La revisión judicial de las resoluciones de la autoridad de la competencia en España (2002-2024)

Resumen

Este artículo presenta un análisis sistemático de la revisión judicial de todas las resoluciones de aplicación de las prohibiciones de conductas anticompetitivas adoptadas por la autoridad administrativa de competencia desde el 1 de enero de 2002 hasta la actualidad. En ellas se investiga y persigue las posibles infracciones, perfilando los contornos de prohibiciones, eventualmente sancionando a los infractores, y dotando a las prohibiciones de carácter disuasorio. Las resoluciones adoptadas en ese período superan el millar, de las que casi un tercio declaraban la comisión de la infracción e imponían una multa.

En el período analizado, 38,6% de las resoluciones fueron impugnadas ante los tribunales, concentrándose el grueso de las impugnaciones en las resoluciones sancionadoras (se recurren el 92% de las multas). Cuando la autoridad no declara la infracción ni sanciona, las impugnaciones —generalmente de los denunciantes— son mucho menos frecuentes (19,4%) y no suelen tener éxito.

Este trabajo se construye a partir de la recopilación, sistematización y examen de todas las sentencias dictadas sobre impugnaciones de las resoluciones de cierre de los expedientes sancionadores adoptadas por la autoridad de competencia desde el 1 de enero de 2002 hasta la actualidad. La base de datos que aquí se emplea incluye 1.773 sentencias (1.371 sentencias de la Audiencia Nacional y 402 del Tribunal Supremo).

Los tribunales confirman la práctica totalidad de las resoluciones que no tienen carácter sancionador, rechazando las impugnaciones de los archivos, decisiones de no incoar expediente, declaraciones de responsabilidad sin multa o terminaciones convencionales. Sin embargo, la realidad es muy diferente por lo que atañe a las multas: las impugnaciones suelen tener éxito (al menos parcialmente). Las resoluciones sancionadoras de la autoridad de competencia suscitan una litigiosidad notable, que se explica por la individualización de las impugnaciones por cada interesado y la existencia de dos «instancias», que ocasionalmente se repiten tras un nuevo pronunciamiento de la autoridad administrativa.

Más de la mitad de las resoluciones sancionadoras son anuladas total o parcialmente por los tribunales. Un 28,6% de las resoluciones sancionadoras han sido anuladas íntegramente, revocando multas por importe que ronda los mil millones de euros. Un porcentaje idéntico de las resoluciones sancionadoras han sido anuladas parcialmente (28,6%), en relación con el importe de la multa, conduciendo a una reducción de su importe. Al final de la revisión judicial, los recurrentes han conseguido anular o reducir las multas impuestas en más de la mitad de las resoluciones sancionadores adoptadas. Con los datos disponibles respecto de las resoluciones adoptadas hasta 2018, que es el último ejercicio respecto del que la revisión judicial está (casi) concluida, multas por importe de €1.300 millones han sido revocadas por los tribunales, lo que indudablemente pone en tela de judicio la efectividad y fuerza disuasoria de las prohibiciones/sanciones, y explica los incentivos a la litigación de los infractores.