familia Peiro, que, a principios del siglo xx, alcanzó cerca de 44.000 hectáreas, seguida de la familia Retes, con algo menos; la familia Casal, por su parte, logró contar 20.000 hectáreas; en la lista también estaban los Riveros, con un poco más de 1.000 hectáreas 41.

En cuanto a las propiedades menores de mil hectáreas, es difícil hacer una anotación exacta de todas y cada una de ellas, pero sin duda este tipo de propiedad fue la más común en la región; eran propiedades algo modestas, si las comparamos con el centro del Estado de Sinaloa durante esos años.

El proceso de liberación y expansión del mercado de la tierra tuvo sus aciertos, como por ejemplo un alza en el valor de la tierra de hasta un 50 por 100 42 debido al trabajo de labrado, acondicionamiento, mejoras hidráulicas y acceso al agua. En este sentido, la incorporación de nuevas tierras a la actividad agrícola permitió potenciar este sector: en 1902 coadyuvó a la economía estatal con casi 6 millones de pesos, contando madera, frutas y legumbres 43; y en 1910 logró emplear hasta el 71,88 por 100 de la Población Económicamente Activa (PEA) de Sinaloa 44.

En la región del Évora ya se venía dando un crecimiento de la población a partir de la incorporación de tierras a la agricultura desde antes del gobierno de Cañedo: si en 1877 la población era de 7.822 habitantes 45, para 1910 el número casi se cuadruplicó, llegando a 29.839 46. Los pueblos y ranchos vistos como localidades cambiaron de manera espectacular: según el censo de 1920 existían 188 localidades, de las cuales las individuales eran las más representativas, al sumar 171; es decir, había 167 ranchos frente a solo 4 haciendas 47. Los datos indican que, a inicios del siglo xx, en Sinaloa la hacienda perdía importancia ante el rancho.

Entre 1895 y 1910, en Sinaloa, el número de rancheros había crecido más del 100 por 100, al pasar de 13.706 a 28.907, mientras que los peones tuvieron un crecimiento menor subiendo de 49.856 a 54.791, frente a 9 hacendados existentes para 1910 48. Ese nuevo grupo de rancheros, también conocido como agricultores, estaba integrado por parceleros, arrendatarios y pequeños propietarios, que era el grupo mayor respecto de los hacendados. No se imponían por el número de tierras que poseían, sino por el empeño y dedicación que aportaban al cultivo de la tierra, al atender personalmente el cultivo y contar con las tierras más fértiles 49, pues, a diferencia de la hacienda, sinónimo de miles de hectáreas, el rancho tenía una extensión territorial relativamente menor. En el centro se refería a una unidad de pequeño tamaño y de carácter más familiar; en el norte por razones demográficas llegaba a tener una superficie de mil hectáreas 50; en Sinaloa, McCutchen McBride hace el cálculo, en 1910, de 25 hectáreas en promedio 51.

Aunque el proceso llevó a más personas a tener derechos sobre las tierras, el impacto general en la sociedad de Sinaloa fue dramático, ya que el intento de «transformar a indios, peones, jornaleros, rancheros y hacendados en empresarios» 52 condujo a un reducido grupo empresarial agrícola al progreso. Sus integrantes lograron hacerse con las mejores tierras, acceder al agua para irrigarlas, conseguir créditos y contar con apoyo del gobierno para desarrollarse; los lugares donde se ubicaron por lo regular, permitían además poseer ventajas, como transporte y una agricultura mecanizada. En contraste, la gran mayoría del pueblo del valle o la sierra se encontraba desposeído de su tierra —comunal—, sufría pobreza, desempleo y bajos salarios 53.

La reforma agraria y el ejido en el Évora

El proceso de reforma agraria en la región del Évora se desarrolló en dos periodos: los primeros años, entre 1920 y 1934, las resoluciones presidenciales fueron muy pocas y la tierra dotada a los núcleos agrarios fue de escaso valor, pero a partir de 1935 y hasta 1940, las tierras repartidas fueron de mejor calidad; una parte de ellas, a diferencia del periodo previo, eran de riego.

El primer grupo de pobladores que solicitó tierras fue de Mocorito. Jesús Lara, viejo luchador agrarista, relataba esta historia comentando que después de la Revolución, cuando el lema zapatista «Tierra y libertad» ondeaba su bandera, los indios de este lugar, «enfadados ya de tanta marginación de parte de los representantes comuneros, realizaron su primera reunión en el monte, lejos, donde nadie pudiera denunciarlos» y el 16 de enero de 1916 solicitaron la restitución de sus tierras, argumentando que lo hacían porque estaban cansados de soportar la explotación y las vejaciones de los terratenientes de la región, que impedían su desarrollo, ya que para usar un pedazo de tierra tenían que pagar renta a dichos individuos; incluso, para poder cortar leña para la preparación de alimentos, necesitaban de su permiso. Lara señalaba también que grandes extensiones se encontraban en unas cuantas manos, mientras que cientos de familias campesinas no contaban con patrimonio propio para su subsistencia. La demanda fue escuchada y el presidente Álvaro Obregón emitió resolución en 1921 dotándolos de 1.755 hectáreas 54.

Imagen 1

Ubicación de la región del Évora, Sinaloa, México

Fuente: J. Rafael Chávez Rodríguez y Eduardo Frías Sarmiento: «Modernización regional y centralidad en el caso de Guamúchil, Sinaloa, México (1940-1960)», América Latina en la Historia Económica, 23(3) (2016), pp. 174-203, esp. p. 176.

Después del ejido Mocorito, solicitó tierras el poblado de Santiago de Comanito. El 30 de noviembre de 1924, sus pobladores decidieron reclamar las tierras por vía de la restitución, presentando para ello títulos expedidos en 1856 por el gobernador provisional de Sinaloa Pomposo Verdugo, quien reconoció al pueblo 2.354 hectáreas, cifra que, tras su revisión en 1929, la Comisión Agraria Nacional aceptó como válida y ordenó que se restituyera a dicho poblado. La decisión afectó a propietarios que se habían adjudicado aquellos terrenos a través de una de las sociedades de los Hermanos Retes y los Peiro, entre otros. En este caso se hizo excepción de los propietarios que poseían tierras en ese lugar por más de diez años, a título de dominio, y que no excedieran de 50 hectáreas 55.

El triunfo de dicho poblado no resultó fácil. Los alegatos, formas legales inapropiadas y las relaciones de poder entre propietarios y gobiernos fueron trabas que siempre estuvieron presentes. Por ejemplo, se rechazó la solicitud porque, según la comisión local agraria, el poblado de Santiago de Comanito carecía de categoría política para ser solicitante y las propiedades que señalaban para ser afectadas eran pequeñas; con esas predisposiciones la comisión agraria local y, luego, el gobernador dictaminaron en enero de 1926 que la solicitud era improcedente porque los representantes de esta, Pedro López y Fedomio Buelna, no probaban su personalidad, ni la fecha en que fueron despojados, por lo que no procedía la «acción de restitución ni la de dotación por los motivos y fundamentos legales que se invocan y por no ser un núcleo de población el solicitante» 56.

Empero, la situación prevaleciente daría un giro al llegar a la presidencia de la República el general Lázaro Cárdenas, ya que la demanda de tierra aumentó de manera sorprendente. Si antes de 1920 hubo solo una solicitud de tierra en la región del Évora, entre 1924 y 1934 se presentaron 12 y, de 1935 a 1940, aumentó más de cuatro veces, pues la cifra llegó a 53; hacia el final de nuestro periodo de estudio había 66 demandas 57.

Al revisar las solicitudes y resoluciones, se observa que los solicitantes no contaban con tierra, que trabajaban regularmente como peones en las haciendas o con algunos productores aledaños a su lugar de residencia. La mayoría lo hacían por un salario y otros por aparcería, es decir, rentando tierra y pagando con parte de lo producido; existían casos en que la cuantía de renta que el campesino estaba obligado a pagar al propietario podía llegar hasta un 60 por 100 del total cultivado de la tierra arrendada. Eran condiciones muy difíciles. Un profesor, que fue dirigente agrario de aquellos años, decía:

«Dar tierras en aparcería “a medias” o recibirlas “al tercio” eran sistemas muy socorridos en la región, ambos sujetos a la cláusula de préstamos de dinero a cuenta de cosecha, o a la descarada compra “al tiempo”, con las cuales dejaban siempre sin cosecha al aparcero y, de ribete, endeudado y obligado a pagar al año siguiente al “dos por uno”. El sistema de “gallarín doblado” de la época del Cid en la España medieval, ni más ni menos» 58.

Un grupo de dirigentes convencidos de cambiar la situación en que se encontraban se dieron a la tarea de formar distintos comités agrarios en la región para reclamar su derecho a la tierra 59. Ello se vio favorecido por los problemas internos de los grandes propietarios de la tierra: las desavenencias que poco a poco surgieron entre ellos, como la que se manifestó alrededor del agua en el tapo Capomos entre los usuarios de la margen izquierda y derecha, llegaron en el momento oportuno para que la demanda de los agraristas obtuviera una resolución favorable.

Mediante el análisis de la información recabada en los archivos agrarios y en la prensa oficial (Registro Agrario Nacional, Periódico Oficial de la Federación y Periódico Oficial del Estado de Sinaloa), se observa que la política agraria fue poco proclive al ejido desde 1920 a 1934. Los gobernantes evitaron su formación por diferentes medios, como que puede constatarse en la resolución favorable de solo tres de las trece solicitudes que se presentaron en ese periodo. Dichas resoluciones beneficiaron a 390 campesinos con 3.592 hectáreas, que, por supuesto, no estaban ubicadas en los mejores lugares de la región, como el municipio de Angostura, sino en el de Mocorito, donde la tierra era de menor calidad.

Cuadro 1
Ejidos formados por municipios, tierra dotada y beneficiarios: El Évora (1921-1940)

Años	Ejidos formados			Tierra dotada			Beneficiarios
	Angostura	Mocorito	Total	Angostura	Mocorito	Total	Angostura	Mocorito	Total
1921		1	1		1.755	1.755		167	167
1926		1	1		1.175	1.175		151	151
1934		1	1		662	662		72	72
1935	2	2	4	3.756	4.016	7.772	586	260	846
1936		7	7		15.953	15.953		682	682
1937	12	4	16	12.426	9.074	21.500	968	336	1.304
1938	1	2	3	1.231	8.216	9.447	199	420	619
1939		11	11		18.953	18.953		789	789
1940		1	1		850	850		46	46
Total	15	30	45	17.413	60.654	78.067	1.753	2.923	4.676

Fuente: elaboración propia a partir de Registro Agrario Nacional, Diario Oficial de la Federación y Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.

La creciente organización de los campesinos, como en el Sindicato de Obreros y Campesinos de Alhuey, la influencia de la Federación de Trabajadores del Norte de Sinaloa y la presencia de activistas del Partido Comunista Mexicano trajeron un cambio agrario en la región 60. Esto queda de manifiesto entre 1935 y 1940, lapso de tiempo en que se incrementó en más de diez veces el número de campesinos favorecidos y en casi veintiuna veces la tierra distribuida respecto al periodo anterior de 1920-1934. A esto contribuyó, sin duda, la llegada del general Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República y el arribo a Sinaloa de gobernadores acordes al impulso del ejido, como Manuel Páez y Alfredo Delgado. Los porcentajes antes indicados se tradujeron en favor de 4.000 campesinos con un monto de tierra de 74.475 hectáreas, cifras que acumularon en los veinte años de estudio (1920-1940) beneficios para 4.676 campesinos, con una dotación de 78.067 hectáreas.

Entre los ámbitos afectados destacan diversas compañías, como la Sociedad Agrícola de Mocorito, El Valle, Rosa Morada, de las familias Peiro, Retes, Riveros, Mascareño, Inzunza, Casal, entre otros, además de comunidades como Alhuey, La llama, Bequillos, Ángeles, Tobery, etc.; también propiedades proindivisas, muchas de ellas pertenecientes a comunidades y a distintos propietarios, como el predio de Canaporitos, La Tasajera, La Ciénega y muchas más. Todas estas propiedades fueron objeto de expropiación y no hubo grandes consideraciones de exoneración para los propietarios. Es más, en algunos casos, los dueños, viéndose imposibilitados para una defensa razonable, no presentaron alegatos; tal fue el caso de las tierras distribuidas al ejido Potrerillos 61 y La Barranca 62, ambos del municipio de Mocorito.

Sobra decir que estas tierras no eran de buena calidad, ya que en su mayoría se encontraban en lugares agrestes y regularmente carentes de agua. En cambio, donde la tierra era potencialmente mejorable, como los casos de Santiago de Comanito, Recoveco y Pericos, o donde era de mejor calidad, como los poblados localizados en Angostura, los propietarios presentaron alegatos de forma organizada y decidida. Por ejemplo, Epifanio Domínguez manifestó, en representación de 607 pequeños propietarios, que sus propiedades deberían ser inafectables 63.

Con todo, la defensa jurídica de propietarios organizados colectiva o individualmente no detuvo las expropiaciones en la región del Évora. Por parte del gobierno local y federal se litigó la procedencia de los campesinos, su derecho a la tierra, así como el de los propietarios, el derecho a mantener y respetárseles la pequeña propiedad; no se reconocieron las ventas de tierra a particulares o a familiares que presentaban algunos de ellos, ni la división de predios pro-indivisos, porque, según se consideró, no había lugar para dividirlos o venderlos.

Imagen 2
Región del Évora, Sinaloa: municipios de Mocorito y Angostura

Fuente: Raúl René Rosas Echavarría: «Mocorito, Municipio Mutilado», en José M. Figueroa y Gilberto López Alanís (coords.): Mocorito/1, 18 Encuentros con la historia, Culiacán, Gobierno del Estado-Archivo Histórico General del Estado de Sinaloa-Revista Cultural Presagio-Academia Cultural «Roberto Hernández Rodríguez» A.C., 1999, pp. 124-126, esp. p. 125.

No obstante, se cuidó que el avance de tierras repartidas y de beneficiarios a través del proceso agrario no afectara a las tierras más productivas de la región, como las ubicadas en la parte de Angostura, planas y de más fácil acceso para el transporte y el agua, a diferencia de Mocorito, donde la gran mayoría eran de agostadero, cerril y, en general, con dificultades para el movimiento del cultivo y el transporte. Desde que se anunció la reforma agraria en 1915 hasta 1940, se presentaron 66 solicitudes, de las cuales 45 resultaron favorecidas, formándose 15 ejidos en el municipio de Angostura, lo que benefició a 1.753 individuos, con 17.413 hectáreas. Por su parte, en Mocorito el impacto fue mayor: se formaron 30 ejidos, con 2.923 beneficiarios, a los que se dotó con 60.654 hectáreas.

Cuadro 2
Distribución y calidad de tierra dotada en la región del Évora: 1921-1940

Calidad de tierra	Mocorito	Porcentaje	Angostura	Porcentaje
Riego	794	1,3	7.268	41,7
Temporal	6.856	11,3	424	2,4
Temporal Susceptible de cultivo	13.725	22,6	3.704	21,3
Agostadero y monte	39.279	64,8	6.017	34,6
Total	60.654	100,0	17.413	100,0

Fuente: elaboración propia a partir de Registro Agrario Nacional, Diario Oficial de la Federación y Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.

En una relación promedio de tierra distribuida y de beneficiarios, los datos nos confirman la superioridad de Mocorito respecto a Angostura, ya que el primero alcanzó alrededor de 21 hectáreas por beneficiario y el segundo 10. Ahora, en un análisis de carácter cualitativo, la tendencia no cambia, porque en Angostura se dotó de tierras de mayor calidad, de riego y susceptibles de cultivo, un 65 por 100, un porcentaje mayor que en Mocorito, donde solo se entregó el 35 por 100.

Estas relaciones numéricas confirman lo que hemos venido apuntando: la reforma agraria se hizo sentir como un proceso muy generoso, pues dispuso de más beneficiarios y de tierra dotada, aunque no logró eliminar totalmente aquellas propiedades que excedían los límites establecidos por la ley, particularmente en Angostura, donde el reparto fue menos intenso. De lo anterior se deduce que el Estado permitió que empresarios agrícolas de Angostura y del centro de la región, como de Guamúchil, aunque mermados en sus propiedades por la reforma agraria, lograran mantener su presencia y empuje en la vida económica de la región hacia finales de la década de los treinta del siglo pasado.

Mecanismos para evadir la reforma agraria en el Évora: inafectabilidad y venta de tierra

Con el fin de impulsar la reconstrucción económica del país, se creó un marco institucional que planteó fraccionar la gran propiedad de la tierra, particularmente la de carácter ineficiente e improductiva. En los primeros años, entre 1920 y 1934, cuando la dinastía sonorense gobernaba el país, se buscó proteger e incentivar la pequeña propiedad y circunstancialmente al ejido; luego, en años posteriores, entre 1935 y 1940, el ejido pasó a representar el centro de la política agraria. Este cambio afectó a empresarios muy importantes, como José de la Vega y Hermanos (1935), José L. Sánchez (1937), Pomposo Martínez (1937), Alfonso Casal (1937), así como a las familias Inzunza, Peiro y Retes (1937), entre otras.

La amenaza que se originó para la gran propiedad llevó a sus dueños a impulsar una serie de mecanismos para verse afectados lo menos posible, entre los que destacaron la declaración de inafectabilidad y el traspaso de propiedades a particulares, familiares o amigos. En la región del Évora durante los años de estudio, solo se presentaron cuatro casos de propietarios que tramitaron la declaratoria de inafectabilidad. Entre estos destaca el del predio denominado La Providencia, ubicado en la sindicatura de La llama, municipalidad de Angostura, luego de la operación de traspaso llevada a cabo en 1933 por parte de Cristino Riveros, quien vendió propiedades a Ignacio Silva, Esteban Bojórquez, Alan y María Ninfa Gaxiola y Donaciano Mascareño 64; los compradores tramitaron en 1938 la declaratoria de inafectabilidad, que se otorgó un año después, como se aprecia en el cuadro 3.

Cuadro 3
Tierras inafectables en el Évora

Propietario	Fecha de		Cantidad (Has.)	Calidad
	Solicitud	Resolución		(R)	(T)	(A)	(S)
Cristino Riveros	16/11/1938	02/09/1939	172	45	45		82
Esteban Bojórquez	15/11/1938	03/09/1939	136	58			77
Donaciano Mascareño	15/07/1938	20/11/1939	150	55		95
Alan y María Ninfa Gaxiola	15/11/1938	03/09/1939	150	65	85
Ignacio Silva	15/11/1938	13/09/1939	136			50	86

Fuente: elaboración propia basada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. Donde (R) significa tierra de Riego, (T) Temporal, (A) Agostadero y (S) Salitrosas.

Vale decir que la venta y luego la gestión de inafectabilidad de la tierra mencionada tuvo que ver con la situación y el ambiente agrario que se vivía por aquellos años. Ante el temor a ser expropiado, Cristino Riveros decidió vender, operación, que además de oportuna, le reportó una extraordinaria ganancia, ya que aquella tierra era la misma que había adquirido su familia en 1905: una parte de ella, intervenida a Gabriel Castro y a comuneros por la oficina fiscal y la Tesorería Municipal de Angostura; y la otra, integrada por el resto del mismo predio, un total de 721 hectáreas que, inmediatamente puestas a remate por dicha autoridad, fue adquirida por la familia Riveros por 540 pesos. Solo de la venta de dos de los cinco lotes en que fraccionó el predio 65, Cristino Riveros obtuvo 2.000 pesos, es decir, 1.000 pesos de Donaciano Mascareño y otros 1.000 de los hermanos Alan y María Ninfa Gaxiola 66. Es de suponer que, de las otras dos personas restantes, debió de haber ganado algo similar, porque las tierras vendidas se encontraban al parecer en el mismo lugar, y, como se ve en el cuadro 3 de este trabajo, tenían casi la misma calidad. Es decir, en esta operación la familia Riveros pudo haber obtenido siete veces más de lo que había invertido, además de quedarse para sí con un lote de 172 hectáreas en el mismo lugar. La especulación en la venta de tierra, como se refleja en este acto, fue común durante el periodo y se repitió en muchas operaciones a lo largo y ancho de Sinaloa.

Sin embargo, a pesar de estas operaciones especulativas, muchas ventas no se realizaron desde esta lógica. Regularmente el precio no era tan elevado como en los casos anteriores, ya que el precio promedio por hectárea osciló entre 80 centavos y hasta 160 pesos, siendo por supuesto el precio promedio más bajo el de las ventas realizadas entre los familiares y aquellas donde la calidad de la tierra era mala (agostadero y salitrosa).

Pero más allá de los precios que constituyen un referente de mercado, el movimiento de oferta de tierras en la región del Évora es otro indicador interesante que sirvió de mecanismo para evadir la lucha agraria. En efecto, luego de analizar las ventas de tierras rurales protocolizadas en el Registro Público de la Propiedad y algunas aparecidas en el Archivo Histórico del Agua, como se ve en el cuadro 4.

Pero ¿por qué en el trienio de 1932-1934 las ventas de tierra en El Évora fueron mayores que las de 1935-1937, si la reforma agraria radical y sistemática prácticamente se inició en 1935? Tal hecho hace suponer que la percepción del ambiente agrario debió cundir muy fuerte antes de 1935; y de hecho así sucedió, al aumentar a diez el número de solicitudes de tierra en la región con respecto a años anteriores (cuando solo habían sido tres). Además, no hay que desdeñar la situación a escala nacional y local que dio pauta a niveles de agitación insólita; eran presagios, en efecto, del nuevo cambio agrario que se avecinaba.

Es comprensible, entonces, que el trienio de 1932-1934 constituya una especie de antesala del cambio agrario, el cual condujo a los propietarios a vender parte de su tierra para estar en aparente legalidad, quedándose solo con pequeños predios para enfrentar mejor el proceso agrario que se avecinaba.

Cuadro 4
Total de ventas de tierra (por trienio) según destino: el Évora 1920-1940

Años	Particular	Familiar	Total
1920-1922	16		16
1923-1925	14		14
1926-1928	7	1	8
1929-1931	6	1	7
1932-1934	17	18	35
1935-1937	6	13	19
1938-1940	2		2
Total	68	33	101

Fuente: elaboración propia a partir de Registro Público de la Propiedad, Angostura y Mocorito, años 1920-1940 y Archivo Histórico del Agua.

Después de 1932 y 1934, las ventas de tierra continuaron en plena reforma agraria: entre 1935 y 1937 se realizaron 19 de las 101 ventas que se produjeron de 1920 a 1940. Si bien es menos acelerado que el periodo mediato, mantiene una característica, a saber, la continuidad del destino de la venta, al ocupar una mayor proporción las de carácter familiar (13) respecto de la de los particulares (6). Esto hace indicar que mucha de la tierra se vendió a familiares, 34 de 101 de las ventas totales; es decir, casi el 35 por 100 pretendía conservarse dentro de la familia antes que traspasarla a un particular.

Por la cantidad de operaciones, de esos propietarios destaca el caso de Silvano Gutiérrez, quien realizó nueve transacciones de venta de tierra en distintos puntos del municipio de Angostura: la primera, en 1920, consistió en el traspaso de un derecho indeterminado en la localidad de Tobery a la Sociedad Rudesindo R. Mascareño e hijos, con valor de 30 pesos; las demás (8) tuvieron lugar en 1933, 1934 y 1935, siendo los destinatarios del traspaso sus hijos (Jesús, Alfonso y Eduardo), quienes adquirieron una superficie de más de 200 hectáreas, con valor aproximado de 14.000 pesos. Aunque estas operaciones no mencionan la calidad de la tierra, es de suponer que era buena, debido al precio establecido de venta y a la ubicación, Angostura, lugar plano y de más efervescencia ­hidráulica.

Alfonso Casal, por su parte, realizó 8 operaciones por más de mil hectáreas entre 1932 y 1934, de las cuales más de la mitad estuvieron destinadas a sus hijos (494) y amigos (194) 67, el resto a particulares. En su gran mayoría eran tierras de riego, según se establece en los documentos que aquel dirigió a la Secretaría de Agricultura y Fomento, donde trató de ser un salvoconducto para traspasar a los nuevos propietarios no solo la tierra, sino también concesiones de agua.

En el caso de Silvano y Alfonso, destacan seis propiedades traspasadas por Porfirio Inzunza a sus hijos, Pedro, María Rita y Josefina, con superficie de 145 hectáreas ubicadas en la localidad de Guamúchil, municipio de Mocorito, algunas partes de buena calidad, otras de temporal y agostadero. En el mismo lugar, Antonio Gastélum, traspasó 48 hectáreas a su hijos, Benjamín, Perfecto y Avelino.

El traspaso de tierra a los familiares por parte de grandes propietarios no significó una inmovilidad de la tierra; por el contrario, al igual que la venta a particulares, este fenómeno dio impulso a un número más amplio de productores. Por ejemplo, entre 1920 y 1940 hubo 101 ventas, de las cuales 38 fueron realizadas por siete personas: Silvano Gutiérrez (9), Alfonso Casal (8) Porfirio Inzunza (6), Francisca Angulo vda. de Casal (6), Antonio G. Gastélum (5) y Cristino Riveros (4). En cambio, en cuanto a los compradores en general hubo un número mayor: tan solo en el predio de 3.950 hectáreas que vendió el americano Clarence W. Ingham en 1935, la tierra se traspasó a 35 nuevos propietarios 68.

En el efecto de movilidad de tierra que se observó entre 1920 y 1940, las ventas a particulares fueron más numerosas que las de carácter familiar. Según datos estimados, la primera afectó al 88 por 100 de toda la superficie vendida; es decir de un total de 38.467 hectáreas traspasadas, 34.033 tuvieron como destino a personas particulares; fueron actos de compra-venta en los que, al menos formalmente, guiándonos por lo investigado, no estaba de por medio la familia o un amigo. El monto restante de superficie traspasada, el 12 por 100, es decir, solo 4.434 hectáreas, constatado a través de la revisión de los expedientes del AHA y RPP, se fincó en la familia y en la amistad que tenían ambos, vendedores y compradores.

Es de notar también que el mayor número de ventas se concentró en el trienio de 1929 a 1931: por ejemplo, en 1929 Francisca Angulo vda. de Casal vendió a Silvano Gutiérrez las mejores tierras, una superficie de 1.465 hectáreas que poseía junto con su cuñado Alfonso Casal en el predio Los Chinos o Santísima Trinidad. Posteriormente vendió su predio llamado Yacochitos o Cabeza de Tebuche, de una extensión de 14.035 hectáreas ubicadas en el municipio de Mocorito, a José de la Vega; pero luego seguramente lo volvió a adquirir Francisca para venderlo en fracciones en años posteriores a Silvano y a sus hijos, quienes en 1933 se convirtieron en dueños de todo el predio.

En resumen, la inafectabilidad de la tierra que emprendieron algunos propietarios, con el fin de evitar verse afectados, y las operaciones de venta, tanto a particulares como a familiares o amigos y, desde luego, el surgimiento del ejido, entre otros, fueron mecanismos que permitieron la movilidad de la tierra en la región del Évora: fincaron nuevos propietarios y potencialmente establecieron mejores condiciones para la producción. Además, dieron seguridad a los empresarios agrícolas porque, aunque se vieron afectados, como les ocurrió a Alfonso Casal, a José de la Vega, a Cristino Riveros o a las familias Peiro y Retes, entre otros, ello no significó que la fuerza empresarial desapareciera: solamente que fuera mermada y a la vez revitalizada con una nueva generación de productores y empresarios agrícolas.

Conclusiones

Los cambios legales (leyes de colonización de baldíos, las normas y decretos estatales) efectuados durante el cañedismo en Sinaloa modificaron el uso de la tierra hacia la producción capitalista. Durante este proceso, varios hacendados, familias y hombres de negocios de la región del Évora, como los Peiro, Casal y Riveros, entre otros, supieron aprovechar su capacidad económica, astucia, visión y relaciones con el poder del general Cañedo para acaparar grandes cantidades de tierras, que mejoraron y destinaron al cultivo, principalmente de garbanzo y mezcal, productos comerciales que entonces tenían buen precio y demanda.

Sin embargo, el progreso porfirista y sus desequilibrios sociales tuvieron como efecto la Revolución mexicana en 1910, que enarbolaría la tierra entre las banderas más agitadas. Con justificada razón los hombres estaban fraguando la nueva mentalidad, en la que se inscribiría la propiedad y tenencia de la tierra.

Mediante la instauración de la Constitución de 1917, y particularmente en el artículo 27, se logró un acuerdo respecto a la cuestión agraria, en el que se establecía que el Estado era el único dueño de las tierras y aguas de la Nación. Con este nuevo marco general y la creación de normas, reglamentos y decretos, se inició la reforma agraria, que, en un primer momento, entre 1920 y 1934 no fue muy significativa en la región del Évora. Pero que a partir de 1935 y hasta 1940 se presentó un cambio radical, ya que se formaron 42 ejidos, se benefició en diez veces más a los campesinos y la tierra distribuida aumentó casi veintiuna veces, con tierras de mejor calidad respecto al periodo anterior.

Conscientes del avance de la reforma agraria y la inviabilidad de la defensa que hacían de sus tierras, los grandes propietarios decidieron implementar algunos mecanismos para conservarla, como la declaración de inafectabilidad y el traspaso de las propiedades a particulares, familiares o amigos. El primero fue practicado con poca frecuencia: solo hubo un caso, tramitado en 1938, y resuelto de manera favorable un año después. El segundo mecanismo, el traspaso de tierra, fue de los más usados por los grandes propietarios con el fin de evitar la expropiación, como se comprueba al analizar todas las ventas de tierra existentes entre 1920 y 1940; fue en dos de los siete trienios en que se divide ese periodo, el de 1932-1934 y 1935-1937, cuando se realizaron más de la mitad de estas operaciones, 54 de 101, de las cuales más de la mitad (31) tuvieron como destino la familia y/o los amigos. Destacaron en esas operaciones las familias Gutiérrez, Casal, Inzunza, Gastélum y Riveros, quienes mantenían el mayor número de tierras en la región y prefirieron traspasar, beneficiar a su familia o a sus amigos o simplemente obtener un recurso antes de ser expropiados y no conseguir nada. En la Región del Évora la reforma agraria impulsó la movilidad de la tierra de los grandes propietarios hacia la pequeña propiedad y el ejido, lo que fincó mayores condiciones para la producción.

---