Vol. 13 (2026)
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Violencia de género y omisión administrativa: una propuesta para cuantificar el daño

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  • Mireia Molina Sánchez
Mireia Molina Sánchez
universidad de valencia
DOI: https://doi.org/10.37417/RDP/vol_13_2026_3154

Publicado 2026-03-24

Palabras clave

  • Responsabilidad patrimonial,
  • Pérdida de oportunidad,
  • Administración Pública,
  • VioGén,
  • Empírico

Cómo citar

Molina Sánchez, M. (2026). Violencia de género y omisión administrativa: una propuesta para cuantificar el daño. Revista De Derecho Público: Teoría Y método, 13, 189–220. https://doi.org/10.37417/RDP/vol_13_2026_3154

Derechos de autor 2026 Mireia Molina Sánchez

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Los autores mantienen los derechos de autor en la publicación y sólo autorizan a la editorial Marcial Pons los derechos no exclusivos de la publicación y distribución de los artículos

Resumen

El texto analiza la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública en casos de violencia de género derivados de omisiones administrativas que generan daños a las víctimas. Frente a la dificultad de probar un nexo causal directo, proponemos la fundamentación de la indemnización en la teoría de la pérdida de oportunidad, que reconoce la reparación por la frustración de una posibilidad real de evitar el daño mediante una actuación adecuada.

En lugar de exigir certeza sobre la relación causal entre la omisión administrativa y el daño, esta teoría permite atribuir responsabilidad cuando existe una probabilidad significativa de que la intervención estatal habría evitado el resultado lesivo. Para cuantificar el daño indemnizable, se propone un mecanismo objetivo basado en datos estadísticos y herramientas de evaluación de riesgo, que permite estimar empíricamente la probabilidad de que una intervención administrativa oportuna hubiera prevenido el daño sufrido.

En definitiva, el texto sostiene que la responsabilidad administrativa es procedente en estos casos y que la combinación de la teoría de la pérdida de oportunidad con un mecanismo empírico para la cuantificación del daño mejora la justicia y la seguridad jurídica en la reparación a las víctimas de violencia de género.

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