Ayer 117/2020 (1): 103-128
Sección: Dosier
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2020
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/117-2020-05
© Carlos López Gómez
Recibido: 06-11-2017 | Aceptado: 04-05-2018
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Transición española e integración europea. El papel del Movimiento Europeo y otras organizaciones europeístas *

Carlos López Gómez

Universidad Antonio de Nebrija (Madrid)
Universidad Pontificia Comillas (Madrid)
clopezgo@nebrija.es

Resumen: Las organizaciones europeístas, en especial las asociadas al Movimiento Europeo Internacional, desempeñaron un papel relevante en la coordinación de la oposición democrática durante el franquismo, como lo probaría el contubernio de Múnich de 1962. Durante la Transición y principios de la etapa constitucional, dichas organizaciones se adaptaron al nuevo entorno institucional, trasladándose a España aquellas que se encontraban en el exilio tratando de influir en el proceso de adhesión de España a las Comunidades Europeas y promocionando diversos intereses sectoriales al respecto.

Palabras clave: franquismo, Transición, europeísmo, Comunidades Europeas, política exterior de España.

Abstract: Europeanist organisations, particularly those associated with the International European Movement, played a relevant role in the coordination of democratic opposition during Francoism, as the Munich plot of 1962 proved. During the transition and the beginning of the constitutional period, those organisations in exile adapted to the new institutional framework by moving to Spain. They sought to influence the adhesion of Spain to the European Communities and promoted different stances on the matter.

Keywords: Francoism, transition to democracy, Europeanism, European Communities, Spanish Foreign Policy.

Los antecedentes del europeísmo asociativo español durante el franquismo

El aislamiento internacional al que la España de Franco se vio sometida tras el final de la Segunda Guerra Mundial impidió al país participar en los inicios de la construcción europea, pero no fue obstáculo para que en el seno de las instituciones franquistas surgieran inquietudes e iniciativas en torno a la idea de la unidad europea, como la creación en 1952 del Centro Europeo de Documentación e Información (en adelante CEDI) 1. En paralelo, desde ámbitos empresariales y académicos se manifestó un considerable interés por la integración europea, como lo demostraría la creación del Seminario de Estudios Europeos del Ateneo de Madrid, a cargo del ensayista católico liberal José Miguel de Azaola, o la institución de la Sociedad de Estudios Económicos Españoles y Europeos en 1950, por el exministro José Larraz 2.

La historia ha reservado, sin embargo, un papel más brillante para otras entidades, surgidas, asimismo, en estos años, que, tomando también como razón de ser el interés por la política europea, adoptaron o se inclinaron hacia posiciones reivindicativas en términos democráticos, propendiendo a una identificación entre europeísmo y democracia. El más importante grupo de este tenor en el interior de España sería la Asociación Española de Cooperación Europea (en adelante AECE). Fundada en Madrid en 1954 por democristianos procedentes de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (en adelante ACNdP), como Ricardo Fernández Mazas, Francisco de Luis o Fernando Álvarez de Miranda, pronto se extendería a otras sensibilidades políticas e iría asumiendo una actitud de oposición moderada al régimen 3. Posiciones más abiertamente críticas y reivindicativas serían asumidas por la Asociación por la Unidad Funcional de Europa, creada en 1955 en la Universidad de Salamanca por el profesor Enrique Tierno Galván 4.

La oposición en el exilio se arropó con mayor determinación aún en la bandera del europeísmo a la búsqueda de aliados exteriores, y para ello se apoyó en las nuevas organizaciones supranacionales surgidas en estos años para la promoción del ideal eu­ropeo. En 1946 una delegación vasca participó en la fundación de la Unión Europea de Federalistas (en adelante UEF), dando lugar a la creación del Movimiento Federalista Vasco, radicado en París y presidido por el nacionalista Manuel de Irujo 5. La presencia de una nutrida delegación antifranquista en el Congreso de La Haya de 1948 6, punto de partida del Movimiento Europeo Internacional (en adelante MEI) 7, animó a la creación de una sección española que agrupara diferentes corrientes democráticas, y así, en 1949 nacieron en París (con asiento en la sede del Gobierno vasco en la capital francesa) el Consejo Catalán y el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (en adelante CFEME) 8.

Siguiendo el modelo de otras secciones nacionales del MEI, el CFEME se estructuró en familias ideológicas, con representación de los principales partidos republicanos. Como presidente ejercería Salvador de Madariaga, entonces profesor en Oxford y presidente, asimismo, de la Internacional Liberal; los vicepresidentes serían Rodolfo Llopis por el sector socialista, Julio Just por el liberal, Carlos Pi i Sunyer en representación catalana y Manuel de Irujo por los vascos. Tras un breve periodo en que la secretaría general recayó en José María Lasarte, consejero de gobernación del Gobierno vasco, pasó al socialista catalán Enric Adroher Gironella, quien sería el verdadero factótum del CFEME hasta los años setenta, y que a la vez ejercía la misma función en el Consejo Catalán y en el Movimiento Socialista por los Estados Unidos de Europa. El CFEME desarrolló desde sus inicios seminarios, conferencias, publicaciones y otras actividades en las que, si bien no se perdían de vista los asuntos de la política europea, se manifestaba que su principal razón de ser era la denuncia internacional de la situación de España bajo la dictadura 9.

Las relaciones entre los grupos europeístas del interior y los del exilio se revelaron complicadas a todo lo largo del régimen franquista, y muy en especial en los primeros años cincuenta. El CFEME recelaba de las actitudes de la AECE en relación con la dictadura, que juzgaba tibias, así como de sus conexiones con los círculos pseudoeuropeístas apoyados por el Gobierno. Por su parte, tanto Azaola como la AECE trataron en varias ocasiones de concitar una alianza entre organizaciones europeístas del interior, que obtuviera del MEI un reconocimiento oficial como sección española 10. Sin embargo, tras el encuentro personal entre Azaola y Gironella en París a finales de 1954, las suspicacias empezaron a reducirse en beneficio de la mutua colaboración, sobre todo a medida que la AECE fue adoptando posiciones más distanciadas del régimen. En la segunda mitad de la década se intensificaron las visitas mutuas entre delegados de la AECE y del MEI, cuyo nuevo secretario general, Robert Van Schendel, concedía gran importancia a la cooperación de los europeístas españoles 11. A tal efecto, en 1958 se instituyó una asamblea de grupos europeístas del interior. Tras la entrada en vigor de los Tratados de Roma, todos comprendieron que esta colaboración se hacía más importante, pues otorgaba la oportunidad de reflejar un consenso entre diferentes corrientes y sensibilidades políticas en la denuncia del aislamiento en que la dictadura situaba el país 12.

De esta convicción se derivó la decisión de celebrar un encuentro internacional europeísta que mostrara la fortaleza y amplitud del movimiento y la solidez de su respaldo internacional. En 1959 la AECE comenzó la preparación de una Semana Europeísta en Santander, más tarde trasladada a Palma de Mallorca, en la que se esperaba la participación de importantes líderes políticos eu­ropeos, como los ex primeros ministros franceses Pierre Pflimlin, Antoine Pinay y Robert Schuman. Pese al avanzado estado de los preparativos y la obtención previa de los permisos correspondientes, el Gobierno decidió a última hora la suspensión del acto. Madariaga pensó entonces que una reunión de esas características, aglutinando a toda la oposición antifranquista española —excepto los comunistas—, solo podría tener lugar fuera de España, y obtuvo la aprobación del Consejo de Europa para el uso de la sede de su Asamblea Parlamentaria en Estrasburgo con ese fin. Sin embargo, también en esta ocasión el Gobierno de Madrid frustró el proyecto al promover el disenso entre los Estados miembros del Consejo de Europa, que terminó retirando su apoyo 13.

El fracaso de estas iniciativas coincidió con el inicio de una política europea más ambiciosa por parte de la España franquista. En 1960 había abierto su representación permanente ante las Comunidades Europeas y, tras constatar los efectos desastrosos que dejaría en la economía española la marginación del mercado comunitario —en especial en el campo agrícola—, en febrero de 1962 el Gobierno dirigió a las Comunidades su solicitud de asociación con vistas a la plena adhesión. Además, en mayo de 1962 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una ambigua resolución en la que invitaba a las Comunidades a alcanzar algún tipo de acuerdo económico con España, toda vez que esta abordara las «modificaciones constitucionales necesarias» para ello 14.

La reacción de la oposición se tradujo en la célebre reunión celebrada en junio de 1962 coincidiendo con el IV Congreso del MEI, conocida para la historia como contubernio de Múnich. En ella, ochenta delegados españoles procedentes del interior y treinta y ocho del exilio acordaron una resolución en que pedían a las Comunidades Europeas que no admitieran a una España que careciera de instituciones democráticas, no garantizara los derechos humanos y sindicales, no permitiera los partidos políticos ni reconociera las «comunidades naturales». La feroz reacción del régimen, condenando al exilio o al confinamiento a varios de los asistentes y acusándolos de traidores a la patria, dejaría una profunda marca en las relaciones entre España y Europa y en la identificación del eu­ropeísmo con las reivindicaciones democráticas 15. Pero al contubernio se atribuye también el logro de mostrar el acuerdo entre grupos políticos herederos de posiciones enfrentadas en la Guerra Civil, representado por el abrazo entre José María Gil-Robles (entonces presidente de la AECE) y Rodolfo Llopis 16.

Tras los acontecimientos de 1962 no sería fácil para las asociaciones europeístas, en especial las del interior, retomar sus actividades. En la AECE fueron nombrados el catedrático de Derecho Internacional Mariano Aguilar Navarro como presidente y el notario Carlos Bru como secretario, ambos pertenecientes a círculos democristianos, después de que sus predecesores, Gil-Robles y Fernando Álvarez de Miranda, pasaran al exilio y al confinamiento en Canarias, respectivamente. Por lo demás, los grupos europeístas prosiguieron su tendencia a la confluencia: en 1964 el CFEME se amplió para reconocer a los europeístas del interior como una «cámara autónoma» en su seno; en 1965 el MEI aceptó de manera oficial la afiliación de la AECE para esquivar las limitaciones con que la amenazaba la nueva Ley de Asociaciones, y en 1967 el CFEME incorporó una corriente democristiana 17. No desaparecieron, con todo, los desencuentros: en 1965 Madariaga delegó parte de su responsabilidad en Llopis, lo que provocó el malestar de la AECE, que entendía que la acción europeísta debía buscar la creación de un movimiento social amplio y no servir los intereses de los partidos 18. En cualquier caso, continuó la celebración de actividades y toma de posiciones en relación con la política eu­ropea de España, que con el paso de los años volvieron a adoptar tintes más reivindicativos 19.

El Movimiento Europeo ante la transición política: el traslado del CFEME a Madrid y su legalización

Desde el punto de vista del europeísmo internacional, los años del tardofranquismo y la transición estuvieron marcados por el esfuerzo por movilizar a la opinión pública y las fuerzas políticas europeas a favor de pasos significativos en la integración política como vía para superar la crisis económica de los años setenta. En este sentido, el MEI se empeñó, por ejemplo, en la reivindicación de la elección directa del Parlamento Europeo (que sería alcanzada en 1979), el retorno del voto mayoritario como procedimiento decisorio ordinario en el Consejo de Ministros de las Comunidades o la institución de una política regional en la Comunidad Económica Europea (en adelante CEE). La celebración de reuniones semestrales de jefes de Estado y de gobierno de las Comunidades desde 1974 aportaría el marco para la concertación de cumbres paralelas y manifestaciones europeístas 20. En este contexto, la situación política de España tendría para el MEI una importancia relativa; sin embargo, para la oposición antifranquista el apoyo del europeísmo internacional se revelaría un instrumento de gran valor para la reivindicación de las reformas políticas y para la supervisión de las mismas. Así, del mismo modo que el Parlamento Europeo y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa participaron de la creciente presión internacional sobre el régimen franquista al final de la dictadura, también el MEI solicitó en 1973 que las Comunidades endurecieran su política hacia Franco, a la vez que emprendieron gestiones a favor de presos y perseguidos políticos, culminando en la oleada de protestas contra los fusilamientos de septiembre de 1975 21.

En cuanto a la dinámica interna del CFEME, en abril de 1973 se produjo una importante renovación de sus cargos directivos. Tras la dimisión de Madariaga, fue nombrado para la presidencia Manuel de Irujo como fórmula de compromiso entre las familias. También Gironella renunció a la secretaría general y fueron designados en su lugar Pablo Castellano, del Partido Socialista Obrero Español (en adelante PSOE), para el interior, y Macrino Suárez, de Acción Republicana Democrática Española y ministro de Economía en el Gobierno republicano en el exilio, para el exterior. Se establecieron tres vicepresidencias en el exterior: para el socialista Carlos Martínez Parera; el republicano catalán Joan Sauret, entonces secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya, y José María del Valle, más otras tres en el interior, de las que por el momento solo fue designada la de Enrique Múgica por la corriente socialista 22.

En este punto se produjo entre las organizaciones europeístas un debate similar al experimentado en esos mismos años por el PSOE sobre si el liderazgo debía mantenerse en el exilio o pasar a los activistas del interior, más familiarizados con la realidad cotidiana del país. En octubre de 1973 Gil-Robles propuso una profunda reorganización por la que el CFEME pasara a residir de manera formal en el interior y contara con dos presidencias paralelas, una en España y otra en París. Aunque la propuesta fue entonces rechazada, la cuestión siguió latente y recobró interés después de que la AECE fuera suspendida de forma oficial por el Gobierno en diciembre de 1974 y recayera en el CFEME de forma más clara el papel de aglutinador del europeísmo antifranquista 23.

Tras la muerte de Franco, Van Schendel se propuso relanzar el Movimiento Europeo como espacio de encuentro de los demócratas españoles mediante la organización de un segundo Múnich, que, como en 1962, agrupara a todas las tendencias y enviara un mensaje unitario al Gobierno de Arias Navarro con gran resonancia internacional. Aprovechando la celebración del congreso del MEI en Bruselas en febrero de 1976, cursó un número extraordinario de invitaciones a delegados españoles, comprendiendo no solo las organizaciones europeístas, habituales de tales foros, sino también fuerzas políticas y sindicales, así como representantes del mundo de la banca y la industria privada 24. La idea era que, como en Múnich, la delegación española presentara una declaración conjunta que fuera aprobada por aclamación por el congreso, pero esta vez el acuerdo resultó más difícil. Los españoles se reunieron en el local de la Unión General de Trabajadores (en adelante UGT) en Bruselas, lo que motivó que algunos de los delegados más conservadores, como Joaquín Satrústegui, se negaran a asistir. El texto alcanzado, que sería incorporado a las conclusiones del congreso junto con una «declaración de simpatía» del entonces presidente del MEI, Jean Rey, afirmaba que solo una España democrática podría ser admitida en la Europa comunitaria y reclamaba la libertad de los presos políticos; el retorno de los exiliados; las libertades de expresión, reunión y asociación; el reconocimiento de los partidos y organizaciones sindicales, y los derechos de las «nacionalidades y comunidades del Estado español», así como elecciones libres 25. Sin embargo, la deseada imagen de unidad de los europeístas españoles distó de hacerse realidad. Durante el congreso afloraron las tensiones entre los adscritos a la Plataforma de Convergencia Democrática, entre los que figuraban la mayoría de los miembros del CFEME, y los que lo estaban a la Junta Democrática, como era el caso de varios de los que habían acudido a título individual. A la vuelta de Bruselas, Martín González del Valle, barón de Grado y vicepresidente del Comité Español de la Liga Europea de Cooperación Económica (en adelante CELECE) 26, protestó ante Van Schendel porque entendía que se había proyectado de forma deliberada la imagen de que el europeísmo español estaba bajo el liderazgo de la izquierda, que habría aprovechado para hacer propaganda de sus partidos y plataformas de cara al interior. Señalaba, además, que ni el CELECE ni el Partido Socialdemócrata Español se habían adherido a la declaración conjunta por rechazo personal hacia la figura de Irujo, por su pasado como ministro de Justicia de la República en 1936 27.

Por otra parte, Van Schendel llevaba tiempo insistiendo en la conveniencia de trasladar el CFEME al interior de España, donde la propaganda europeísta tendría más posibilidades de influir sobre la opinión pública 28. De hecho, la junta del CFEME había aprobado el proyecto en la reunión plenaria que celebró coincidiendo con el congreso de Bruselas, pero su aplicación quedó en suspenso por las reticencias de Irujo, quien temía que el traslado significara dejar el CFEME en manos de alguna organización en teoría apolítica del interior tolerada por el Gobierno y de manera indirecta bajo el control de este 29. Sin embargo, con el nuevo clima político creado tras el nombramiento de Adolfo Suárez y el comienzo del desmantelamiento real del régimen, la mayoría del CFEME decidió no demorar más la mudanza. En septiembre de 1976 visitaron a Irujo en París Joaquín Ruiz-Giménez, José María Gil-Robles, Juan Ajuriaguerra (del PNV) y Miquel Coll i Alentorn (de Uniò Democràtica de Catalunya), y lo convencieron para convocar una reunión que decidiera el traslado definitivo 30. Esa reunión tendría lugar el 27 de octubre sin la participación de Irujo, que decidió por su parte abandonar la organización y mantenerse por el momento en el exilio, ni la corriente liberal. Los asistentes 31 decidieron que la siguiente reunión del CFEME tendría lugar en una sede del PSOE en Madrid, y que allí se renovarían los cargos de la junta directiva, dando inicio a una nueva etapa 32.

Así pues, el 10 de noviembre de 1976 se reunieron en la sede acordada diecisiete representantes de las corrientes democristiana, liberal y socialista, y de las secciones catalana y vasca. Se aprobó por unanimidad que en lo sucesivo el comité ejecutivo residiría en el interior y que estaría formado por Miquel Coll i Alentorn como presidente, junto con Gil-Robles (Federación Popular Democrática), Enrique Múgica (PSOE) y Paulino García Partida (Izquierda Republicana) como vicepresidentes. Quedaban en manos del PSOE la secretaría general, con Luis Yáñez-Barnuevo, y la tesorería, con Carmen García. Se decidió, asimismo, la incorporación al comité ejecutivo de un representante de las organizaciones sindicales en la persona de Manuel Simón, secretario de relaciones internacionales de la UGT 33. Se mantenía en esencia, por tanto, la estructura en familias políticas, pero se apreciaba también cómo el PSOE había adquirido un peso mayor que otros grupos en el consejo ejecutivo, en consonancia con la mayor implantación del partido en detrimento de democristianos y liberales.

A partir de enero de 1977 se incorporaron de forma oficial al CFEME la AECE, el CELECE, la Liga Española de Derechos del Hombre, la autodenominada Unión Europea de Federalistas creada por José Vidal-Beneyto y algunas personas a título individual. Cuando, pasadas las elecciones de junio de 1977, el CFEME recibió la solicitud de adhesión de la Unión de Centro Democrático (en adelante UCD) y del Partido Carlista, se hizo evidente que este proceso requeriría de la elaboración de nuevos estatutos en los que se superara la tradicional división en familias 34. Esto dio lugar a nuevas controversias: José María Gil-Robles, que desde 1976 solo figuraba como vicepresidente suplente del CFEME y había reducido su colaboración con el mismo, abandonó la organización en julio de 1978 como protesta por la admisión de los partidos Carlista y Comunista y de la propia UCD, que consideraba una «falsificación del verdadero europeísmo» 35. Esta sería, con todo, una actitud aislada, y en lo sucesivo la entrada en el CFEME de entidades de ideologías diversas contaría con un amplio respaldo, mientras las dos formacio­nes políticas mayoritarias, PSOE y UCD, mantuvieran el control.

En julio de 1978 cesó en sus funciones Miquel Coll y fue nombrado presidente Fernando Álvarez de Miranda, que entonces lo era también del Congreso de los Diputados por UCD. Como vicepresidentes quedaron Jaime Miralles, de la AECE, y José Vidal-Beneyto, y se asignó otra vicepresidencia a la UGT. La secretaría general siguió dependiendo del PSOE, pero pasó a Santiago Gómez-Reino 36. También cambió el emplazamiento físico del CFEME, al asumir la antigua oficina de la AECE en la Gran Vía de Madrid. La entrada de nuevos socios ya no conocería apenas restricciones; según un memorando aprobado en 1978, el CFEME estaba abierto a «todas las fuerzas políticas, sociales, culturales y económicas de carácter democrático y europeísta, integrando un espectro ideológico que abarca desde el centro-derecha hasta la extrema izquierda democrática» 37. En virtud de este planteamiento se daría entrada, entre fines de los setenta y principios de los ochenta, a la Organización Revolucionaria de Trabajadores, el Partido Socialista de Andalucía, Alianza Popular, la Unión Sindical Obrera, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, la Asociación Europea de Ferroviarios y al Partido Demócrata Liberal, junto con varias asociaciones europeístas sectoriales de las que trataremos más adelante. Los partidos nacionalistas catalanes y vasco figuraban, por su parte, en los respectivos consejos regionales del Movimiento Europeo.

Por lo demás, en paralelo a la ampliación se produjo la legalización formal del CFEME, necesaria tras su traslado, y el establecimiento de marcos de cooperación con las instituciones del Estado. El CFEME aprobó entonces unos nuevos estatutos y un reglamento de régimen interior que especificaba que en su asamblea general los partidos parlamentarios estarían representados en función de su número de escaños en el Congreso de los Diputados 38. Se avanzaba así en la institucionalización del Movimiento Europeo español, al implicarse en el mismo la práctica totalidad del arco político representado en las Cortes y en proporción similar, con la vocación de ejercer, una vez abandonado su original rol de organización opositora, como una suerte de avanzada europeísta de los poderes del Estado.

El Movimiento Europeo en la España democrática: las organizaciones europeístas ante a la adhesión a la CEE

El 28 de julio de 1977, el Gobierno de Adolfo Suárez había presentado la solicitud formal de adhesión a las Comunidades Eu­ropeas, objetivo compartido por todas las fuerzas parlamentarias. Comenzó entonces una fase de preparación técnica y elaboración de informes que se extendió durante año y medio. En febrero de 1979 se iniciaron las negociaciones de adhesión propiamente dichas, que durarían seis años y medio, hasta junio de 1985, mostrando la complejidad de muchos de los problemas planteados y, en particular, las reticencias de algunos Estados miembros en relación con la competencia que la admisión de España les supondría en algunos sectores económicos (de forma notable por parte de Francia en el sector agrícola). Esta inesperada dilatación del proceso generaría frustraciones en la opinión pública y los partidos políticos, y haría en especial pertinente toda labor de apoyo que pudiera proceder de las organizaciones europeístas 39.

En el citado memorando de noviembre de 1978, el CFEME especificaba que en el renovado contexto democrático el Consejo debía «asumir como principal objetivo, a corto y medio plazo al menos, el contribuir de forma fundamental al proceso de integración de España en la CEE» 40. En ese sentido podría trabajar básicamente a través de dos vías: por un lado, ejerciendo presión ante interlocutores internacionales, sobre todo en el seno del MEI, pero también de forma directa ante Gobiernos extranjeros e instituciones europeas, a favor de los intereses del Estado español en las negociaciones de adhesión; por otro, desarrollando una labor de difusión ante la opinión pública de ideales europeístas y contribuyendo así a la información de la ciudadanía respecto de las consecuencias de la adhesión y los problemas que planteaba.

Con el objetivo de iniciar una colaboración con el Gobierno en este sentido, en septiembre de 1978 una delegación del CFEME encabezada por Álvarez de Miranda se entrevistó con el ministro para las relaciones con las Comunidades Europeas, Leopoldo Calvo-Sotelo, quien prometió ayuda económica y logística 41. La relevancia de los lobbies europeístas internacionales no era desconocida por el ministro, que en su primera ronda de contactos tras su nombramiento había incluido a Van Schendel y al nuevo presidente del MEI, Georges Berthoin. En todo caso, el apoyo del MEI a la adhesión española había estado ya implícito y en ocasiones explícito durante la dictadura y la transición, en la medida en que secundaba la tesis antifranquista de que la pervivencia de la dictadura era el principal obstáculo para la normalización de las relaciones de España con Europa. En 1976 Jean Rey se había pronunciado a favor de la ampliación de la CEE a España y Portugal, siempre que fuera en condiciones democráticas 42. Con los necesarios equilibrios producto de la pluralidad de intereses implicados, el MEI mantuvo en general esta actitud favorable a todo lo largo del proceso, como lo demostraron sus rotundos posicionamientos públicos en los momentos más críticos, como el frenazo en las negociaciones en junio de 1980 como consecuencia del discurso del presidente francés, Valéry Giscard d’Estaing, sobre la necesidad de preservar los intereses agrícolas franceses (conocido en los medios españoles como el giscardazo), la tentativa golpista del 23 de febrero de 1981 o el enésimo estancamiento de la negociación por la cuestión agrícola en 1983 43.

Desde 1979 el CFEME se dedicó, pues, a promover actividades que permitieran el encuentro entre los actores políticos y económicos de los diferentes países europeos que se pudieran ver más concernidos por la adhesión española, a la búsqueda de diálogos y consensos. Este sería, a grandes rasgos, el objetivo de la conferencia España en Europa, organizada en Madrid los días 26 y 27 de octubre de 1979, en la que tomaron parte más de 350 delegados en representación de organizaciones europeístas, secciones nacionales del Movimiento Europeo, embajadas, instituciones de la CEE, partidos políticos, sindicatos españoles y extranjeros, fundaciones, empresas y universidades 44. También celebró varios encuentros bilaterales con otras secciones nacionales del Movimiento Europeo con el objeto de tratar problemas específicos. Como es lógico, tales actos eran en especial oportunos con los países más reticentes a la solicitud española, como Italia. Así, CFEME y el Consejo Italiano del Movimiento Europeo celebraron varios encuentros entre 1980 y 1981 en los que el presidente del Consejo Italiano, Giuseppe Petrilli, condenó el giscardazo e instó al MEI a defender la ampliación de las Comunidades como una oportunidad y no como una amenaza para Europa 45.

Mas, sin duda, era la Organización Francesa del Movimiento Europeo (en adelante OFME), en la que estaban representadas la mayoría de las fuerzas políticas del país, con la que más necesario resultaba emprender acciones para aproximar posturas. En 1980 el CFEME propuso la realización de un seminario bilateral con el objeto de desmitificar la supuesta rivalidad entre intereses agrícolas españoles y franceses 46. El coloquio se celebró en Madrid en enero de 1981 con el título España y Francia ante la ampliación de la CEE y mostró una notable voluntad conciliadora tanto en las ponencias como en los debates y las conclusiones 47. En relación con la cuestión económica, por ejemplo, la delegación francesa reconoció que la adhesión española a la CEE habría de resultar beneficiosa para ambas partes. Los españoles admitieron, asimismo, que el acuerdo comercial hispano-comunitario de 1970, todavía en vigor, desequilibraba las relaciones comerciales en beneficio de España. Ambas partes coincidieron en que serían necesarios periodos transitorios, cláusulas de salvaguardia y medidas de reconversión económica para evitar un shock en ciertos sectores de la economía española. En el aspecto social, España debería modernizar su legislación laboral y los países de la CEE mejorar los acuerdos bilaterales con España en relación con los trabajadores migrantes. Los franceses asumían que la adhesión de España conllevaría la libre circulación de sus trabajadores, pero reclamaban en contrapartida medidas de desarrollo regional para paliar las dificultades de aquellas regiones con mayor nivel de desempleo y más propensas a la emigración. En el plano político, ambas delegaciones se comprometieron a trabajar por el entendimiento entre los dos Gobiernos 48.

En el frente interior, la labor de información y difusión eu­ropeísta se concretó en la organización y participación en seminarios, cursos y coloquios sobre diferentes aspectos de la integración europea dirigidos a públicos diversos: desde cursos de introducción a las Comunidades Europeas a seminarios especializados sobre aspectos concretos de la adhesión, pasando por actos institucionales como el celebrado en 1982 con motivo del 25º aniversario de los Tratados de Roma. Entre estas iniciativas se incluye el izado de la bandera europea en los Jardines del Descubrimiento de Madrid en el Día de Europa 49, tradición comenzada en 1981 tras ser propuesta por el CFEME al alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván 50. A ello se sumó desde 1980 la concesión del galardón Europa en los 80, dotado con 200.000 pesetas, para premiar actividades que contribuyeran al desarrollo de la conciencia europeísta, en especial en el ámbito de la prensa.

Durante un tiempo el CFEME dispondría, asimismo, de su propia revista, con el propósito de informar sobre actividades del Movimiento Europeo, tanto en España como en el ámbito internacional, y publicar artículos de opinión. La publicación se inició en julio de 1981 con el título Boletín Informativo. Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, con unas diez páginas a dos colores. A partir del tercer número, bajo la dirección de Manuel Guedán (representante en el CFEME de la Organización Revolucionaria de Trabajadores), adoptó el título Movimiento Europeo y mejoraron de forma sensible la calidad del papel, la impresión y la maquetación, a la par que se ampliaron los contenidos, llegando a alcanzar las noventa páginas e introduciendo publicidad. En sus cinco años de existencia, entre 1981 y 1986, fueron publicados catorce números con periodicidad irregular, en función de los ingresos obtenidos por la publicidad y de las subvenciones recibidas. La revista funcionó, asimismo, como medio de expresión para las numerosas asociaciones europeístas menores que surgieron en esos años, y a su vez para el debate sobre temas europeos entre representantes de partidos políticos, sindicatos, patronal y organizaciones varias. Además, informaba de manera regular de la evolución de las negociaciones de adhesión a través de artículos del vocal asesor de la Secretaría de Estado para las Relaciones con la CEE, Enrique González Sánchez, y de entrevistas con los secretarios de Estado (primero Raimundo Bassols y más tarde Manuel Marín) y con otros expertos.

De cara a la realización de todas estas actividades, el CFEME debió afrontar la difícil cuestión de su sostenimiento económico. En el momento de establecerse en Madrid en 1978, contaba solo con las exiguas aportaciones de los partidos políticos, que sumaban un total de 70.000 pesetas anuales. De hecho, mientras que en los campos político y sindical es sabido que organizaciones socialdemócratas y democristianas europeas (destacando en especial las fundaciones alemanas y el laborismo británico) 51 financiaron a sus contrapartes españolas durante la transición, después de 1978 el apoyo del MEI a los europeístas españoles fue mucho más político que económico. Así, Jaime Miralles debió buscar fuentes de financiación oficial a través de los Ministerios de Hacienda y Asuntos Exteriores y consiguió una subvención de cinco millones de pesetas merced al acuerdo entre el PSOE y la UCD en la Comisión de Presupuestos del Congreso en 1978, que sería prorrogada en los años siguientes (pero no aumentada, pese a reiteradas peticiones) 52. También se obtuvieron subvenciones complementarias para actividades concretas a cargo del Ministerio de Cultura (con el que el CFEME firmó un convenio de colaboración en abril de 1981), la Oficina de la Comisión Europea en Madrid 53 y, más tarde, la Asamblea de Madrid 54. No obstante, la gestión económica del CFEME se reveló en estos años errática e incluso caótica 55, y la organización dejó de pagar en varias ocasiones las cotizaciones que el MEI exigía de sus organizaciones integrantes, fijadas para el CFEME en 250.000 francos belgas anuales 56.

Por lo demás, la posición del CFEME como miembro del MEI e interlocutor privilegiado del europeísmo internacional en España hizo de él el núcleo en torno al cual surgieron o se aglutinaron otras organizaciones europeístas menores, de carácter ideológico o para la defensa de intereses sectoriales, que con más o menos éxito trataron de integrarse a su vez en las estructuras del MEI. Entre estas encontramos algunas entidades ya existentes durante el franquismo, que, como el propio CFEME, modificaron sus funciones y su ámbito de actuación tras el final de la dictadura, pero también otras que aparecieron en los años setenta y ochenta como manifestación de un impulso europeísta de la sociedad civil, que, sin embargo, tendría escasa continuidad después de la adhesión de España a las Comunidades Europeas en 1986. De manera sintética podríamos decir que las más relevantes y/o significativas fueron las siguientes.

En primer lugar, el Movimiento Federalista Vasco y el Consejo Catalán del Movimiento Europeo. Aunque habían sido creados en los años cuarenta en el exilio y desde 1949 funcionaban en teoría como secciones regionales del CFEME, sus actividades desde los años cincuenta habían sido escasas. El Movimiento Federalista Vasco permaneció inactivo en los años setenta y ochenta, dado que el PNV, su principal promotor, focalizó su trabajo en la restauración de la autonomía vasca y —dejando al margen la actividad personal de Irujo— durante la transición solo mantuvo presencia en las organizaciones europeístas a través de su delegado en el CFEME, Iñaki Zubimendi 57. En cuanto al Consejo Catalán, prácticamente dejó de existir hasta que fue refundado en 1981 con la participación de todas las formaciones políticas relevantes de Cataluña y con la presidencia de Gironella. En los años siguientes sería una de las entidades europeístas más activas del Estado, poniendo especial atención en los efectos para su región de la adhesión de España a la CEE 58.

En cuanto al Comité Español de la LECE, desde 1956 había sido la única entidad perteneciente al MEI que había tenido representación oficial en España. Si bien durante la dictadura centró su actividad en cuestiones económicas y procuró evitar posicionarse en términos políticos, en los años setenta adoptaría actitudes más reivindicativas en relación con las reformas políticas necesarias para un acercamiento entre España y las Comunidades. Después de 1977 funcionaría más bien como un círculo de estudio de las implicaciones económicas de la adhesión y como grupo de presión en la defensa de intereses industriales y financieros 59.

La vanguardia del europeísmo internacional estaba representada desde 1946 por la Unión Europea de Federalistas (en adelante UEF), creada por Alexandre Marc y Henri Brugmans, que sería una de las entidades fundadoras del MEI en 1948. Ya en los años cincuenta el PNV había mantenido contactos regulares con ella, pero no llegó a crearse ninguna sección española ni vasca propiamente dicha. Además, entre 1956 y 1973 la organización estuvo escindida en la Acción Europea Federalista (en adelante AEF) y el Movimiento Federalista Europeo (en adelante MFE), hasta su reunificación como UEF. A principios de los setenta el diplomático franquista Manuel Thomas de Carranza creó una asociación federalista que trató de vincular a la AEF, pero no tardó en disolverse. Durante la transición varios grupos se propusieron la creación de una sección española, en especial uno promovido por Enrique Tierno Galván (quien durante un tiempo fue miembro nominal del Comité Ejecutivo de la UEF en Bruselas) y más tarde otro a cargo de José Vidal-Beneyto, pero nunca llegaron a tener la suficiente continuidad en sus actividades como para ser reconocidos de forma oficial. Pese al insistente interés de su secretaria general, Caterina Chizzola, la UEF no llegó a tener una sección española oficial 60.

Un caso diferente fue el de la sección juvenil de la UEF, la Juventud Europea Federalista (en adelante JEF). Mientras el régimen de Franco se mantuvo vigente descartó la creación de una sección en España, pero tras la muerte del dictador estableció contactos con las secciones juveniles de los partidos políticos, en especial nacionalistas y de izquierdas, y de ello resultó la creación de una sección catalana de la JEF en 1978. A continuación, varios grupos juveniles de Madrid y otras provincias intentaron la creación de una sección para el conjunto del Estado, pero fracasaron en todos los casos. Por un lado, la existencia de estos grupos fue intermitente y estuvo teñida de rivalidades políticas e ideológicas; por otro, y pese a la buena voluntad al respecto de la JEF, nunca se logró un acuerdo entre todos los grupos regionales y el sector catalán se negó a renunciar a su condición de único miembro español reconocido por la JEF 61.

Otro fenómeno de pugna o controversia entre entidades eu­ropeístas se dio en relación con la Comisión Femenina del MEI. En 1978 Álvarez de Miranda recibió la visita de su presidenta, la socialista italiana Margherita Bernabei, quien lo instó a promover la creación de una sección femenina en el CFEME. A partir de ahí se entablaron negociaciones entre militantes féminas de los principales partidos y en 1981 fueron aprobados los estatutos de una Asociación de Mujeres Europeístas (en adelante AME). Sin embargo, las diferencias ideológicas internas (en las que, por lo visto, desempeñó un papel no menor el debate sobre la ley del aborto) condujeron a su pronta división en dos asociaciones rivales, al quedarse en la AME el sector conservador y establecer el sector progresista la Unión Democrática de Mujeres por Europa (en adelante UDME). Su reunificación se produciría en 1985 con el nombre de Unión de Mujeres por Europa (en adelante UME) 62.

También debemos mencionar entre las entidades europeístas de nuevo cuño la Federación Española de Municipios y Provincias (en adelante FEMP), que nació en 1980 como órgano oficial para la representación de los municipios ante la administración del Estado y que fue concebida en un principio como sección española del Consejo de Municipalidades y Regiones de Europa (en adelante CCRE por sus siglas en francés), establecido en 1950 para potenciar los intereses locales en el Movimiento Europeo. Como en otros casos, no faltaron las disputas políticas en torno a la creación de la sección española: por un lado, debido a que algunos municipios catalanes, bajo gobierno nacionalista, trataron sin éxito de crear una sección catalana en el CCRE antes de la constitución de la española, y al final rehusaron integrarse en esta, pero también por la pugna entre la UCD y el PSOE respecto de los procedimientos de participación de los municipios para elegir los órganos directivos de la FEMP, dado que en las elecciones locales de 1979 la UCD había obtenido mejores resultados en número de votos y concejales, pero el PSOE había vencido en las ciudades más pobladas 63.

Todavía se podría hablar, dentro del marco del MEI, de la sección española de la Asociación de Periodistas Europeos (en adelante APE), creada en 1981 con Carlos Luis Álvarez como presidente y Miguel Ángel Aguilar como secretario general, dedicada sobre todo a la celebración de congresos y coloquios como los seminarios anuales de Defensa, iniciados en Toledo en 1983, o las Lecciones Pascual Madoz sobre temas de actualidad política 64. También sería parte del MEI la Asociación Europea de Enseñantes (en adelante AEDE), que empezó a funcionar en España en 1982 a iniciativa del CFEME con la participación de unos doscientos docentes asociados, número que empezaría a reducirse a partir de 1986 hasta su pronta desaparición 65. Un caso similar sería el de la Asociación para la Integración Europea (en adelante AIE), formada en 1980 por un grupo de profesores universitarios, radicados en su mayoría en Madrid, con objeto de aportar una vertiente académica al Movimiento Europeo. En la primera mitad de los ochenta desarrolló cursos y seminarios sobre integración europea con la colaboración del CFEME e incluso se planteó también constituirse como sección española de la UEF para abandonar la idea poco después, como en los casos precedentes; decaería rápidamente a partir de 1986.

Conclusiones

Las organizaciones europeístas, tanto del exilio como del interior, tuvieron un importante papel en la denuncia internacional de la situación de España durante la dictadura, siendo el contubernio de Múnich un hito en este sentido. Durante la transición, instaron a las instituciones europeas y al MEI a ejercer como supervisoras del cambio democrático, pero a partir de 1977 tuvieron que redefinir sus roles y actividades. Así, el CFEME se trasladó a Madrid, se abrió a nuevos miembros, aspirando a abarcar la mayor parte de la sociedad, y se enfocó en la promoción del debate público sobre la integración europea y en el apoyo a las tesis del Gobierno en las negociaciones para la adhesión a la CEE, desarrollando numerosas actividades en este sentido en la primera mitad de los años ochenta.

Además, el europeísmo asociativo experimentó una diversificación de perspectivas y contenidos con la aparición de entidades europeístas de nuevo cuño. Ello refleja, por una parte, el incremento de la atención hacia la política europea en la España posfranquista, pero también la pluralidad de intereses concernidos por la adhesión a la CEE, desde el punto de vista sectorial, profesional o en la representación de visiones ideológicas de Europa. En varias ocasiones tuvieron lugar disputas y controversias entre facciones por el control de estas asociaciones, lo cual revela el valor que los partidos asignaban a la positiva impronta europeísta que se desprendía de la participación en las mismas.

En conclusión, el fin de la dictadura dio pie a una normalización del papel y alcance de las asociaciones europeístas, que perdieron su razón de ser original —llamar la atención del mundo sobre la situación de España— y asumieron la de apoyar la adhesión a la CEE y extender los ideales proeuropeos en la población. En la medida en que el primer objetivo se alcanzó en 1986 y en que, en relación con el segundo, el país contaba ya con una amplia opinión pública favorable a la integración europea —aunque desde una perspectiva poco crítica—, las asociaciones europeístas verían decaer su actividad después de 1986, para desaparecer en varios casos, y su recuerdo quedaría en buena medida ligado a su participación en los hechos de Múnich y a la lucha antifranquista.